El Consenso de Washington (WC, 1989) sintetizó el ideal del capitalismo de libre empresa para la era de la globalización. En América Latina, la aplicación de ese “modelo neoliberal” durante las décadas finales del siglo XX, ocasionó un abismo entre la riqueza concentrada en las elites empresariales y el conjunto de la sociedad, al mismo tiempo que fueron arruinados los servicios públicos, con deterioro de las condiciones de vida y de trabajo de los sectores medios y populares.

Los dirigentes de las cámaras de la producción del Ecuador mantienen ese ideal del WC. En septiembre 2016, la Cámara de Comercio de Quito, con el beneplácito de todas las otras, lanzó el programa “Consenso Ecuador” que, en última instancia, apunta a defender la dolarización, fomentar la producción, reducir el gasto público, revisar impuestos, flexibilizar el trabajo y reformar la institucionalidad.

Hoy contamos con nuevo gobierno, que inició su gestión invitando al diálogo nacional. Pero hace pocos días, el presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano remarcó la “frustración” del sector porque el gobierno no aceptó todos sus planteamientos y señaló (Ecuavisa) que lo único rescatable de la Ley de Reactivación Económica era la entrega del dinero electrónico a la banca privada. Citó 10 puntos que, según él, reflejan el manejo económico gubernamental: ausencia de un programa económico, política fiscalista, incremento de aranceles, uso de las reservas del BCE para solucionar problemas fiscales, gasto público vía deuda, endeudamiento ineficiente, presiones sobre la competitividad, carga regulatoria y tramitología, subestimación al sector productivo y visión fragmentada del sector empresarial.

En las cotidianas entrevistas, los dirigentes empresariales privilegian la disminución o revisión de impuestos, se pronuncian contra el “excesivo” gasto público y demandan nuevas relaciones laborales. Su voz es tenida como seria, competente y hasta técnica.

Pero es necesario comprender que esas dirigencias no plantean un programa de interés nacional, sino de interés privado. Reflejan una persistente visión caduca y oligárquica, incapaz de comprender la necesidad del fortalecimiento de las capacidades estatales en países como los latinoamericanos. Una visión que choca abiertamente contra cualquier esfuerzo por la redistribución de la riqueza. Que se niega a las regulaciones del Estado sobre las actividades privadas y a los impuestos directos que afecten los patrimonios más poderosos. Que asume las relaciones laborales como simples costos de producción, sin advertir la responsabilidad social y la necesaria promoción del bienestar de los trabajadores por sobre las rentabilidades del capital.

La visión de las elites empresariales, que trata de imponerse en el país, descarta los intereses de las pequeñas y medianas empresas y contradice a los sectores de economía social y solidaria.

El cambio de mentalidad empresarial –difícil en el capitalismo- se impone, si se quiere avanzar hacia un país que por lo menos cumpla con la Constitución de 2008, en cuanto al régimen del desarrollo y al régimen del buen vivir, contemplados en los títulos VI y VII de dicha Carta.

Ecuador, lunes 8 de enero de 2018

- Juan J. Paz y Miño Cepeda, historiador ecuatoriano, es coordinador del Taller de Historia Económica.

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