Tras el triunfo electoral, el oficialismo avanza en las reformas estructurales. El reformismo permanente comenzó por dos pilares del “costo argentino”: el impositivo y laboral. Las reformas tributarias y laborales apuntan a reducir el costo productivo en las grandes empresas, especialmente del área de Buenos Aires. La gradual pero profunda baja en los aportes patronales (con desigual impacto regional por la eliminación de exenciones), la reducción de ganancias a grandes empresas con estructuras financieras que pueden girar dividendos encubiertos como pagos de intereses a empresas vinculadas, facilidad para contrataciones temporales, son algunos de los puntos salientes de las reformas.

Pero, dado que los costos son ingresos cuando se los ve del otro lado del mostrador, las reformas merman simultáneamente los ingresos del Estado y los trabajadores. Un cálculo aproximado del impacto de la rebaja de los aportes patronales permite estimar que la ANSES perderá entre el 12 y el 15% de sus ingresos cuando la reforma tenga pleno impacto (ver apartado). En un intento por moderar ese impacto fiscal, se busca modificar la fórmula de actualización de las jubilaciones, pensiones y asignaciones. Su actualización por el IPC puede reducir los aumentos en un contexto de inflación a la baja como el esperado por el oficialismo en los próximos años (dado el desfasaje actual entre la base para calcular los aumentos y el momento de su aplicación). Sin embargo, dado que las crisis en Argentina son acompañadas de saltos en el dólar y la inflación, puede tener el impacto inverso cuando el esquema “ponzi-economics” del endeudamiento internacional en curso encuentre su límite.

Al respecto, la cirugía liberal sobre los ingresos del Estado y los trabajadores contará con la ayuda de esa anestesia financiera durante su implementación. El endeudamiento externo permite sostener el gasto de la seguridad social mientras se implementan las reformas que reducen los ingresos del Estado. Por el lado de las cantidades, permite la expansión de la obra pública y otros gastos estatales mantengan el dinamismo de la economía, especialmente en años electorales. Asimismo, el costo de dicha política sobre las industrias que no pueden competir con las importaciones es parcialmente compensado por la expansión de los servicios y la construcción de la mano de los créditos al consumo y de los hipotecarios indexados, que facilita la inflación descendente vía retraso cambiario. Por el lado de los precios, el endeudamiento también permite sostener una política de dólar barato que disminuye la inflación y contrabalancea el impacto de la reforma laboral sobre los ingresos de la población.

El límite de este modelo está dado, como todo esquema especulativo de tipo Ponzi, por el carácter finito del crédito internacional ya sea por el endeudamiento acumulativo o bien, por algún cambio en las condiciones de liquidez internacional. Llegado ese momento, uno a uno caerán los naipes que conforman este castillo, comenzando por la reducción del gasto y la obra pública impuesta como condicionamiento para acceder al crédito de organismos internacionales - una vez reducidos los mercados voluntarios de deuda -, seguido por la fuga masiva al dólar de quienes hoy especulan con las Lebacs, el salto del valor del dólar y, tras él, de los precios, la imposibilidad de pagar los créditos hipotecarios indexados atados a la inflación y el remate de propiedades de los sectores medios por quienes compraron esos créditos en los mercados secundarios, en un contexto caída de la actividad y el empleo. En ese momento, el impacto de las actuales reformas se sentirá sin anestesia: un Estado reducido sin financiamiento para la seguridad social, despidos y rebajas salariales facilitadas por la nueva legislación...

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Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO)

Buenos Aires, Argentina