Gobierno tecnocrático muestra débil manejo político para hacer frente a una oposición confrontacional.

El presidente Pedro Pablo Kuczynski cumplió el 28 de julio su primer año de gobierno con muy poco que mostrar. La corrupción, una economía en recesión, conflictos sociales y un Congreso hostil le han pasado la factura. Su popularidad cayó de 61% cuando asumió la presidencia, a 32% actualmente.

“Nuestro primer año de gobierno enfrentó, lamentablemente, varios contratiempos imprevistos como Lava Jato y el Niño Costero. Quizá subestimé el esfuerzo titánico que requería restablecer el crecimiento económico en un contexto como este. Me disculpo si fue así. No me imaginé que se juntarían, en pocos meses, dos acontecimientos tan graves fuera de nuestro control inmediato”, dijo Kuczynski en su mensaje a la nación.

“El escándalo de Lava Jato en Brasil generó nefastas consecuencias en nuestro país. Para combatir esa ola de corrupción, hemos tenido que poner fin a importantes contratos que generaban miles de puestos de trabajo. La cadena de pagos de varios contratistas se interrumpió. Pero era más importante demostrar que aquí, en el Perú, tomamos acciones inmediatas y enérgicas contra la corrupción. Acciones que han sido reconocidas en otras partes del mundo y vistas como un ejemplo en la región latinoamericana. Al mismo tiempo, llegó el llamado Niño Costero, el cual nos causó tremendos daños, particularmente en la Costa Norte, pero también en la Sierra”, agregó.

Aunque el primer ministro Fernando Zavala, ha asegurado que Lava Jato —que involucra a constructoras brasileñas como Odebrecht y OAS que desde el 2001 pagaron millonarios sobornos a altos funcionarios para la aprobación de megaproyectos en el Perú— habría costado una reducción de dos puntos del producto bruto interno, ni este caso ni el Niño Costero —el calentamiento anormal de las aguas del Pacífico peruano que se produjo entre enero y abril, provocando intensas lluvias, inundaciones, desbordes y deslizamientos que devastó la mitad del país—, explican la crítica situación económica ni la parálisis gubernamental.

Según proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el crecimiento del producto interno bruto este año será de 2.5%. Aunque el Ministerio de Trabajo ha señalado que la meta de este año es la generación de 240,000 puestos de trabajo, diversos economistas han señalado que esa cifra es insuficiente, ya que para generar 300,000 empleos formales y de calidad el crecimiento económico debe ser de al menos 4%.

El economista Pedro Francke precisó al diario La República, que “si no hay un impulso a sectores intensivos en generación de empleo como el turismo, la agricultura y la industria, no se lograrán estos resultados. Solo en el primer año, el frenazo de la inversión pública detuvo a la industria y se dejó de emplear a mucha gente. La meta está bien, pero las políticas están mal”.

Pero lo que sí llamó la atención fueron los silencios, olvidos y vacíos del mensaje de Kuczynski. Los pueblos indígenas, el medio ambiente, trabajo digno, derecho a la salud, una educación de calidad y los conflictos sociales, simplemente no fueron mencionados.

Ni revolución ni social
Al asumir la presidencia el 28 de julio del 2016, Kuczynski, que había ganado las elecciones por un estrecho margen, manifestó querer “una revolución social para mi país. Anhelo que en cinco años el Perú sea un país moderno, más justo, más equitativo y más solidario”.

“¿Qué significa ser un país moderno? Significa que las desigualdades entre los más pobres y lo más ricos deben resolverse levantando el ingreso de los más pobres”, dijo.

Un año después, esa revolución social sigue sin plasmarse. Aunque Kuczynski ha tenido que enfrentar un Congreso hostil, con una aplastante mayoría fujimorista de 73 congresistas de 130, cuyo único objetivo era vengarse de quien le había arrebatado la presidencia a su lideresa natural, Keiko Fujimori, la realidad es que el “equipo de lujo”, como llamó a su gabinete, no ha mostrado su eficiencia.

La mayoría de sus ministros son tecnócratas, provenientes del sector privado, algunas con experiencia previa en el Estado, pero con una enorme incapacidad política. El objetivo de Kuczynski y de Zavala, es preservar la marcha de la economía neoliberal, pero nunca entendieron el afán del fujimorismo de obstaculizar la marcha del gobierno si comparten la defensa del modelo económico aplicado desde los 90 por Alberto Fujimori (1990-2000) y continuado por los gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016).

La mayoría fujimorista en el Congreso, representada en Fuerza Popular, censuró a dos ministros —Jaime Saavedra Chanduví, de Educación, que venía del gobierno de Humala, y Alfredo Thorne, de Economía y Finanzas— y obligó a renunciar a la cartera de Transportes y Comunicaciones al vicepresidente Martín Vizcarra.

Con el fin de evitar que el fujimorismo continuara obstaculizando la marcha del gobierno, Kuczynski y Zavala le cedieron espacio al entregarle importantes cargos públicos, incluyendo dos integrantes en el directorio del Banco Central de Reserva (BCRP), la Contraloría y organismos supervisores, entre otros.

Además, la mayoría opositora retiró en varios decretos legislativos cualquier mención al enfoque de género, orientación sexual, identidad de género, derechos humanos e interculturalidad.

Entre Lava Jato y el fujimorismo
El escándalo Lava Jato ha causado enormes estragos en el panorama político. Los tres últimos presidentes desde el 2001 se encuentran investigados por este caso. Toledo, quien vive en EEUU, se encuentra con pedido de extradición acusado de haber recibido un millonario soborno de la constructora brasileña Odebrecht durante su mandato; Humala y su esposa Nadine Heredia están cumpliendo prisión preventiva mientras son investigados por haber recibido dinero del gobierno de Venezuela para su campaña electoral del 2006, y de Odebrecht para la del 2011. Alan García, que reside en España, se está librando por el momento de tener orden de detención, gracias al control que el Partido Aprista tiene del Poder Judicial y el Ministerio Público.

Lo que explicaría la persecución hacia Toledo y Humala es la situación de fragilidad en la que ambos se encuentran. Toledo ya no tiene un partido que lo respalde y a Humala, que hace sólo un año era presidente, no hay quien lo defienda. La Fiscalía, ante la presión mediática y en su afán de exhibir algunos éxitos, decidió ir tras los dos con menos posibilidades de defenderse.

Kuczynski tampoco se ha librado de ser investigado en el caso Lava Jato por su participación en el gobierno de Toledo como primer ministro y ministro de Economía, en relación a la Carretera Interocéanica impulsada por Brasil, para conectar el Pacífico con el Atlántico y construida por Odebrecht. Al final, esta vía sólo ha servido para que crezca la minería ilegal en la región de Madre de Dios, fronteriza con el estado brasileño de Acre y el departamento boliviano de Pando, destruyendo extensas áreas de bosque amazónico.

Los próximos cuatro años de gobierno de Kuczynski estarán signados por la pugna con el fujimorismo. Uno de los puntos más polémicos es un posible indulto a Alberto Fujimori, quien se encuentra cumpliendo desde el 2007 una condena de 25 años de cárcel por corrupción y violaciones a los derechos humanos.

Poco antes de 28 de julio, corrieron fuertes rumores que Kuczynski otorgaría el indulto humanitario a Fujimori. Keiko Fujimori asegura que lucha por la libertad de su padre porque es inocente de los delitos por los cuales fue condenado, pero no está de acuerdo con esa gracia presidencial porque significaría aceptar la culpabilidad y tener fuera de la cárcel a Alberto Fujimori, quien retornaría al escenario político y al control del partido.

—Noticias Aliadas.