El conjunto de casos investigados por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), más allá de los hechos y procesos jurídicos que han desencadenado, evidencia dos factores de carácter estructural e histórico íntimamente relacionados que contribuyen a explicar el proceso económico, la dinámica y la disputa política en el país.

El primer factor se relaciona con el carácter del capitalismo. Estudios históricos y recientes han demostrado cómo la clase capitalista ha gestado un Estado para garantizar sus objetivos de acumulación de capital y la reproducción de su dominio. Esto lo ha hecho a través de la aprobación de leyes, la determinación de políticas y la implementación de diversos mecanismos y dispositivos jurídicos, políticos, económicos y extralegales para apropiarse de tierras, fuentes de agua, minerales y metales que constituyen bienes comunes, así como de recursos públicos a través de privatizaciones, concesiones y elusión y evasión fiscales, por ejemplo. Todo ello, operado a través de empresarios-políticos que han gobernado o cumplido funciones de alto nivel gubernamental y de operadores que han sido colocados en los organismos del Estado y que controlan el engranaje del sistema político. En esta dinámica también han participado y se han visto beneficiados pequeños y medianos empresarios, contrabandistas, evasores y funcionarios corruptos, que han operado por su cuenta y riesgo o íntimamente ligados con las principales articulaciones del poder económico. Esto constituye parte de lo que autores como David Harvey han denominado «acumulación por desposesión».

El segundo factor se relaciona con los intereses que configuran y articulan el sistema político. Estos intereses son a) la reproducción de las condiciones para la acumulación de capital, legal e ilegal, y b) el enriquecimiento ilícito de capitalistas y de quienes funcionan como sus operadores, muchos de ellos políticos que han hecho de la política partidaria una actividad rentista, de enriquecimiento personal. No obstante los fundamentos ideológicos y las ambiciones de poder de quienes controlan los partidos predominantes en el sistema político, su práctica ha estado regida por los intereses de acumulación de capital. Allí yace su carácter de empresas electorales, dirigidas a operar, intermediar, agregar y representar tales intereses, y a negar, combatir y criminalizar a los sujetos mayoritarios de la sociedad que no encuentran otro camino que luchar por su intereses, demandas y necesidades a través de la protesta y la movilización social.

Los factores antes descritos han quedado documentados en los casos desnudados por el MP y la Cicig. El caso Odebrecht, uno de los presentados más recientemente, evidencia el carácter corrupto de las relaciones entre la empresa transnacional, empresarios pertenecientes a uno de los principales grupos corporativos locales y un conjunto de operadores políticos de alto nivel que actuaron desde los partidos políticos para beneficiarse de una concesión fraudulenta para la construcción de una obra pública inconclusa. El caso revela cómo se gestó la relación ilegal que articuló políticos y partidos políticos aparentemente en disputa: PP, Líder, UNE, Reformador y FCN-Nación. Son estos políticos y empresarios los que se fueron trasladando a otros partidos y acomodándose en ellos en la medida en que avanzaron la crisis política y la contienda electoral en 2015 y ellos terminaron articulados en torno al partido y gobernante actuales, como sustento de la actual gestión gubernamental y legislativa. Su objetivo: lograr impunidad para empresarios, políticos y funcionarios capturados e investigados por corrupción y crimen durante los tres últimos períodos gubernamentales, incluido el actual.

Dado lo anterior, la articulación política gobernante es la continuidad del pacto de impunidad y de corrupción integrado por importantes grupos de la clase dominante, por buena parte de la llamada clase política y por mafias organizadas. En este momento, uno de sus propósitos es tomar todo organismo estatal para detener y revertir los procesos judiciales y de investigación en marcha. Esto explica la elección de la junta directiva del Congreso, la destitución del jefe de la SAT, el relevo de aquellos ministros gestores de la embajada de Estados Unidos interesados en el avance de la investigación criminal, la designación de un nuevo fiscal general afín y la eventual salida de la Cicig del país.

Esto es lo que configura en buena parte el estado actual de la disputa política. Quienes integran el pacto de impunidad y de corrupción están pujando por consolidar su fuerza y renegociar con Estados Unidos los términos para el avance del protectorado que cada vez más define al Estado guatemalteco y que se intenta consolidar a través del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte.

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