En la búsqueda de cambios estructurales no hay atajos. Hay diferentes estrategias o caminos que permiten disputar el cambio. A inicios de 2017 Ecuador decidió democráticamente que los cambios emprendidos en la última década continúen.

La ciudadanía otorgaba otra oportunidad al nuevo gobierno en el marco del mismo proyecto político. La estrecha victoria electoral indicaba, no obstante, que resultaba necesario repensar el cambio dentro del cambio.

El otro bloque político de oposición también había propuesto un cambio. El programa de gobierno de la Alianza CREO-SUMA en su ruta política señalaba: “El paso urgente para la recuperación de la institucionalidad es un llamado a la consulta popular que permita a los ecuatorianos pronunciarse sobre (…) reelección indefinida y el debilitamiento de la labor de la contraloría. También esta será la ocasión propicia para consultar a los ecuatorianos sobre la despolitización inmediata de los organismos de control (…)”. Ya en septiembre de 2017 el líder de CREO apuntó que apoyaría una consulta si incluía dos postulados trascendentales: reestructurar Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y no permitir la postulación indefinida[1]. A su vez, con pleno conocimiento de cuáles son los cambios económicos neurálgicos para volver a concentrar riqueza, en campaña también propuso eliminar la “Ley de plusvalía” y reclamar la administración del dinero electrónico para la banca privada. Todos, como pueden evidenciarse, temas que hoy se colocan en el centro de la agenda política del nuevo gobierno.

Es ineludible aquí hacer memoria: los proyectos neoliberales se instalaron en América Latina cuando los gobiernos dieron un giro a sus programas originales para aliarse con oligarquías rentistas y burguesías parasitarias del Estado: lo hizo Salinas en México, Menem en Argentina, Carlos Andrés Pérez en Venezuela, Fujimori en Perú y, también, Gutiérrez en Ecuador. Es decir, el poder que las oligarquías perdían en las urnas, lo recuperaban en oscuras negociaciones con gobernantes poco respetuosos de la voluntad popular.

Siempre debe aplaudirse consultar al pueblo. De hecho, entre 2007-2017 hubo en Ecuador 14 procesos electorales. Tanto se reivindicó la participación que, de modo despectivo, diversos académicos hablaron de una “democracia plebiscitaria” para referirse al proceso que vivía el país.

Ahora bien, los sentidos de una consulta dependen de sus específicos contenidos. Para la convocatoria del próximo 4 de febrero se optó por la vía fácil: seguir la propuesta instalada por CREO y sus aliados por la fuerza de los medios privados y endulzarla con juicios morales (p. e. ¿quién puede estar en desacuerdo con “que nunca prescriban los delitos sexuales en contra de niños”?). ¿No había otras alternativas -de forma- en el proceso y –fondo– en el contenido? Varias. Muchos esperábamos que se profundicen los cambios realizados y se corrijan los errores cometidos que de lejos fueron menores a los aciertos.

La crítica de la oposición apuntó a la concentración de poderes. El voto popular  siempre dio a AP enorme fuerza en el ejecutivo y en la Asamblea Nacional. Hoy en día, no obstante, se propone otorgar aún más poder a la Función Ejecutiva. Así como uno nunca espera que un gobierno progresista proponga concentrar la riqueza, tampoco era imaginable que se pretenda otorgar a siete personas, postuladas por arbitrio presidencial, la potestad para que, sin juicio político, puedan dar por terminados los períodos de vigencia de las autoridades de 3 de las 5 funciones del Estado (Judicial, Electoral, Transparencia[2]) e incluso –dependiendo de cómo se estructuren las reformas legales que se deberían enviar a la Asamblea en caso de ganar el sí– potencialmente podría aplicar para los jueces de la Corte Constitucional. La pregunta 3 de la Consulta también legitima el arrebato de funciones al poder legislativo. ¡La pregunta 3 no es un debate entre izquierda o derecha sino una elección entre democracia o no democracia; entre Estado de derecho o no Estado de derecho! (Democracia representativa: un sistema en que los partidos ganan o pierden elecciones; ¿qué sentido tiene que las oligarquías pierdan elecciones si igual gobiernan?). Se dice que todo ello democratizará al Estado. Resulta difícil imaginar, sin embargo, que eliminar el equilibrio de poderes –en la transición– pueda tener efectos democratizadores.

Por otra parte, dado el poco espacio de discusión, no se han podido problematizar los efectos desciudadanizantes que podría producir procesos electorales para la selección de los futuros miembros del Consejo de Participación Ciudadana después de la “transición”. ¿Qué ciudadano tiene los recursos para hacer campaña y presentarse a elecciones? Si un ciudadano no pertenece a la “alta sociedad civil” o indirectamente está respaldado por algún partido/movimiento político difícilmente podrá participar como candidato del nuevo Consejo. En Bolivia, por ejemplo, el proceso de elección popular de los jueces del Tribunal Supremo de Justicia estuvo acompañado de una partidización indirecta de la justicia. ¡Adiós ciudadanía de a pie, bienvenida partidocracia oculta!

Si el objetivo es democratizar más las instituciones, ¿por qué no debatimos la construcción de un régimen semipresidencial y/u otros diseños institucionales en donde se concrete una mayor independencia de funciones y exista mayor participación y vigilancia ciudadana? Si uno de los errores de los diez años fue explotar el Yasuní ITT, ¿por qué no se preguntó directamente a la ciudadanía si la población está o no de acuerdo en extraer una gota más de petróleo del Parque Nacional Yasuní? ¿Por qué no se preguntó también la posibilidad de que no se explote bajo ninguna circunstancia en zonas intangibles, áreas protegidas y centros urbanos la minería no metálica, que puede hacer tanto o más daño que la metálica? Si uno de los problemas estructurales del país es el rentismo especulativo en la economía, ¿por qué se quiere eliminar la “Ley de plusvalía”? ¿Por qué no se preguntó si la ciudadanía está de acuerdo con que el dinero electrónico sea manejado por la banca privada? (No es apresurado decir que la administración del dinero electrónico permitirá la mayor concentración de riqueza en la historia del Ecuador desde el retorno a la democracia…). Si bien es necesario aplaudir la lucha frontal contra la corrupción cuando no es usada como recurso de persecución política, ¿por qué no se consultó a los ciudadanos también respecto a mecanismos para desincentivar la evasión de impuestos, dado que esta práctica es una de las formas más recurrentes de corrupción en el país?

Personalmente ya en 2014 me pronuncié para que la posibilidad de reelección sea similar a la de Brasil: saltando un período luego de haber tenido la posibilidad de postularse y ser reelegido por una vez (máximo dos mandatos consecutivos). Quizá se podría proponer el modelo de Chile (posibilidad de reelección pero no en períodos consecutivos). ¿No había posibilidades de ampliar el debate democrático y pedir que la ciudadanía elija entre diversas opciones institucionales? Claro que había... Pero el trasfondo político ha sido asumir la posición de aquellos cuyo único objetivo es que Correa no pueda volver a ser presidente nunca más. Si el objetivo es que el pueblo decida y con ello ampliar la democracia, ¿por qué se cerró el abanico de posibilidades sobre el asunto de la reelección?

A diferencia de otros países, en Ecuador la ciudadanía eligió democráticamente la posibilidad de cambiar en el marco de las transformaciones que venía viviendo el país. El error histórico: haber negociado la gobernabilidad con las élites económicas al plantear la consulta en sus términos y no haber propuesto alternativas creativas, en diálogo con el pueblo, que permitan democratizar radicalmente el Estado. De haber elegido otra agenda política para consultar al pueblo, la victoria hubiese sido de la democracia a través de una genuina iniciativa del gobierno. No obstante, la agenda de la consulta la pusieron las oligarquías neoliberales y ellas serán las principales vencedoras en caso de ganar el “sí”.

Imposible recuperar a esta altura el tan manido “espíritu de Montecristi” si no se toma en cuenta el criterio legal y autorizado de la institución que busca garantizar el cumplimiento de la Constitución: la Corte Constitucional. Tal acción constituye la desinstitucionalización del Estado Constitucional de derechos. Debería difundirse masivamente, más allá del debate de los plazos —que como bien señaló el Presidente de la Corte en audios públicos estaban dentro de lo permitido—, el informe de la jueza constitucional ponente Tatiana Ordeñana para estudiarlo y votar a conciencia. El espíritu de Montecristi radica en la democratización del poder, no en su concentración. El espíritu de Montecristi radica en la redistribución de la riqueza, no en su acumulación sin límite.

Resulta lamentable que mientras en el 2008, al elaborar la Constitución, se discutía cómo avanzar para construir una democracia más participativa, hoy en día en Ecuador (y en muchos países de la región) se discuta cómo garantizar derechos básicos liberales como el derecho al debido proceso.  En el debate sobre democracia, las formas son fondo.

La Consulta del 4 de febrero ha producido socialmente el “efecto Twitter”: acercó (¿ficticiamente?) a los distantes (¡enhorabuena!), pero alejó a los cercanos. El problema se presentará el 5 de febrero cuando –de ser el caso– se quiera hacer efectivo el espíritu de Montecristi y nos percatemos que este fue hipotecado porque la estructura del Estado fue radicalmente modificada por fuera de la vía institucional e imponiendo una mirada regresiva en varios derechos consagrados en la Carta Magna de 2008. El problema también se hará presente cuando aquellos que apoyamos unidos la continuidad de un proyecto político, nos encontremos aún más confrontados y divididos, y cuando al regresar a ver el retrovisor de la historia el gobierno se percate que dejó la mesa servida para el retorno de la política anti-ciudadana y alejada de aquella por la que el pueblo votó.

- René Ramírez fue Secretario de Educación Superior Ciencia y Tecnología e Innovación de Ecuador, 2011-2017.