Los diversos mecanismos de seguimiento a los Acuerdos de Paz concuerdan en el bajo cumplimiento de los mismos. El cuarto informe del Observatorio de Seguimiento a los Acuerdos, refrendados el 24 de noviembre de 2016 en el Teatro Colón de Bogotá tras el triunfo del NO en el plebiscito del 2 de octubre, señala que solo se ha aprobado el 28% de lo acogido en el Acuerdo Final suscrito en La Habana y refrendado por el Congreso de la República el dos de diciembre de 2016. De ese 28% la mayor parte de las normas se han referido principalmente a la reinserción política de los antiguos guerrilleros de las FARC-EP, el otorgamiento de personería Jurídica a la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC, que fue finalmente el nombre que adoptaron para hacer política en la legalidad. Dichas normas se complementan con la asignación de recursos económicos al nuevo partido así como con la aprobación del Estatuto de la Oposición. En trámite se encuentra el proyecto de reforma política que tiene poco que ver con los contenidos de los Acuerdos de La Habana sobre todo después que el Gobierno y los Partidos Políticos de la coalición que son mayoría en el Congreso desecharan la casi totalidad de la propuesta de la Misión Electoral Especial, MEE, creada para que en el marco de los Acuerdos de La Habana hiciera una propuesta de reforma política para una apertura democrática.

La reducida propuesta de reforma política avanza con muchas dificultades en el Congreso de la República. Esta semana salió de la Cámara de Representantes rumbo al tercer debate en la Comisión Primera del Senado de la República donde debe surtir dos debates, el de la Comisión y la plenaria, en medio del ausentismo parlamentario y todo ello debe ocurrir antes del 30 de noviembre. Vale destacar los aspectos importantes que se encuentran en el proyecto aprobado.

La reforma del Consejo Nacional Electoral, CNE, que ahora será elegido por el Congreso de la República de 9 ternas que sean presentadas por las cinco facultades de derecho que tengan el mejor reconocimiento académico, con ello se busca que este organismo gane independencia de los partidos políticos al quedar la facultad nominadora en manos de las facultades de derecho. Los Consejeros serán elegidos para periodos institucionales de ocho años. Esta reforma va en la dirección adecuada a nuestro juicio aunque podría mejorarse, pero, eso parece imposible a estas alturas del trámite de la reforma.

La adopción de listas cerradas y bloqueadas a partir de las elecciones del año 2022 y consiguientemente la eliminación de las listas abiertas con voto preferente. También esta es una reforma necesaria dados los altos costos de las campañas electorales en Colombia donde cada candidato tiene que hacer una gran inversión si quiere que su nombre sea marcado en el tarjetón electoral en todo el país, dada la existencia de la circunscripción nacional para la elección del Senado de la República.

Mecanismos para el control de los ingresos a las campañas y para los gastos de las mismas con el establecimiento además del financiamiento preponderantemente estatal de las mismas. También a nuestro juicio van en la dirección acertada aunque son insuficientes pues si se quiere reducir el riesgo de la infiltración de dineros ilegales en las campañas debería establecerse el financiamiento estatal exclusivo de las mismas así sea durante un periodo limitado en el tiempo por ejemplo de 12 años al cabo de los cuales debería ser evaluado en sus resultados.

La separación de la personería jurídica de los resultados electorales. Hoy solo obtienen personería jurídica los partidos que superen el umbral en las elecciones para Senado o Cámara de Representantes y solo ellos obtienen financiación estatal para su funcionamiento. En adelante de aprobarse la reforma un partido político podrá obtener personería jurídica si tiene un aproximado de 70 mil afiliados inscritos y con ello podrá acceder a financiamiento estatal para su funcionamiento. Estos son a nuestro juicio los aspectos más progresivos de la reforma en curso.

Otras medidas son cortoplacistas y buscan resolver problemas de coyuntura de la crisis por la que atraviesan esos partidos que están aprobando esta reforma. Nos referimos, por ejemplo, a la posibilidad de que todos los partidos puedan hacer alianzas entre ellos sin perder la personería jurídica. Con ello se busca resolver la crisis del Partido de la Unidad Nacional que podrá hacer alianzas por ejemplo con el Partido Liberal aunque también podrían beneficiarse con esta medida los pequeños partidos como por ejemplo el Partido Verde y el Polo Democrático que podrían hacer una alianza y presentar una lista única. Dentro de esas medidas coyunturales hay una de raigambre antidemocrática que hemos denunciado en estas mismas páginas. Se trata de la prohibición o limitación de los llamados grupos significativos de ciudadanos que fueron una expresión democrática en el pasado para romper el bipartidismo compulsivo que nos gobernaba. Esta figura nació empujada por los movimientos cívicos que se presentaron a las elecciones de alcaldes una vez esta figura fue aprobada en la reforma constitucional del 1986. Ello permitió airear la democracia y abrir espacios a la expresión de nuevos movimientos políticos. Con las limitaciones que se contemplan en el texto de la reforma se quiere establecer de nuevo la partidocracia limitando la expresión ciudadana en la política sobre todo local y regional. Esto debería ser eliminado de la reforma política pues atenta contra los Acuerdos de La Habana que lo que busca es una apertura democrática y no una cerrazón antidemocrática como la que se pretende.

En segundo debate se introdujo una figura novedosa y acertada para tratar de resolver un problema que se derivó de la adopción de la circunscripción nacional para la elección del Senado de la República. Unos ocho departamentos del país por su baja población están excluidos de poder acceder al Senado de la República. La propuesta consiste en que de los dos representantes que eligen a la Cámara de Representantes el que obtenga la mayor votación pase al Senado de la República para representar a su departamento. Con ello no se generan gastos adicionales y se mejora la representación de estos territorios que estarían representados en este organismo. El problema estriba en que este artículo no fue aprobado en el primer debate y tampoco fue debatido con lo cual es muy difícil que pase en la revisión que deberá hacer la Corte Constitucional de este Acto Legislativo.

Otras reformas políticas marchan a tropezones en el Congreso. Los intereses clientelistas se han atravesado. Nos referimos a las 16 circunscripciones especiales de Paz que siguen en debate en la plenaria de la Cámara de representantes y buscan beneficiar a la población de 167 municipios en donde se desarrolló con mayor intensidad el conflicto armado con las FARC-EP. Esas curules están destinadas a las organizaciones sociales y de víctimas de estos municipios. Pero el clientelismo se niega a esta reparación política para las víctimas de estos territorios. Exótica por decir lo menos la propuesta de Rodrigo Lara Restrepo que haciendo causa común con el Centro Democrático pretende que en esas circunscripciones todos los partidos puedan presentar candidatos. Esta propuesta se niega a reconocer una reparación a las víctimas de esos territorios que por primera vez tendrían la posibilidad de visibilizar sus problemas y necesidades en el Congreso de la República.

El proceso de paz en serio riesgo

Pero el centro del Acuerdo Final está en serio riesgo. En cinco ocasiones se ha tenido que levantar la sesión plenaria del Senado de la República que discute la ley estatutaria del Sistema Integral de Justicia para la Paz por falta de quórum. Este es el centro del Acuerdo que busca garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la no repetición. Poderosas fuerzas del establecimiento y del régimen se niegan a garantizar la ley que permita que entre en funcionamiento el Tribunal de Justicia para la Paz. Los temas que agitan el debate son principalmente cuatro.

El primero si el Tribunal tiene jurisdicción para llamar a terceros responsables por graves delitos de lesa humanidad o por crímenes de guerra. En el Acto Legislativo que está en revisión de la Corte Constitucional tiene esa atribución. El Centro Democrático y Cambio Radical se han opuesto a ello. Para ellos los civiles o terceros responsables acudirían voluntariamente ante el Tribunal y quien no quiera hacerlo debería ser investigado por la Jurisdicción Ordinaria, en dónde como sabemos los procesos duermen el sueño de los justos. Para la prueba un botón. Mientras el flamante Fiscal General Néstor Humberto Martínez, se opone y trata por todos los medios de limitar el alcance de la jurisdicción especial de Paz, no hace literalmente nada con los cerca de 13 mil expedientes que vinculan a terceros con los grupos paramilitares que le fueron remitidos por la jurisdicción de Justicia y Paz. Eso es lo que quiere el régimen que el Tribunal solo se ocupe de los crímenes de las FARC-EP y que el resto se mantenga en la impunidad como hasta hoy. Por eso es que defienden a la inoperante Fiscalía General de la Nación o a la corrupta Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dominada en el pasado reciente por la corrupción en donde ya está demostrado se vendían fallos o se prelucían investigaciones para favorecer principalmente a los llamados parapolíticos.

El segundo tema de debate es el de los militares y policías seriamente comprometidos en delitos de lesa humanidad y en crímenes de guerra. Allí lo que se busca es que se rebajen los estándares internacionales que conduzcan al castigo solo de los uniformados de bajo rango. Ya en el Acto Legislativo como lo hemos explicado en otros textos lograron que se diluya la responsabilidad de mando. Solo que contra esas disposiciones ya se pronunció la Fiscal General de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, en comunicación dirigida a la Corte Constitucional que ahora deberá responder en su sentencia a las serias advertencias que se le hace a los contenidos de este Acto Legislativo. Allí la ponencia del presidente de ese organismo, Luís Guillermo Guerrero, desestima los argumentos de la Fiscal de la Corte Penal Internacional y pide que se declare exequible el Acto Legislativo en esa materia tal como está. No obstante hay un sector de magistrados que responsablemente han planteado que declarar la exequibilidad del Acto Legislativo puede abrir la puerta de entrada para que la Corte Penal Internacional decida intervenir por denegación de justicia en procesos ya muy documentados en ese organismos como el de las ejecuciones extrajudiciales, o mal llamados falsos positivos, en que se hayan comprometidos 23 generales de la República y cinco coroneles. Flaco servicio le hacen estos señores de Cambio Radical y del Centro Democrático a los militares enredados en estos procesos. La Justicia Especial para la Paz brinda justamente un escenario para que a cambio de la verdad, de la reparación a las víctimas, estos sectores militares puedan también obtener penas blandas y saldar sus cuentas con la justicia penal colombiana y con la justicia penal internacional.

Un tercer tema de debate y desencuentro con cambio radical y con el Centro Democrático y también con sectores conservadores y hasta con la candidata presidencial del Partido Verde se refiere a la participación política de los dirigentes de las FARC-EP. El Acuerdo Final es claro en esta materia. Los hasta hace poco jefes guerrilleros no tendrán restricciones para participar en la vida política del país tanto para elegir como para ser elegidos. Se trataba de cambiar el uso de las armas por el ejercicio de la política. Este es el centro de cualquier acuerdo de paz en el mundo cuando se trata de negociar con actores armados declarados en guerra contra el Estado. Todos estos sectores quieren condicionar la participación de los jefes guerrilleros a que primero sean juzgados por el Tribunal Especial para la Paz que aunque ya fue nombrado está a la espera de esta ley estatutaria para poder entrar en funcionamiento. Es por ello que una vez obtenida la personería jurídica el nuevo partido político, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC, postuló sus listas a Senado y Cámara de Representantes y a la presidencia de la República, a la cual presentó a Rodrigo Londoño, Timochenko, su hasta hace poco máximo comandante militar y político. De eso es que se trata en una negociación de Paz, que las fuerzas subversivas puedan hacer el tránsito a la vida política democrática sin armas. Y las FARC-EP han dado ese paso. Eso era lo previsible y para eso era el proceso de Paz.

Un cuarto tema es el tratamiento penal que se debe dar al delito del narcotráfico. Sobre esto el Acuerdo Final pero también la jurisprudencia de nuestros máximos tribunales de Justicia, La Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, han señalado que cuando este delito se comete para financiar las actividades del grupo armado debe considerarse conexo con el delito político. Y esto es lo que no aceptan, los opositores a los tratados de Paz.

Así las cosas y mientras el gobierno languidece y cada vez pierde mayor gobernabilidad en el Congreso de la República un grueso grupo de parlamentarios esgrimen estos cuatro temas para oponerse a la aprobación de La Ley Estatutaria y para por debajo de cuerda negociar prebendas burocráticas, partidas presupuestales, y en general mejorar sus arcas para la campaña electoral que se avecina. Es un descaro y una irresponsabilidad histórica con las posibilidades de avanzar en el fin del conflicto armado interno. Es una clase política desvergonzada y sin ningún pudor. Y ello en medio de una apatía generalizada de la población y de la sociedad civil. El proceso está en serio riesgo. Lo más indicado es que se logre aprobar en este Congreso la Ley y en general el conjunto de leyes y reformas que se requieren para la implementación de los Acuerdos; sino queda el recurso de que el Gobierno eche mano de la figura de los estados de excepción para aprobar los instrumentos que permitan avanzar en la implementación de los Acuerdos y salvar así el proceso.

Pero el retraso es peor en todos aquellos instrumentos contemplados en los Acuerdos que tienen que ver con reformas económicas y sociales. Allí el panorama es desolador: los proyectos no se han elaborado o apenas se están haciendo como en las políticas para la reparación a las víctimas, la reforma rural integral en donde apenas se presentó el proyecto al Congreso de la República o el proyecto de fortalecimiento de las organizaciones civiles o el plan de sustitución de cultivos de uso ilícito. Sobre estos temas volveremos en el futuro.

Bogotá 9 de noviembre de 2017.

Pedro Santana Rodríguez

Director de la Revista Sur

https://www.sur.org.co/la-crisis-del-proceso-paz-colombia/