En América Latina, en los últimos 25 años, se ha presenciado un renovado auge de la movilización popular. El fin de los gobiernos militares, y de los conflictos violentos de la década del 80, dio paso a nuevas luchas y a un clima relativamente más democrático. Desde el norte de México al sur de Argentina, los movimientos sociales en los años 90 y, especialmente en los 2000, han alcanzado nuevos picos de participación popular.

Estas afirmaciones son confirmadas por las multitudinarias marchas en las calles de Costa Rica contra el acuerdo del Tratado de Libre Comercio de América Central (TLC-CAFTA) en 2007, las Marchas Blancas en El Salvador contra la privatización de los servicios de salud y las Marchas Negras en Panamá contra la reforma del sistema de pensiones, junto a las masivas movilizaciones indígenas en Bolivia, Ecuador y Perú. Asimismo, países del Cono Sur como Argentina, Paraguay y Uruguay experimentaron una amplia movilización contra las políticas de liberalización económica a principios del 2000.

Nuevos actores y organizaciones sociales emergieron en la escena política, como los movimientos sociales con identidades ambientales, feministas, de gays/lesbianas y de consumidores (Álvarez et al., 1998). Incluso los movimientos sociales “tradicionales”, como los sindicatos, continuaron desempeñando un papel importante dentro del campo de los movimientos sociales en las campañas contra la austeridad, el ajuste, las privatizaciones y el libre comercio (Almeida, 2007). Los sectores rurales también persistieron al impulsar luchas por las condiciones de trabajo o la explotación pasada (Enríquez, 2010; Cordero, 2009).

Las comunidades indígenas siguen siendo protagonistas clave en Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, Panamá y Perú. Las movilizaciones masivas están directamente vinculadas, además, al apogeo de varios de los gobiernos de izquierdas en la región al convertir la política de la calle en resultados electorales exitosos (Roberts, 2014; Stahler-Sholk et al., 2014).