“Alguien suspendió ese cadáver. El cuerpo estaba sin ningún signo de ahorcamiento, ni siquiera de ruptura capilar”, explica el doctor Luis Ravanal Zepeda quien llevó a cabo el peritaje del cuerpo exhumado de la activista mapuche Macarena Valdés Muñoz el día 30 de octubre de 2017 en el Servicio Médico Legal (SML) de Santiago, a un año dos meses de haber sido enterrada. El experto prosigue: “Si le aprietan el cuello a alguien -para que se entienda- queda marcado, queda un moretón. Acá no había ningún signo de hemorragia”.

El informe del doctor Luis Ravanal Zepeda, Master en Medicina Forense y experto en Medicina Legal entre otros títulos -el mismo experto cuya participación en el caso fue cuestionada por las instituciones del estado que imparten justicia- tiene 18 páginas. Se señala que es el “R.I. N°1130 de autopsia caso Yudy Macarena Valdés Muñoz”, y que es un “informe de Autopsia de Exhumación a petición de la abogada señora Manuela Royo Letelier” (quien fue la primera abogada que llevó la causa de Rubén Collío, su familia y su comunidad).

El informe de Ravanal asociado a la causa RUC N°1600790791-9 de la Fiscalía Local de Panguipulli sobre Macarena, concluye entre otras cosas que no existen “signos objetivos que permitan sustentar que la víctima se hubiese encontrado con vida al momento de ser suspendida por un cordel o lazo a nivel cervical”, que “se descarta la presencia de signos de infiltración hemorrágica en la zona en donde se localizaba el surco cervical de ahorcamiento, por lo que se puede considerar que se trataría de la suspensión cervical por lazo de un cadáver, no de un individuo vivo”. Por otra parte, el informe histopatológico solicitado por Luis Ravanal a la doctora Carmen Cerda Aguilar, anatomopatóloga del Departamento de Medicina Legal de la Universidad de Chile resume: “No se evidenciaron signos de lesiones vitales en ninguno de los exámenes practicados”.

La de Macarena fue una muerte violenta

Macarena no murió por trauma, no murió intoxicada y tampoco de muerte natural, sus órganos estaban sanos. “La opción que queda es una muerte violenta” declara Luis Ravanal: “Eso puede ser asfixias por sofocación y asfixias mecánicas, o sea, por algún mecanismo que impide la respiración. Puede ser con la mano, con una almohada, con una maniobra de inmovilización que sofoca a la persona al no poder expandir su caja torácica”.

Macarena no se colgó, ya estaba muerta. La mataron. Hubo participación de terceras personas. Pero no hay causa de muerte, y es que mientras más tiempo pasaba más se deterioraba la evidencia. La Fiscalía lo sabía. Incluso a un mes del asesinato de Macarena el 22 de agosto de 2016 en Liquiñe, el fiscal subrogante de Panguipulli, Pablo Silva ya se aventuraba a descartar el homicidio y/o “la eventual participación de terceros”¹.

Para Luis Ravanal “El cuerpo debería haberse exhumado cuanto antes, la demora fue mucha y cuando hicimos el peritaje ya estaba en un avanzado estado de putrefacción. Y esa es falencia en la investigación criminal, o sea de la Fiscalía, no del SML”.

Verdad obstruida constantemente

El informe de Luis Ravanal también denuncia que no contó con la debida “colaboración durante la realización de la autopsia”, ni “de personal auxiliar técnico, ni médico de dicho servicio”; que tuvo “un limitado y en malas condiciones instrumental quirúrgico”, que “no existía en la sala de autopsia instrumentos en funcionamiento que permitiesen pesar los órganos” y que “sólo intervienen una fotógrafa del Servicio Médico Legal y mi asistente a cargo. La Doctora Vivian Bustos Baquerizo –perito de Carabineros y del SML- no participa del procedimiento de autopsia y a ella se le entrega al término de la exploración, muestra de piel cervical para estudio histológico”, esto para una “contra muestra”, es decir que las muestras fueron en duplicado, unas fueron a un laboratorio neutral (privado) y otras al institucional.

Mataron a Macarena justo al día siguiente de la amenaza de dos hombres en un vehículo con logo de RP Global Chile Energías Renovables S.A., trasnacional austro-chilena y parte de Saesa. Una empresa que destruyó un cementerio mapuche para colocar su sala de máquinas, que instala centrales de paso, que viola terrenos de las comunidades mapuche contraviniendo el Convenio 169 de la OIT al cual el Estado chileno está suscrito, que instaló torres de alta tensión en la comunidad de Macarena, Newen de Tranguil (Región de los Ríos), y a la cual Macarena se opuso activamente junto a su comunidad. Rubén Collío, su compañero de vida también activista y werken de la comunidad pregunta: “¿Por qué la mataron? ¿Por qué han entorpecido institucionalmente el caso? ¿Por qué trataron de cerrar la investigación dos veces? ¿Quién está detrás de este montaje?”.