El 26 de septiembre se quedará en la memoria de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, como el día de la más grande movilización universitaria de la última década en defensa de la educación pública, y por garantías a los principios de autonomía, democracia y financiación con presupuesto del estado, por su carácter de universidad pública del orden nacional.

 Treinta años atrás ocurrieron las revueltas por libertades en economía (1997), de la que quedó para la memoria la disputa entre base y deslinde. Hace veinticinco las movilizaciones fueron contra la represión del estado a la sombra del criminal estatuto de seguridad de Turbay, fiel a los mandatos de Santafé II, orientado a eliminar cualquier vestigio de foco comunista con tiras, infiltrados y esquiroles buscando y creando enemigos en residencias universitarias, aulas, cafeterías y calles, quienes ante la falta de “positivos” desaparecieron a un estudiante (Hernando Benítez) que llevó a la toma de la catedral de Tunja (el catedralazo). Y la otra gran movilización fueron las Malvinas, que sumo a familias, trabajadores y profesores con el lema “La universidad es del pueblo y el pueblo la defiende”, y emprendió la marcha hacia Bogotá, bendecida con una apoteósica despedida campal ofrecida por Monseñor Augusto Trujillo Arango. Se reclamaba del Estado 411 millones para impedir el cierre de la universidad. Hace 20, 15 y 10 años se repitieron decenas de pequeñas revueltas y movilizaciones, por libertades, financiación y educación con contexto y calidad, que se concentraron en la confrontación al modelo neoliberal que impuso la autofinanciación, es decir la privatización económica, pero también ideológica y social, que paulatinamente legaliza a la universidad como agencia de negocios y empresa de servicios, a sus profesores como simples operarios productores de mercancías-conocimiento y a los estudiantes como clientes.

El 26 de septiembre, en una secuencia no lineal de su historia, los estudiantes contados por miles salieron a las calles de la colonial ciudad de Tunja a ratificar que la protesta es un derecho humano, pactado en 1789 y reconocido implícitamente en las normas de autodeterminación, lo que llama a observar que quien protesta está en su derecho e impedirla puede convertir a un funcionario o a cualquier agente del estado en violador de derechos, más ahora que es tiempo para construir paz en colectivo, aprender a reconocer y respetar al otro y derrumbar los muros que restringen la democracia, no es tiempo de estigmatización ni de creer que quien se opone al poder es un enemigo a perseguir, intimidar o eliminar, como enseñaron el estatuto de seguridad y la seguridad democrática.  

El 26 de septiembre se convirtió en un carnaval que le mostró a la ciudad, al país y al mundo que los estudiantes todavía no son clientes de una empresa dirigida por empresarios exitosos. El lunes 25 el recinto asambleario tuvo lleno total y con paciencia y argumentos repasaron la agenda por la defensa de derechos y garantías, que también recoge al profesorado que pone en evidencia el estado de avance en el desmonte de la carrera docente donde solo queda un profesor en planta por cada tres a contrato de reducidas garantías y, descubre una propuesta de reforma al estatuto docente que niega la figura del intelectual asociado al librepensamiento e impone la fórmula del funcionario docente que labora por horas y objetivos medibles todos, conforme al lenguaje y prácticas más neoliberales,

incluidas conductas homogéneas, controles y reglas insalvables de la economía del mercado.

La agenda común en curso, se sintetiza en la defensa del carácter público de la universidad, traducido a democracia, autonomía y financiación, que salvaguardan el espíritu y naturaleza de origen de la universidad en su hacer político para tomar decisiones con participación de todos sus integrantes, y usar el control de aparato institucional para afirmar la autodeterminación sin injerencias externas sean estas políticas, jurídicas o económicas. Se parte de suponer que toda universidad pública (y por supuesto privada), actúa en el marco de la constitución y las leyes, pero con independencia de los poderes públicos, inclusive el judicial, y que sus planes no tienen que ser apéndices del programa político y electoral del poder político, ni vivir bajo la zozobra y el chantaje que le impone la competencia por indicadores para acceder a recursos. Para la UPTC la totalidad del presupuesto depende de los ingresos de la nación y de ello depende en mayor medida su condición de patrimonio cultural y científico de la nación, lo que le señala al pueblo su papel protagónico para defenderla como derecho y deber ciudadano, sea con foros o con la protesta como derecho humano, con el fin de derrotar una concepción que está privatizando la vida misma, a la que trata de enajenar y corromper. La lucha global es contra la ideología del capital, e interna contra los mecanismos de privatización y captura de la democracia por redes y sistemas contrarios a su orden, pero también es un llamado a fijar responsabilidades sobre quienes con sus erradas actuaciones han provocado el desastre de la desfinanciación y tomado el control de la institución ampliando el déficit democrático.

La movilización del 26 deja esperanzas que permiten renovar la idea de que es posible, viable y necesaria la lucha por la gratuidad, teniendo en cuenta que los recursos por matriculas de pregrado representan menos del 12% del presupuesto y los recaudos por venta de servicios, convenios y posgrados representan más del 50%. No es totalmente cierto que la gratuidad provoque más desfinanciación, el debate está abierto y su tratamiento depende de la concepción que se escoja para mirar la complejidad de esta situación que va más allá de las sumas y restas sin contexto, asépticas y lejanas a un pueblo empobrecido, que olvidaron los consultores externos.

La gratuidad existe,  incluso en países con capitalismo desbordado, la tienen universidades públicas del continente en Ecuador, Argentina y Uruguay y en no menos de 10 países de la Unión Europea entre otros y es buen momento para que la universidad convierta la energía de sus luchas en una agenda común, que convoque por esta vez, a las directivas a ponerse del mismo lado en la defensa del bien público llamado UPTC y que el momento de crisis e inicio de la implementación de acuerdos de paz, sirva para llamar al gobierno a privilegiar la inversión de recursos en educación universitaria, antes que alimentar los mismos sistemas de corrupción nacionales y locales o dilapidar impuestos en ejércitos para la muerte.

El 26 de septiembre de 2017 se quedará, en todo caso, en la memoria colectiva de las luchas universitarias y en la retina de la sociedad con la imagen de miles de estudiantes en las calles demostrando que la protesta colectiva es un derecho y una herramienta política fundamental para seguir defendiendo la universidad pública, que es del pueblo y que el pueblo defiende. 

Foto: centroriente.org