Existe la percepción entre la ciudadanía que la corrupción fue uno de los factores que derivaron en la pérdida de vidas y del patrimonio de cientos de familias capitalinas y que, hasta el momento, la responsabilidad de quienes autorizaron esas construcciones –jefes delegacionales y funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi)— no está clara para nadie.

Hasta el momento los ciudadanos desconocen quien otorgó los cambios de uso de suelo, quién autorizó las construcciones, quién fue el responsable de la obra que después de los sismos del 19 de septiembre se colapsaron. Flota en el ambiente un olor a impunidad y corrupción.

Este sentimiento es más fuerte cuando se nos ha informado que el Sistema de Información Geográfica que permite conocer los usos de suelo y los trámites que se han realizado en los predios en la ciudad de México, así como el listado de directores responsables de obra (DRO) con que cuenta la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda se cayó o se perdió.

Es decir, la página de internet a cargo de la Seduvi no funciona justo cuando más se requería de estas herramientas para conocer el estado de cada uno de los inmuebles dañados, colapsados, es decir, de la totalidad de los inmuebles de la ciudad que tendríamos que tener en esta plataforma.

La ciudadanía merecemos saber si existieron actos de corrupción en la dependencia que encabeza Felipe de Jesús Gutiérrez Gutiérrez o fueron de ésta o de otra administración, pero sobre todo que acciones están tomando para recuperar esa información y sancionar a los responsables que provocaron la muerte y pérdida del patrimonio de cientos de capitalinos que se rebasados y frustrados nadie les dice nada.

La ciudadanía demanda de sus autoridades una acción institucional fuerte, objetiva y que de soluciones, alejada de los cálculos políticos que buscan beneficiarse de la tragedia.

Los habitantes de esta ciudad queremos ver la reconstrucción de inmuebles e infraestructura dañada, con criterios de participación y sustentabilidad, en apoyo a los verdaderos damnificados y no sólo para los simpatizantes de aquel o cual partido político.

Los habitantes de las delegaciones Tláhuac o Xochimilco –donde se han profundizado las grietas y hundimientos diferenciales en el suelo, dañando unidades habitacionales, casas, calles, escuelas, instalaciones eléctricas, hospitales, tuberías de suministro de agua, gas, luz y alcantarillado, comercios y negocios en general, lo que representa ya un grave riesgo-- pues se encuentran en el desamparo institucional, porque sus delegados son del partido Morena.

Los políticos deben entender que a (casi) dos meses del S19 hay aún miles de familias que no tienen un lugar dónde vivir y que perdieron todo, sus muebles o sus inmuebles y sabedores de que nos ubicamos en una franja sísmica de la cual ya conocemos de sobremanera sus consecuencias. Hoy más que nunca urgen mecanismos transparentes y de fácil acceso que nos faciliten afrontar las consecuencias y riesgo que se puedan presentar.

Urge contar con información precisa que permita saber el grado de riesgo en el que vivimos o por lo menos pretendemos vivir al momento de adquirir o de rentar una vivienda, es decir conocer certeramente primero la porosidad y estabilidad del suelo en que se asientan nuestras viviendas y segundo la fragilidad o fortaleza en que se encuentran los inmuebles en los que habitamos.

Y desechar posiciones como las asumida por la fracción del PAN en la ALDF, en voz de la legisladora Margarita Martínez Fisher (que insiste, ahora, en autonombrarse Magie Fischer) en apostarle al cálculo político y acusar a la Norma 26 que impulsó Manuel López, a quien quieren cobrarle los platos rotos.

En un poco de autocrítica, la legisladora del blanquiazul debería voltear a su correligionario y líder de la fracción en la ALDF, Jorge Romero, quien se benefició directamente de los inmobiliarios cuando era delegado en Benito Juárez. Los panistas no tienen memoria, para lo que no les conviene.

Punto Cero | Asalto en despoblado

Cuando los niños de primaria eran cuestionados por su profesor sobre sus aspiraciones profesionales, algunos se veían como médicos, bomberos, astronautas; pero creo que ahora que se enteren de lo que pueden ganar pedaleando una bicitaxi en el Centro Histórico podrían cambiar radicalmente de ideal.

Cuando el maestro le pregunte a Juanito: “Que quieres ser de grande” este dirá presto “quiero ser bicitaxista en el centro de la ciudad”. Y este repentino amor a peladear un taxi se deberá seguramente a sabrá que sin terminar ninguna carrera, pero con el “padrino” idóneo conseguirá un vehículo de marras.

Estos transportistas sí que hacen sudar la gota a los usuarios a quienes despojan de 50, 60, 70, 80 y hasta 100 pesos por un recorrido por algunas calles del primer cuadro de la ciudad. Con diez viajes en un día podrá reunir un sueldo de 500, 600, 700, 800 o mil pesos.

Nada mal el negocio. Cuando el salario mínimo por trabajar ocho horas no sobrepasa los 80 pesos, estos bicitaxistas obtendrán esa cantidad en un solo viaje de algunas cuantas calles.

No exhiben las tarifas y el cobro es –como en el Viejo Oeste— al estilo gatillero. “Son 70 pesos jefe…” Caray, y quien regula este transporte. Mancera ya nos tiene harto de su incompetencia, sólo esperamos que tenga la capacidad (ya que no pudo ni los piratas) y la sensibilidad de meter al orden a este grupo de transportistas que han hecho su agosto durante años y sin que nadie los moleste.

O será que es otra de las entradas económicas para financiar su campaña, bueno solo lo pensamos porque no creo que esos señores se manden solos. A lo mejor y me equivoco.

José Víctor Rodríguez Nájera

Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz