La Argentina tiene un fuerte déficit fiscal, lo que supone un mayor gasto público respecto de los ingresos, por lo que conviene distinguir en que se gasta y cuál es el origen de los fondos del Estado. Solo así se puede indagar respecto del déficit y como resolverlo.

Al respecto y para 2017, un informe de reciente publicación la CEPAL señala que para Argentina: “...el déficit fiscal se mantuvo elevado en los primeros diez meses del año (un 4,7% del PIB), pese a la política de reducción de los subsidios de los servicios públicos, a la recaudación extraordinaria del impuesto especial del blanqueo de capitales y al aumento de los ingresos tributarios asociados al mayor nivel de actividad.”[1]

Con la baja de subsidios a los servicios se encareció la vida, con especial impacto entre los sectores de menores ingresos, mientras que el blanqueo supone el perdón estatal a grandes evasores, descubriendo claramente perjudicados y beneficiarios de la política económica y fiscal del gobierno Macri.

Más adelante se indicará en el estudio de CEPAL que el ajuste realizado para achicar gastos estatales fue contrarrestado por el mayor gasto en intereses derivado del fuerte endeudamiento público. Dice textualmente el escrito: “Tras el pago de los intereses de la deuda, el resultado fiscal ascendió al 4,7% del PIB, por encima del 4,1% registrado en igual período de 2016.”

Hemos destacado en varias ocasiones que el Ministro de Finanzas augura la continuidad del creciente endeudamiento público por lo menos hasta el 2022.

Queda claro que toda la sociedad financia con endeudamiento del Estado la lógica regresiva de la distribución del ingreso. Se trata de una hipoteca gravosa en el corto y largo plazo. Resulta claramente contrario a cualquier semejanza a los propósitos de Robin Hood que podría sugerirse de una estrategia para combatir y abatir la pobreza, por lo que algunos sostienen que se trata de un robo apañado desde el consenso electoral.

La contabilidad nacional, que mide egresos e ingresos desnuda una gigantesca transferencia de recursos desde los sectores empobrecidos a los más enriquecidos. En el texto de la CEPAL se destaca el mantenimiento de la indigencia pese al crecimiento logrado en el presente año, que recupera lo perdido en 2016.

El mayor déficit se carga sobre jubiladas y jubilados

Resulta interesante descubrir cómo con la “reforma previsional” en trámite parlamentario y fuertemente protestada en las calles, se piensa achicar el déficit desde el gobierno Macri.

Más allá de temas de fondo, como la edad jubilatoria, la modificación de la actualización de ingresos previsionales supone una reducción de recursos para beneficiarios de jubilaciones y otros derivados de la seguridad social, como la Asignación Universal por Hijos e Hijas (AUH) o a los combatientes en Malvinas.

El argumento oficial es que bajo la nueva fórmula de actualización se genera un “ahorro” estimado en 100.000 millones de pesos para el 2018, lo que significa que lo que se ahorra el Estado es lo que no perciben los millones de beneficiarios de la seguridad social, perceptores de jubilaciones y la AUH.

Como argumento se sostiene que la economía nacional no es sustentable con este déficit fiscal y del propio sistema previsional, sin contabilizar las pérdidas de ingresos fiscales que supusieron las quitas y eliminaciones a las retenciones por exportaciones, o las reducciones al impuesto de bienes personales. Mucho más si se considera en simultáneo la propuesta de reforma tributaria en ciernes, que impulsa la rebaja de la tasa de ganancias, del 35 al 25%, para empresarios que reinviertan sus excedentes.

Es un chantaje hacia una mayoría empobrecida, a quienes se les restringen ingresos para hacer funcional el orden capitalista y su Estado, asegurando ganancias y rentabilidad para inversores externos y locales, cómo si ello fuera la única manera de reducir el déficit.

No solo es el gobierno, sino que el chantaje asocia como actores directos a buena parte de los legisladores y gobernadores, oficialistas y opositores, quienes negocian cuotas de los ingresos fiscales para atender necesidades provinciales y a costa de los sectores de menores ingresos..

La novedad es que para facilitar la sanción legislativa se ofrecería por Decreto presidencial una compensación mediante un bono de 750 pesos por única vez a los/as jubilados/as con ingresos menores a los 10.000 pesos mensuales y aportes al régimen previsional por 30 años, y un bono de 375 pesos, también por única vez, a jubiladas/os ingresados al sistema por moratorias y sin los años de aportes. También un bono por única vez de 400 pesos para beneficiarios de AUH. Todo sumaría unos 4,000 millones de pesos, una miseria del 4% respecto del ahorro de 100.000 millones antes mencionado.

No solo se trata de una estafa evidente, sino que desnuda las formas de financiamiento del Estado y del capitalismo en las condiciones actuales, de fuerte iniciativa política del poder y del gobierno ante el espaldarazo electoral de octubre.

Política e instituciones

Como alguna vez sostuvimos, la política no solo transita por las instituciones.

El movimiento de la sociedad se expresa vía conflicto en la protesta callejera y eso acontece en estos días, por lo que la historia no termina, aun con pactos, leyes o decretos que confirman la regresiva distribución del ingreso.

Un interrogante para pensar remite al resultado de la confrontación entre la formal legalidad institucional o la presión social que apunta a modificar esa ecuación de la institucionalidad, que siempre es transitoria, sino lo que habría sería una agobiante y conservadora inmovilidad.

Solo a modo de ejemplo señalemos que sin la lucha popular hace 100 años no hubiera existido la reforma universitaria, o más cercano en el tiempo, sin el accionar del movimiento por los derechos humanos, nunca hubiera habido anulación de las leyes de impunidad y por ende no existirían los juicios actuales con condenas a los genocidas. Los ejemplos en este sentido son muchos y variados, lo que expresa la riqueza y vitalidad de una cotidianeidad que puede aspirar a superar y transformar la realidad.

La institucionalidad está siempre en disputa y favorece a pocos enriquecidos o a muchos que aspiran a una sociedad del Vivir Bien o el Buen Vivir tal como sostiene la lógica civilizatoria de los originarios.

Se equivocan aquellos que imaginan la proyección del consenso electoral para contrarreformas de carácter impopular.

En todo caso devela los problemas políticos en la Argentina, que atraviesan a los sectores dominantes de la derecha en el gobierno, pero también a la izquierda y a quienes imaginan una perspectiva sustentada en un proyecto emancipador.

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2017

Nota

[1] CEPAL. Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe ▪ 2017. Argentina. En: http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/42651/18/BPE2017_Argentina_es.pdf (consultado el 15/12/17

Julio C. Gambina
Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP
Ciudad de Buenos Aires.