La reforma laboral impuesta por el presidente de facto de Brasil, Michel Temer, significa una regresión para los derechos de los trabajadores conquistados durante décadas y consagrados en la Constitución, entre ellos la definición del trabajo esclavo, denunciaron las centrales sindicales brasileñas ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).

Organizaciones sociales y el Estado de Brasil plantearon el lunes 23 de octubre sus argumentos a favor y en contra de la reforma laboral aprobada por el gobierno de Temer. En la audiencia los representantes de la sociedad civil mencionaron varias políticas del gobierno de Temer que afectan los derechos de los trabajadores como las modificaciones en la definición y el control del trabajo esclavo que fueron aprobadas con una acción ejecutiva, sin mediación del Congreso.

Comisionados de distintos países de la región, manifestaron su preocupación por el impacto que estas medidas regresivas puedan tener sobre la región, máxime cuando el gobierno del presidente argentino Mauricio Macri amenazó con imponer legislaciones similares de “flexibilización laboral”.

En la 165 audiencia de la CIDH realizada en el Palacio Legislativo, en Montevideo, Uruguay, los representantes de la Central Única de Trabajadores (CUT), la Nueva Central Sindical y la Unión General de Trabajadores (UGT) pidieron justicia ante la reforma laboral de Temer, que entrará en vigor el 11 de noviembre, porque contiene propuestas como jornadas de 12 horas con 30 minutos de descanso, señalaron.

La reforma, –que modifica más de 100 normas incluidas en el Código Laboral brasileño vigente hasta ahora– favorece la tercerización y la precarización de las condiciones de trabajo: permite que la jornada laboral se extienda a 12 horas diarias si se mantiene un límite de horas semanal y habilita que mujeres embarazadas o en etapa de lactancia sigan trabajando en lugares definidos como insalubres.

Además, da prioridad a los acuerdos directos entre cada trabajador y la empresa, y le resta peso a la negociación colectiva. Los representantes de los sindicatos denunciaron que se trata de una norma regresiva porque va en dirección contraria a los avances logrados en la última década en Brasil en materia de derechos de los trabajadores.

Asimismo, la Asociación Nacional de los Magistrados de la Justicia Laboral, que reúne a 4.200 profesionales del área en Brasil, denunció ante el gobierno de facto intenta mediante presiones que los jueces no avancen en el trámite de recursos presentados en contra de su reforma laboral. “Los jueces laborales están siendo presionados para que no apliquen las convenciones internacionales de derechos humanos”, dijo Noemia Porto, su vicepresidenta a Ladiaria.

Alexandre Ghisleni, director del Departamento de Derechos Humanos y Temas Sociales de la cancillería brasileña, leyó un comunicado del gobierno en el que se argumenta que la reforma laboral se elaboró en base a un diagnóstico negativo del mercado de trabajo y su evolución, se enumeran las ventajas que el gobierno encuentra en la reforma y se niega que se estén afectando los derechos de los trabajadores. Ghisleni también se refirió a los cambios vinculados con el trabajo esclavo: primero aclaró que no era el tema a tratar en la audiencia, y después dijo que es otra medida dirigida a mejorar la situación laboral.

El comisionado estadounidense James Cavallaro le pidió al gobierno brasileño que aclare y presente pruebas acerca de las consultas hechas antes de la aprobación de cualquiera de las dos reformas y de cómo las propuestas presentadas en esas instancias habían sido incorporadas a los textos finales.

Además, preguntó “si el Estado brasileño entiende que la resolución sobre el trabajo esclavo cumple con los requisitos interamericanos” y adelantó que cree que la respuesta será negativa. “Nos preocupa, en este y en otros temas, el choque entre el desarrollo de los derechos de los brasileños en los últimos años y estas nuevas normas”, agregó.

La comisionada panameña Esmeralda de Troitiño, presidenta durante la audiencia, retomó un concepto manejado por los representantes de la sociedad civil, el principio de no regresividad, y preguntó al Estado si considera que este principio continúa vigente con la aprobación de la reforma laboral. Además, de Troitiño subrayó que es necesario evaluar “la trascendencia que la reforma laboral puede tener” en cuanto a su impacto en la región.

El comisionado Jesús Orozco pidió más pruebas sobre una denuncia presentada por la sociedad civil acerca de presiones sobre los jueces laborales y consideró que, de quedar demostradas, el Estado deberá ser consultado acerca de “si esto es compatible con los principios de independencia judicial y de las garantías del derecho a la justicia y la protección judicial para todos los brasileños”.

Los representantes de agrupaciones judiciales denunciaron el debilitamiento de la Justicia laboral en general y de la unidad que trabaja contra el trabajo esclavo en particular. “En los últimos dos años hubo una reducción del presupuesto y de las acciones dirigidas contra el trabajo esclavo”, aseguró Machado.

Además, Porto denunció que dos jueces fueron sometidos a procedimientos administrativos por haberse manifestado públicamente en contra de la reforma laboral, uno de ellos en San Pablo y el otro en Rio Grande do Sul. Añadió que el gobierno amenaza con eliminar la Justicia laboral, “que incluso sobrevivió durante la dictadura militar”, si los jueces de esta área avanzan en contra de la reforma de Temer.

En las últimas dos semanas, distintos referentes del Ejecutivo brasileño, así como el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, se han manifestado a favor de una iniciativa que limite la Justicia laboral, por considerar que los trabajadores abusan de este tipo de tribunales y generan gastos excesivos al Poder Judicial.

Acerca de los pasos a seguir por parte de los magistrados, Porto dijo que están recurriendo a cortes internacionales porque el Ministerio Público presentó un recurso ante el Supremo Tribunal Federal, pero no ha tenido ninguna respuesta.

Preocupación uruguaya

El gobierno del Frente Amplio, en Uruguay, está ideológicamente en contra de la visión económica de Temer, resumida en una mayor desregulación de la economía para incentivar la inversión y la actividad privada. Desde su ascenso al poder, hace una década, ha generado sucesivas políticas en la dirección contraria, tendiente a dar mayor protección y poder de negociación a los trabajadores.

"Si vale más un acuerdo individual entre un empleado y un patrón que una ley o que un convenio, retrocedimos dos o tres siglos, y eso no será solo para los brasileños", opinó el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro.

Por otro lado, parte de la preocupación pasa por un tema de competitividad. Al flexibilizar el mercado laboral, los costos globales de la economía brasileña se reducen, y hacen que los productos uruguayos estén en peores condiciones para competir a nivel de precios. "Preocupa a Uruguay porque es una manera de competir en base a la caída de derechos laborales, cosa que siempre hemos tratado de evitar", dijo el canciller Rodolfo Nin Novoa.

Trabajo esclavo

Aunque un trabajador sea explotado en condiciones degradantes a la dignidad humana, si no estuviera impedido de transitar libremente, no se caracterizaría como trabajo análogo a la esclavitud. La medida tomada por el Ministerio de Trabajo, alteró el concepto de trabajo esclavo, y para el procurador Roberto Ruy Netto, de la Coordinadora Regional de Combate al Trabajo Esclavo, no le cabe al ministro hacer alteraciones de cuño jurídico, superponiendo una medida ministerial con la propia legislación nacional.

“El ministro del Trabajo, pese a no tener esa atribución por la Constitución, aun así está tratando de reglamentar una materia que es de derecho penal y que no tiene nada a ver con su cartera. Entonces, está tratando de alterar un concepto legal que ya está definido en el Código Penal, artículo 149 donde consta el concepto de lo que es el trabajo análogo al esclavo”, explicó el procurador Roberto Ruy Netto, de la Coordinadora Regional de Combate al Trabajo Esclavo del Ministerio Público del Trabajo en Pará.

El artículo 149 define cuatro elementos –que pueden presentarse juntos o aisladamente- que caracterizan el trabajo análogo a la esclavitud:

-Condiciones degradantes de trabajo: incompatibles con la dignidad humana, caracterizadas por la violación de derechos fundamentales que colocan en riesgo la salud y la vida del/a trabajador/a

-Jornada exhaustiva: cuando el/a trabajador es sometido a esfuerzos excesivos o sobrecarga de trabajo que acarrea daños a su salud o pone en riesgo su vida.

-Trabajo forzado: mantener a la persona trabajando a través de fraudes, aislamiento geográfico, amenazas y/o violencias físicas y sicológicas.

-Servidumbre por deuda: hacer que la o el trabajador contraigan ilegalmente una deuda o atarlo a ella.

Lo que determina la resolución 1.129 del Ministerio del Trabajo (del 16 de octubre último) sobre el concepto de trabajo análogo al esclavo indica que para que sea considerada jornada exhaustiva o condición degradante es necesario que haya privación del derecho de moverse libremente, lo que en el Código Penal no es obligatorio. Frei Jean Marie Xavier Plassat, coordinador de la Campaña contra el Trabajo Esclavo de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), explica que la resolución limita el concepto de esclavitud a la única condición que es la de la libertad de movimiento del trabajador.

La resolución ministerial dice que ninguna de esas condiciones valen solas y sólo valdrá, para ser considerada como trabajo esclavo, si, al mismo tiempo que sufre eso, se da el uso de fuerza armada para obligar los trabajadores a no salir del lugar, “Sólo sería trabajo esclavo si la persona fuese literalmente amarrada al trabajo u obligada, bajo la mira de una carabina, a continuar trabajando”, señaló Plassat a Brasil de Fato.

En Brasil, desde 1995, fueron rescatadas cerca de 52 mil personas de condiciones análogas a la esclavitud, gracias a que hasta hoy existe “una definición de trabajo esclavo extremamente robusta, clara, moderna y adaptada la realidad, y porque creamos varios instrumentos para identificar el trabajo esclavo con un grupo móvil especializado”. El decreto también determina que las fiscalizaciones solamente tendrán validez si se registra una denuncia en una delegación.

Otra regla se refiere a la divulgación de la llamada lista sucia que es el registro de empleadores que sometieron a sus trabajadores a condiciones análogas a la de esclavo. Según el texto nuevo, una empresa sólo puede ingresar al listado si lo determina el ministro de Trabajo. Como la decisión pasa a ser discrecional, abre un margen para que el empleador deje de estar en la lista incluso cuando las posibilidades de recursos en la esfera administrativa ya estuvieran agotados

A partir de ahora, ese documento sólo podrá ser publicado con autorización del Ministro de Trabajo y en la página web del mismo, dos veces al año, en junio y noviembre. Antes, la organización y divulgación eran de responsabilidad de la División de Fiscalización para la Erradicación del Trabajo Esclavo (Detrae) y la actualización de la relación ocurría en cualquier momento.

Aunque no admita revocar la polémica normativa que debilita al combate contra el trabajo esclavo en el país, el gobierno federal deberá modificarla en lo que se considera el aspecto más importante para las entidades, órganos de fiscalización, organismos internacionales y especialistas involucrados en el tema: la conceptualización del delito.

La combinación de condiciones degradantes de trabajo, alojamiento precario, falta de paga y ausencia de condiciones mínimas de higiene, por ejemplo, deja de configurar una situación de trabajo análoga a la esclavitud, quedaron en evidencia en Montevideo. "En verdad, no fue acto mío, del presidente, sino una normativa del ministro (de Trabajo)", dijo el presidente de facto, Michel Temer, a la revista Valor. 

Juraima Almeida

Investigadora brasileña, analista del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la)