Uno va caminando por las calles de la ciudad de Buenos Aires, tan macrista, y se sorprende de la cantidad de pancartas, carteles puestos en negocios de barrio, reclamos en los estadios de fútbol, en las multitudinarias marchas, reclamando la aparición con vida de Santiago Maldonado, un artesano desaparecido en democracia, tras ser apresado por la Gendarmería hace ya cinco semanas.

El recuerdo de los 30 mil desaparecidos de la dictadura cívico-militar sigue presente en la memoria popular. A un mes de su desaparición, 250 mil personas se reunieron alrededor de la Plaza de Mayo para reclamar su aparición con vida. La Policía de la Ciudad, nueva guardia pretoriana, se ensañó con periodistas populares que documentaban la multitudinaria presencia popular.

Sobre todo desde comienzos de 2017, la represión –y ostentosamente violenta- parece ser la respuesta institucional ante la protesta social contra trabajadores y minorías: docentes, pueblo mapuche, referentes de movimientos sociales y cooperativistas, manifestantes anti feminicidio y a favor de los derechos de las mujeres.

Es una forma de disciplinamiento ciudadano, señalan los analistas, y no solamente por la represión en sí sino en la repetición permanente por los medios de comunicación hegemónicos, que van formando un doble imaginario colectivo: la represión va en serio y todo aquel que no es blanco y empresario es sospechoso de ser delincuente.

La estrategia oficial de demonizar toda expresión opositora al gobierno comienza con la construcción de un "otro" peligroso, violento y hasta terrorista, buscando un efecto de desmovilizar a la población y recrear el mito del manifestante violento que es preciso ajusticiar antes que se convierta en guerrillero.  Desde su editorial del diario La Nación, Joaquín Morales Solá, un periodista colaborador de la última dictadura, dejó en claro que la violencia llegó para quedarse.

 La difusión del tema en la prensa internacional, la intervención de organismos de derechos humanos locales, regionales e internacionales puso otra el tema de la cuestión de la defensa de los derechos humanos en la Argentina y en democracia, tras la prisión de la dirigente social y diputada del Parlasur Milagro Sala.

La respuesta de los funcionarios macristas y de la prensa hegemónica ha sido la minimizar la gravedad del asunto, estigmatizar al pueblo mapuche por un lado y a la militancia por el otro en su doble intento de hacer desaparecer los reclamos como desaparecieron a Maldonado, y cuestionando de la manera más absurda y arbitraria a través de verdades virtuales y simples mentiras los hechos, la realidad real, intentado silenciar el reclamo e incluso cuestionado la veracidad de la desaparición.

La diputada oficialista (pero sobre todo anticristinista) Elisa Carrión desde su cuenta oficial de Twitter señaló: “Si la hipótesis de la desaparición de Santiago Maldonado fuese una invención kirchnerista, sería perverso, infrahumano y delictivo”. Esta disquisición sí que es perversa, inhumana y también delictiva.

La posverdad y la mentira permanentes

Lo cierto es que la desaparición forzada del artesano Santiago Maldonado tocó un nervio neurálgico, una herida que sigue abierta en la sociedad argentina. Ya lleva cinco semanas “desaparecido”. Los testigos declaran una y otra vez que la última vez que fue visto fue durante la represión en Cushamen, provincia de Chubut, llevada a cabo por Gendarmería: fue golpeado y subido a una camioneta.

Mientras, quizá inundados por toda la publicidad sobre la posverdad, los funcionarios macristas, entre los que destaca la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, mienten y mienten ante la prensa, ante los legisladores, ante los jueces. Entre bambalinas, en un encuentro con integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja, Bullrich, reconoció que “por ahí a algún gendarme se le fue la mano”, pero en público niega la responsabilidad de la fuerza de choque de su ministerio, la Gendarmería Nacional.

La ministra y su gabinete quien sembraron durante más de un mes una serie de pistas falsas para satisfacer su estrategia y la avidez morbosa de la prensa sensacionalista y los periodistas-sicarios: que lo vieron paseando por Entre Ríos o en cualquier ruta del país, que se trataba de un cadáver NN de la morgue chilena, hasta llegar a lo que más le agradaba a Bullrich y su séquito: la puñalada dada por un puestero de la estancia del millonario latifundista Benetton.

Precisamente el pueblo mapuche (con el que se solidarizaba Santiago) fue golpeado, torturado y reprimido para quitarles sus tierras y dárselas a Benetton, defendido por los gendarmes que aún siguen hostigándolo en su territorio ancestral. Las declaraciones de los miembros de la comunidad fueron lapidarios pata Bullrich: Matías Santana, ratificó a cara descubierta, que a Santiago –un huinca, blanco- se lo llevó Gendarmería, cuando intentaba cruzar el río, lo golpearon y lo pasaron de un camión a un vehículo de Gendarmería y se lo llevaron por la Ruta 40..

Estos periodistas-sicarios de medios hegemónicos maltrataron a los familiares de Santiago, acusándolos de negarse a colaborar en la investigación, pese a que a toda hora los padres estuvieron colaborando con la investigación judicial, uno de los hermanos se prestó a la prueba del ADN y el resultado negativo provocó, para enojo del gobierno, que la famosa pista del puestero también se les viniera abajo como un castillo de naipes.

Los dos principales diarios del país –Clarín y La Nación- elaborado teorías acerca de Santiago “un terrorista de las FARC”, “un correo mapuche que se fugó a Chile”, “un miembro de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM)”, “que ha sido herido de una puñalada por un puestero de Benetton en un campo de Epuyén”, lo han vinculado con organizaciones como el IRA o ETA y hasta con los kurdos.

Clarin, bajo el título “el sacrificio” intentó el (pen) último salvataje a Bullrich, señalando que “por una causa desconocida” Maldonado “haya decidido pasar a la clandestinidad”. Su único delito es el de ser solidario con los pueblos originarios, y eso, para el gobierno macrista, pareciera ser delito.

Pero hoy todo indica que comienza a romperse el “pacto de silencio” –tan común en las organizaciones mafiosas- en Gendarmería, que secuestró, golpeó e hizo desaparecer a Maldonado el 1 de agosto de 2017, pese a la persistente “solidaridad” de Bullrich, quien en el Congreso dijo que “no estaba dispuesta a tirar un gendarme por la ventana”.

Pero no es solo Buenos Aires. Es todo el país y sobre el sur patagónico. Son los vecinos de las ciudades y pueblos del sur, de Esquel, de El Bolsón, que no solo reclaman su aparición con vida, sino que recriminan permanentemente a los gendarmes con los que conviven ese pacto mafioso.

El comandante Pablo Escola, que dirigió, bajo las órdenes del jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Nocetti, el operativo de represión en la Ruta 40 cuando los mapuche del Lof Cushamen, realizaban un corte, fue amenazado por la ministra con pasarlo a disponibilidad pocas horas antes de que tuviera que declarar ante la Justicia.

Las redes sociales

Las redes sociales lideraron la protesta social por la aparición con vida de artesano y tatuador. Decenas de miles de mensajes impulsaron un ataque informativo virtual con variaciones de la consigna: “Soy (nombre) y estoy en (lugar); lo que no sé es dónde está Santiago Maldonado”. En una arena dominada por celebrities mediáticas, por políticos y por organizaciones de medios tradicionales, los viejos mayoristas de la información fueron sorprendidos por una creciente actividad en las redes sociales que vulneró su capacidad de fijar la agenda.

“El caso #Maldonado no parece tener a los gigantes mediáticos a la cabeza, sino -como dice el viejo dicho- a usuarios movilizándose con la cabeza de los grandes medios (...) Con una intensidad en aumento, la red #Maldonado va instalando un discurso mediático potente, primero en las redes y luego, en las instituciones tradicionales. Esa demanda social consolida el reclamo virtual por la aparición con vida de Santiago Maldonado, empujando a editores de los grandes medios y a políticos oficialistas a dar visibilidad a una desaparición forzada en democracia que los incomoda”, señala un minucioso estudio de Natalia Aruguete y Ernesto Calvo en el portal Anfibia.

Si bien los medios tradicionales dominan la difusión de contenidos, pareciera que no han logrado diseminar la agenda oficial que estructuran cómodamente en tiempos de calma.  Esta incapacidad de fijar “lo que importa” a piaccere no supone decir que estos medios queden al margen del diálogo en las plataformas sociales o faltos de influencia política, ni desconocer que su tematización, estable y legitimada, genera alteraciones en el intercambio de mensajes.

 Sin embargo, los medios masivos no pudieron dejar de preguntarse “¿Dónde está Santiago Maldonado?”. Si no lo hicieren, tendrían que lidiar con tuits disidentes de sus propios periodistas y con la pérdida de control de la narrativa de este caso, librada a usuarios de menor monta, señalan los investigadores.

Como contrapartida surgió la campaña llamada “#ConMisHijosNo en redes sociales cónsona con los pronunciamientos de funcionarios oficiales y oficialistas. Y volvieron por las redes mensajes xenófobos, discriminatorios, negacionistas, como repuesta al “Todos somos Santiago Maldonado: “A mí no me incluyan, yo no corto rutas ni quemo casas, ni ataco camioneros. No lo soy ni lo seré”…

Bullrich sigue banalizando la tragedia, creyendo que su rol de hija dilecta de la embajada estadounidense y sus contactos con el Mossad israelí –junto a la visita de Netanyahu al país- pueden salvarla del derrumbe. La presión popular nacional e internacional para que Santiago Maldonado aparezca vivo “porque vivo se lo llevaron” sigue en un país que ya tuvo demasiado de terrorismo de Estado y desaparición forzada de personas.

Rubén Armendáriz

Investigador y analista uruguayo del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)