El indulto otorgado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski la víspera de la pasada Navidad a Alberto Fujimori constituye “un acuerdo político con una falsa argumentación de humanitario”, señaló la abogada Gloria Cano, directora de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), en reunión con la prensa extranjera en Lima el 10 de enero.

Fujimori —que gobernó entre 1990 y 2000— cumplía una condena de 25 años de cárcel desde el 2007 por violaciones a los derechos humanos y corrupción. Era el primer exjefe de Estado condenado por crímenes de lesa humanidad en un juicio impecable en su propio país y símbolo de que en América Latina era posible poner fin a la impunidad.

El tribunal determinó que era autor mediato de la comisión de los delitos de homicidio calificado-asesinato en agravio de 15 personas, incluido un niño de ocho años, ejecutadas por el destacamento militar clandestino denominado Grupo Colina en 1991 en Barrios Altos, zona popular del cercado de Lima, y nueve estudiantes y un profesor de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle “La Cantuta”, secuestrados y luego asesinados por el grupo Colina en 1992.

Además de los casos de Barrios Altos y La Cantuta, Fujimori había sido condenado por usurpación de funciones, por los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer en 1992, y por el delito de peculado en el que admitió su culpabilidad al reconocer que se apropió de US$15 millones del tesoro público para entregárselos a su asesor Vladimiro Montesinos. También recibió condena por espionaje telefónico, pago a medios de comunicación y compra de congresistas.

Estos casos confirmaban la existencia un patrón en los operativos del Grupo Colina que funcionó desde 1990 como parte de la lucha contra el terrorismo del Servicio de Inteligencia del Ejército. Además de los casos de Barrios Altos, La Cantuta y Pativilca, la Comisión de la Verdad y Reconciliación le atribuye las desapariciones de 10 campesinos del valle del Santa, en Chimbote, los asesinatos del sindicalista Pedro Huilca, de la agente Mariella Barreto, integrante del Servicio de Inteligencia Nacional que denunció las actividades de este destacamento, y del periodista Pedro Yauri.

En el comunicado transmitido a las 6 pm del 24 de diciembre, el gobierno anunció el otorgamiento del indulto bajo la justificación de que “una junta médica oficial ha evaluado al interno y ha determinado que el señor Fujimori padece de una enfermedad progresiva, degenerativa e incurable y que las condiciones carcelarias significan un grave riesgo a su vida, salud e integridad”.

Pero Kuczynski no solo le otorgó el indulto, sino también el derecho de gracia con lo cual Fujimori no podrá ser juzgado por ningún otro delito. Estaba pendiente su juzgamiento por el caso Pativilca, localidad al norte de Lima, como responsable del asesinato de seis personas perpetrado en 1992 por el Grupo Colina. Aunque inicialmente este caso no formó parte del cuaderno con el cual la Corte Suprema de Chile había aprobado la extradición de Fujimori en el 2007, posteriores revelaciones confirmaron la participación del destacamento militar en la tortura y muerte de seis personas.

Según diversos especialistas, la gracia dada por Kuczynski es inaplicable a este caso ya que no cumple con las condiciones establecidas en la Constitución en cuanto al plazo: sólo se puede dar cuando “la etapa de instrucción haya excedido el doble de su plazo más su ampliatoria”, es decir 24 meses. La Corte Suprema de Chile amplió la extradición de Fujimori en junio del año pasado para que sea juzgado en el Perú como autor mediato por el asesinato de los seis pobladores en Pativilca.

“No hay fundamentación para el otorgamiento del derecho de gracia”, dijo Cano, además de que el procesado nunca solicitó ese derecho. “Se otorgó beneficio sin pedido”.

Carlos Rivera, director del Instituto de Defensa Legal (IDL), ratificó que “el indulto es una medida de carácter político que afecta disposiciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que estableció que la pena de 25 años es proporcional al delito cometido. El indulto fue otorgado en tiempo récord. Además, nadie conoce el informe, ni contenido ni fundamentos del derecho de gracia”.

Para los familiares de las víctimas del Grupo Colina, “este indulto ha abierto nuevamente esa herida. Volví a recordar los rastrillajes, los casquillos”, dijo Rosa Rojas, cuyo esposo e hijo de ocho años fueron asesinados en Barrios Altos.

Rojas demanda “dignidad y que se limpie el nombre de su esposo a quien le siguen llamando terrorista para tapar el delito que cometió el destacamento Colina. Como familiar, como madre, esposa, no puedo estar tranquila ni descansar. Destrozaron a mi familia. Me quitaron el derecho a ser madre, esposa”.

“Nosotros hicimos una actividad para recaudar fondos para arreglar los desagües de la quinta donde vivíamos. No era la primera vez, era la tercera actividad. No éramos terroristas”, relató a los corresponsales extranjeros.

Con el paso de los días quedó claro que el indulto otorgado a Fujimori fue parte de un pacto entre Kuczynski y Kenji Fujimori, hijo menor y favorito del exdictador.

Las negociaciones empezaron luego que congresistas del izquierdista Frente Amplio presentaran una moción de vacancia por incapacidad moral contra el presidente a raíz de la presentación por la congresista fujimorista Rosa Bartra, presidenta de la Comisión Lava Jato en el Congreso —que investiga los millonarios sobornos pagados desde el 2001 por constructoras brasileñas como Odebrecht, OAS y Camargo Correa, entre otras, a altos funcionarios para asegurar la aprobación de megaproyectos en el Perú—, de una carta de Odebrecht confirmando los pagos que la empresa había hecho a Kuczynski durante sus gestiones como Presidente del Consejo de Ministros y ministro de Economía durante el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006).

La moción de vacancia fue aprobada con 93 votos, y el 21 de diciembre el mandatario asistió al Congreso para presentar su defensa. En momentos en que el abogado de Kuczynski, Alberto Borea, daba su alegato ante el Congreso, se filtró en las redes sociales un informe médico que recomendaba el indulto humanitario a Fujimori. El Ministerio de Justicia aseguró que ninguna solicitud de indulto había llegado a la Comisión de Gracias Presidenciales.

Aunque sólo se consiguieron 79 de los 87 necesarios para ser vacado, Kuczynski se salvó por la abstención de 10 congresistas disidentes de Fuerza Popular, el partido liderado por Keiko Fujimori que controla el Congreso con una mayoría de 71 legisladores de 130. Pero el indulto ya venía cocinándose desde antes.

Según investigaciones periodísticas, el 11 de diciembre se había iniciado un operativo ultra secreto con la presentación por Fujimori del pedido de indulto por razones humanitarias. Al día siguiente, el Ministerio de Salud nombró una junta médica para evaluar la salud de Fujimori, incluyendo a su médico de cabecera. El 17 de diciembre fue entregado el informe final, el mismo que fue filtrado a las redes sociales, señalando que “debido a que el paciente padece una enfermedad no terminal grave, pero que es progresiva, degenerativa e incurable, y además que las condiciones carcelarias significan un grave riesgo a su vida, salud e integridad”, la junta médica recomendaba “el indulto por razones humanitarias”.

El 23 de diciembre, como parte del operativo, Fujimori fue trasladado de emergencia a una clínica privada, donde recibió la noticia del indulto junto con su hijo Kenji.

“PPK no ha indultado a Fujimori por humanidad ni por principios, sino porque era lo que le convenía en ese momento. Como ha reconocido el asesor de Kenji, Jorge Morelli, la decisión de indultar a Alberto [Fujimori] estaba tomada y solo faltaba fijar la fecha. La amenaza de vacancia la decidió”, observó el analista Luis Davelouis en el diario Peru 21.

Gisela Ortiz, hermana de uno de los estudiantes de La Cantuta, manifestó su indignación “porque nos sentimos como ciudadanos de segundo nivel cuando no nos toman en cuenta en la misma condición que los familiares de Fujimori. Cuando se nos roba un derecho como la justicia”.

“Indultar a Fujimori sin merecerlo es un atropello a la memoria de cada una de las víctimas de La Cantuta, Barrios Altos, Sótanos del SIE [Servicio de Inteligencia del Ejército], Pedro Yauri [periodista], campesinos del Santa, el caso Pativilca y todas las víctimas del grupo Colina”, dijo.

Según Rivera, “los familiares siempre han señalado que estarían de acuerdo con un indulto si era efectivamente humanitario, pero este indulto contraviene de manera descarada las disposiciones de la CorteIDH. El Estado peruano ha sido fiel cumplidor de los fallos de la CorteIDH y lo que se espera ahora es que el Estado cumpla de inmediato con la anulación del indulto y que Alberto Fujimori vuelva a prisión”.

Miles de personas han salido a las calles desde entonces para protestar por esta medida ilegal. Mientras tanto, Kuczynski y su gabinete han llamado a la “reconciliación y la paz”, denominando incluso el 2018 como el Año del Diálogo y la Reconciliación.

“Términos como reconciliación y paz están siendo manoseados por el gobierno y se están convirtiendo en términos vacíos. Seguimos sintiendo mucho dolor por nuestros familiares. La herida no se termina de cerrar”, afirmó Ortiz. “Kuczynski firmó un compromiso con los familiares que no se otorgaría el indulto. La reconciliación debe comenzar con la verdad y la justicia”.

- Cecilia Remón para ALAI