A poco más de un año del golpe de Estado parlamentario que defenestró a Dilma Rousseff, el balance para el pueblo brasilero ha sido totalmente negativo: desmantelamiento del Estado social e inclusivo, restauración de políticas neoliberales, desigualdad y privilegios para unos pocos como política de Estado, impunidad en las denuncias de corrupción contra Temer; en definitiva, Brasil ha vivido estos últimos meses el vértigo del retorno al Estado oligárquico que busca  anular la participación del campo popular y sobre todo que pone en riesgo la existencia de la democracia.

Desde el 2013, las principales ciudades brasileras fueron inundadas por una ola de protestas de manifestantes que demandaban al gobierno de Rousseff ajustes en algunas medidas como por ejemplo revertir el alza de pasajes del transporte público o ampliar la inversión en programas sociales de educación salud  y vivienda, y fuertes críticas a los gigantes auspicios  de eventos deportivos como la copa mundial de fútbol y las olimpiadas. Ya en el 2014, la recién re-electa presidenta prometió recoger estas demandas y atenderlas, sin embargo, un parlamento mayoritariamente opositor, bloqueó cualquier intento de reformas en ese sentido, lo que ocasionó mayor desgaste e impopularidad de la petista.

Grandes masas protestando en las calles, una imagen de la presidenta que se deterioraba progresivamente y un legislativo con mayoría opositora, era la oportunidad que había estado esperando los opositores desde hace trece años para atinar un golpe contra el gobierno del Partido de los Trabajadores (PT). El impeachment o proceso de destitución, -nombre sofisticado que le han dado al golpe de estado parlamentario-, arrancó desde diciembre del 2015, tiempo en el cual el bloque oligárquico logró cohesionarse: la burguesía financiera rentista, los politiqueros oportunistas del Congreso, el monopolio mediático de red O globo y los hilos detrás del poder judicial, todos estos se cobijaban bajo la misma bandera, sacar al PT del Gobierno y -recuperar para ellos- nuevamente todos sus privilegios.

Finalmente en  mayo del 2016, sin acusación ni pruebas que demuestren algún acto de corrupción concreto contra Rousseff, el senado resuelve destituirla de su cargo; asumiendo al instante el vicepresidente Michel Temer del partido de centroderecha (PMDB) como presidente interino, bajo el cargo de desnudar y luchar contra toda la corrupción de la saliente administración y desmantelar el Estado social.

Pero el remedio resultó peor que la enfermedad, Temer -quien sería la encarnación de la transparencia- desde el primer día de su gestión ha sido acusado en múltiples ocasiones por actos de corrupción, frente a ello, algunos sectores que lo apoyaron en un inició han decidido dar un paso al costado y evitar involucrarse, lo que ocasionado que el bloque reaccionario se disipe, para quienes ha quedado claro que respaldar a presidente interino, es respaldar a la corrupción encriptada en el aparato burocrático, y que solo puede resultar saldo negativo en apoyar a un político cuestionado que carece de visión y proyecto político y que simplemente busca en la política el enriquecimiento personal.

En lo que si coindicen todas las facciones del campo oligárquico, es el impedir -a toda costa- que se celebren elecciones anticipadas el próximo año, pues según como lo afirman varias encuestas, Lula lidera la intención de voto frente a los otros posibles candidatos[1], al respecto tiene muy claro la derecha que dar paso a esto sería un grave error político, pues significaría eventualmente el regreso de Lula y la clase trabajadora al gobierno.

De momento, la estrategia del campo oligárquico, se centra en expropiar de todo espacio de poder al campo popular; en un primer momento bloquear el paso a  las elecciones  anticipadas para el 2018, lo que es completamente plausible, considerando que es facultad del legislativo (de mayoría opositora al PT) el realizar estas reformas; y, en caso de no conseguirlo, se la jugarán por impedir la candidatura judicialmente contra Lula da Silva, y en simultáneo, golpear en la imagen del líder petista. El objetivo es ganar tiempo hasta que estos sectores encuentren un nuevo candidato que los represente.

Sin embargo para el campo popular está claro que no se trata de una simple batalla por el poder, ni tampoco una disputa que se limita al triunfo electoral. En realidad  es la inexorable agudización de la lucha de clases, en la que se enfrentan, los dos grandes bloques históricos del Brasil por imponer sus proyectos de clase y hasta civilizatorios. A decir de uno de coordinador nacional del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), Joao Pedro Stedile: “La elección de 2018 será una guerra entre la clase obrera y la burguesía”[2]

Por una parte el proyecto de la burguesía financiera rentista que busca el retorno al Estado Oligárquico de corte neoliberal, clase que no le interesa la democracia y ni la equidad, sino el acumular riqueza en base al despojo de las mayorías de los ciudadanos, incluso se oyen voces reaccionarias que están dispuestas a sentarse a negociar con militares de ultraderecha y golpistas una posible intervención militar.

Por otro lado está el bloque popular, quien en medio de las agudizadas contradicciones del capitalismo y de shock neoliberal de estos últimos meses,  ha tomando conciencia de la necesidad de luchar por el futuro de Brasil. La conciliación entre las clases resultó un grave error en el gobierno del PT, por lo que este 2018 la clase trabajadora ha emprendido la reconstrucción colectiva del proyecto revolucionario y un primero paso es el impulso de este sector compuesto por movimientos sociales, gremios de trabajadores, importantes intelectuales, y sociedad civil en general, para que el Legislativo realice las reformas necesarias que den paso a las elecciones directas en el próximo año.

En un plazo inmediato está el  luchar por las elecciones directas anticipadas, como alternativa democrática, sin embargo el campo popular está replanteando un proyecto que represente los intereses del pueblo brasileño a largo plazo. Los Movimientos populares y organizaciones políticas que forman parte del Frente Brasil Popular, plantean convocar una Asamblea Constituyente  a fin de “construir un nuevo modelo democrático de régimen político-electoral en el país, de igual un “Plan Popular de Emergencia”, que incluye más de 70 medidas de emergencia  para enfrentar la crisis económica, social y política.

David Valarezo Bravo, abogado y politólogo, maestrante por la Universidad Andina Simón Bolívar sede en Quito.

Notas