Horacio Cartes desea sumar votos a través de su invento represivo llamado Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) y está dispuesto a hacer lo que sea para demostrar que obtiene resultados a favor de la seguridad ciudadana.

En Paraguay hay una crisis de institucionalidad y el Estado es utilizado como forma de hacer negocios con las grandes multinacionales; en menos de un año, en las elecciones generales, se definirá quienes serán los nuevos administradores del Estado; por supuesto; un Estado de lucro más que un Estado de derecho. El fracaso en cuanto a políticas sociales se extiende a temas de seguridad, en donde las fuerzas públicas están desacreditadas y el Poder Judicial es sinónimo de impunidad y mala administración de la justicia.

El gobierno no pierde oportunidad para criminalizar y estigmatizar la lucha campesina. Desde hace tiempo se insiste con la idea de vincular lucha campesina con terrorismo. Paraguay es uno de los alumnos de los Estados Unidos y su política de imponer el miedo a través de una seguridad clasista, xenófoba y racista, que se alimenta de la persecución a los pobres y beneficia la propiedad privada y los grandes capitales.

El gobierno colorado ha creado en el 2013 una fuerza represiva inconstitucional, la FTC, que ha sido denunciada en varias ocasiones por violentar comunidades campesinas, ingresando por la fuerza a las precarias viviendas, atemorizando a la gente, golpeando, violentando y en varios casos disparando de forma letal a personas que para los militares eran sospechosas de estar involucradas en acciones terroristas o delictivas, asesinadas así, como sospechosas[1].

El gobierno, probablemente en su afán de ir posicionándose electoralmente, una vez más presenta como una gran victoria contra el terrorismo la detención de un campesino  (Genaro Meza Galeano). Como en ocasiones anteriores el actuar de la fuerzas de seguridad y su equipo de inteligencia dejan mantos de dudas en cuanto a la efectividad de la operación y la veracidad de las pruebas con las que intentan hacer creer a la opinión pública que se trata de un éxito de la FTC.

En el allanamiento realizado para la detención del campesino encontraron botas de lluvias y panfletos de crítica al gobierno nacional por parte de un partido de izquierda, Paraguay Pyahura. Desde el vocero de la Fuerza de Tarea Conjunta hasta el Fiscal General del Estado salieron a dar conferencias de prensa elogiando la gestión gubernamental para arrestar al campesino en la madrugada del miércoles 18 de octubre. La fiscalía pidió la imputación por privación de libertad, secuestro, extorsión, extorsión agravada, terrorismo y asociación terrorista[2].

Por su parte dirigentes del Partido Paraguay Pyahura manifestaron que "El terrorismo de Estado y la criminalización de la lucha campesina se demuestran a través de esta actitud"[3], implicando a un campesino pobre, trabajador y organizado, que además se encuentra con problemas de salud.

El montaje de la FTC y la política de seguridad del gobierno actual permite la persecución ideológica y una suerte de criminalización selectiva, que coyunturalmente puede buscar un beneficio electoral, pero en última instancia lo que busca es frenar cualquier tipo de resistencia al modelo neoliberal extractivista, desmoralizando, persiguiendo y aniquilando las fuerzas sociales que resisten al saqueo multinacional. 

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