¿Qué diferencia al Frente Amplio uruguayo (FA) de los dos históricos partidos tradicionales de ese país? La pregunta obligaría a considerar una miríada de respuestas según los muy diversificados planos analíticos, tanto sociológicos, como politológicos y comunicacionales. No todos ellos marcarían necesariamente distancias diametrales. Habrá distinciones meridianas conviviendo con algunas incómodas convergencias. Algo más se ceñiría si la acotáramos a dos grandes variables como la rotación de los dirigentes o representantes (particularmente aquellos con responsabilidades institucionales) y la ética y conducta exigible a ellos. Pero más aún tal vez si le añadiéramos el interrogante acerca de si el reciente fallo del Tribunal de Conducta Política (TCP) del FA y la posterior renuncia del vicepresidente Sendic podría contribuir -aún mínimamente- a establecer algunos criterios delimitativos, ya que su caso fue particularmente exaltado por la prensa derechista nacional e internacional como un “escándalo de corrupción”, a pesar de la insignificancia de las cifras exhibidas. El eje del dictamen esta puesto en la ausencia de justificación de gastos realizados con dineros públicos a través de una tarjeta corporativa de un ente autónomo estatal.

La función del TCP es evaluar conductas, no los sistemas que las producen, pero el FA, ¿puede ser indiferente a ellos? Como el pensamiento conservador considera que hay un único régimen posible, la democracia liberal-fiduciaria, cualquier eventual problema de conducta se endereza hacia los rasgos personales de los protagonistas. La “psicologización” de la política es solidaria con la autonomía del representante respecto a sus representados que constituye la esencia del régimen. Si quiere diferenciarse, el FA no puede detenerse allí, ni hacer caso omiso a la opacidad y morosidad del funcionamiento del Estado.

La tendencia a la psicologización y personalización también resulta verificable en casos de encomiable austeridad y resignación de privilegios materiales como -tanto a nivel nacional o internacional- han sido destacados en el ex presidente Mujica, otorgándole particular prestigio y admiración. Pero no es el único caso de frenteamplistas que ocupando cargos en el Estado, mantienen exactamente el mismo nivel de vida que antes de asumirlos. Mi experiencia personal obviamente no podría generalizarse a la totalidad, pero he visitado la casa de varios dirigentes, ya sean diputados, senadores, intendentes, ministros y viven en las condiciones normales de cualquier trabajador. Sin duda con diferencias entre sí, producto de la desigual distribución del valor de sus fuerzas de trabajo a lo largo de su propia vida. Muchos de ellos de origen obrero en condiciones más humildes que aquellos que provienen de profesiones liberales o que han desarrollado carreras universitarias y provienen de familias profesionales. En todos los casos, la modestia de sus ingresos se debe a la transferencia de partes muy significativas de sus abultadísimos salarios a la fuerza política o a iniciativas sociales solidarias. Entre los dirigentes a los que aludí personalmente no se cuenta Sendic, a quien no conozco, pero el dictamen del TCP es claro en señalar que no ha modificado su standard de vida, algo coherente además con la escasa magnitud de las irregularidades señaladas en su actuación. A diferencia de los partidos tradicionales, en el FA subyace la concepción valorativa de la austeridad y la resignación de privilegios, no sólo como formulación ideológica sino enfáticamente como práctica. Sin embargo, como he señalado en algún otro trabajo, con todo lo admirable -y políticamente potente- de tales posicionamientos personales de los representantes, ni ellos en particular, ni el FA en su conjunto han mostrado iniciativa alguna de institucionalización que permita la extensión de lo valorado hacia el régimen político y el dispositivo de poder. Menos aún para reflexionar sobre institutos que morigeren la burocratización y la distancia entre dirigentes y dirigidos, lo que en este aspecto, lejos de distinguirse, lo emparenta con los partidos tradicionales.

El sólo hecho de ocupar un lugar de representación en el Estado (aunque los problemas relativos al poder y la burocracia también se extienden hacia las organizaciones de la sociedad civil y los propios partidos), posiciona al dirigente en un nivel diferencial y privilegiado -aún si fuera simbólicamente- sobre el resto de la militancia. Ese sólo hecho ya presupone la necesidad de límites (en la continuidad, es decir con necesaria rotación) y controles muy rigurosos si se quiere enfatizar la diferenciación con los conservadores, ya aludida. De lo contrario, no sólo la burocratización -en cierta medida inevitable, aunque contenible- y la relajación paulatina de normas sólo puede enfrentarse con férreo autocontrol personal y depositación de confianza (algo contrario al mandato). Cumplir el rol de representante debe sin duda ser un honor, pero a la vez una incomodidad y un motivo de atención para toda clase de cuidados. Un lugar de paso, transitorio y sometido a la rendición de cuentas en sentido amplio. Inversamente, los partidos tradicionales erigen y perfeccionan la figura del político profesional: precisamente aquel que es depositario de la confianza en sus dotes por parte de una ciudadanía exhausta y desinteresada que le concede la más plena autonomía para tomar libremente decisiones por ella.

Un claro ejemplo es el del actual senador Luis Alberto Heber quien, de familia político-partidaria blanca, nunca trabajó ejerciendo oficio alguno desde la restauración constitucional con la caída de la dictadura en 1985, sino que fue un militante nazionalista rentado (sepa disculpar el lector mis vacilaciones ortográficas) en todos los sucesivos períodos legislativos. Percibió y percibe el salario que se les sigue otorgando a los parlamentarios, algo escandaloso por su magnitud, embolsado en su exclusivo beneficio (aunque algo aporte a su partido) por tales contribuciones militantes. Cuando culmine este período habrá cumplido 35 años ininterrumpidos (toda una vida laboral) como político profesional. Tiene a la vez el inigualado record de haber percibido tan sólo en lo que va de este siglo (sin contar los 15 años previos) casi 200 mil dólares en viáticos distribuidos en 39 excursiones allende fronteras, sin rendir cuenta alguna. Todo un profesional (del propio provecho). Por supuesto que fue legítimamente electo en todas las sucesivas elecciones. Justamente porque el régimen político produce y consiente este tipo de degeneraciones burocráticas y de legal apropiación privada de cuantiosos recursos públicos.

Sin formas institucionalizadas, sino como meros gestos privados, ¿para qué habría servido que el ex intendente de Maldonado, Oscar De los Santos, haya donado algo así como un cuarto de millón de dólares de su salario para la universidad si su sucesor en el cargo, el empresario Enrique Antía, no sólo se gasta todo el fabuloso sueldo como “bon vivant” sino que además de sus ingresos como terrateniente aprovecha toda clase de beneficios para uso privado que convierten la tarjeta corporativa de Sendic en un vuelto de almacén de barrio marginal? El ex senador frentista Hebert Clavijo, del interior del país, viajaba en un motorhome reciclado con sus propias manos desde un camioncito y se instalaba por semanas en una estación gasolinera cerca del parlamento, mientras algunos directores de entes autónomos, sin venir de tan lejos, han pagado hoteles de lujo y restaurantes, si la exigencia de las tareas le requerían algún esfuerzo excepcional.

Ante esta asunción acrítica y espectadora, el FA sólo atina a compensar la descomposición que produciría en los representantes, reforzando la ética y las autolimitaciones, es decir, poniendo énfasis en la conducta. No lo minusvaloro. La distancia es evidente respecto a estos ejemplos conservadores, pero ni eso alcanza, ni se vislumbra suficientemente valorizado en la sociedad. El FA hoy debería mirarse en el tenebroso espejo que le ofrecen las socialdemocracias europeas, como el PSOE, antes que sea tarde. El fallo del TCP no lo resuelve ni lo sugiere, pero estimula a ello. No sólo por la transformación del país, sino para parar la sangría que sufre por abajo en comités y militancias de base. Apostando sólo a electores, sin considerar la militancia, perpetuando dirigentes cuasi vitalicios en roles de representación, sólo logrará aumentar la brecha con los dirigidos, en la que iremos cayendo inevitablemente todos, porque sus orillas son un plano inclinado hacia su fondo. Sin evaluar y modificar estructuras, incluyendo estatutos y orgánicas, se irá mimetizando con el entorno.

Y si tal cosa sucede, será tarde.

Emilio Cafassi

Profesor titular e investigador de la Universidad de Buenos Aires

cafassi@sociales.uba.ar

Publicado en La República 1/10/2017