Desde que Venezuela comenzó a sufrir los efectos de una guerra económica, por parte del gran capital con sus empresarios voraces, contrabandistas y revendedores de productos; traficantes de nuestra moneda nacional y agentes de especulación financiera del dólar today, se generó una inflación inducida y un desabastecimiento programado con fines exclusivamente políticos, a fin de propiciar estallidos sociales que conduzcan a una salida del gobierno bolivariano. Con la guerra económica ha mermado la capacidad adquisitiva de los venezolanos, a primera vista de modo irreversible, pues ahora de pronto tenemos los anaqueles repletos de productos a precios a más de un mil por ciento de aumento, sin que nadie haga nada para solventar tal situación. Es importante subrayar que ello también es producto de una política errada de importación adoptada por el gobierno, que aún en su buena fe de buscar soluciones, no estableció control y seguimiento en el otorgamiento de divisas a un empresariado delincuente, que terminó perpetrando fraude importador.

Es verdad que el problema político se impuso sobre lo demás, y que la baja de los precios del petróleo afectó de modo grave nuestra situación monetaria, pero esto por sí solo no justifica que los demás asuntos se descuiden en cuanto a la calidad de nuestra vida cotidiana. De manera progresiva, los precios de los productos de primera necesidad --sobre todo de alimentos-- se incrementan semana tras semana, sin que se implementen controles de precios ni se tomen medidas efectivas para mitigar esta situación. Apenas el presidente Maduro anuncia un aumento salarial, los comerciantes hacen otro tanto con los productos; los cuales van apareciendo como por arte de magia. Las harinas nacionales e importadas, papa, yuca, maíz pre cocido, carbohidratos --tan importantes en nuestra dieta— y las carnes experimentaron alzas impresionantes, las cuales crecen semana a semana; día tras día vemos cómo los precios continúan aumentando sin que se realicen protestas sólidas o quejas ante esta situación, como no sea echarle toda la culpa al gobierno (esto es lo que se busca), pero tampoco desde arriba se toman medidas para paliar o detener esta circunstancia.

Ni siquiera con la  conformación de la actual Asamblea Nacional Constituyente se han podido implementar medidas para detener este proceso hiperinflacionario del precio de alimentos, ropa, calzados, repuestos de autos, material de estudio, libros, materiales educativos; a la par, vemos cómo crecen abastos grandes y pequeños que expenden los mismos productos distribuidos por empresas trasnacionales de alimentos, las cuales suelen convertir materias primas ricas en carbohidratos --como la harina de maíz, papa, plátano o yuca-- en chucherías y golosinas, o en cereales inflados y azucarados de poco valor nutritivo; lo mismo ocurre con los refrescos y jugos a precios elevadísimos,  elaborados por trasnacionales  con agua de nuestro subsuelo, y cómo el café, el azúcar o el arroz cultivados en nuestras tierras, se han vuelto inconseguibles para la población a precios justos,  y se ofertan como si se tratara de alimentos importados.

Esto no puede continuar así. El Estado está en la obligación de ofrecer respuestas concretas para salirle el paso a esta grave situación, que debilita sobremanera la gestión gubernamental y termina por favorecer a comerciantes inescrupulosos una vez más. Uno se pregunta de dónde sacan tal cantidad de productos para ofrecerlos a precios tan altos. Se observa a las claras que muchos de estos son acaparados durante un tiempo, y luego son distribuidos con nuevos precios. Con la cercanía del mes de diciembre, ya se ha observado un incremento exagerado en los precios de los productos de la dieta navideña, que se prevé irán aumentando por los especuladores de turno en la medida que comience la preparación de platos de navidad.

La población ya no puede tolerar esta situación. Los salarios básicos para un mes ya no alcanzan ni para una semana; todo ello agravado con fallas en los servicios básicos de agua, electricidad, gas y otros (los cuales han sido objeto de permanentes sabotajes), y los exagerados precios de los pasajes. Debemos buscar mecanismos de seguimiento y control para sancionar a intermediarios, distribuidores y vendedores abusivos que son quienes encarecen estos bienes y servicios. De lo contrario, la situación se hará crónica y desatará tarde o temprano una explosión social de lamentables consecuencias.
 
© Copyright 2017 Gabriel Jiménez Emán