La tala ilegal requiere de redes criminales, implica violaciones a los derechos humanos, condiciones de trabajo esclavo y contribuye a la degradación de los bosques amazónicos.

El Perú posee 74 millones de hectáreas de bosques, equivalentes al 58% del territorio nacional. Sin embargo, actividades ilegales arrasan cada año en promedio 150,000 hectáreas de bosques, según el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR). En el 2017 la deforestación llegó a 143,425 hectáreas, cifra proporcionada por el Proyecto de Monitoreo de los Andes Amazónicos (MAAP).

La tala ilegal, el cultivo de la palma aceitera, expansión de la frontera agrícola para la ganadería y los cultivos de coca para el narcotráfico están entre las actividades responsables de la deforestación en la Amazonia.

Los bosques primarios amazónicos son los más afectados por la tala ilegal y el SERFOR —creado en el 2014 para promover la gestión sostenible y participativa de los recursos forestales y de fauna silvestre y el aprovechamiento de sus servicios ecosistémicos— poco está haciendo para detener esta práctica.

La Agencia de Investigación Ambiental (EIA), con sede en EEUU, señaló su informe titulado “El momento de la verdad: Oportunidad o amenaza para la Amazonia peruana en la lucha contra el comercio de la madera ilegal”, dado a conocer el 6 de febrero, que “las autoridades forestales peruanas están debilitando las herramientas e inspecciones necesarias para prevenir el comercio de madera ilegal, ante una abrumadora evidencia de que las exportaciones del Perú a EEUU, China, México y otros 15 países incluyeron altos porcentajes de madera ilegal o de alto riesgo”.

Ya en el 2012 el EIA había revelado en el informe titulado “La máquina lavadora: Cómo el fraude y la corrupción en el sistema de concesiones están destruyendo el futuro de los bosques del Perú”, la maraña burocrática que legalizaba, a través de documentos que las autoridades nunca verifican, la comercialización de madera extraída de áreas no autorizadas en la Amazonia peruana.

“El mecanismo que la industria ha encontrado es simple de describir: los concesionarios presentan listados de árboles a extraer que no existen en el mundo real, y las autoridades autorizan la extracción de volúmenes de madera que no existen en la concesión. Respaldados por estos volúmenes, los permisos correspondientes (Guías de Transporte Forestal o GTF) son vendidos en el mercado negro y utilizados para lavar madera extraída ilegalmente de cualquier otra parte del país —áreas protegidas, territorios indígenas, otras tierras estatales. Ningún control posterior va a detectar la ilegalidad, a menos que se vuelva a la concesión a verificar cómo se realizó el aprovechamiento forestal. Pero incluso si se regresa al bosque y se verifica el fraude, esto no es suficiente para detener la ilegalidad. A pesar de que las supervisiones de OSINFOR [Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de la Fauna Silvestre] han detectado múltiples ilegalidades, la mayor parte de las concesiones en falta sigue operando y exportando”, precisaba el informe.

Seis años después, poco se ha avanzado en detener esta actividad que está depredando bosques y asesinando personas y la maraña burocrática ha ido encontrando nuevas formas para seguir funcionando.

Julia Urrunaga, directora del Programa Perú de la EIA, asegura que “se ha mantenido la ilegalidad”, con mayor opacidad en las transacciones y poca voluntad en las autoridades forestales de un mayor control y transparencia.

La investigación del EIA encontró que en el 2015 madera verificada como ilegal fue exportada a 18 países alrededor del mundo desde los puertos del Callao, en el Pacífico, y de Iquitos, en el Amazonas. El Banco Mundial estima que entre 80% y 90% de la madera que se exporta en el Perú, principalmente a China y otros mercados asiáticos, es ilegal. De acuerdo con cifras del Gobierno Regional de Loreto, el Perú pierde anualmente $250 millones por tala ilegal.

“Desde el Callao, con una muestra que representa aproximadamente 41% de las exportaciones del Perú en ese año, al menos 45 compañías exportaron madera que la agencia de supervisión del propio gobierno, OSINFOR verificó como proveniente de fuentes que habían violado la ley”, señala el informe.

“El 17% de los puntos de extracción verificados por las autoridades en el puerto se encontraban en la ‘lista roja’ del OSINFOR, mientras que solamente el 16% se verificó como legal. La mayoría tenía un origen desconocido, pero el análisis de EIA muestra que el 64% de esas fuentes desconocidas tenían riesgo medio o alto de ser ilegales”, agrega.

Urrunaga precisó que la madera ilegal es sustraída de áreas no autorizadas, incluyendo bosques y áreas protegidas, territorios indígenas y propiedad privada. La corrupción, a través de sobornos y un mercado negro de documentos de aparente legalidad, permite a los comerciantes vender esa madera a exportadores que argumentan que la compraron “de buena fe”. Al menos 60 exportadores comercializan madera ilegal, según el EIA.

“Al hacer el análisis por destino, hay señales que parecen mostrar que los exportadores presentan papeles dependiendo el destino. Para destinos oscuros, como China, los índices de papeles ilegales son mucho más altos”, dijo Urrunaga en reunión con corresponsales extranjeros.

Sin embargo, los mercados internacionales están cada vez más exigentes y tienen legislaciones más duras contra la tala ilegal, poniendo la carga de la prueba sobre el importador.

“Si hay pruebas de que se está importando madera de origen ilegal, el importador puede ir preso”, indicó Urrunaga, además de que el país pierde mercados.

Para evitar problemas, muchos comerciantes están destinando madera ilegal para el consumo interno donde no hay ningún tipo de control sobre el origen de esa madera.

La tala ilegal requiere de redes criminales, implica violaciones a los derechos humanos, condiciones de trabajo esclavo y contribuye a la degradación de los bosques amazónicos.

El 1 de setiembre del 2014, los dirigentes asháninkas Edwin Chota, Leoncio Quinticima, Jorge Ríos y Francisco Pinedo, integrantes de la Junta Directiva de la Comunidad Nativa de Alto Tamaya Saweto, en el departamento de Ucayali, cerca de la frontera con Brasil, fueron asesinados y luego abandonados en una quebrada. El crimen sigue impune.

Lo que queda claro es que hay una falta de voluntad política por parte de las autoridades gubernamentales y regionales para detener la tala ilegal. Para Urrunaga, preocupan especialmente las actitudes del SERFOR y del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

Con el fin de supuestamente reducir las trabas burocráticas, en el 2016 el SERFOR cambió el formato de las Actas de Inspección Ocular de Embarque, eliminando toda información que permita rastrear el origen y destino de la madera.

“El formulario de Actas utilizado hasta fines del 2015 incluía casilleros específicos para distintas piezas de información relevante, tales como: exportador, importador, país de destino, especies —incluyendo el volumen, número de lotes, y el valor FOB para cada caso—, número de contenedor y números de GTF”, dice el EIA.

El nuevo formato tiene mucho menos casilleros para los datos, limitándose a ubicación, fecha y hora de la inspección. Ninguna o muy poca información sobre país de destino, valor FOB, número de contenedor, ni nombres de exportadores o importadores. El análisis de los datos disponibles para esta investigación confirma que el comercio de madera ilegal sigue siendo exorbitante.

Ante las restricciones que algunos países están poniendo sobre la madera ilegal, los exportadores podrían estar seleccionando, no madera más limpia, sino “papeles más limpios”, es decir, documentos que no se puedan rastrear.

Urrunaga precisa que “el Perú tiene la capacidad para identificar o detener la madera ilegal. La única forma de marchar por el buen camino es mayor transparencia, reforzar la trazabilidad. ¿Continuarán las autoridades por ese camino o preferirán el lado oscuro?”.

Un ejemplo de esa capacidad fue la Operación Amazonas. De acuerdo con Ojo Público, medio digital de periodismo de investigación, el 24 de noviembre del 2015, la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales “intervino el puerto de Iquitos y paralizó el ajetreo del puerto fluvial más importante del Perú. El resultado de lo que se denominó ‘Operación Amazonas’ culminó con la inmovilización de lo que hasta hoy es el mayor cargamento de madera de origen ilegal con orden de retención en el Perú: 1,312 m³, equivalente a lo transportado por 60 camiones de carga pesada”.

La empresa Inversiones La Oroza SRL, una de las principales exportadoras del país, era propietaria del 80% de la madera confiscada.

Durante la intervención, en la que participaron fiscales, agentes de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT) y de OSINFOR se inmovilizaron miles de tablones de madera en un almacén en Iquitos y dentro de la nave Yacu Kallpa que estaba a punto de partir. Los documentos que sustentaban el decomiso, a los que accedió Ojo Público, detallaban la procedencia ilegal del cargamento, a la vez que informes de OSINFOR señalaban que la madera que se pretendía exportar provenía de zonas no autorizadas de la Amazonia y mencionan que “se utilizaron documentos oficiales” para comercializarla, pero con información falsa.

No obstante, debido a problemas logísticos y económicos, las autoridades peruanas no lograron desembarcar la madera y el Yacu Kallpa continuó con su viaje, pero con la orden de no descargar la mercadería. La nave logró arribar a República Dominicana donde permaneció detenida 15 días por no poder acreditar el origen de la madera. A pesar de ello, descargó 593 paquetes, pero el resto fue incautado por las autoridades dominicanas por tener un origen ilegal.

Finalmente la nave arribó al puerto mexicano de Tampico, donde el cargamento restante quedó detenido. Sin embargo, gestiones de la entonces ministra de Comercio Exterior Magaly Silva ante el gobierno mexicano, así como la intervención de altas autoridades y de empresarios tanto en el Perú como en México, lograron que la madera fuera liberada y se entregara a los importadores mexicanos.

La excusa utilizada por la ministra Silva fue que los productos forestales maderables que partieron del Perú “contaban con todos los documentos legales válidamente emitidos por la Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre de la región Loreto”, a la vez que insistía en la excusa de la “buena fe” de los empresarios. Pero lo cierto es que esos documentos “válidos”, mencionados por Silva, estuvieron basados en información falsa producida ilegalmente por operadores forestales, y validada ilegalmente por las autoridades regionales.

“Las verificaciones de campo del OSINFOR han demostrado que la vasta mayoría de los inventarios forestales relacionados con la carga del Yacu Kallpa se refería a árboles que nunca existieron en el campo, o que, si existían seguían en pie a pesar de ya haber sido supuestamente talados y exportados”, dice el EIA.

Finalmente, el Yacu Kallpa fue declarado en abandono y la empresa propietaria se declaró en quiebra.

Urrunaga insistió en la necesidad de incrementar la trazabilidad y la transparencia en las cadenas de suministro de madera, fortalecer la supervisión sistemática en el bosque y aplicar la ley.

“Las empresas que exportan madera ilegal están involucradas con el crimen organizado, en delitos contra los derechos humanos, son corresponsables porque con su compra ‘de buena fe’ están asesinando a campesinos, a indígenas”, dijo. “Hay corresponsabilidad también de los compradores de madera ilegal y del Estado. Para detener el flujo, hay que frenar la demanda. Esa madera no se puede comercializar si no es lavada”.

- Cecilia Remón, periodista peruana. Para ALAI.