El sistema de dominación económica, política, ideológica, social y militar se cae a pedazos, producto de sus propias contradicciones, acumuladas por siglos. La impericia y el desgobierno de Jimmy Morales solamente han acelerado el derrumbe.

Muchos analistas nacionales y extranjeros se preguntan cómo ha sobrevivido un sistema de dominación tan brutal, en un país con índices tan altos de exclusión, pobreza, injusticia y violencia. La respuesta es compleja, pero un factor ha sido determinante: la impunidad.

Los militares genocidas, los empresarios hambreadores y los políticos corruptos han gozado de la permisibilidad de un sistema de justicia venal y retorcido, que les ha garantizado salir absueltos, aunque hayan cometido crímenes atroces. Para el efecto, desde la Independencia cooptaron el aparato estatal y controlaron al ejército y a la policía.

Así, impusieron su voluntad y su codicia ya sea mediante la justicia comprada, o por la politiquería, o por la religión de las élites, o mediante la educación enajenante; si todos esos recursos no bastaban, recurrieron a la represión sin límites, llegando a la tierra arrasada y las masacres. Todo ese andamiaje es el que cruje, se agrieta y se desploma por partes, desde que en 2015 la protesta ciudadana y aplicación de la justica por la CICIG y el MP demostró que se les puede derrotar.

El pueblo ha dicho basta a la corrupción y la arbitrariedad, y se ha movilizado este septiembre para enfrentar el pacto de impunidad de los diputados y el gobierno, logrando que se revoquen leyes aberrantes, que el Presidente tenga que devolver sobresueldos ilegales, y que se retome el antejuicio contra Jimmy Morales, quien difícilmente terminará su periodo, o lo hará profundamente debilitado, pues los ministros clave han ido renunciando en el marco de la crisis.

El movimiento ciudadano contra la corrupción y la impunidad ha sabido mantener su independencia, se auto convoca, se moviliza y se da directrices, al margen de las élites tradicionales. El CACIF, los políticos tradicionales, los “ciudadanos ilustres” y sus empresas de comunicación han quedado al margen, pues todos carecen de credibilidad y legitimidad.

Estos factores tradicionales de poder mantienen el dominio de clase, pero han perdido la hegemonía social, es decir, la capacidad para que los oprimidos hagan suyo el proyecto de los opresores. Buena parte de la ciudadanía les ha perdido el respeto y se ha rebelado, pues entienden que ellos son corruptos de cuello blanco e impunes de postín, por lo que no puede ser parte de la solución.

El derrumbe definitivo de ese nefasto sistema de dominación no será ni rápido ni fácil, pero es inevitable. Necesitará muchas luchas y manifestaciones, como la del 20-S, así como amplias alianzas nacionales e internacionales.

Por ahora hay que depurar el Congreso, apoyando al MP-CICIG en los procesos contra unos 50 diputados delincuentes, y demandar que el Presidente responda ante la justicia, por recibir financiamiento ilícito y sobresueldo.

En la medida que cambie la correlación de fuerzas, hay que reformar la Ley Electoral, para establecer condiciones de transparencia, equidad, participación y control de fondos y propaganda, para ir a una Asamblea Nacional Constituyente de poder originario, a fin de construir otro modelo de Estado, uno plurinacional, democrático, incluyente y con justicia social.

Mientras tanto, hay que desenmascarar a hipócritas y demagogos, y siguiendo a Benito Juárez digámosles: “malditos aquellos que con sus palabras defienden al pueblo y con sus hechos lo traicionan”.

20 de septiembre de 2017.