La reciente filtración de documentos conocidos como Paradise Papers han revelado una vez más como las grandes empresas y las grandes fortunas utilizan jurisdicciones de baja o nula tributación, comúnmente llamados paraísos fiscales, para pagar menos impuestos de los que les corresponde .

Paradise Papers

Si bien los países de América Latina han mejorado su carga tributaria en la última década pasando del 16% en el 2000 a un 22.8% en el 2015¹, esta cifra sigue siendo inferior al de las economías desarrolladas como los países OCDE en donde el promedio de la carga tributaria es 34,3% del PBI. Una de las principales causa de la baja tributación en los países de la región es la evasión y elusión de impuestos, dinero que finalmente se transfiere a paraísos fiscales.

De acuerdo a los Paradise Papers, la trasferencia de dinero hacia paraísos fiscales es posible gracias al apoyo de las firmas de abogados que se encargan de la creación de las empresas offshore, los estudios contables movilizan los recursos. Pero, sobre todo, el actual sistema financiero internacional, que aún es muy permisivo con los paraísos fiscales.

Cifras crecientes

Algunas investigaciones estiman que al final de 2010 el total de la riqueza privada no registrada invertida en paraísos fiscales se situaba entre 21 y 32 billones de dólares (entre el 10% y el 15% de la riqueza financiera mundial) y, en el caso de América Latina el stock de la riqueza offshore era de 2.5 billones de dólares ². La inversión mundial hacia paraísos fiscales creció en un 45% desde la crisis financiera y se ha multiplicado por 6 en el caso de América Latina³.

Fuente: OXFAM

Caso peruano

En el caso de Perú en el 2015, se estima que alrededor de 212 millones de soles se ubicaban en paraísos fiscales, siendo los principales destinos las Islas Caimán con 197 millones de soles enviados desde Perú. Asimismo, la SUNAT ha identificado a 17 mil personas con indicios de incremento patrimonial no justificado, algunas de ellas vinculadas a paraísos fiscales.⁴

Según los principales resultados de los Paradise Papers para el caso peruano, existen operaciones que deben ser investigadas, como es el caso de la creación de un microseguro de vida y hospitalización por las empresas Belcorp y Paralife que habrían evadido las normas de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), así como la venta de la empresa Petro-Tech a la colombiana Ecopetrol y Knoc, en donde se habría dejado de pagar 270 millones de dólares en impuestos en el Perú. ⁵

Por otro lado, las recientes investigaciones de la SUNAT indican que se han perdido alrededor de 55 mil millones de soles en materia de elusión y evasión en el pago del Impuesto a la Renta y el Impuesto General a las Ventas. Pese a ello, hace 3 años se encuentra suspendido el reglamento de la Norma XVI, del Decreto Legislativo 1121 que modificó el Código Tributario, que otorgaba facultades a la SUNAT para investigar a las personas y empresas que eludieran el pago de millonarios impuestos aprovechando los vacíos legales y actos artificiosos para transferir fondos a paraísos fiscales.

Política fiscal y desarrollo

Está claro que la política fiscal es una herramienta fundamental para fortalecer la inclusión social y enfrentar la desigualdad. Sin embargo, para ello se debe fortalecer la coordinación y articulación en materia de transparencia fiscal, facilitando y promoviendo el acceso a mecanismos y sistemas de intercambio de información, como los reportes país por país y el registro de beneficiarios finales, que permitirán identificar rápidamente los esquemas de elusión tributaria y los paraísos fiscales usados como soporte.

Es fundamental aumentar la presión tributaria a partir de un nuevo pacto fiscal, priorizando la inversión social y productiva que se requiere para un desarrollo sostenible. No se puede seguir con exoneraciones al gran capital, debe pagar más el que gana más, por supuesto incentivando la reinversión de utilidades y los mecanismos de promoción de innovación, ciencia y tecnología.

En un contexto en el que diferentes actores económicos y políticos al más alto nivel, están involucrados en la corrupción, es necesario ir a fondo en las investigaciones caiga quien caiga. Se debe aplicar los mecanismos previstos por las leyes y la Constitución de la Republica.

No podemos avalar ni directa ni indirectamente, actos que impiden el ejercicio de altas funciones en el Estado. No solo porque son recursos de todos los peruanos que deben usarse con pulcritud, sino porque afectaría la moral colectiva de la Nación.

Notas