El 2018 da la oportunidad a los brasileños de optar entre la posibilidad de construcción de una sociedad mínimamente igualitaria o la consolidación definitiva de un proyecto expoliador, represivo, antipopular, siempre y cuando se realicen las elecciones presidenciales y no se produzca un golpe dentro del golpe para impedir, a toda costa, la participación del exmandatario Lula de Silva en ellas.

Las señales son confusas y es difícil que quienes hoy detentan el poder se pongan la soga al cuello: las elecciones no están aseguradas, y harán lo imposible para impedir la elección del expresidente, inclusive un nuevo golpe que conlleva al vaciamiento del presidencialismo o de un enmienda constitucional (eludiendo la consulta popular) que dicte un parlamentarismo de hecho, o una presidencia colegiada, con jueces y quizá militares.

 Durante el gobierno golpista Brasil ha retrocedido en todas las áreas, suprimiendo y destruyendo los derechos sociales y concentrando la riqueza en la mano de los más ricos, con aumento expresivo en el precio del gas, la gasolina y la electricidad, cortes en el salario mínimo, en la salud y reducción de inversiones en las universidades, cortes drásticos en la educación, en la investigación y en toda el área social.

No hay esperanza con este gobierno de facto: las medidas anunciadas para 2018 van a agravar aún más este cuadro: Son los más pobres quienes pagarán la cuenta de la reforma de la seguridad social que no afecta a los ricos, los parlamentarios, los jueces ni los militares. Es que para fines de 2017 los “nuevos pobres” sumaron 3,6 millones, mientras Naciones Unidas anunciaba que Brasil retorna al Mapa del hambre.

Solo un nuevo pacto popular alejará del horizonte las amenazas de hoy, que no se reducen a las consecuencias del neoliberalismo radical sino a la radicalización conservadora, como pensamiento, acción, política, gobierno, valores sociales e ideología. El conflicto que no favorece los proyectos de conciliación de clase, presidirá las maniobras de la derecha y condicionará los movimientos del campo popular, independientemente de los partidos y de las candidaturas conocidas y aquéllas por ser anunciadas, señala el exministro de Ciencia y Tecnología, Roberto Amaral. 

El académico Liszt Vieira señala que mientras se producen aumentos de impuestos, por un lado, por el otro se perdonan deudas multimillonarias de grandes empresas y se decreta la exención de impuestos a las empresas multinacionales de petróleo. Los medios de comunicación hegemónicos aplauden las reformas presentándolas como esenciales al interés nacional.

El Poder Judicial, cada vez más participante en temas que no le debieran concernir, parece sintonizado con los mismos intereses, al igual que los mandos policiales. A partir del golpe de 2016, la radicalización creció, se expandió y se profundiza a favor del poder económico, bajo el liderazgo del capital financiero y el monopolio de los medios de comunicación, uno y otro “estados” dentro del Estado, que actúan en consonancia y son portavoces del poder fáctico, más allá de los tres poderes constitucionales.

Más allá de los medios de comunicación de masas, en su permanente deconstrucción de la imagen del expresidente, actúan coordinadamente el poder judicial (de jueces como Sergio Moro hasta el Supremo Tribunal Federal, el Tribunal Supremo Electoral y los tribunales superiores regionales), la Fiscalía General y la Policía Federal. La intención no es comprobar presuntas irregularidades cometidas por Lula, sino impedir hoy su candidatura; mañana, su elección y su gobierno, aunque sea a costa de su libertad, amenazada por condenas anunciadas.

Lula promete un nuevo manifiesto-compromiso, dirigido ahora al pueblo (y no como en 2002 a los banqueros), a trabajadores y campesinos, proletarios urbanos que sobreviven en los servicios y a aquellos sectores de la clase media perdidos en el último quinquenio. Aún cuando Lula quiera fortalecer su imagen de conciliador, estará presionado por las circunstancias.

La gran ofensiva de la derecha intenta privatizar todo lo posible, hasta el Jardín Botánico de Río. Luchar contra las zancadillas que intentan impedir que Lula sea candidato en 2018 y levantarse en la defensa de la democracia y los intereses de la nación, puestos en riesgo por el entreguismo más descarado, son las tares del espectro popular, en busca de unidad táctica, estratégica y de acción.

Revertir el grave retroceso será la gran tarea del gobierno que sea elegido en noviembre de 2018. Si un golpe dentro del golpe no lo frena, claro.

Juraima Almeida

Investigadora brasileña del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)