Considero altamente probable -a la par que deseable- que la vida política uruguaya dé un cierto giro a partir del último dictamen del Tribunal de Conducta Política (TCP) del Frente Amplio (FA). Enfatizo este antecedente por sobre la posterior renuncia del vicepresidente porque considero que los sujetos, las personalidades y las trayectorias resultan hasta anecdóticas respecto a las estructuras colectivas y la institucionalidad, es decir a las reglas de funcionamiento de los dispositivos políticos. No niego la posible influencia, pero lo es tanto más, cuanto más caudillista, verticalista y electoralista resulte esa estructura, algo contrario a la historia y el horizonte frentista. Una simple comparación grosera con las tendencias ideológicas fundamentales y las estructuraciones institucionales dominantes en la Argentina de la última década, permite dar cuenta de la distancia de objetivos y resultados con el progresismo uruguayo. Por un lado la cultura ideológica peronista, particularmente enfatizada por el kirchnerismo adopta un carácter autoritario-distribucionista con plena enfatización caudillista. Se muestra sensible a la redistribución de ingresos (al menos discursivamente) tanto como indiferente a la democratización institucional y la corrupción. Por otro, la cultura política del partido radical con rasgos liberal-republicanos, aunque chirles e inconsecuentes, siempre ha exhibido una escasa capacidad para enfrentar la desigualdad social y sostener la gobernabilidad frente a los factores de poder cultivando un republicanismo juridicista que se agota en el inventario de alianzas, tácticas y estrategias para conquistar el poder y conservarlo. Debe agregarse últimamente la emergencia de una nueva derecha más aggiornada a la seducción massmediática con rasgos también personalistas que subalterniza a este partido histórico en desigual coalición. El resultado es un gobierno estéril para instrumentar políticas económicas de mayor equidad y mantener la estabilidad institucional sin represión, crecientemente jaqueada por la conflictividad social.

El FA, inversamente, nació y creció con la doble preocupación de lograr tanto equidad como libertades y derechos en un marco de apego a las reglas institucionales y a la honestidad. Lo hizo además morigerando el peso de las personalidades, o en otros términos, distribuyendo relativamente los liderazgos, cosa que fortalece su carácter de colectivo político plural y complejo. Sin embargo, el acceso al poder político le presenta desafíos en estos planos ya que hereda relaciones de producción capitalistas generadoras de desigualdad que deben ser contrapuestas con medidas regulatorias e intervención permanente. También una configuración del Estado que concede a los jerarcas y representantes toda clase de privilegios e inevitable relación con los factores de poder fáctico que los obliga a un estricto autocontrol y apego a normas ya que están permanentemente sometidos a tentaciones violatorias en condiciones de opacidad. No sólo el propio carácter policlasista y plural del FA le impide sustituir las relaciones de producción capitalistas por otras superadoras, sino que los propios límites del país (geográficos y demográficos, pero también económicos, de limitado desarrollo, etc.) en el contexto internacional y regional actual obligan a administrar estas relaciones sociales de producción exclusivamente del modo menos cruento posible. Y en esta esfera, sin entrar en detalles, los logros son indudables, particularmente en un análisis comparativo.

Pero en el plano de la arquitectura política y el desarrollo y funcionamiento del Estado, el FA encuentra debilidades importantes para concebir y alentar alternativas, incluyendo a sus sectores de izquierda o radicalizados. Porque de la crítica original a la democracia “burguesa”, sostenida sólo en virtud de producir el mecánico correlato de la segregación económica, se pasa sin más a su aceptación acrítica, por lo que la democracia liberal-fiduciaria con toda su carga de opacidad y ausencia de control ciudadano, pasa a ver potenciada su legimitidad a límites tales de ser concebida como la única democracia posible. O para ponerlo en los términos de la conocida expresión de Hanna Arendt, induce al mítico supuesto de que no existe ni nunca ha existido ninguna alternativa al sistema actual. Hasta el momento el FA se ha visto limitado para poner en discusión el régimen político, es decir las reglas del juego que constituyen una parte de la totalidad social que regula la distribución y ejercicio del poder, dejando su ejercicio depositado en la confianza de sus integrantes con responsabilidades en el Estado. Inclusive hasta el momento ha desperdiciado la oportunidad de alentar un debate sobre una reforma constitucional que fue objeto de discusión en el último congreso Rodney Arismendi.

¿Acaso el dictamen del TCP pone en discusión el régimen? Obviamente no, pero permite extraer algunas conclusiones que me alientan a sostener la hipótesis de un punto de inflexión determinante para el FA y la política uruguaya. Por varias razones que requerirían más espacio para comentarlas. Aquí sólo me detendré en dos. En primer lugar porque descartando cualquier sospecha de enriquecimiento ilícito por el monto irrelevante de los gastos efectuados con una tarjeta corporativa de una empresa del Estado, establece que las omisiones al control o la práctica de irregularidades administrativas son contrarias a la ética frentista quienquiera las cometa, al punto de sostenerlo con el vicepresidente de la República. Conlleva la conclusión de que la rectitud de conducta de los representantes excede el marco judicial o más directamente de comisión de ilícitos, e inclusive el mero expediente administrativo. Y en segundo término porque actuó de oficio, lo que sugiere otras consideraciones.

Me resulta muy probable que la iniciativa haya sido previamente consultada con las máximas autoridades partidarias y del poder, por la relevancia del caso. O en otros términos que la propia estructura del FA (el TCP es parte del FA, pero trato de subrayar que difícilmente haya tomado la decisión autónomamente) y del gobierno hayan sido los disparadores de la investigación que concluyó con el dictamen.

No obstante, la intervención del FA, o bien el TCP actuando autónomamente de oficio, resultó tardía, fundada en una denuncia periodística previa. Si no es el propio FA el que en adelante monitoree y controle la actividad de sus representantes, erigirá a la prensa en una suerte de fiscal debiendo luego correr detrás de sus eventuales imputaciones. ¿Acaso puede pensarse que los periodistas del derechista semanario “Búsqueda”, dejarán de “buscar” irregularidades, tanto como cualquier otro medio reaccionario? No sólo para comprometer al gobierno progresista e introducir la sospecha pública de que “todos son iguales”, sino por el negocio que les reportan los escándalos en sociedades cada vez más sometidas al amarillismo mediático, la inducción a la frivolidad, la estigmatización y la emotividad. Cuentan para ello con la ley de Acceso a la Información Pública que propició y sancionó el FA hace ya nueve años. El FA ni siquiera tiene que apelar a ella porque la información necesaria está a su disposición a través de los representantes en cada ámbito.

El hecho de que en el dictamen aludido se cite textualmente la declaración del ex vicepresidente afirmando que ningún miembro del directorio realizó justificación de sus gastos y habiendo actuado de oficio, creo que inequívocamente lo obliga a hacerlo con el resto de los directores frentistas del ente autónomo Ancap, desde la aprobación del reglamento de uso de tarjetas en el año 2011. De lo contrario no sólo volvería a quedar expuesto a nuevas denuncias, sino que produciría una absurda inequidad respecto al tratamiento que recibió Sendic, confirmando además la encarnización sobre sí que él mismo sostuvo hasta último momento, no sólo con la prensa, sino con el propio TCP.

No le compete al TCP evaluar a los directores de los dos partidos tradicionales que ejercen funciones gracias a que el gobierno progresista, a diferencia de los precedentes, le concediera por primera vez en la historia el acceso a la cúpula de los entes autónomos. Pero el FA debe tener consigo la totalidad de la información respecto al uso de las tarjetas corporativas desde que se implementaron en los entes autónomos y ámbitos del poder ejecutivo, entre otras razones, para diferenciarse del laissez faire y el probable uso privativo de ellas en el pasado conservador. Y tomar la iniciativa de reglamentar estrictamente el uso de recursos de excepción o representación en adelante para toda la función pública.

En materia de honestidad, el FA puede exhibir oficio.

Emilio Cafassi

Profesor titular e investigador de la Universidad de Buenos Aires

cafassi@sociales.uba.ar

Publicado en La República 24/9/2017