El debate en torno a la reelección presidencial en América Latina ha cobrado fuerza en los últimos años. Desde distintos ámbitos académicos se han explorado alternativas argumentativas en torno a este debate álgido en los sistemas políticos latinoamericanos. Para el politólogo argentino, Mario Serrafero ^[1], la relación lineal entre gestión autoritaria/autoritarismo y la continuidad del presidente a través de la reelección inmediata, no es directa sino que depende de diversos factores tales como el contexto democrático, la forma institucional en la cual encaja y el estilo de liderazgo del gobernante.

La continuidad o no de un presidente ha adoptado distintas variantes constitucionales a lo largo del tiempo, pudiendo distinguirse cinco modalidades, expuestas en la siguiente tabla:

Distintos argumentos se han esgrimido en favor y en contra de las diversas variantes:

• Prohibición absoluta

La prohibición absoluta tiene como objetivo evitar la personalización del régimen político, que podría devenir en abuso de poder. Los motivos para fundamentar dicha elección serían la limitación del poder presidencial para favorecer la alternancia de los liderazgos. Países de la región que adhieren a este sistema son: México, Colombia, Paraguay, Honduras y Guatemala. En este sentido, la prohibición absoluta no garantiza una mayor calidad de democracia, ni una mayor democratización de la sociedad. La rotación de personas en el Ejecutivo no supone una mayor diversidad en cuanto a la participación ni una mayor pluralidad de ideas en el gobierno, que son la base sustancial del debate sobre la democracia.

• Reelección no inmediata

Se trata de un híbrido en tanto que admite la reelección pero no de forma inmediata, es decir, la persona puede volver a ser presidente una vez transcurrido un mandato intermedio. Tal sistema tendría la ventaja de permitir el retorno a la Presidencia de aquél que ha demostrado una exitosa gestión, pero al mismo tiempo evitaría algunos de los problemas relacionados con la reelección, tales como la ventaja de quien se desempeña en funciones o el abuso de poder. Este argumento parte de la suposición de que el abuso de poder lo hacen personas individuales y no estructuras (partidos, grupos de presión política, corporaciones, etc.) representadas en diferentes instancias de los poderes públicos y con gran capacidad de definición o de imposición de agenda política. Son los casos de: Costa Rica, Chile, Perú, El Salvador, Panamá y Uruguay.

• Reelección inmediata

Esta opción supone una serie de ventajas para quien se encuentra en funciones, como el mayor reconocimiento o visibilidad pública de quien ejerce la Presidencia, el acceso a los recursos y las fuentes de financiamiento provenientes del gobierno y, en ocasiones, la manipulación de las variables económicas con miras a obtener el favor del electorado. También se señala la permanente presencia en los medios de comunicación, sin embargo, hay casos en los cuales esta exposición no es tan significativa e incluso opositores cuentan con un mayor despliegue mediático en su favor, ya que en el continente la mayor parte de la concentración mediática es privada y no pública, por lo cual la presencia en ciertos multimedios tiene más que ver con la afinidad ideológica que con el cargo institucional. Este último ítem está íntimamente relacionado con las ventajas que puede suponer mantener relaciones públicas desde la Presidencia con los sectores públicos y privados –tanto del país como del extranjero–. En este sentido opera tanto para mandatarios en el poder como para opositores, ya que a menudo la injerencia extranjera se vuelve decisiva para la gobernabilidad. Bajo este sistema se rigen: Argentina, Bolivia, Ecuador, Brasil y República Dominicana.

• Reelección sin límites

La reelección indefinida suele ser un tema que despierta controversias, pues para muchos genera una situación estructural a favor del presidente que pondría en riesgo el espíritu de alternancia en el Poder Ejecutivo, característica formal de una democracia.

Paradójicamente, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos de América, Alexander Hamilton, fue un tenaz defensor de la reelección, básicamente porque permitía a la ciudadanía extender el mandato presidencial cuando se aprobara su gestión y así seguir aprovechando los méritos y virtudes del mandatario. Según su argumentación, la prohibición conllevaría una serie de desventajas, ya que no habría un sistema de premio y castigo, es decir un incentivo a una óptima gestión. Además, indicaba que excluir del juego político a liderazgos notables podría poner en riesgo la preservación del propio sistema. Por último, Hamilton sostuvo que la alternancia obligatoria puede acarrear el peligro de una inestabilidad en el rumbo político del país, ya que de forma recurrente se observa como los mandatarios cambian las políticas y decisiones implementadas por sus predecesores.

En el ámbito académico encontramos pocos defensores de la reelección indefinida. Se trata de un debate tabú y por ello largamente postergado. Una de las voces en favor de la misma es la de Ernesto Laclau, quien considera que frecuentemente la derecha latinoamericana utiliza discursos antipersonalistas y antipopulistas como forma de deslegitimar a los gobiernos progresistas, vinculándolos a una presunta tendencia autoritaria. De esta manera desvían la atención asociando al populismo los males que en verdad corresponden al neoliberalismo. En nuestro continente los regímenes autoritarios, es decir la oleada de dictaduras, constituyeron la condición necesaria para aplicar planes económicos neoliberales. En la misma línea argumentativa sostiene que todo régimen político democrático oscila entre el institucionalismo puro -que sería la parlamentarización del poder- y el populismo puro -que sería la concentración del poder en manos de un líder-. Sin embargo, la parlamentarización no es en sí mismo un equivalente de mayor pluralidad, dado que un poder parlamentario puede basarse en formas clientelísticas de la elección de diputados o senadores. Una mayor parlamentarización del poder no es sinónimo de mayor calidad democrática, en muchos casos puede significar lo opuesto: el ahogo de las demandas democráticas a través de capas intermedias que, de manera corporativa, administran las instituciones[2].

UN ANÁLISIS DE LA DEMOCRACIA HEGEMÓNICA

I – La democracia representativa

La democracia es un término polisémico que, retomado de la antigüedad, ha variado hasta convertirse en sinónimo de un sistema de gobierno que puede ser definido como el conjunto de formas y mecanismos tendientes a promover la representación popular mediante el sufragio libre, igual y universal. La democracia representativa, tal como es sostenida por el liberalismo, lejos de impulsar la participación popular en la sociedad política y en la sociedad civil, tiende a reducirla al mero acto electoral.

Este hecho, lejos de constituir una mala implementación o un efecto colateral, se cristaliza como el único resultado posible en sociedades capitalistas donde a la igualdad formal (jurídica-política) se contrapone una desigualdad sustancial (económico-social). Esta contradicción intrínseca es un impedimento para lograr una ciudadanía plena y una soberanía popular efectiva^[3]. Para zanjar dicha incompatibilidad han sido invertidos los medios y los fines, acentuando la arista formal o metodológica por sobre la piedra angular del concepto: la soberanía popular.

El paradigma de la democracia representativa tiene otra característica fundamental: la representación debe ser mediada por un sistema de partidos políticos, no existiendo limitaciones para la perpetuación del ejercicio del gobierno por parte de un mismo partido pero sí en el caso de un individuo en representación de ese partido.

II –La rotación de cargos

El Ejecutivo es el único de los tres poderes que ve restringida su continuidad. Los límites temporales a los funcionarios no aplican ni a legisladores ni a jueces –éstos últimos incluso se reservan la exclusividad de contar con cargos vitalicios sin participar de comicios, mientras que los legisladores pueden ser reelegidos indefinidamente-. Es decir que dentro del sistema presidencialista las restricciones sólo operan para quienes encabezan el Ejecutivo, mientras que el resto de los cargos pueden enquistarse como una élite estatal. La ciudadanía que vota a los mismos legisladores una y otra vez -permitiendo que estos permanezcan durante décadas en el poder- sin cuestionarse esta lógica continuista, muestra reparos a la hora de transpolar la misma lógica al Ejecutivo.

III –Institucionalismo, un recurso ideológico

En lo referente al contrapeso y límites de poderes, el reciente fenómeno de la judicialización de la política en América Latina da cuenta de cómo el presidencialismo no es monolítico. Muy por el contrario, los casos de Brasil y Argentina dan cuenta de cómo el Poder Judicial puede ser instrumento de tácticas de guerra tales como el lawfare^[4]. Por su parte, el caso de Perú evidencia una “parlamentarización” de la política de hecho y sin mediar reformas, donde el rol del Legislativo –en especial del bloque fujimorista de Fuerza Popular– es más preponderante y puede hacer uso y abuso de ese poder para desgastar al Ejecutivo. Sin embargo, el carácter democrático de dichos procesos no es puesto en tela de juicio. Esta suerte de “ideología parlamentarista” ha sido decisiva a la hora de atacar a gobiernos progresistas bajo un aura institucional y democrática.

IV –Derecho a la información vs. monopolios comunicacionales privados

Los multimedios privados aglutinan el dominio mayoritario de la comunicación, en una porción mucho más significativa que la acaparada por la comunicación estatal. El Grupo Clarín, O Globo, Grupo Prisa, Newscorp y Caracol son claros ejemplos de cómo el sector privado logra instalar, apoyar o debilitar a líderes políticos frente a Estados impávidos – los cuales llevan las de perder ante esta nueva fábrica de ideologías y consensos que manipulan la opinión pública. ¿No estaremos sobrevalorando el rol de la comunicación institucional e infravalorando el alcance y la influencia de los multimedios privados?

Consideraciones finales

En pocas palabras, los argumentos a favor o en contra no se desprenden de datos empíricos ni de un análisis minucioso de la historia latinoamericana. En la actualidad, los argumentos contra la re-elección indefinida han sido instalados para truncar proyectos políticos alternativos al poder hegemónico como en los casos de Venezuela, Bolivia y Ecuador.

El argumento nodal a favor de la re-elección es que constituye el principal mecanismo del que dispone el electorado para premiar o castigar la gestión de los políticos y, como forma efectiva, de manifestar la voluntad popular. La actualidad latinoamericana refleja la fragilidad de la continuidad de proyectos políticos progresistas sin este recurso mediante el artilugio de la manipulación mediática y/o vía los otros dos poderes (Legislativo y Judicial) para quedarse en el poder.

 Los peligros en los que se incurre son:

I El arribo de un sucesor transfuguista que traicione las expectativas del electorado que lo designó como su representante.

II Un sucesor menos carismático, que no cuente con una red de apoyos y adhesiones o, simplemente, con menor fortaleza que el liderazgo inicial, como en Brasil o Venezuela.

III Un potencial sucesor con menor apoyo popular que, al no conseguir ganar las elecciones, trunque la continuidad del proyecto político, tal y como ocurrió en el caso argentino.

Para finalizar, es relevante considerar que el carácter más o menos democrático de un Estado no se encuentra definido únicamente por las características que adquiera la sucesión presidencial. Las reglas democráticas deberían ser transversales a los tres poderes y basadas en el análisis del sistema institucional, la cultura política y tradición institucional, el sistema político, el sistema de partidos y la competencia electoral, entre otros. El debate continúa abierto.

Notas

^[1] Serrafero, Mario, 2011, “Reelección presidencial indefinida en América Latina”, Revista de Instituciones, Ideas y Mercados Nº 54, Mayo 2011  pp. 225-259 http://www.eseade.edu.ar/files/riim/RIIM_54/54_11_serrafero.pdf

[2] https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-145804-2010-05-17.html

^[3] Pereyra, Mario, 2012, “Sobre la democracia”,  Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.

^[4]http://www.celag.org/lawfare-la-judicializacion-de-la-politica-en-americ...

@barbaraestereo

Fuente: http://www.celag.org/hablamos-cuando-hablamos-democracia/