El Frente Fronterizo por la Paz, espacio de articulación de movimientos sociales de las frontera colombo-venezolana, manifiesta su solidaridad militante con el pueblo de Colombia, el cual ha retomado nuevamente las calles como escenario de lucha por sus legítimas e históricas demandas de justicia social.

El pasado 25 de octubre inició una movilización campesina en nueve (09) departamentos de ese país, entre ellos el Norte de Santander, en particular en la región del Catatumbo, como expresión de su descontento ante el gobierno de Juan Manuel Santos por tres temas sustantivos.

1.    La vulneración de los convenios alcanzados en la mesa de negociaciones entre el gobierno de Santos y el campesinado que llevó a cabo un paro de más de cien días, desde agosto hasta diciembre de 2013, en los cuales se suscribieron acuerdos para la transformación estructural de las condiciones de exclusión y marginación de las comunidades campesinas, mediante el desarrollo de políticas integrales para el fortalecimiento de la productividad y la calidad de vida del campesinado como sujeto social.

2.    El incumplimiento del gobierno de los compromisos en materia de desarrollo rural, suscritos a través del Acuerdo de La Habana con las FARC-EP. Tal situación ha determinado el aumento exponencial de la violencia y de acciones de terror, en localidades campesinas del denominado postconflicto con el mencionado grupo insurgente. El asesinato de al menos 126 líderes sociales durante 2017, demuestra la gravedad de la escalada de violencia política contra la lucha social-popular. La impunidad ante esos hechos es una evidencia del carácter cómplice de agencias del Estado colombiano con estas prácticas.

3.    El relanzamiento de la política de erradicación forzosa de cultivos ilegales en regiones del sur del país, especialmente en el departamento de Nariño, en cuya localidad de Tumaco se produjo el pasado 5 de octubre una masacre por parte de la fuerza pública contra población civil y desarmada, y en el Catatumbo del Norte de Santander, donde se han adelantado operativos de erradicación mediadas por la represión contra los campesinos.  

Estos operativos de erradicación forzosa, además de significar una actitud servil del gobierno de Santos ante las amenazas de no certificación de Colombia en la denominada guerra contra las drogas del gobierno de los Estados Unidos,  deriva en acciones represivas contra el campesinado colombiano, y desconoce los acuerdos alcanzados durante 2013 en materia de políticas contra los cultivos ilegales, en los cuales se convino el desarrollo de una política de sustitución voluntaria de cultivos ilegales, mediante programas de apoyo técnico, financiamiento y cooperación con las comunidades rurales y sobre la base de la construcción de infraestructura vial y sistemas de riego para mejorar las condiciones objetivas del campesinado.

De igual manera, reproducen la lógica estructural de criminalización de la pobreza en Colombia, en la medida en que la política antidrogas se limita a la persecución de los cultivos –el eslabón más débil, vulnerable y explotado de la industria del narcotráfico-, mientras que el tráfico de decenas de insumos químicos que se comercializan con plena libertad (incluso mediante operaciones de comercio internacional), así como los negocios conexos con la industrialización de la hoja de coca y su transformación en pasta de cocaína y otros derivados, así como su comercialización transoceánica se desarrollan con total permisividad e impunidad.

Cabe señalar que para el 30 de octubre el paro campesino se ha extendido a doce (12) departamentos, y ha incorporado otros sujetos sociales, tales como la MINGA campesina-indígena y comunidades afrocolombianas.

Hasta el momento la respuesta del gobierno de Juan Manuel Santos ha sido la criminalización del paro, la estigmatización de los líderes del mismo y el desconocimiento de las legítimas y justas demandas de la protesta, así como la represión y el uso desproporcionado de la fuerza por parte del ESMAD.

La indolencia del gobierno colombiano ha producido mayor indignación en el pueblo de Colombia y se vislumbra el aumento de las tensiones mediante la suma al paro de otros sectores del país.

Desde los movimientos sociales, políticos, culturales y académicos que articulamos en el Frente Fronterizo por la Paz reiteramos nuestra solidaridad  con el pueblo colombiano que se ha activado en auténtica resistencia contra la política de marginación y represión del Estado colombiano.

Asimismo, exigimos al gobierno de Colombia al cumplimiento de los acuerdos alcanzados durante las mesa de negociaciones con el campesinado en diciembre de 2013 y los firmados en el marco del proceso de paz con las FARC-EP en noviembre de 2016. A su vez, exhortamos a la comunidad internacional, para la defensa de los Derechos Humanos en el marco del conflicto, y para que actúe con diligencia ante cualquier situación crítica en esa materia.

Además, denunciamos el exterminio del movimiento popular colombiano que está en desarrollo y repudiamos la acción belicista de agentes de la oligarquía colombiana que pretenden inducir una guerra en la frontera colombo-venezolana.

¡Los pueblos de Colombia y Venezuela unidos, en lucha y en resistencia por la paz con justicia social venceremos!

Riberas del Río Táchira, 30 de Octubre de 2017