Estados Unidos se empeña en estructurar intencionalmente[1] la gobernanza de Internet de manera a garantizar la libertad corporativa sin restricciones y para favorecer su propio aparato de vigilancia en apoyo a su política exterior[2], bajo el pretexto de "combatir el terrorismo".  Por la misma razón, por lo general rechaza que ciertos servicios deben ser servicios públicos (o bienes públicos); y rechaza cualquier rol gubernamental en la supervisión, y sobre todo la regulación, de Internet.

Nuestra creciente dependencia de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs), que incluye el uso de redes transnacionales para interconectar computadoras personales y sistemas informáticos comerciales, tiene importantes consecuencias para los gobiernos[3] y todas las líneas del comercio, en particular las finanzas.  La actual revolución de la información es mucho más significativa que los cambios inducidos previamente por la telegrafía o la telefonía. [4]  Si bien los actores políticos en todo el mundo comprenden esto, la mayoría no percibe en su totalidad las implicaciones de poder.  En contraste, los formuladores de políticas estadounidenses entienden la importancia de las redes, como Internet, para promover los objetivos geoeconómicos y geopolíticos de su país. [5]

Muchos aspectos de Internet siguen siendo regidos por entidades ad hoc dominadas por los intereses económicos de EEUU (o cuanto menos por aquellos de los países desarrollados), en formas que están casi completamente fuera del control de las instituciones existentes, como la agencia especializada en TICs de las Naciones Unidas, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), y fuera también del control de cualquier gobierno nacional, excepto EEUU. [6]

Las implicaciones de poder de esta situación son evidentes: la voz de EEUU y de las empresas privadas que respalda tiene mucho más peso sobre Internet global que la de cualquier otro actor.  Y usan este poder para fines políticos (por ejemplo, vigilancia masiva) y con fines económicos (por ejemplo, las muy altas ganancias obtenidas por compañías como Google). [7]  Por supuesto, EEUU acepta algunas discusiones internacionales, pero sólo en foros donde cuenta dominar, y sólo en la medida en que las discusiones se ajusten a sus expectativas.  De hecho, EEUU utiliza abiertamente su poder político en los foros donde se debaten estos asuntos, tratando de imponer políticas comerciales y de inversión que favorezcan a sus empresas privadas, siendo ejemplos evidentes las discusiones dentro de la Organización Mundial del Comercio (OMC), la Asociación Transpacífico (TPP), la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (TTIP) y el Acuerdo de Comercio en Servicios (TiSA).

Adicionalmente, utiliza un discurso de derechos humanos, en particular la libertad de expresión y la amenaza de que otros gobiernos intenten controlar Internet por razones de censura o para reprimir la innovación, para ocultar sus propias violaciones de derechos humanos, en particular la negación de la gobernabilidad democrática, la imposición de leyes estadounidenses a la ciudadanía de países extranjeros y la vigilancia masiva.  Es más, los acuerdos comerciales que Estados Unidos está utilizando para promover los intereses corporativos obstaculizan las aspiraciones de equidad económica transnacional.

A pesar de su amplia retórica sobre apertura, participación, rendición de cuentas y democracia, el modelo de gobernanza actual (llamado "el modelo de múltiples partes interesadas" o multisectorial) es en gran medida antidemocrático, porque está dominado por una camarilla profesional de representantes de intereses comerciales y políticos. [8] Y no ha podido abordar cuestiones clave de Internet, como la seguridad y la asequibilidad del acceso en los países en desarrollo.

La renuncia por parte de Estados Unidos a los últimos vestigios de su control sobre la gestión y administración de nombres y direcciones de Internet (la transición de IANA) se presenta como un paradigma exitoso para aplicar a otros ámbitos de la vida, pero en realidad es solo otra privatización que permite que empresas privadas controlen y exploten lo que deberían ser recursos públicos. [9]

Entretanto, el resto del mundo se queda al margen, sin darse cuenta de lo que está en juego o incapaz de pesar en el debate. Después de todo, ¿por qué uno se preocuparía por este desequilibrio de poder mientras el acceso a Internet continúe expandiéndose; el correo electrónico y la web permanecen aparentemente abiertos; los medios sociales se utilizan de maneras cada vez más creativas; y hay cada vez más disponibilidad de servicios innovadores "gratuitos"?

De hecho sí deberíamos estar preocupados, porque los servicios gratuitos no existen: los usuarios pagan por los servicios que reciben proporcionando datos, que se monetizan y se utilizan para generar ingresos de un valor mucho mayor que el de los servicios prestados.

Como mi colega Parminder Jeet Singh y yo hemos planteado[10]: "Un orden digital global está tomando forma lentamente, pero mientras el Norte está desarrollando las normas y los principios de políticas para este orden sobre la base de sus propios intereses, el mundo en desarrollo permanece en los márgenes de este proceso.  A menos que reaccionen en forma conjunta, los países en desarrollo corren el riesgo de verse atrapados en una dependencia digital que finalmente tendrá un impacto en su soberanía nacional".

Y, por lo tanto, no sorprende que Internet se esté utilizando como una herramienta para el dominio económico y político, es decir, el imperialismo, así como, en el pasado, otros medios de comunicación, como las carreteras y la telegrafía, fueron utilizados por los imperios en su propio interés. [11]

En este sentido, invitamos a la ciudadanía a unirse al Foro Social de Internet[12], tal como se describe en el documento conceptual: Por qué el futuro de Internet necesita movimientos de justicia social[13]; y a respaldar la Declaración de Delhi[14] de la Coalición JustNet.

Richard Hill es Presidente de la Association for Proper Internet Governance. 

Este documento se ha tomado en gran parte de un artículo anterior "Las verdaderas apuestas de la gobernanza de Internet", State of Power 2015, Transnational Institute, enero de 2015.