El miércoles 24 de enero el expresidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, fue condenado en segunda instancia a doce años de prisión por corrupción y lavado de dinero en el marco de la operación “Lava Jato”, ampliando la pena del fallo por el que fue condenado en julio del año pasado (nueve años y medio de cárcel). Por unanimidad, los tres magistrados del Tribunal Regional Federal Nº 4 (TRF4) de Porto Alegre, emitieron -como era previsto- que el expresidente es culpable de corrupción pasiva y blanqueamiento.

El principal móvil por el que fue condenado Lula fue recibir un departamento en el balneario paulista de Guarujá de parte de la constructora OAS, a cambio de la concesión de contratos en la petrolera Petrobras. No hay pruebas de que Lula haya sido nunca el propietario del apartamento,  ni siquiera de que tuviera las llaves del mismo o que pasara allí una noche, pero la Justicia asume que la constructora OAS se lo prometió como soborno. Ante esta escandalosa situación, los abogados defensores de Lula denunciaron las irregularidades del proceso en el Comité de Derechos Humanos de la ONU. La decisión al respecto se prevé será emitida para marzo de 2018.

Mientras tanto, en un contexto de incertidumbre, se reaviva la crisis política inaugurada en 2016 con la destitución de Dilma Rousseff, como lo demuestran las grandes manifestaciones tanto a favor como en contra. En cuanto a los posibles escenarios futuros, las instancias de apelación ante el controversial fallo son las siguientes:

I

Lula dispone aún de recursos para evitar la cárcel y dar comienzo a la campaña presidencial de cara a octubre, en las que se presenta como favorito en los sondeos. Frente a la condena del tribunal de apelación la defensa dispone de 48 horas para solicitar precisiones o aclarar dudas (recurso de declaración). Sin embargo, la sentencia no puede revertirse. Si bien no hay plazo establecido para concluir este tipo de proceso, habitualmente se tramita con celeridad.

II

En segundo lugar puede hacerlo ante el Supremo Tribunal de Justicia (STJ), lo que constituye el paso previo al Supremo Tribunal Federal. La defensa dispone de quince días para presentar un recurso especial en el que solicite discutir el mérito de la acción o su nulidad. No puede discutir hechos nuevamente.

III

En última instancia, puede apelar ante el Supremo Tribunal Federal (STF) donde la defensa goza de quince días para cuestionar la condena o pedir la nulidad del proceso con un recurso extraordinario. En caso de que la Corte Suprema acepte el pedido de nulidad, esto conllevaría a efectuar un nuevo juicio de primera instancia. No hay plazo establecido para la decisión en torno a estos recursos pero de cualquier modo se trata de una sentencia definitiva.

En caso de resultar encarcelado, Lula estará facultado para solicitar un habeas corpus ante el STJ y recurrir ante el Supremo Tribunal Federal STF. Dentro del marco jurídico brasileño, la ley de “Ficha Limpia” inhabilita electoralmente a Lula por presentar una condena en segunda instancia. Sin embargo, podría iniciar la campaña gracias a una medida cautelar del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El plazo para la inscripción de las candidaturas va del 20 de julio al 15 de agosto. En caso de que la candidatura sea impugnada, el Partido de los Trabajadores (PT) puede reemplazar a Lula hasta el 17 de septiembre, veinte días antes de la primera vuelta del 7 de octubre. Si Lula continúa en la contienda y es electo presidente, su toma del cargo dependerá de la evolución judicial del caso y de los recursos legales que sostengan su candidatura.

Aún en el caso de salir victorioso en las elecciones de octubre, Lula debería recibir el beneplácito de la Justicia Electoral a mediados de diciembre para asumir el cargo. No obstante, su elección podría ser objetada, debiendo dejar el Gobierno a cargo de su eventual vicepresidente. Ahora bien, en caso que su victoria no fuera derogada, el proceso podría congelarse hasta concluir su gestión, dado que constitucionalmente en Brasil un presidente no puede responder por crímenes cometidos previamente al ejercicio de sus funciones.

Las trabas del Poder Judicial y el protagonismo del juez de primera instancia, Sergio Moro, apuntan a una maniobra de la Justicia para truncar la candidatura del dirigente con mayor intención de voto. El concepto de Lawfare da cuenta de la intencionalidad política de la causa,  ya que esta vulnera varios de los principios del debido proceso: no se respeta el derecho del acusado a la defensa amplia e irrestricta, se hace uso de pruebas ilícitas, hay un bombardeo mediático para mancillar la imagen del acusado y las pruebas en su contra no son concluyentes. Aunque el panorama todavía es incierto, lo que sí es cierto es que el camino de Lula a la Presidencia es cada vez más laberíntico.

Bárbara Ester 

@barbaraestereo

Investigadora de CELAG

http://www.celag.org/brasil-lula-los-vericuetos-la-justicia/