El comienzo de 2018 consolidó en Perú un cambio radical del escenario político, cuando aquel que esgrimía la bandera de la democracia liberal burguesa de los “valores democráticos” se convirtió en furgón de cola del fascismo fujimorista: el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), que había asegurado que no indultaría a Alberto Fujimori, le regaló el perdón al genocida la última navidad, en busca de su “gobernabilidad”.

La incapacidad del banquero Kuczynski para gobernar parece haber recortado drásticamente su mandato democrático. Contrariamente a sus cálculos, el pacto de impunidad que amnistió al exdictador acusado de corrupción y genocidio, ha resultado en un grave aislamiento político que le quita el aire necesario para llegar al 2021.

Curiosamente el “antifujimorismo social”, como ahora gusta llamarse al humor antiautoritario del electorado joven y movilizado, que le permitió ganar en segunda vuelta el 2016, ahora le grita que no a su acuerdo bajo la mesa. En estas condiciones solo le queda gobernar como rehén de Alberto Fujimori y ya conocemos los modales, no precisamente de etiqueta, que tiene este señor, señala el analista Alberto Lynch.

El intento de vacancia presidencial presentado en el Congreso trajo el pacto de impunidad y este el aislamiento político del mandatario, a costo de la legitimidad y la credibilidad del pueblo en las instituciones y, sobre todo, en los gobernantes, en los dirigentes de los grupos políticos que hoy intentan repartirse el poder. La historia vuelve a repetirse –y no es tango- ya que los seis gobiernos neoliberales, desde 1990, terminaron todos embarrados en la corrupción, pero también en la impunidad.

Algunos analistas señalan que este acuerdo entre poderosos se venía cocinando desde agosto, en plena crisis por los sobornos pagados por la brasileña Odebrecht, una estrategia para reimplantar “una dictadura terrorista de los grandes monopolios buscando para ella apoyo de masas”, al decir de Gustavo Espinosa. Es una forma de parar el desborde de las masas y el resurgir de los movimientos populares y de una incipiente izquierda. ¿Es por miedo a perder el poder y los negocios?

PPK no solo cometió un legicidio al otorgar el cuestionado “indulto humanitario”, que bien puede ser legalmente derribada incluso por el Tribunal Constitucional), y por los organismos internacionales a los que el país está atado.

Pese a lo que la prensa hegemónica divulgó, Fujimori goza de buena salud (el jueves 4 de enero fue dado de alta y abandonó la clínica Centenario Peruano Japonesa), y no se ha arrepentido de sus crímenes y otros latrocinios, no ha invocado el perdón ante las víctimas o sus familiares, no ha pagado un sol (moneda peruana) de la caución que le fuera impuesta, ni sufre enfermedad terminal alguna.

PPK especuló que un acuerdo con del fujimorismo le garantizará “gobernabilidad”, pero éste seguramente lo responsabilizará de todos los errores, de la crisis y también de las imperfecciones jurídicas del Indulto, para deshacerse de él cuando ya no le sea útil.

Algunos medios de prensa resaltaron diferencias insalvables entre Keiko y Kenyi Fujimori, los hijos del dictador. El primero responde a una vieja guardia fujimorista, la segunda a la nueva. Ambos esperan que PPK nombre al indultado como asesor presidencial, un cargo hoy vacante. Si esto no sucediera, siempre está la posibilidad de huir al Japón.

Las revelaciones de las coimas que pagó la empresa Odebrecht hicieron visible la dimensión de la podredumbre, porque robar ha sido la forma de gobernar en más de dos décadas. Quizá esta falta de credibilidad termine también con el encanto del modelo, cuando el mito del crecimiento ya no es tal y el capitalismo no se recupera de su crisis planetaria. El término del encanto nos hace ver que el emperador está desnudo y revela su naturaleza, dice La Otra Mirada.

Para Lynch, hay que volver los ojos a la sociedad movilizada: “La duda es ahora si la reacción democrática de la sociedad será extensiva y duradera. Si las protestas de hoy serán la representación política de mañana, y más todavía, si esta levantará una propuesta alternativa a lo que hemos tenido, porque de eso se trata y es lo más difícil de lograr. De ello depende para tener un Perú en el que podamos vivir y trabajar, para que sea nuestro y no de otros.

Pero para ello sería imprescindible una unidad de acción de los movimientos populares, construir la unidad, comprometerse en la acción superando fricciones menores, como las que se ven diariamente entre los activistas del Frente Amplio (FA) y su exlideresa, la cusqueña Verónica Mendoza, entre los partidarios de Marco Arana -sociólogo, catedrático y ex-sacerdote, fundador del Movimiento Tierra y Libertad y del FA-, entre la llamada izquierda caviar, los ultras, los reformistas, los radicales. Y sobre todo entre campesinos, indígenas, trabajadores, estudiantes, que son parte esencial del Perú-real.

Mariana Álvarez Orellana

  Antropóloga, docente e investigadora peruana, asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)