La presente reflexión expone una breve caracterización de la crisis económica venezolana actual, un balance parcial, preliminar y somero de las consecuencias de las sanciones económicas contra Venezuela impuestas por el gobierno de los Estados Unidos mediante decreto (en agosto de 2017), y por último se plantea una lectura histórico-crítica del concepto de intervenciones humanitarias bajo el paradigma de la política exterior del eje EE.UU.-OTAN.

Breve esbozo de la crisis económica venezolana

La crisis económica de la Venezuela contemporánea, no puede comprenderse sin sus relaciones orgánicas con el orden global regentado por el sistema del capital. La carga histórica de dependencia y subordinación de la formación económico-social venezolana respecto al mercado mundial, como proveedor de hidrocarburos y como objeto de reproducción de la lógica de acumulación por desposesión; son los factores estructurales de la crisis actual.

Por su parte, los factores coyunturales y factuales de la crisis se localizan en una lógica de políticas económicas erradas implementadas por el gobierno venezolano, en especial la sobrevaluación de la tasa de cambio monetario y sus graves repercusiones para la economía nacional, tales como la depresión de la producción agrícola e industrial y el estímulo a las importaciones, en detrimento de las exportaciones no petroleras y de bienes con valor agregado (con el agravante de que se cran condiciones idóneas para la fuga de capitales), los cuales reproducen la carga histórica de dependencia en la medida en que subordinan la economía nacional al petróleo.

La génesis y la composición de los procesos de acumulación de capital en Venezuela, subordinados al precio del petróleo en el mercado internacional y al sistema de relaciones políticas del país con la metrópoli –durante el último siglo, en particular con los Estados Unidos-, ha condicionado los ciclos de bonanza y de precariedad económica del país durante el último siglo.

Las manifestaciones concretas de la crisis actual en el país, son el producto de dos elementos multidimensionales con amplias repercusiones. En primer lugar, las violentas alteraciones en el precio de materias primas en el mercado mundial en el periodo 2014-2017 (que determinó un estancamiento económico en las economías nacionales cuyo PIB depende de productos primarios) y que afectó notablemente los ingresos fiscales de Venezuela en los últimos años.

En segundo lugar, el deterioro sistemático del papel del Estado en las relaciones sociales, en particular en el funcionamiento de dos agencias estratégicas del Estado: el Banco Central de Venezuela, entidad rectora de las políticas financieras del país, -entre las que se incluyen las políticas monetarias y cambiarias; y de la empresa estatal Petróleos de Venezuela, cuya función sustantiva para el ingreso de divisas a la nación, le sitúan como una empresa vital para el metabolismo de la economía nacional.

Asimismo, las dificultades económicas del país han estado condicionadas y se han acentuado ante la guerra de amplio espectroⁱ del complejo militar-industrial de los Estados Unidos contra Venezuela (Ceceña, 2014), las cuales están en desarrollo desde el ascenso al poder político de Hugo Chávez en 1999, pero se han intensificado y han tenido un mayor impacto durante los últimos cinco años.

Las sanciones contra Venezuela y su impacto sobre la economía nacional

Las hostilidades contra Venezuela se han profundizado. Además del Decreto Ejecutivo de Obama, en el que se señala a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de los Estados Unidos, se han agudizado las agresiones diplomáticas e incluso se han emitido amenazas de intervención militar por parte de los más altos funcionarios del gobierno norteamericano.

Los datos empíricos –explícitos mediante las acciones y declaraciones-, así como las tendencias de la actuación del gobierno de los EE.UU., permiten inferir que la fase actual de la estrategia de Washington se orienta hacia el aislamiento de nuestro país ante la comunidad internacional y ante el sistema financiero mundial, para inducir un cambio de régimen por la vía del shock económico-político.

La estrategia estadounidense se sustenta en una política exterior agresiva, cuya punta de lanza es un bloqueo financiero ilegal y transgresor del derecho internacional, cuya finalidad explícita es asfixiar la economía nacional a través de: a) la confiscación de activos venezolanos en el exterior; b) la aplicación de severas restricciones en los sistemas de pagos; c) la prohibición arbitraria de nuevas fuentes de financiamiento internacional –con la finalidad de provocar un default-; d) y la consumación de un embargo petrolero contra nuestro país.

Para lograr tales objetivos, el gobierno de los Estados Unidos ha desarrollado una agenda diplomática para que sus aliados estratégicos: Canadá y la Unión Europea; así como los gobiernos subordinados a su política exterior (concentrados en el denominado Grupo de Lima), se anexen a su estrategia de segregación económica a través de la imposición de nuevas sanciones de carácter unilateral y multilateral.

De igual manera, el gobierno norteamericano ha ejecutado una política de presiones económicas, energéticas y político-militares para fracturar las posiciones soberanas y respetuosas del derecho internacional del bloque de naciones agrupadas en CARICOM, con la finalidad de crear una correlación de fuerzas que le permita emitir una condena política y por supuesto, nuevas sanciones económicas en el próximo Foro de Las Américas a realizarse en Lima en abril de 2018.

La nueva fase de tensiones de los Estados Unidos hacia Venezuela, además de promover la asfixia de la economía nacional, afecta de manera significativa los intereses del pueblo venezolano, a través de la imposición de restricciones –tales como bloqueos de agencias financieras e interrupciones ilegales en los pagos-, para obstaculizar la adquisición de bienes esenciales en el mercado internacional, las cuales interrumpen operaciones comerciales de empresas importadoras públicas y privadas.

Las sanciones del gobierno norteamericano –primordialmente las emitidas en agosto de 2017-, han sido un factor sustantivo para producir las graves lesiones experimentadas por la economía nacional durante el último trimestre de 2017. Tal situación no exime las responsabilidades del gobierno nacional en la defensa de los intereses nacionales, pero los números demuestran el impacto de las nuevas sanciones sobre indicadores fundamentales de nuestra economía.

Por ejemplo, el riesgo país, mediante el cual se determinan –de manera arbitraria - las tasas de interés para el pago de deuda del país. Esta variable tuvo un ascenso a niveles inéditos, cuyas cifras duplicaron las cifras y tendencias del último año –de 3000 a 6000 puntos-.

Otro indicador de las repercusiones negativas de las sanciones, está relacionado con la tasa de cambio ilegal promovida por agentes asociados a la agenda de agresiones contra la economía venezolana, a través de la cual se produce la devaluación arbitraria e inducida de nuestra moneda y se determina la inflación en el mercado nacional. Dicha tasa experimentó un crecimiento superior al 400% entre el 31 de agosto y el 30 de noviembre, y de más del 1000% entre agosto de 2017 y enero de 2018.

Otro elemento clave de las nuevas sanciones del gobierno norteamericano hacia Venezuela, es el perjuicio que se produce a la operatividad de los pagos internacionales, con lo cual se afectan las posibilidades de inversión para potenciar el aparato productivo nacional y con ello se sigue reduciendo la oferta de bienes y servicios en el país (otro factor que presiona al alza los niveles de inflación).

Asimismo se perjudican pagos del sector público en sectores sensibles como el de los alimentos y las medicinas, se interrumpieron temporalmente las subastas del sistema DICOM, se dejaron de liquidar más de 22 millones de dólares y se afectaron 16.955 personas naturales y 233 personas jurídicas que ya habían sido objeto de asignación de divisas (en menoscabo del aparato productivo y el mercado nacional), y se dificulta la posibilidad de que el país obtenga fuentes de divisas a través de exportaciones no petroleras, remesas, entre otros.

En síntesis, las hostilidades de los Estados Unidos –como potencia hegemónica en el continente y como agente de dominación del sistema financiero internacional-, han agravado la crisis económica venezolana y afectan de manera directa al pueblo venezolano. Por tanto, es un mito de que las sanciones norteamericanas afectan únicamente a altos funcionarios –objeto de restricciones y penalidades-, y resultan falsas y extremadamente hipócritas las posiciones pretendidamente filantrópicas de Trump y Tillerson, así como las apologías de mayores sanciones para el país por parte de gobiernos de la región y de dirigentes políticos de la derecha venezolana.

Por otra parte, el gobierno venezolano tiene la obligación de crear políticas que redunden en la defensa de la economía nacional y de las capacidades de satisfacción de necesidades esenciales del pueblo (especialmente mediante la defensa del salario real y la lucha contra la devaluación y la hiperinflación)ⁱⁱ.

¿Intervenciones humanitarias?

Agentes políticos, económicos, culturales y militares de gran notoriedad en la comunidad internacional y en el mundo de los medios masivos de información, han posicionado la hipótesis de que en Venezuela se experimenta en la actualidad una crisis humanitaria, que requiere de una intervención humanitaria multinacional.

Más allá de las polémicas y los disensos ante esta hipótesis, porque es evidente la actitud tendenciosa y los intereses de esos agentes y porque los mismos guardan silencio cómplice hacia otras realidades equiparables a crisis humanitarias en el continente y en el mundo; es necesario reconocer que en Venezuela hay una crisis económica densa y compleja, la cual ha deteriorado de manera significativa la capacidad de satisfacción de necesidades esenciales de la población, ha socavado garantías de derechos fundamentales que se instauraron durante los últimos tres lustros y ha revivido la pobreza extrema en el país.

Pero también es indispensable valorar cuál es el balance para las sociedades y para los pueblos, de las intervenciones humanitarias dirigidas por los Estados Unidos de América en las últimas décadas. Casualmente (¿?), previo a las intervenciones humanitarias, los países objeto de la filantropía norteamericana han sido víctimas de acciones sistemáticas e intencionadas de asedio, deslegitimación, aislamiento y asfixia económica.

Con el pretexto de realizar intervenciones humanitarias, los Estados Unidos han organizado y llevado a cabo operaciones militares que han redundado en el desarrollo de conflictos bélicos de mediana y alta intensidad que han provocado el asesinato violento de millones de víctimas civiles –ajenas a cualquier beligerancia- en países como Panamá, Iraq, la extinta Yugoslavia, Colombia (mediante el Plan Colombia), Afganistán, Libia, Ucrania, Siria, Haití, Somalia, entre otros.

Pero más grave aún, la intervención norteamericana ha determinado la desintegración territorial, la fractura del tejido institucional de esos países y en algunos casos ha desatado conflictos que se han agudizado –hasta salirse del control de las agencias de la intervención-, y siguen vigentes en la actualidad (tal es el caso de Iraq, Ucrania, Siria y Libia).

Lo cierto del caso es que en esas cuatro naciones, se experimenta una auténtica crisis humanitaria, la cual es invisible ante las corporaciones mediáticas del capital y ante los foros internacionales. Después de la intervención de los Estados Unidos, ninguno de esos países ha mejorado su economía o su democracia, por el contrario se ha pauperizado hasta niveles indescriptibles. La verdad es que lo más catastrófico para cualquier nación es ser objeto de una intervención humanitaria sobre la base del paradigma estadounidense.

Si el gobierno de los Estados Unidos desea cooperar en la recuperación de la economía nacional y mitigar lo que denominan una crisis humanitaria, lo primero que debe hacer es revertir sus sanciones económico-financieras contra Venezuela.

Si el gobierno de los Estados Unidos desea fortalecer la democracia venezolana, debe dejar de inmiscuirse en los asuntos internos (en mi opinión la alta votación en las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente y el triunfo del PSUV en las elecciones regionales de octubre de 2015 estuvieron determinadas por las acciones hostiles de Trump, las cuales motivaron la movilización de potenciales abstencionistas), dejar de apoyar aventuras de violencia política –como las denominadas guarimbas y como las recientes apologías a Golpes de Estado- y debe permitir que sea el pueblo venezolano el que decida su destino.

Caso similar sucede con nuestro presidente vecino Juan Manuel Santos de Colombia, quien expresa de manera permanente su angustia por la situación venezolana (tanto que no se inmutan por los graves problemas que tiene el país que gobierna). Mientras Santos dice padecer de insomnio y emite lágrimas de cocodrilo ante los medios por la crisis humanitaria en Venezuela, en la jurisdicción de Colombia se concentran en gran medida las agencias que deterioran la economía venezolana sobre la base de una economía delictiva que ampara y legaliza el contrabando de combustibles venezolanos y mantiene operaciones de especulación financiera, cuya intención es lesionar la moneda venezolana.

La intervención humanitaria transnacional sobre Venezuela, coordinada por los Estados Unidos ya está revelando sus primeros resultados –el agravamiento de la situación económica nacional-, también ha demostrado, al menos desde el año 2002, cuáles son sus verdaderas objetivos: el control y usufructo de la industria petrolera venezolana, y la apropiación mediante cualquier vía de otro conglomerado de recursos –localizados en el subsuelo venezolano- que resultan fundamentales para el desarrollo tecnológico en el tiempo histórico actual. No es con un baño de sangre y el despojo de nuestros recursos como se supera una crisis como la que experimenta Venezuela en la actualidad.

Reflexión de cierre

Ante las circunstancias actuales, el Estado venezolano debe fortalecerse en este momento de crisis, para que los dirigentes políticos y económicos del país comprometidos con la debacle actual (los rojos, los amarillos, los blancos, los verdes, los verde oliva y los líderes de empresas que han saqueado a la nación y venden una imagen de redentores), tengan que asumir sus responsabilidades ante la historia y ante la ley. La impunidad es uno de las taras más graves de nuestra república.

La única intervención legítima en el marco de nuestras leyes, del derecho internacional y de la justicia, es la del pueblo venezolano, por tal motivo debemos tener plena conciencia de las causas estructurales, coyunturales y factuales de la crisis, para tener herramientas que nos permitan tomar las decisiones correctas en un escenario tan complejo y convulso.

No existe poder más legítimo en Venezuela que el poder constituyente, el auténtico y de carne y hueso (el que no permite prisiones burocratizadas y corporativas), el del barrio, el de la fábrica, el del campo, ese mismo que con su movilización y su sangre fue capaz de destruir el régimen del Pacto de Punto Fijo e instaurar un nuevo pacto social en 1999.

Ese mismo que desarrolló una experiencia de liberación, dignidad nacional y un proceso de cambios que tuvo la capacidad de contener la hegemonía de los Estados Unidos en el hemisferio y de convertirse en una referencia de resistencia y esperanza para los pueblos oprimidos del mundo.

Jorge Forero

Investigador del Centro Internacional Miranda