Vivimos tiempos de cambio.  EE. UU. está dejando de ser la principal potencia.  Rusia y China no quieren que su caída sea violenta porque sería más peligrosa.  Europa toma distancia.

 Venezuela libra una batalla en la guerra económica que sus enemigos   le han desatado.  En Brasil y Argentina, sus pueblos rechazan gobiernos golpistas y recetas neoliberales que recortan el gasto social.   En Bolivia y Ecuador continúan sus revoluciones por la soberanía sobre sus recursos naturales.  Centroamérica está ocupada en defender a los activistas del medio ambiente de asesinatos sistemáticos.  El pueblo mexicano se está armando para defenderse del crimen organizado frente a la indefensión en que los ha dejado un gobierno que hundió la economía nacional.

Y en Panamá, ¿qué pasa? En nuestro país estamos recordando a las miles de víctimas del 20 de diciembre.  Las cifras de Ramsey Clark, exfiscal general bajo John F. Kennedy y Presidente de la Comisión Independiente de la Invasión a Panamá, sitúan las víctimas entre 4,000 y 7,000 muertos.  Curiosamente, ni en Panamá ni en EE.UU., nadie -- incluso Ramsey Clark -- menciona cifras de heridos.  ¿Cuántos podrían ser, si en toda guerra hay más heridos que muertos?

Si tomamos la cifra conservadora de 4,000 y multiplicamos por 2, eso nos da la friolera de 8,000 heridos.   Si es un herido por cada muerto, que sería lo mínimo, el 20 de diciembre nos habría dejado 4,000 heridos en el mejor de los casos y 7,000 en el peor.

 El 9 de enero hubo 23 muertos y 500 heridos, con un promedio de 22 heridos por muerto.   Si usamos este promedio, la invasión del 20 nos debió dejar la cifra de 88,000 heridos.  Pero esta comparación no es aplicable por diversos motivos.

Ahora bien, algunas de las razones por las que desconocemos a ciencia cierta cuántos muertos hubo, desde el 20 de diciembre hasta la salida de los invasores, son las mismas que explican por qué ignoramos la cifra de heridos.

Nuestros muertos y heridos, ¿qué se hicieron, dónde están?  En base a mi experiencia de tres años de investigar la invasión, esto es lo que pudo haber ocurrido: EE.UU. puso en práctica dos Doctrinas de Colin Powell, jefe de Estado Mayor: (1) “Tierra Arrasada”, que significó “no dejar a nadie vivo”, y por eso remataron o ejecutaron a todos los heridos; y (2) la sobresaturación del escenario bélico: superar muchas veces y desproporcionadamente al enemigo. 

El principio de la proporcionalidad entre los bandos, del Derecho de Guerra (Jus Bellum), no fue observado por los campeones del “fair play” y paladines de la democracia.

 ¿Cómo podrían enfrentar las escasas 3,000 o 4,000 unidades militarizadas de la FDP a los 40,000 invasores (26,000 que vinieron más los 14,000 que ya estaban)?  ¿Cómo enfrentar a la superpotencia en una proporción de 8 a 1 (pensando sólo en los que vinieron), si nunca tuvimos fuerza aérea, artillería ni marina; si ellos trajeron naves de guerra que no vinieron a pasear, 500 helicópteros Apache, tanques, bombarderos y aviones antirradar Stealth, que arrojaron cientos de bombas sobre objetivos mayormente civiles?

¿Cómo habría visos de proporcionalidad entre la superpotencia, que se beneficia de tecnologías supremamente avanzadas, y unas Fuerzas de Defensa divididas y desmoralizadas internamente y sin armas ni tecnología remotamente moderna?  El razonamiento inhumano tras estas prácticas nazis era que los heridos salían más caros que los muertos.  Además, como dice la Mafia, ¡los muertos no hablan!  ¿Se imaginan a 4,000 u 8,000 heridos dando testimonios de la invasión?

Por eso retuvieron a periodistas norteamericanos y extranjeros y los encerraron en Quarry Heights, como no había ocurrido ni en Vietnam ni en el Medio Oriente.  Por eso ametrallaron las ambulancias y aplastaron los autos que huían con sus familias y amigos dentro.

 Yo obtuve muchos testimonios de compañeros que se salvaron porque simularon estar muertos.  Ellos, en Río Hato, Fuerte Cimarrón  y en otros sitios, vieron y escucharon cómo los jefes de tareas ordenaban a los soldados asesinar a los que se desangraban en la pista de aterrizaje y demás sitios, así como  a  familiares y amigos que intentaban socorrerlos.

Ellos atestiguaron cómo los invasores tomaron a los policías y soldados de Fuerte Cimarrón que se rindieron y los amarraron a sus camas para levantar vuelo, bombardearlos y ametrallarlos sin piedad.  Tan cobarde y salvaje fue el acto, que no pudieron borrar la sangre de las paredes y tuvieron que pedirles ayuda a los Bomberos de Chepo para lavarlas, luego de acordonar el área.  

Ellos me relataron cómo sus compañeros de armas y gente llana del pueblo fueron llevados en camiones a paraderos desconocidos de los que nunca regresaron; cómo fueron incinerados con lanzallamas y químicos y arrojados al mar con bombas de inmersión; cómo fueron llevados al aeropuerto de Tocumen con destino desconocido en Centroamérica.

Asesinaron a los que se rindieron con las manos en alto, así como a los heridos que capturaron o sacaron de los hospitales, pese a las protestas de médicos patriotas.   ¡Habrá que instalar un nuevo Tribunal de Núremberg para juzgar los crímenes de lesa humanidad y contra la paz que EE.UU. cometió durante la invasión a Panamá!

La otra razón por la que desconocemos la cantidad de muertos y heridos es que el Comando Sur, con la colaboración de su presidente Guillermo Endara y de su Consejo de Seguridad, borraron toda evidencia de sus crímenes, sobornando y coaccionando a los familiares de los muertos, heridos y desaparecidos, para que no hablaran.

Las anteriores razones explican por qué la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA no ha caminado tras muchos años.  EE.UU. le aplica presión desde diversos ángulos.  Por esa misma razón, dudo que la Comisión Nacional que designó Juan Carlos Varela cumpla con los objetivos que el pueblo espera.

Para que la Comisión Nacional no sea otra frustración, es crucial que el gobierno de Panamá decida entablar negociaciones con el gobierno de EE.UU. como lo han hecho otros países invadidos por EE.UU.   o prometer, caso contrario, demandar a EE.UU. ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

Pero surge la pregunta: ¿cómo demandará a EEUU un gobierno que ni siquiera se atreve a declarar el 20 de diciembre Día de Duelo Nacional? ¿Un gobierno que ni siquiera se atreve a defender a nuestro país ante la conspiración de los Papeles Mossack-Fonseca (mal llamados “Panamá Papers”), gestada por la CIA?  ¿Un gobierno que no ha podido dar la cara ante Joseph Stiglitz, que ha desenmascarado su falta de transparencia?  ¿Cómo demandar a EEUU un gobierno que no se ha atrevido a rechazar la Lista Clinton, que mata nuestra libertad de expresión?

Después de anular la soberanía nacional y ocupar el Estado; de arrancarnos derechos extraterritoriales de intervención y ocupación en el Tratado Salas-Becker; de prohibirnos, bajo Mireya Moscoso,  llevar a la Corte Penal Internacional a funcionarios civiles o militares de EE.UU. por crímenes de guerra;  de obligarnos, con el mismísimo Colin Powell, a soltar  a los terroristas como Luis Posada Carriles, que intentaron asesinar al presidente de Cuba, Fidel Castro,  ¿qué otra cosa nos pueden arrebatar que no sea lo único que nos queda, que son nuestra pobreza, nuestra vergüenza y nuestra dignidad?

(Palabras en la Cena Navideña de la Alianza Estratégica Nacional, Parque Metropolitano, 18 de diciembre de 2016)

Julio Yao

Analista internacional (Panamá)