El próximo domingo 4 de febrero tendrá lugar una elección que, más allá de sus obvias repercusiones políticas e institucionales para el Ecuador, seguramente tendrá también inocultables resonancias en los países de la región. La Consulta Popular convocada por el Presidente de la República Lenin Moreno establece siete preguntas generales, que van desde temáticas ambientales, penales e impositivas a temas más específicos, y más controversiales, que afectan directamente al poder político y a la institucionalidad que se ha creado, sobre todo, en los últimos años.

Así, la pregunta 2 plantea si “Para garantizar el principio de la alternabilidad, ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que todas las autoridades de elección popular puedan ser reelectas una sola vez, recuperando el mandato de la Constitución de Montecristi, y dejando sin efecto la reelección indefinida aprobada mediante enmienda por la Asamblea Nacional el 3 de diciembre del 2015 (…)?”. En tanto que la pregunta 3 se interroga sobre si “¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para reestructurar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como dar por terminado el periodo constitucional de sus actuales miembros y que el Consejo que asuma transitoriamente sus funciones tenga la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde, pudiendo, de ser el caso, anticipar la terminación de sus periodos (…)?”

Más allá de las posturas a favor o en contra que se puedan tener en torno a los diversos contenidos de la Consulta, no cabe duda de que son éstas las dos preguntas que más han acaparado la atención pública, y obviamente, el interés de la clase política ecuatoriana. En caso de que la primera pregunta tenga un voto afirmativo mayoritario se estaría frente a un cambio de enormes proporciones ya que figuras políticas como Rafael Correa no podrían aspirar a un nuevo cargo presidencial.

A simple vista, parecería que esta pregunta podría limitar los derechos ciudadanos del ex mandatario para presentarse a un nuevo período de gobierno. Sin embargo, debemos tener en cuenta que una modificación de estas características no convertiría al Ecuador en una excepción a la regla: por el contrario, son varias las legislaciones en el contexto internacional que plantean una limitación a la relección indefinida como una forma de consolidar el sistema político impidiendo, de ese modo, la dependencia hacia una única persona.

La tercera pregunta de la consulta apunta a una de las principales innovaciones promovida por la última reforma constitucional. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), surgió de la Constitución de 2008 como entidad autónoma y a cargo de la “Función de Transparencia y Control Social”. En otras palabras, se trata de un órgano dedicado a la fiscalización del poder y de la institucionalidad política que, entre otras atribuciones, incentiva la participación ciudadana y promueve la lucha contra la corrupción.

Los resonantes casos de corrupción o investigaciones en curso sobre esta problemática, desarrolladas en distintas esferas del Estado, ciertamente, han puesto un manto de sospecha sobre el CPCSS, su real funcionamiento, y su poder de fiscalización. Como es evidente, la pregunta de la Consulta en ningún caso se plantea eliminar este órgano de fiscalización y participación, de gran importancia para el sistema democrático, sino reestructurarlo y proceder a un cambio en su composición interna a partir de la forma de designación mediante elección popular.

Ahora bien, y teniendo claro cuál es el sentido de las preguntas más controversiales de la elección del 4 de febrero, surge el interrogante central de ese artículo: ¿por qué no discutir públicamente en torno a ellas?

Al gobierno de Moreno se lo ha cuestionado por “imponer” una iniciativa como una Consulta Popular elaborada, justamente, para que la ciudadanía pueda expresarse en plena libertad. De igual modo, se lo ha tildado de “populista” y “demagógico” por promover esta iniciativa, sin reparar en el hecho de que el proceso de convocatoria cumplió con los procedimientos y requisitos establecidos en el artículo 147 de la Constitución de la República y en el 195 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, así como también con el proceso de control previo constitucional previsto en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

También se lo ha tratado de “neoliberal”, como si fuera la versión ecuatoriana de Mauricio Macri, cuando por el proceso de Diálogo Nacional se convocó a empresarios y figuras opositoras y ligadas a la “vieja política”, aunque también se invitó a grupos indígenas, afros, campesinos, miembros de organizaciones feministas y de género, de economía social y solidaria, transexuales, jóvenes, etc. muchos de los cuales se habían distanciado de la Revolución Ciudadana por la ausencia de políticas concretas y positivas hacia estos sectores.

Por último, el llamado a la Consulta Popular le ha valido al gobierno de Moreno el ser calificado como “traidor” a quien supuestamente lo llevó al poder. ¿Por qué? ¿Qué clase de traición podría ser cometida frente a la posibilidad concreta de que la ciudadanía se exprese a través de una metodología transparente como es una Consulta? Frente a las preguntas que supuestamente atentan contra los representantes del pasado gobierno, siempre está la opción de votar por el “no” antes que por impugnar de plano una herramienta abierta y participativa como ésta.

Con todo, no deja de causar escozor que en el ímpetu negativo de la campaña por el “siete veces no” se rechace una propuesta tan saludable como la planteada en la pregunta 1, sobre sancionar “a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilitación para participar en la vida política del país y con la pérdida de sus bienes”, y más aún, la pregunta 4: “¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador, para que nunca prescriban los delitos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes”.

Proceder con la Consulta y con las reformas que allí se plantean de ningún modo significa un retroceso en los avances y logros alcanzados por el país en los últimos años. La superación del modelo neoliberal a partir de la inversión pública y de una mejoría en la calidad de vida de la población constituyen hechos que, incluso, han sido reconocidos por gobiernos y organizaciones internacionales que distan de pertenecer al arco progresista y, más aún, al de la izquierda. De hecho, el gobierno de Lenin Moreno, con el apoyo de Alianza País, continúa y en algunos casos también profundiza, los principales lineamientos políticos en torno a la autodeterminación del Ecuador, la defensa de las soberanías, la defensa de los derechos humanos, la protección de la Amazonía y del ambiente, la promoción del género, una política amplia y progresista en torno a los derechos de los migrantes, la ciudadanía universal y la movilidad humana, entre otras iniciativas.

Pero no por reconocer todo lo bueno que tuvieron los anteriores períodos presidenciales debemos aceptar, sin más, la existencia de corrupción o tolerar las ambiciones hegemónicas, bajo el argumento de que su denuncia únicamente “fortalece a la derecha” o, más aun, que serían el mayor y más grave síntoma de “derechización” del actual gobierno de Lenin Moreno.  

En contextos tan complejos como el actual, donde la violencia se expresa en múltiples formas, donde priman voces de intolerancia y discriminación, promovidos no ya por ciudadanos de a pie sino directamente por gobiernos y presidentes; y en países como los de la región, donde el pasado autoritario y represivo en muchos casos se ha reconvertido bajo nuevas formas en el presente, no es malo generar mecanismos como consultas y referéndums ante la ciudadanía.

Todo lo contrario. En Ecuador, en América Latina y en todo el mundo se trata de instalar el diálogo y no de clausurarlo, de escuchar y de razonar entre distintas alternativas, y no de rechazarlas de plano porque tal pregunta está promovida por un “interés espurio” o porque únicamente responde al “designio de la traición”.

Se trata de fortalecer la democracia, no de debilitarla, y de instar a la expresión ciudadana antes que de cercenar su histórico derecho a la participación. En definitiva, de recuperar el espíritu de la reforma de 2008, la que dio vida a la Constitución de Montecristi, reconocida a nivel internacional, sobre todo, por su condición revolucionaria, participativa, abierta y democrática.

Daniel Kersffeld

Dr. en Estudios Latinoamericanos (UNAM)