San Juan, 31 de octubre de 2017 (NCM) – Una organización internacional de caridad buscando un avión para transportar cien toneladas de ayuda humanitaria varadas en Nueva York y un barco de los sindicatos, también cargado de ayuda y sin poder zarpar de Jacksonville, son parte de escenas en Estados Unidos por el huracán que azotó Puerto Rico.

En el caso de Nueva York, hay obispos católicos tratando de conseguir el avión, así como la presidenta del Concejo Municipal, Melissa Mark Viverito, mientras que el barco detenido en Jacksonville es de la poderosa central sindical AFL-CIO, pero en ambas situaciones hay una barrera invisible que los obstaculiza.

Las escenas son parte de un drama en el que se mezclan la impotencia, la burocracia política y la corrupción para que la catástrofe de Puerto Rico le vaya quedando demasiado grande al mayor imperio del mundo. En cambio, surgen figuras lanzadas inesperadamente a papeles de protagonismo que van convirtiendo a EEUU en centro de pesquisas, escándalos y reclamos por el huracán María, que azotó a Puerto Rico hace más de un mes.

Aparecen figuras como el empresario y donante político Joseph Colonnetta, así como la firma de abogados y cabilderos Greenberg Traurig, ambos vinculados al presidente Donald Trump. El empresario y la firma de abogados se han convertido involuntariamente en personajes de reparto del escándalo por el malogrado contrato a la empresa de Montana Whitefish Energy para reparar líneas de transmisión eléctrica de Puerto Rico, objeto ahora de investigaciones del Congreso y del Departamento de Seguridad de la Patria (Homeland Security), entre otras.

En Puerto Rico, mientras tanto, el Gobierno trata de reparar su destrozada credibilidad luego de casi 40 días con sus noches de un país casi sin energía eléctrica, grandes sectores sin agua, el sistema de torres de comunicaciones muy averiado, quejas por la falta de suministros y el temor de que se desaten epidemias. De hecho, al cumplirse los primeros treinta días del huracán, los casos de leptospirosis reportados equivalían a los que se informan normalmente en un año de mucha lluvia.

“Aquí va a morir mucha gente”, había advertido un médico de la ciudad oriental de Fajardo, en referencia a los daños a los sistemas de salud pública y suministros de medicinas.

La situación desorganizada de los organismos de respuesta, debido principalmente a fallas de planificación estratégica y la extensión gigantesca de los daños, quedó ilustrada cuando los buzos tardaron 35 días en recuperar lo que parece ser el cadáver de la primera víctima, el capitán británico de un pequeño barco que zozobró en las costas de la isla puertorriqueña de Vieques la noche del huracán.

Para el Gobierno, la pesadilla de no poder controlar la situación, ni las informaciones, llegó al punto en que cuando intentó negar el derrumbe de la falda de un cerro en Yauco –que sí había ocurrido- una oficial armada amenazó con arrestar a un periodista “si no removía la noticia del periódico”. Así dice la querella radicada por la Asociación de Periodistas, que argumenta que amenazar con arresto a los reporteros “es una intromisión ilegal y peligrosa con el quehacer periodístico”.

El caso más grave es, sin embargo, el escándalo de Whitefish, en el que todavía no está claro si los actores principales están en Puerto Rico o en EEUU.

A la pequeña empresa de electricistas de Montana, respaldada por el fondo de inversiones de Colonnetta, se le otorgó un contrato por 300 millones de dólares para reparar líneas de transmisión. El contrato se extendió a los pocos días del huracán y el 17 de octubre se hizo una versión supuestamente bien revisada en la que, según el gobierno puertorriqueño, intervinieron los abogados de Greenberg Traurig.

Dos días después de hechos todos los ajustes al contrato fue que el presidente Trump recibió al gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, para informarle que la Casa Blanca iba a intervenir directamente para apoyar la reconstrucción del sistema eléctrico de Puerto Rico.

Además de la intensa relación con Trump, Greenberg Traurig tampoco es extraña en torno al pueblo de Whitefish, Montana, sede de la empresa contratada, pues representó a “White Fish Mountain Resort” en el sonado caso de una estatua monumento a la Décima División de Montaña de la Segunda Guerra Mundial, que una fundación anti religiosa pretendía remover.

Abogados de Greenberg Traurig fueron interrogados durante tres horas por el equipo de Homeland Security que investiga el contrato de Whitefish Energy, pero el Gobierno de Puerto Rico no ha contestado los nombres específicos de quiénes estuvieron presentes durante la larga entrevista.

El Gobierno de Puerto Rico decidió poner fin al contrato en un mes para tratar de librarse de la “distracción” del escándalo, mientras la empresa seguía sin poder energizar la zona metropolitana y las investigaciones se intensifican.

Mientras tanto, los obstáculos para que lleguen donativos y suministros enviados por grupos independientes que no los quieren entregar al gobierno insular, en el que no confían, han tenido el efecto colateral no buscado de hacer crecer más la imagen de la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz. La dirigente opositora cada vez logra más exposición y se sabe que ya hay gestiones de alto nivel para convertirla en una figura importante en todo EEUU por su disposición a no quedarse callada ante el presidente Trump.

De hecho, el barco de la AFL-CIO está dirigido al Municipio de San Juan, para que sirva de garante de que la ayuda llegará a su destino. Lo mismo pasa con el cargamento de Nueva York, recogido por un grupo de mujeres de Long Island, que quieren que la carga sea entregada, con la escolta de la alcaldesa, a una entidad apoyada por la iglesia Adventista.

“¡Esto es una trampa!”, dijo el sacerdote católico Pedro Rafael Ortiz –que apoya a las mujeres de Long Island- al referirse a los impedimentos para obtener aviones y añadió que “fariseos” de EEUU impiden que el socorro llegue a Puerto Rico.