Finalmente sucedió lo que nadie quería pero todos esperábamos. A pesar del rechazo público del 9 de noviembre, el pasado miércoles se consumó el pacto entre el triunvirato que conduce la CGT y el Gobierno macrista, dándole vía libre al tratamiento del proyecto de reforma laboral en el Congreso para esta semana. El lugar para el acuerdo no podía ser más simbólico: la Sociedad Rural.

Ante un proyecto de reforma que retrotrae las relaciones laborales a principios del Siglo XX, desde Azopardo se defiende el acuerdo bajo el argumento de que la Mesa Técnica establecida entre funcionarios del Ministerio de Trabajo y los abogados de la CGT permitió limar los artículos que vulneraban la Ley de Contrato de Trabajo y alteraban la filosofía del empleo. A pesar de estas modificaciones al proyecto original, el espíritu de las reformas que impulsa el macrismo -tanto en lo laboral como en lo fiscal y previsional- implica un ajuste al bolsillo y ataque directo a los derechos de los sectores populares. A continuación, un breve resumen de las modificaciones y de lo que se mantiene.

El proyecto que ingresó formalmente este martes al Congreso mantiene el “Fondo de Cese de Empleo”, al que podrán adherir voluntariamente los empleadores y los sindicatos por medio del Convenio Colectivo. En caso de que esto no sucediera, el régimen de indemnizaciones será el vigente en la actualidad. Al mismo tiempo, para el cálculo de las indemnizaciones se reincorporan las horas extra, aunque se mantienen excluidos los bonos, comisiones, aguinaldo, premios y otros conceptos que hoy sí están incluidos. Estas medidas son una política clara destinada a abaratar los costos de despido -facilitándolos- ya que no sólo los disminuyen sensiblemente, sino que los socializan -vía ese Fondo- entre todos los patrones de una rama de actividad.

Se mantienen los puntos que favorecen la legalización de la precarización laboral, bajo la creación de las figuras del Monotributista Dependiente Económicamente y la del Monotributista que puede contratar hasta cuatro personas. Estas figuras legalizan las relaciones laborales encubiertas ya que transforman lo que es una relación de dependencia en una contratación de servicios. En ese marco de precarización laboral, se modifica la Responsabilidad Solidaria en el caso de despidos por subcontratación, eliminando su aplicación a los servicios contratados para limpieza, seguridad, montaje de instalaciones o maquinarias, transporte de personas (desde y hacia el establecimiento o explotación), gastronomía, servicios médicos de emergencia y de higiene y seguridad en el trabajo. Esto implica que los trabajadores de empresas subcontratadas no podrán iniciar reclamos contra el empleador principal. Por último, se mantienen todos los puntos referidos a la precarización laboral de los jóvenes a través de las flamantes Prácticas Formativas -cuya duración máxima es de un año-, que no son otra cosa que las actuales pasantías laborales.

Una importante modificación al proyecto original es la quita del Banco de Horas, que estaba destinado a la eliminación del pago de horas extra y a la extensión de la jornada laboral bajo la modalidad de fijar una cantidad de horas totales que el trabajador debería compensar a lo largo del año. Sin embargo, se permite su inclusión en los Convenios Colectivos sectoriales.

Se elimina del proyecto el concepto que ponía en pie de igualdad a trabajadores y empleadores, junto con el límite establecido en un año para la litigación contra despidos sin causa (se mantendrían los dos años actuales). Sin embargo, no se eliminó el artículo que habilita a trabajadores, en forma individual, a renunciar a beneficios que estén por encima de la Ley de Contrato de Trabajo. En el caso del “Ius variandi”, tampoco se eliminó el artículo que limita la posibilidad del trabajador de hacer un reclamo judicial “sumarísimo” contra cambios unilaterales decididos por la empresa sobre la forma y modalidad de trabajo. Ante esos casos, el trabajador podía sentirse despedido y hacer un juicio que en 20 días lo repusiera en sus funciones. Ahora esto se tramitará en la justicia ordinaria y no la laboral, por lo que un juicio puede durar hasta dos años.

Por último, se mantiene todo el capítulo dedicado a la eliminación de multas a los empleadores por evasión previsional, condonando las deudas que mantuvieron durante años en la informalidad a sus empleados. En caso de que la empresa continuara teniendo trabajadores no registrados, sólo se la obligará a pagar una proporción de la deuda condonada más intereses pero dicho dinero será destinado al Estado y no a los trabajadores. Como contraparte, a los trabajadores que sean “blanqueados” con esta nueva ley sólo se les reconocerán 60 meses -5 años- de aportes jubilatorios, sin importar si trabajaron más años en la informalidad. La paradoja es que sí se les reconocerán la totalidad de sus años trabajados para la antigüedad y las vacaciones. En medio de discursos oficiales sobre reducción de déficit fiscal, estas medidas sólo sirven para que los recursos que deberían ir a las arcas del Estado terminen engordando los bolsillos de los empresarios. Es una transferencia desde lo público a lo privado que profundiza la desigual distribución de la riqueza.

Organizar la resistencia

Esta reforma laboral es parte, junto con la impositiva, la previsional, la educativa y la del sistema de salud, de un paquete que pretende alterar definitivamente la estructura de derechos que a nuestro pueblo tantas lágrimas y sudor le costaron durante el Siglo XX. Lo que queda claro es que ante esta feroz ofensiva del gobierno y los patrones contra la clase trabajadora, no queda margen para las luchas sectarias y los discursos sin prácticas.

En este sentido, cabe señalar que el martes previo a la traición del triunvirato cegetista se reunieron en la sede de ATE Nacional un conjunto de sindicatos de la CTA Autónoma, junto a otras organizaciones sindicales y sociales entre los cuales estaban ATE, AAPM, CONADU Histórica, FESPROSA, CICOP, ADEMyS, Trabajadores del Cuero, UCRA, Aceiteros, SiPreBA, Asociación de Abogados Laboralistas, CTEP, Corriente Clasista y Combativa, Barrios de Pie, Ferroviarios Seccional Oeste, SITRAIC, FUBA, SUTNA, representantes de juntas y comisiones internas de sindicatos, entre otros, definiendo una Jornada nacional de Lucha con paros y movilización a Plaza de Mayo para el 6 de diciembre. Allí también se definió que, en caso de tratarse antes el proyecto de Ley en el Congreso, se movilizará ese mismo día.

Por otro lado, el jueves 16 se realizó en la Facultad de Ciencias Sociales (UBA) un encuentro de organizaciones sindicales de izquierda, autodenominadas como “el sindicalismo combativo”. El mismo se pronunció en contra de la reforma laboral planteando que “lo que se necesita es la prohibición de despidos y suspensiones, la reducción de la jornada laboral sin rebaja de salarios, el no pago de la deuda externa, el pase a planta permanente de todos los contratados, tercerizados y en negro y un salario mínimo igual a la canasta familiar para todos los trabajadores”. Así mismo, confirmaron su participación en la movilización unitaria llamada para el 6 de diciembre a Plaza de Mayo. Finalmente, se resolvió convocar a una movilización al Congreso Nacional para el jueves 23 de noviembre a las 17 horas, fecha en la que se estima el Senado estaría tratando el proyecto.

El pacto entre el Gobierno y la cúpula de la CGT profundizó las diferencias al interior de dicha Central logrando así que los sectores disidentes, referenciados en la Corriente Federal de los Trabajadores -conducida por Sergio Palazzo- y en los Camioneros -con Pablo Moyano de referente- organicen una respuesta conjunta. Tal es así que el mismo jueves en que se realizaba el encuentro de la izquierda, Moyano encabezaba un acto en la sede de la CGT junto al monseñor Marcelo Sánchez Sorondo, el titular de la Asociación de Obreros Textiles, Hugo Benítez, el titular de la Federación Gráfica Bonaerense, Héctor Michetti, el del Sindicato de Obreros Curtidores, Walter Correa, y Christian Miño, dirigente de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT). Ese jueves se acordó la participación de todos los sectores en el Plenario de la Corriente Federal realizado ayer lunes 20 de noviembre, el cual tuvo como resultado el llamado a movilizar para la última semana de noviembre. En dicho encuentro estuvo presente el secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, quien confirmó la participación en la marcha.

El movimiento obrero argentino se encuentra ante un desafío gigantesco: concretar la más amplia unidad de acción para defender los derechos conquistados. Más allá de la existencia de tres convocatorias -23 de noviembre, última semana de noviembre y 6 de diciembre-, la información disponible permitiría suponer una masiva movilización para el día que se pretenda tratar el proyecto en el Congreso, tendiendo todas las convocatorias existentes a confluir en una única jornada. Esta semana será crucial para acordar entre las distintas fuerzas una fecha que le permita al pueblo trabajador expresarse en unidad, dejando de lado las rencillas partidarias y sectoriales.

Lo que está claro es que la respuesta contra un plan de reformas estructurales de la magnitud del que presenta el macrismo no se agota en una o dos movilizaciones, sino que implicará un plan de lucha que contenga indefectiblemente la difusión amplia de sus riesgos, el debate fraterno entre organizaciones y con la sociedad, junto con la presencia constante en las calles. Hay una consigna que debemos compartir con el presidente Macri, expresado en su discurso emitido el 30 de octubre en el Centro Cultural Kirchner: “es ahora o nunca”.

Martes 21 de noviembre de 2017

Mariano Pasi, integrante de CTA-A (Capital)

Fuente: Red Eco Alternativo

http://www.redeco.com.ar/nacional/trabajadorxs/22688-reformas-de-la-reforma-laboral-la-genuflexi%C3%B3n-de-la-cgt