La verdad del enclaustramiento de Bolivia

05/09/2017
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Los que no conocen su propia historia, y no ponen remedio a los errores de su pasado, están condenados a repetirlos irremisiblemente.

 

La corona española creó el Virreinato del Perú el 20 de noviembre de 1542, el mismo que estaba dividido en reales audiencias y en capitanías.

 

El 18 de abril de 1548, el Pacificador La Gasca estableció el paralelo 27ᴼ como la demarcación más al norte de la capitanía de Chile. Este mismo criterio fue expresado por don Pedro de Valdivia, conquistador de Chile, en su carta al emperador Carlos V el 15 de Octubre de 1550, en la que menciona textualmente el paralelo 27º en el valle de Copiapó como el límite más al norte de su jurisdicción, y el paralelo 41ᴼ como límite sur, siendo su anchura de cien leguas de oeste a este.

 

Después, el mismo La Gasca amplió los límites de la gobernación de Valdivia en alrededor de un grado y medio al norte. El rey Felipe II creó la Real Audiencia de Charcas el 4 de Septiembre de 1559 y fijó sus límites por cédula real el 29 de Agosto de 1563. Posteriormente hacia el año 1700 la corona española ya tenía establecidos los nuevos límites definitivos entre sus Audiencias y sus capitanías en América. Bolivia nació sobre la base geográfica de la Real Audiencia de Charcas y el fundamento jurídico de esas disposiciones Reales y coloniales vigentes hasta el año 1810.

 

Las naciones americanas aceptaron el concepto romano del Uti Possidetis Juris que quiere decir "como poseéis (hoy) seguiréis poseyendo en el futuro". Se tomó como punto de partida la delimitación política existente en el año 1810 para los límites de las nuevas naciones. El de Bolivia fue el territorio de la Audiencia de Charcas, dependiente entonces del Virreinato del Perú, y abarcaba, por el oeste, en la parte de su litoral, desde la desembocadura del río Loa en el norte a los 21ᴼ25’ y el río Salado en el sur en 25ᴼ28’. El de Chile fue el territorio de la capitanía de Chile, conocida como Nueva Extremadura, dependiente también del Virreinato del Perú, y abarcaba desde el río Salado en el norte a los 25ᴼ28’ y el territorio de Tierra del Fuego en el sur.

 

A continuación denunciamos la tergiversación chilena de la historia que está difundiendo el expresidente de Chile Sebastian Piñera

 

 

 

Este roto multimillonario e ignorante, en Chile, afirma que: “Bolivia nunca tuvo salida al mar. El Virreinato del Perú siempre estuvo, en el derecho y en los hechos, unido con Chile por la vía costera”.  

 

O él cree que sus lectores son estúpidos, o le han hecho un lavado cerebral, o necesita un oculista. El mapa del cronista de la Corona Española Antonio de Herrera está más claro que el agua del río Lauca o del manantial Silala, ambos bolivianos, actualmente usurpados por Chile.

 

El indicado mapa MUESTRA la Audiencia de Charcas ( hoy Bolivia ) con sus puertos marítimos mayores en el río Santa Clara, después rebautizado como Río Salado en 25º28’, Morro Moreno, lugar donde después se fundó el puerto de Antofagasta, y Mejillones, entre otros.

 

Mapa del Cronista Mayor de la Corona Española, ANTONIO DE HERRERA, año 1601 - Edición ordenada por el Rey Felipe II

 

 

La Real Audiencia de Charcas ( hoy Bolivia ) fue creada por el rey Felipe II de España el 4 de septiembre de 1559 como parte del Virreinato del Perú, y regulada por reales cédulas de 29 de agosto de 1563, del 1 de octubre de 1566 y 2 de mayo de 1573 (recogidas posteriormente en la Recopilación de Leyes de Indias de 1680). Las otras audiencias de dicho virreinato, que existían en ese año de 1559, eran la de Panamá, la de Lima, y la de Bogotá.

 

Los límites del territorio, sobre el cual ejercía jurisdicción la Audiencia de Charcas, fueron variando con el tiempo, según la distribución que hizo la Corona española. Al principio estuvo restringida a los territorios subordinados a la ciudad de La Plata, por lo que el virrey Conde de Nievas señaló el 20 de mayo de 1561: "…la dicha ciudad de La Plata con más de cien leguas de tierra alrededor por cada parte…". 

 

El 29 de agosto de 1563, Felipe II amplió la Audiencia de Charcas con la incorporación de la Gobernación del Tucumán, Juríes y Diaguitas, la Gobernación de Santa Cruz de la Sierra (esta última formada por las ex gobernaciones de Andrés Manso y Ñuflo de Chaves), la provincia de Moxos y Chunchos y las tierras que llegaban hasta la ciudad del Cuzco con sus términos (corregimientos dependientes). De esta forma su territorio jurisdiccional abarcó por el norte hasta las provincias de Sayabamba y Carabaya; al oeste incorporó el desierto de Atacama hasta el Océano Pacífico; al este hasta Moxos y Chunchos; y por el sur, el Chaco y Tucumán, Juríes y Diaguitas. 

 

El 1 de octubre de 1566, se le incorporaron los territorios de la Gobernación del Río de la Plata y del Paraguay. 

 

El 30 de noviembre de 1568, la ciudad del Cuzco y sus dependencias fue reintegrada a la jurisdicción de la Audiencia de Lima, estableciéndose que la Audiencia de Charcas conservara el territorio "desde el Collao hacia la Ciudad de La Plata". Las autoridades dijeron: Declaramos y mandamos que la dicha ciudad del Cuzco con su término y jurisdicción haya de estar y esté sujeta y debajo de la jurisdicción de la audiencia real de la dicha ciudad de los Reyes, como lo estaba antes (...) 

 

El 26 de mayo de 1573 se deslindó el territorio del Collao entre las dos audiencias: (...) declarando como declaramos que del dicho Collao hacia la ciudad de La Plata comience desde el pueblo de Ayoviri que es el de la encomienda de Juan Pancorvo, por el camino de Urcosuyo y desde el pueblo de Asilo, que es de la encomienda de Jerónimo de Castilla por el camino de Omasuyos y por el camino de Arequipa desde Atuncana que es de la encomienda de Carlos Inca, hacia la parte de los Charcas.

 

En 1601, Antonio de Herrera y Tordesillas, cronista mayor de Su Majestad, informaba :

 

Del distrito de la Audiencia de la Plata, o de los Charcas.-

 

El distrito de la audiencia de los Charcas, que parte términos con la de los Reyes está en 20 grados y medio de altura Austral, por el rio del Nombre de Dios, y principio de la laguna del Collao; tendrá de largo 300 leguas hasta el Valle de Copiapó, principio de la provincia de Chile [...] 

Puertos y puntas de la costa de esta Audiencia.-

 

En la costa de esta Audiencia, que comienza en 17 grados y medio, en el rio de Nombre de Dios, o Tambopalla, hay el puerto de Hilo junto a un rio, en 18 grados y medio, y más al Sur el Morro de los diablos, y el puerto de Arica en 19 grados y un tercio, y el de Tacáma en veinte y uno, y la punta de Tarapacá al Sur, y más adelante el río de Pica, y el de la Hoja, y de Montelo, puerto de Mexillones, y más al Sur, la punta de los Farallones, con Morro Moreno, y su Bahía de Santa Clara, y más al Sur, la quebrada y punta Blanca, y la quebrada Honda, y luego el río de Santa Clara, en 25º28’ como treinta leguas al norte del río Copiapó, a donde comienza la costa de la capitanía de Chile, y se acaba la de la Audiencia de los Charcas [...]

 

Los bolivianos tenemos razón de alegar el principio del derecho del "primer ocupante" desde el río Salado hasta la desembocadura del río Loa, litoral perteneciente primero al Estado Tiwanacota, después al distrito del Collasuyo del Imperio Incaico y luego a la Audiencia de Charcas autónoma convertida en República en 1825 dentro de límites inalterados. En cambio Chile (antes Nueva Extremadura), territorio salvaje de la Araucanía, como dependencia de la Audiencia de Lima y sustentada con recursos provenientes de la plata del Cerro de Potosí, no tenía autonomía y por decreto del Virrey del Perú fue elevada al rango inferior de capitanía colonial administrada siempre por el Virreinato del Perú hasta el año 1810.

 

Mostramos enseguida testimonios vigentes en Estados Unidos y Argentina, sobre la verdad del tema:

 

BOLIVIA: NACION MARITIMA  “Bolivia posee cuatro puertos naturales al Océano Pacífico, Antofagasta, Mejillones, Cobija y Tocopilla. La latitud de Cobija es de 22o30' Sur; éste es el único puerto habilitado de esos cuatro de la República de Bolivia, cuya costa pequeña se extiende desde el 21ᴼ25’Sur hasta el 25ᴼ28’ Sur."

 

Tte. William S.W. Ruschemberger, a bordo del "U.S. FALMOUTH", fondeado en la rada de Cobija, el 11 de septiembre de 1832 .

 

 

 

“¡Cómo va a resultar aceptable la existencia de una nación cautiva, entre naciones hermanas cuya independencia y dignidad provienen de un esfuerzo común para sacudir el cautiverio de España!”

 

LEOPOLDO LUGONES, figura de la literatura argentina

 

 

 

 

 

En fecha 8 de Junio de 2017, desde Bélgica, el Presidente Evo Morales se volvió a referir a Chile desde su cuenta oficial de Twitter, diciendo: “Que sepa el mundo: verdadera agresión es la invasión de 1879, para arrebatarnos 400 km de costa en el Pacífico y 120.000 km2 de territorio”. Vamos a demostrar, en lo que sigue, que esas declaraciones adolecen de falta de exactitud histórica.

 

Evidentemente Chile le ha robado su litoral a Bolivia, pero no son 400 Km. ni 120.000 Km2, sino son 297 kilómetros y 90.000 Km2 de territorio, ya que los gobiernos de Mariano Melgarejo y Tomás Frías regalaron, escandalosa y falazmente a Chile 183 kilómetros de costa mediante los fraudulentos tratados de 1866 y 1874 que fijaron el nuevo límite en el paralelo 24°, obsequiando sin ningún motivo a Chile un grado y medio geográficos entre dicho paralelo y el río Salado, 25°28’, que era el límite cuando Bolivia nació a la vida, de acuerdo con el Uti Possidetis Juris.

 

La cancillería boliviana y el “Libro del mar” están difundiendo que Bolivia ha perdido una costa de 400 kilómetros, lo que es erróneo. Los bolivianos jamás olvidaremos que al nacer a la vida poseíamos nuestra extensa costa de 480 Km. con legítimos derechos desde el río Salado (ex río Santa Clara) en 25°28’, hasta la desembocadura del río Loa en 21°25’, lo cual ningún “tratado” podrá negarlo graciosamente.

 

Los máximos responsables de la donación gratuita del territorio entre los paralelos 25°28’ al 24° son los corruptos mandatarios Mariano Melgarejo y su ministro de RR.EE., Gobierno y Justicia, Mariano Donato Muñoz, representantes de los latifundistas bolivianos que gobernaron hasta 1952 y que mantuvieron la falta de una fuerte estructura nacional, que fue aprovechado por Chile para mantener desde 1857 ocupados los puertos del litoral boliviano por la marina de guerra chilena e invadirnos militarmente en 1879 y arrebatarnos el resto de nuestro litoral, con la venia de la ideología boliviana señorial y racista anti-indio, más la participación a favor de Chile del imperio británico.

 

El abogado Mariano Donato Muñoz fue quien ayudó al ascenso del régimen dictatorial y sanguinario de Mariano Melgarejo, oscuro soldado de filas, que negoció, a cambio de dádivas personales, halagos y lisonjas, y por intrigas de Donato Muñoz, territorio y leyes en favor de Chile y Brasil. Muñoz, fue el verdadero poder detrás del Presidente y quien definía las políticas del gobierno; era el mejor aliado y cómplice de los chilenos, y manejó a su antojo al ignorante y beodo Melgarejo, que llegó a firmar el tratado de 1866, regalando parte del litoral y legalizando la explotación clandestina chilena de guano y salitre en nuestro territorio, concediendo derechos a los rotos, infausta decisión que alentó la posterior invasión militar de 1879. Chile tuvo tal influencia sobre el gobierno de Melgarejo, que a éste no se le ocurrió mejor idea que nombrar al embajador chileno como Ministro de Hacienda de Bolivia.

 

Melgarejo era un plebeyo provinciano con algo de cultura elemental, que se refugió en el cuartel para combatir su propia pobreza y asegurar su porvenir, y se hizo apto para participar en los cuartelazos promovidos por la feudalidad boliviana y asaltar el poder político.

 

En esa época, los hacendados oligarcas bolivianos preferían mantener a toda costa sus feudos comunales, arrebatados a los verdaderos dueños aymaras y quechuas, viviendo montados en sus esclavos pongos, en vez de explotar los ricos yacimientos de guano, salitre, cobre y plata del litoral boliviano que eran usurpados por la oligarquía chilena, ante la mirada de palco de los militares bolivianos.

 

Al usurpar las tierras de propiedad originaria indígena, los beneficios y provechos de esa delincuencial medida fueron para la feudalidad aristocratizante de Bolivia, que se enriqueció con las tierras despojadas a los comunarios indígenas, consolidando el poderío económico y político de la casta social ociosa, apoyada por el ejército militar, el cual obedecía a los impulsos de los hacendados herederos de los encomenderos españoles.

 

La oligarquía boliviana de ese entonces creó el bárbaro y dictatorial tributo indigenal de modo de arbitrar fondos para un Fisco continuamente paupérrimo, por la necesidad de mantener al ejército y tenerlo contento, de modo de perpetuar en el poder a la clase dominante.

 

El presupuesto nacional de Bolivia, y del cual no le tocaba nada al campesino, se generaba en gran parte del tributo extraído al mismo pobre comunario, quien carecía del derecho a opinar, aunque era el único que pagaba impuestos, además de ser el principal productor cultivando la tierra y laborando las minas gratuitamente, además de servir como esclavo en las haciendas terratenientes sin recibir ningún salario, mientras los chilenos aprovechaban nuestra riqueza sin impedimento, ante la negligencia de la oligarquía gobernante boliviana que contemplaba de palco el despojo. Toda la nación boliviana vivía del tributo de las familias “indias”, mientras los chilenos invadían nuestro litoral y usurpaban impunemente nuestros recursos exportándolos a Europa y EEUU con lo que llenaban el 85% de su presupuesto estatal.

 

A la feudalidad boliviana le importó un comino las cesiones gratuitas de nuestros territorios, con sus riquezas naturales, a Chile y Brasil, porque dicha casta gobernante carecía totalmente de sensibilidad económica, lo cual le impedía valorizar los recursos económicos de esas regiones, ni poseía conciencia geográfica que le diera un mínimo concepto de lo que Bolivia perdía. Por ello es que la flor y nata de de esa aristocracia aprobó los tratados entreguistas, manteniéndose ellos mismos en sus privilegios oligarcas.

 

Y los chilenos, además de enclaustrarnos, también se han anexado territorios sin justo título ( basta consultar el libro ‘El tratado de 1904 : la gran estafa’ de Rodolfo Becerra de la Roca y la tesis de ingreso a la Academia Boliviana de la Historia ‘El tratado de 1904 con Chile’, de Manuel Frontaura Argandoña).

 

El Dr. Becerra indica que mediante el Tratado de Ancón, el Perú al ceder perpetuamente a Chile la propiedad de la provincia litoral de Tarapacá, claramente señala el límite ancestral oriental con la República de Bolivia. Entonces, ¿por qué Chile, al imponer militarmente a Bolivia el Tratado de 1904, no respetó este lindero y se internó en territorios bolivianos que en ningún instrumento fueron objeto de cesión o transferencia a su favor? ¿Por qué Bolivia permitió esta alteración de límites? Son territorios y ríos, como el total de la longitud del Lauca, que legítima y jurídicamente ingresan en el derecho de reivindicación; y, sin embargo de todos estos despojos perpetrados ¡Chile se permite arrostrar que no cede, ni regala ni un centímetro de “su” territorio! ¡Existe un paralelo entre esta postura y la de un ladrón que escupe a su víctima que lo que le robó no puede devolverle ni transferirle bajo ningún título! .

 

A continuación, mostramos el mapa del litoral invadido, ocupado y en actual dominio de Chile :

 

Mapa del litoral

 

En el mapa anterior, se observa el litoral arrebatado a Bolivia; y también está marcada la nueva línea fronteriza Bolivia-Chile donde se ve la región Tarapacá con la parte alta del río Lauca usurpada en 1904 y desviada en 1962 hacia el valle de Azapa, en Arica; desde entonces la denuncia boliviana efectuada ante la Organización de Estados Americanos (OEA) permanece archivada, y parece increíble que ésto ocurra sin que se pueda remediar a favor de las comunidades campesinas originarias Chipayas, constituidas por descendientes de la más antigua tribu de este continente, anterior a los Incas, y que por supuesto usaron las aguas del río Lauca antes de que naciera América y existiera Chile.

 

Estas comunidades campesinas bolivianas actualmente se debaten en la pobreza, abandono y desintegración comunal, y sufren las consecuencias del desequilibrio ecológico, debido a dicho desvío, el que provoca la desaparición de pastos nativos andinos, afloración de costras salinas y aumento de la erosión eólica. La disminución de las aguas del río Lauca ha provocado éxodo rural. Antes el aforo indicaba 2.8 metros cúbicos por segundo en época de estiaje (septiembre), mas hoy (febrero) el caudal en época de lluvia es apenas de 1.3 m3/segundo, lo cual afecta a la ganadería camélida, principal fuente de ingresos de las comunidades campesinas de las provincias Sabaya, Litoral y Sajama del Departamento de Oruro.

 

El Tratado de 1904 es injusto porque ha sido impuesto después de una invasión militar de conquista, ávida de expansiones territoriales, y afecta vitalmente al pueblo boliviano al haberlo enclaustrado geográficamente, atropellando sus derechos obligándolo a vivir sin sus ancestrales puertos de acceso soberano al mar, perjudicando de ese modo su progreso. Chile, con su ejército bien armado ocupando el litoral boliviano, exigió a Bolivia el litoral ó la vida, y Bolivia, indefensa e inerme, sin la energía necesaria para resistir, se resignó y entregó sus cuatro puertos marítimos, y firmó su mutilación vital sintiendo la presión grosera de la bota araucana, y así hemos quedado totalmente clausurados. En los tiempos modernos, mucho se viene alardeando, a los cuatro vientos, sobre la integración latinoamericana, y sin embargo nada se hace por la previa reparación de la injusticia que sufre Bolivia en un enclaustramiento forzoso que le ha impuesto la piratería chilena, condenándonos a una lamentable inferioridad económica y social.

 

Chile ha obtenido nuestra riqueza mediante el despojo y la ley filibustera de que la agresión y la victoria da derechos, y los bolivianos seguimos embaucados con la fraseología de la confianza mutua y esperando la limosna de la “cualidad marítima” que el soberbio agresor tenga a bien concedernos en una negociación por un corredor inservible sin puerto al norte de Arica.

 

El susodicho corredor, que no es otra cosa que un plato de lentejas, a cambio de más usurpación de territorio, es el destino de Bolivia por el que trabajan los gobiernos chilenos, cuando, para asombro de todos los pueblos, en forma abierta se niega la devolución de un puerto para el acceso soberano de Bolivia al mar. Es urgente olvidarse de los abrazos de Charaña, en los cuales solamente reivindicamos el “derecho” de la victoria de la agresión. Caemos en la trampa de renunciar al derecho propio, consintiendo el “derecho” que impone el agresor.

 

No supliquemos favores, ya que Chile tiene deudas pendientes que pagar a Bolivia.

 

Abraham Köenig, mentor del ultimátum de guerra que le fue entregado al canciller de Bolivia, Eliodoro Villazón, emplazó al gobierno liberal de José Manuel Pando a entregarle el mar boliviano mediante un tratado a suscribirse, ó sino enfrentar, en caso de resistencia, la reanudación de la guerra. En respuesta a este ucase, el canciller Villazón por toda aceptación le pedía a Köenig, inconcebiblemente, reservarle en el tratado a firmarse un puerto de salida al mar, al norte de Arica, como única condición de la aceptación boliviana del ultimátum. Explicándole al gobierno boliviano la imposibilidad de atender a Bolivia en su petición de reservarle un puerto en el norte de Chile, Köenig le hizo conocer al canciller Villazón su excusa con esta disculpa: “Al norte de Arica no hay puerto, ni siquiera una caleta mediana; desde Arica hasta Sama la costa es brava y casi inabordable”. “Al norte de Arica la vista se pierde siguiendo las sinuosidades de una costa inhospitalaria”. “....en conclusión, se impone la fuerza, Chile no acepta esa cesión que piden”.

 

 Recordemos lo que ya nos ha explicado el ilustre Dr. Juan Albarracin Millán, con estas palabras : …El expresidente chileno Piñera conocía dicho antecedente, pero tal vez lo olvidó muy a propósito, al declarar recientemente que su opinión es negociar con Bolivia sobre la base de una “salida” al mar por el norte de Chile, sobre la frontera del Perú. Maliciosamente, al adelantar una propuesta de solución al pedido boliviano de obtener la devolución de un puerto al mar, ha incurrido nuevamente en burla contra los justos derechos que tenemos para recuperar soberanía marítima. Ofrecerle a Bolivia una “faja territorial” de 10 kilómetros de ancho, en una región inhóspita, “con falta de seguridad y abrigo”, no constituye un principio serio de entendimiento sino de consumación de una humillación a la dignidad boliviana. Una estrecha franja de territorio situada entre las extensas costas de Chile y Perú, no toca ni por asomo al desenclaustramiento de Bolivia, que es la esencia del arreglo pedido. 

 

Al contrario, la negación a dicho arreglo empeorará la situación precaria de Bolivia, ilimitadamente, hasta llegar a un punto histórico de inanición nacional, porque Chile está trabajando para llegar a ese momento. El error de Bolivia es sentirse desamparada por la comunidad de naciones y la ley internacional, y soñar con llegar a un acuerdo a nivel político con Chile, de Estado a Estado, sabiendo que este país agresor nos está sumiendo con su dominio implacable bajo el despotismo de un régimen colonial, cuando el problema del “tratado” es una cuestión esencialmente jurídica y de dominación. Chile ha invadido el territorio nacional con su ejército y se ha apoderado del mar por la fuerza.

 

El Dr. Albarracin continúa explicando que el “Tratado chileno de dominio”, redactado por Abraham Köenig y Emilio Bello Codecido, en 1904, y revisado y aprobado por Alberto Gutiérrez y Claudio Pinilla, es la imagen exacta de los fines perseguidos por la invasión y la guerra, la imposición de dominio político y la implantación de feroces castigos como el enclaustramiento, que reduce nuestro status a una situación de paria internacional. 

 

El Dr. Albarracin sentencia que Chile no ha de festejar para siempre su victoria actual sobre Bolivia. A la luz de la historia real, el país vecino no ha adquirido ningún derecho definitivo de propiedad del mar con el “tratado”. Conoce la comunidad internacional de naciones que Bolivia nunca le ha transferido a Chile sus legítimos derechos al mar y nunca ha renunciado a su soberanía marítima. En el tratado se reconoce el “dominio absoluto y perpetuo” de Chile sobre el litoral de Bolivia, ocupado por Chile. No se habla de “propiedad” de Chile. Ni siquiera se declara expresamente la palabra “protectorado”. En las diferentes cláusulas, se indica sólo la dominación de Chile sobre Bolivia a través de ingerencia política, empobrecimiento económico sistemático de Bolivia, se menciona una colonización progresiva sobre Bolivia mediante la pérdida de soberanía marítima, tributación a través de un dizqué libre tránsito, enclaustramiento con privación de libre navegación y de libre comercio. En el tratado, al decretar y declarar su “dominio”, Chile se nombra a si mismo propietario del litoral, sin que exista ninguna cláusula de transferencia de derecho de propiedad. Se omite mencionar que Chile ha invadido nuestro litoral. Sus diferentes cláusulas exponen el objetivo chileno de expandirse, despojando a Bolivia.

 

 

Chile, el agresor, empecinado, no quiere entender que con el “Tratado de dominio” no puede en derecho obtener de Bolivia ninguna cesión territorial o transferencia de derechos de propiedad del mar boliviano. Para resolver esta situación anómala creada por Chile, se pretende sustituir el “derecho” por el “dominio” de las armas; pero, existe el Derecho Civil Internacional. Hasta ahora, Bolivia no ha recurrido a dicha justicia internacional, pero debe hacerlo y obligar a Chile a respetar el orden internacional vigente entre los Estados democráticos y un procedimiento civil que norma, legalmente, las relaciones entre los Estados, conforme a derecho, para no fiarse de los “acercamientos” rapaces y de las mentidas “confianzas mutuas” aparentes. A más de un siglo de las patrañas ya conocidas, como son los falsos “diálogos”, se sigue sonsacando los derechos de Bolivia debilitados por el Tratado de Guerra.

 

Después de haberse firmado el “Tratado, dizqué de Paz y Amistad”, Bolivia no ha dejado de ser víctima de más despojos y agresiones, instigados por las triquiñuelas del “tratado” opresor chileno. Han desviado con un túnel, que atraviesa el cerro Chapiquiña, la parte del río Lauca que nos habían dejado, y han lanzado las aguas a través de la quebrada Livilca hasta la parte alta del valle de Azapa; el Ingeniero Antonio Bazoberry dice que el caudal de agua disminuyó tanto que los aymaras de la zona tuvieron que emigrar hacia territorio de Chile. En la década del 70, el gobierno chileno dispuso el traslado de esos campesinos al valle de Azapa, como mano de obra; y si de números se trata, fuentes diplomáticas señalan que el litro de agua por segundo cuesta 1,40 centavos de dólar; y, Chile desvía del Lauca unos 1500 litros por segundo, por lo que, según la lógica de esa fuente diplomática, debe pagar al menos por la mitad, tratándose ahora, luego de la usurpación chilena, de un río internacional.

 

El abogado chileno Ernesto Barros Jarpa, en su libro Derecho Internacional Público, expresa textualmente : “Un Estado tiene la obligación de respetar el curso natural de las aguas de ríos que corren a través de varios países. No le está permitido al Estado del curso superior hacer obras, captaciones o desviaciones que esterilicen los campos o perturben el aprovechamiento de esas aguas en otros países”. Por tanto, no es lícito el aprovechamiento unilateral de aguas de los ríos internacionales, y cualquier desviación de parte o totalidad de su caudal está rigurosamente prohibida. Chile jamás hizo la denuncia de sus obras de desviación del río Lauca, ni acompañó la documentación técnica suficiente, ni designó a los peritos para entender la faz internacional del asunto. Chile ignoró totalmente a Bolivia en toda la fase de proyecto y en la de ejecución del desvío.

 

Chile no se preocupó de los derechos e intereses bolivianos, ni trató de obtener el consentimiento de Bolivia, tal como está prescrito en el Derecho Internacional. Ello significa una agresión a la inviolabilidad e integridad territorial de los bolivianos, tal como lo contempla el artículo sexto del Tratado Interamericano de Asistencia Reciproca, que ambos países han ratificado en 1947.

 

Pero, los reclamos bolivianos han quedado en sólo éso, Chile nunca los escuchó siquiera; nos han vuelto a invadir para canalizar a su antojo el manantial Silala y desviar el agua hacia Chile, y los militares bolivianos se hacen los de la vista gorda; los chilenos usurpan esa agua sin pagar ni un centavo; el Presidente Evo Morales ratificó que defenderá las aguas del Silala ante la Corte Internacional de Justicia, y  expresó su disposición a favor de “acuerdos amplios y equitativos sobre los recursos naturales”. “Nuestro mayor anhelo es que en comunidad avancemos en la celebración de acuerdos amplios y equitativos sobre nuestros recursos naturales, que permitan la explotación de los mismos a favor de la población y de las futuras generaciones. Lo que no se puede tolerar es que un Estado se apropie de un recurso hídrico, que no le corresponde, a favor de intereses empresariales”, dijo Morales en relación al gobierno de Chile que usurpa las aguas del Silala a favor de empresas mineras en el norte de su territorio. “Bolivia tiene pleno derecho sobre el Silala, y asumirá su defensa como corresponde; ello se demostrará en cualquier instancia”, dijo Morales. Otro río, el Caquena se origina en los nevados Payachatas de Chile; antes de ser desviado por Chile al valle de Lluta (en los años 50), servía de límite entre Bolivia y Chile; es decir, era un río internacional de curso contiguo; en territorio boliviano se llama Cosapa o Cosapilla, para unirse a los afluentes del río Mauri; el caudal fue desviado en los años 50 en Chile y el lecho del río quedó sin cauce a lo largo de la frontera con Bolivia;  todos esos recursos hídricos se ubican en los departamentos de Potosí y Oruro. Hoy continúan las asechanzas geopolíticas sobre las materias primas bolivianas inventariadas por Chile en la agenda sin exclusiones del año 2006, como gas, agua, petróleo, minerales, territorio amazónico, etc., como se ve en la agenda de la penetración expansionista chilena sobre las riquezas naturales de la nación boliviana.

 

Últimamente, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, en el marco de su visita a la ciudad de Mendoza, Argentina, para participar de la Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur y Estados Asociados, se refirió a su relación con el gobierno boliviano en medio de la demanda marítima que Evo Morales interpuso contra Chile en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, manifestando que ““nosotros estamos convencidos que no es posible obligar a dialogar para negociar entrega de soberanía””.

 

Esta declaración chilena está en contra de la declaración del Canciller de Chile al Embajador de Bolivia en Santiago, hecha el 20 de Junio de 1950, bajo la presidencia en Chile del Sr. Gabriel González Videla, cuyo texto fue concertado con el Gobierno de Bolivia, y que decía : “El Gobierno de Chile, junto con resguardar la situación de derecho establecida en el Tratado de 1904, está dispuesto a estudiar, en gestiones directas con Bolivia, la posibilidad de entrar formalmente en una negociación directa destinada a buscar la fórmula que pueda hacer posible dar a Bolivia una salida propia y soberana al Océano Pacifico”.

 

Se debe hacer notar que, con la demanda en La Haya, estamos cayendo en lo mismo de siempre, ya que Chile seguramente, en la negociación que vendrá, ofrecerá el callejón banzerista, y pedirá, a cambio, más territorio, exigiendo al mismo tiempo, el cese para siempre de los reclamos por el Litoral. Y, como es costumbre, los ingenuos “negociadores bolivianos” neo melgarejo-banzeristas, accederán en todo.

 

Bolivia debe proceder a buscar aliados en su justa demanda, ya que cualquier negociación con Chile siempre será un fracaso, porque debemos darnos cuenta que el trato bilateral NUNCA ha encontrado ni la más remota intención de reparación por parte de Chile al daño causado con su asalto invasor. Hay que crear una auténtica conciencia internacional sobre el tremendo problema del enclaustramiento, con miras a conseguir el apoyo de poderosas naciones amigas, como Rusia y China, y se debe posicionar el problema en todos los foros mundiales.

 

La actual demanda marítima ante la Haya, se basa en compromisos y ofrecimientos unilaterales de Chile. Pero, habida cuenta de lo debido por el usurpador, tenemos fundamentos de mucha fuerza para plantear una negociación que persiga la reparación de tanto latrocinio. Lo robado no se puede convertir en soberanía intangible. Las apropiaciones chilenas han sido completamente gratuitas, aprovechando la traición de tantos coludidos con la oligarquía chilena.

 

Como ya lo ha sentenciado el ilustre Dr. Juan Albarracin Millán, la “salida” de Bolivia de su actual prisión, al mar, por un inhóspito “callejón” de territorio a trabajarse en el norte chileno, resultaría ser una ventana de salida a un mar ajeno y a una costa inhospitalaria, convirtiendo a Bolivia en tierra interior de Chile. ¿Qué haría Bolivia con una miserable faja de 10 Km. de ancho, sin puerto, en una región bravía, feroz, indómita, salvaje, inservible? Bolivia acabaría sus últimos días de aislamiento en un lugar de confinamiento en la región costera desértica de Chile, país que, por amarga ironía, ha sido dotado por Bolivia de varias carreteras dirigidas hacia los puertos que nos ha usurpado, y de dos ferrocarriles al servicio de los intereses chilenos; infraestructuras para un paraíso del masivo negocio negro moviéndose en gigantescas caravanas hacia los puertos secos del contrabando.

 

Para salir legítimamente al mar, Bolivia tiene que hacerlo por su propio territorio, NO por un callejón inservible abierto en territorio ajeno, que nunca dejaría de ser callejón ajeno. En la perspectiva de obtener de Chile una infortunada “salida”, ésta dejaría a Bolivia automáticamente fuera de la Historia, sin derecho a reclamar el LITORAL, nunca más, como lo suyo.

 

Tenemos que rechazar la política de “confianza mutua” y “mar a como dé lugar”, y debemos exigir la reparación del atropello de 1879, y esto sin claudicaciones ni compensaciones a Chile. No queremos tomaduras de pelo como el ridículo callejón sin puerto al norte de Arica. Nuestro Departamento del Litoral, actualmente ocupado y usurpado de facto, no puede convertirse en soberanía intangible chilena, con los argumentos de que la Corte de La Haya no trata revisiones de tratados y de que Chile no devolverá el litoral porque no puede dividir en dos partes separadas su territorio. Bolivia debe esperar la coyuntura internacional y buscar aliados, así tengan que pasar 100 años más, para poder reivindicar su propio litoral, y no contentarse con un plato de lentejas.

 

Los alcances de un fallo de la Corte, para una obligación a negociar, seguramente no serán bien establecidos, y menos esa negociación será necesariamente favorable a la parte demandante, ya que tanto La Haya como chilenos e incluso muchos ingenuos bolivianos aspiran a dar una supuesta solución al tema con el imaginario y falso puerto en el ridículo callejón acordado en Charaña.

 

Bolivia no renuncia a sus derechos sobre el Departamento del Litoral, y no considera un canje territorial, puesto que esto último constituiría un error de lesa Patria.

 

No existe hoy el derecho de eternidad (intangibilidad) en el derecho público internacional. Tampoco la inmortalidad del despojo, ni los castigos de guerra sin fin, impuestos por un país sobre otro, como sucede actualmente con Chile sobre Bolivia.

 

La entrega, que se hizo a Chile, de nuestros puertos, mediante el tratado de 1904, es substancialmente nula, porque un pueblo no puede pactar el cercenamiento de su integridad vital, lo cual es inadmisible. El tratado de 1904 fue producto de la imposición, respaldada por la fuerza y la conquista; fue suscrito cuando Chile ocupaba militarmente el territorio boliviano. Por tanto, hubo violencia y vicio en el consentimiento. La Convención de Viena de 1969 dice que es nulo todo tratado cuya celebración se haya obtenido por la fuerza, en violación de los principios del derecho internacional incorporados en la Carta de las Naciones Unidas.

 

El embajador de Chile en La Paz , el 13 de Agosto de 1900, nos escupió en la cara su célebre brulote sin parangón en los anales diplomáticos de América, manifestando : << El antiguo litoral boliviano es y será para siempre de Chile, quien lo ha ocupado y se ha apoderado del mismo con el mismo título con que Alemania se anexó las provincias francesas de Alsacia y Lorena, con el mismo título con que los EE.UU. han tomado Puerto Rico. Nuestros “derechos” nacen de la fuerza bruta agresora y victoriosa, la ley suprema de las naciones. El litoral es rico y vale muchos millones; eso ya lo sabíamos; lo guardamos porque vale; que si no valiera no habría interés en su conservación. Chile no debe nada, ni está obligado a nada, mucho menos a devolver un puerto. No podemos esperar más. Terminada la guerra, la nación vencedora impone sus condiciones y exige el pago de los gastos ocasionados. Bolivia ha sido vencida, no tiene con qué pagar y entonces debe entregar su litoral.

 

 

Nada más claro que lo anterior, que históricamente es cierto; es prueba de que la usurpación se consolidó bajo amenazas militares chilenas para obtener la suscripción del tratado.

 

Periódico paceño de 1879

 

Actualmente los dichos amenazantes prosiguen, como las declaraciones del canciller Heraldo Muñoz quien señaló que su país no cederá ante ninguna de las demandas que ha entablado o haga Bolivia, y menos devolverá territorio. El canciller aseguró que “la demanda boliviana, al buscar que Chile sea obligado a devolverle un puerto soberano, lo que realmente persigue es modificar los límites pactados en el Tratado de 1904, lo cual rechazamos”. Así respondió a las declaraciones de Evo Morales que anunció una nueva demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, por el manantial Silala usurpado por Chile. 

 

La política de la Corte de La Haya es simplemente contemporizadora y ambigua al intentar dar soluciones a los problemas internacionales. Lo que debería exigir el gobierno boliviano es que se obligue a Chile, bajo el arbitrio de las NN.UU., que solucionen el enclaustramiento de Bolivia revisando el ominoso tratado de 1904, que nos fue impuesto militarmente por el ejército invasor chileno.

 

La Sociedad de Geografía, Historia y Estudios Geopolíticos de Cochabamba ha declarado que En el presente siglo hay una nueva concepción de la justicia, el derecho y la moral, frente a un pretendido derecho de “intangibilidad de los Tratados”, que no es válido frente a la justicia y a la conciencia internacional, asi como frente a los valores universales, imponiéndose los derechos humanos de los pueblos, su dignidad y la hermandad entre las naciones. Se debe dejar en claro que el tratado de 1904 atenta a la dignidad y legítima propiedad de los bolivianos y al valor supremo de la justicia. Ese Tratado no puede privar a un pueblo de su derecho de retornar al mar.

 

Es urgente planificar una auténtica política de Estado para la recuperación de nuestros puertos, evitando las incoherencias como las siguientes :

 

El ex-canciller Fellman Velarde declaró, en 1967, que “Bolivia no puede recurrir a la ONU ni a la OEA en su reclamo portuario, porque estos organismos han sido creados para preservar el dominio territorial actual de los Estados miembros”, dijo Fellman.

 

El Dr. Jorge Siles Salinas, miembro de la Academia Boliviana de la Historia, postula que el tratado de 1904 pertenece al pasado y que en 1975 Bánzer y Pinochet fijaron la “única” solución, cual es el inservible callejón al norte de Arica.

 

El ex-presidente Carlos Mesa Gisbert, en la sesión en el auditorio del Banco Central el 23 de Marzo 2004, ha expresado que la propuesta del callejón, inservible, de Bánzer-Pinochet fue creativa, realista y seria. Posteriormente, en La Haya, en entrevista con CNNChile, manifestó que 'Lo que Bolivia pide es algo razonable, no estamos pidiendo cosas desmesuradas'. Es decir, para él, tal como era para Bánzer, un trueque de más territorio para Chile a cambio de NADA, porque el callejón no sirve para nada, además de perder para siempre la opción de reclamar el litoral cautivo, es algo razonable.

 

La “diplomacia de los pueblos” de nuestro Presidente Evo Morales el año 2006, no tiene sentido, ya que en el referéndum del año 2004 el pueblo dijo que si Chile quiere comprarnos gas, primero debe devolvernos un puerto soberano. El presidente Evo Morales, en la minicumbre de cuatro mandatarios del 4 de Mayo 2006 ofreció gas barato a todo Sudamérica, sin mencionar para nada la indicada resolución del pueblo boliviano. El Presidente de Bolivia se dejó avasallar por Hugo Chávez, Presidente de Venezuela, quien aseguró a periodistas chilenos diciéndoles “ustedes tienen asegurado su gas por cien años”, refiriéndose al gas ofrecido por Evo Morales, y se olvidó de apoyar a Bolivia en su reclamo marítimo.

 

Alberto Mayol, precandidato presidencial del Frente Amplio (FA) para las elecciones en Chile, planteó dejar atrás el pasado y garantizar acceso al mar con soberanía para Bolivia, por el corredor (neomelgarejista) de Hugo Bánzer y Pinochet. “Nuestra propuesta es simple: Bolivia está aislada del mar, es un problema para Bolivia, olvidémonos del pasado (…) Chile también está aislado del centro del continente, del país más grande del continente que es Brasil”, aseguró Mayol. “Nosotros decimos kilometro por kilómetro, salen al mar, obtienen mar, obtienen pesca, van a tener su puerto (los bolivianos sabemos que en ese lugar ni Dios puede hacer un puerto, además de que Cochabamba y Perú nos salvaron de esa trampa chilena); nosotros (dice Mayol) entramos al continente, construimos infraestructura de un corredor atravesando Bolivia y llegamos a Paraguay, llegamos a Brasil, tenemos oportunidades de desarrollo enormes hacia el centro del continente”, puntualizó. Además, dijo que dicho corredor que Bolivia les regalaría, tendrá que ser soberano para Chile !!

 

Como ya lo ha puntualizado Rolando Prudencio Briancon, esta propuesta de canje territorial “kilómetro cuadrado por kilómetro cuadrado” sale de las mismas élites gobernantes chilenas -Alberto Mayol no es más que su vocero- que antes de devolver un puerto quieren hacerse territorio, dentro de su famosa doctrina de “El espacio vital”, en la que consideran que los chilenos tienen el derecho moral de invadir territorios ajenos llenos de recursos, gracias a los cuales se espera atender al crecimiento y desarrollo de su población.

 

Por su parte el incauto Evo Morales indicó que "jóvenes chilenos frente a la vieja política pinochetista apuestan por integración y beneficio multilateral para la Patria Grande". "Saludamos en Chile una nueva generación con una nueva visión, que asume responsabilidad para resolver salida al mar con soberanía", agregó. El ingenuo Presidente Evo no se da cuenta que la política pinochetista es la misma que está asumiendo Mayol, esta vez con disfraz democrático.

 

En Chile se llenan la boca con improperios como el siguiente : “Podrán llorar, clamar, rogar, y no por éso Bolivia tendrá mar soberano; éso es CASO CERRADO. Bolivia debe saber ésto: ni Perú, ni mucho menos Chile, están dispuestos a tener otro comensal en el Pacífico; nada, ninguno de los dos le dará a Bolivia la posibilidad de discutirles ganancias económicas en el Pacífico, por ningún motivo; y el iluso Morales, inflando sus pulmones exige soberanía sin canje territorial; ésa es francamente una estupidéz, y en Chile le decimos,...... con canje o sin canje, Bolivia no volverá a salir al Pacífico”.

 

En cambio, la Asociación de Estudiantes Latinoamericanos en Derecho Internacional, con sede en Francia, ha dado su opinión, y es la siguiente : Association des Etudiants et Anciens Etudiants Latinoaméricains en Droit International, ELADI, París, Francia « Es difícil de entender por qué Bolivia no llevó aún, frente a tribunales internacionales, un caso de tanta importancia como el ilegítimo tratado de 1904. Hacer del enclaustramiento boliviano un litigio internacional es ventajoso para Bolivia y parece evidente que el Estado chileno, país de gran tradición jurídica y diplomática, hizo constantemente todo lo posible para evitar esta solución, prefiriendo la opción bilateral en la cual Bolivia es manipulable e indefensa ».

 

El paro de funcionarios chilenos en los puertos de Arica y Antofagasta, genera cuantiosas pérdidas económicas a los transportistas bolivianos de carga internacional, así como a los exportadores, ya que no llegan a cumplir los compromisos que tienen para la entrega de sus productos. Bolivia demandó que Chile aplique el más amplio y libre derecho al tránsito comercial, contemplado en el artículo VI del Tratado de Paz y Amistad de 1904, por el cual “La República de Chile reconoce en favor de la República de Bolivia y a perpetuidad, el más amplio y libre derecho de tránsito comercial por su territorio y puertos del Pacífico”. La privatización de los puertos de Arica y Antofagasta fue el inicio de los problemas portuarios que enfrentó el país a partir de esa decisión asumida por Chile en la década pasada (2005), agravando su condición de nación mediterránea, tras la invasión del vecino país al Litoral boliviano en 1879. Unos 500 camiones bolivianos periódicamente están varados en las proximidades de los puertos chilenos, debido a los paros de funcionarios aduaneros y de las terminales portuarias. Dentro de las responsabilidades que Chile asumió en el Tratado de 1904 está la de garantizar el más amplio y libre tránsito (para Bolivia) por todos los puertos de Chile, ésa es su responsabilidad, y es estatal; Chile eludió su responsabilidad al transferir a manos privadas los puertos del Pacífico. En opinión del economista Daniel Agramont, “si bien Arica es el puerto natural de Bolivia, la privatización, contra la que tanto reclama Bolivia, es contraria al régimen de libre tránsito que establece el Tratado de 1904”. Agramont señaló que Chile entregó por 30 años la administración de los puertos a un administrador monopólico y le obliga a invertir en los servicios, pero lo que ha resultado es que los recursos ejecutados son marginales o insuficientes para el volumen de la carga boliviana. Agramont dijo que, a la par de las mejoras que debe exigir el gobierno boliviano, es necesario buscar otras alternativas de acceso al océano Pacífico en el sur del Perú, como ser el puerto de Ilo. Dijo además que el Tratado de 1904 puede ser denunciado tranquilamente en la Corte Internacional de Justicia de La Haya o en la Aladi (Asociación Latinoamericana de Integración), porque hay un Tratado que nos da el libre tránsito, y nos da la posibilidad de instalar aduanas, a lo que Chile se opone. El alza de tarifas portuarias en Arica y Antofagasta aplicada por Chile, vulnera el Tratado de Paz de 1904, afirmó el presidente Evo Morales y enfatizó también que el país vecino cobra impuestos, rechaza cargas bolivianas y determina su traslado a recintos “extraportuarios”, haciendo todo como le da la gana y perjudicando a Bolivia. El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Omar Aguilar, aseguró que el incremento de las tarifas portuarias que definió Chile incumple el Tratado de 1904 de Libre Tránsito, firmado entre Bolivia y ese país. Chile, al incrementar las tarifas de tránsito de carga de minerales en Antofagasta, incurre en nuevos atropellos al incumplir sus compromisos en el marco del Tratado de Paz de 1904, que selló la relación boliviano-chilena tras la invasión del Pacífico de 1879 que dejó a Bolivia sin puerto soberano al mar. El viceministro de Transportes de Bolivia, Galo Bonifaz, explicó a periodistas que durante la décimo octava reunión de la Aladi celebrada del 28 al 30 de junio 2017 en Uruguay, los bolivianos hablaron sobre los recurrentes paros aduaneros en la nación trasandina y su impacto negativo en la economía nacional. El cierre de fronteras a la carga internacional boliviana para evitar que llegue a ultramar es perjudicial al país. Con datos de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi), el canciller Fernando Huanacuni aseguró que por un día de paro aduanero en Chile, un camión boliviano pierde 2.500 dólares y siendo que pasan 450 camiones con carga, el daño alcanza a 1.125.000 dólares por día .

 

Por todo lo que antecede, la demanda en La Haya, aunque resulte en un fallo favorable a Bolivia, será intrascendente si no va acompañada de condiciones que anulen la condición de dependencia económica y vasallaje comercial ante el vecino chileno. Y no se llega a comprender por qué los gobiernos, desde la pérdida del litoral, no han facilitado la única salida natural que le queda a Bolivia: el Océano Atlántico por la vía del río Paraguay, en Puerto Busch". Será muy bueno aprovechar también la oferta gratuita del Perú para utilizar el puerto de ILO, y dejar de depender de las actuales desfavorables condiciones de Arica.

 

Con la firma de ocho acuerdos y la Declaración de Lima concluyó el viernes 1 de Septiembre 2017, el III Gabinete Binacional Bolivia-Perú que se realizó en la capital del vecino país. La declaración, que consta de 28 puntos,  resalta  el compromiso de "promover la utilización y el desarrollo del Puerto de Ilo, a través de alianzas estratégicas, a objeto de impulsar las importaciones y exportaciones de carga desde y hacia Bolivia".  Se subrayó que la República del Perú “mantiene su más amplio espíritu de solidaridad y comprensión en relación a la situación de mediterraneidad que afecta a Bolivia”.

 

Hay otros países hermanos solidarios con Bolivia; el canciller de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, dijo que su país tiene listos los puertos Nueva Palmira y Montevideo para que Bolivia exporte su carga ultramarina por el océano Atlántico.

 

La diplomacia boliviana ha dejado pasar más de un siglo, desde la firma en 1904 del tratado de dominio absoluto y perpetuo, llamado mentirosamente de “paz y amistad”, y aún no ha demandado la ilegitimidad de ese tratado impuesto por las armas, y sigue dejando que el dominio chileno continúe vigente, con un “castigo de guerra” impuesto dolosamente a perpetuidad.

 

Transcribimos, a continuación, el comentario del ilustre Dr. Gastón Cornejo Bascopé, directivo de las Sociedades de Geografía e Historia de Cochabamba y Sucre : { El Ing. Jorge Zambrana tiene toda la razón. Es muy denso y es inobjetable toda la argumentación expuesta. Creo que su tesis es la que debemos asumir ante la situación internacional y la realidad que ahora conocemos; debemos socializar esta nota. Yo quiero al pueblo chileno pero su oligarquía es despreciable, aborrecible, y creo que es un deber terminar con las contemplaciones ante la problemática del enclaustramiento sin posibilidad de alternativa. Todo diálogo impone la revisión de la historia in extenso y en detalle, asumiendo nuestras flaquezas como las sucedidas por Melgarejo, Muñoz y los logieros Camacho, Baptista, Campero, Bánzer y tantos otros que, por ignaros, desconocen la historia cruel de la imposición chilena. }

 

Para llevar la demanda marítima ante tribunales internacionales, Bolivia debe apoyarse en la invalidez del Tratado de 1904, dado que fue firmado bajo presión militar y como culminación de una guerra de rapiña instigada por el imperialismo británico de la época. Considerando que Antofagasta, Mejillones, Cobija y Tocopilla son puertos marítimos indispensables para el progreso de Bolivia, nuestro reclamo no hace más que proclamar el derecho inalienable a la vida. Los pueblos no pueden contemplar impasibles la asfixia de uno de sus hermanos en un enclaustramiento desesperante. Chile tiene la obligación moral, política y ética de restituir a Bolivia su acceso propio y soberano al mar, terminando con el indignante tutelaje que ha imperado hasta hoy. Es demasiado el tiempo transcurrido desde que una guerra que inició Chile en el año 1879 cercenó los territorios peruano y boliviano, dejando al país charquino en una situación de absoluto menoscabo de cara al desarrollo y a la posibilidad de contar con los elementos que hubiesen podido hacer de su comercio un puntal firme para sostener su desarrollo, tal como lo son el desenvolvimiento portuario y naviero que le hubiera permitido acceder a ultramar.

 

Bolivia, llevada a firmar un tratado leonino impuesto por Chile, potencia invasora, abusiva y victoriosa en la agresión del Pacífico, no tuvo más remedio que someterse al articulado de dicho documento, ya que carecía de todo elemento de coerción que le hubiese permitido negociar en condiciones más propicias. Restituir a Bolivia por lo menos un puerto útil que le permita el acceso al mar, no será resultado de una graciosa dádiva, sino un hecho de justicia. Lo que es legal no es necesariamente legítimo. Y si bien, en la legalidad de la letra y la firma del tratado de 1904 que se le impuso a Bolivia, se dice que Chile accede al dominio del Departamento del Litoral, no es legítimo que esa letra sea en la práctica una condena al enclaustramiento perpetuo de un Estado que, como el boliviano, merece por derecho propio contar con su vital litoral que coadyuve a su proceso de crecimiento y desarrollo. Bolivia vive desde hace 138 años enclaustrada en pleno corazón de Sudamérica.

 

El blog http://www.cochabamba-historica.com/ publica que el periodista chileno Miguel de Pujadas Guzmán sostiene, en su comentario Historia y Doctrina: la Guerra del Pacífico, publicado en el periódico chileno El Ciudadano, que <<el rescate de la memoria permite descubrir, tras las guirnaldas nacionalistas que decoran toda guerra, un rostro más verdadero de las mismas. Mientras la asepsia de la narración criolla nos habla de la guerra “del Pacífico”, en Bolivia y Perú aquel conflicto bélico es recordado con un apellido distinto: “del salitre”, nombrando la riqueza que desató los apetitos chileno-británicos y las acciones militares, apoyadas por capitales ingleses, destinadas a adueñarse del entonces llamado “oro blanco”. Mediante una mirada panorámica que desde los hechos de nuestro pasado nos permita comprender las razones de nuestro presente, cabe preguntarse: ¿En qué medida la defensa de capitales privados, llevada a cabo por el Estado con el uso de la fuerza armada inclusive, ha respondido a una lógica histórica determinada por relaciones de poder que hoy son rechazadas y condenadas, ética y judicialmente, en tanto práctica impropia y su naturaleza delictiva?. A la luz del actual escenario en el que la ciudadanía ha logrado ir adquiriendo la lucidez necesaria para comenzar a comprender de qué forma, y con qué efectos, se relacionan de manera incompatible el resguardo de intereses privados con la función del servicio público, la lectura en perspectiva de los hechos adquiere un carácter revelador para entender cómo, desde la ampliación de la mirada, hemos sido determinados como sociedad desde nuestra construcción como país. Algunos investigadores han hecho al respecto un aporte importante, al acreditar documentadamente episodios que, debido a su carácter, pasan a ser datos relevantes de la causa : la situación de morosidad mantenida por el presidente chileno de la época, Aníbal Pinto, con el banco cuyos dueños eran los mismos de la compañía salitrera afectada por el alza tributaria impuesta por el gobierno boliviano a la concesión que permitía explotar el mineral en su territorio; el lobby llevado a cabo por los prestamistas y empresarios mineros en sucesivas visitas a La Moneda, a fin de demandar la intervención militar del Estado chileno en la defensa de estos intereses; el envío de un acorazado a las entonces costas bolivianas de Antofagasta, como medida de presión al gobierno de ese país tendientes a hacerlo reconsiderar las acciones emprendidas contra los capitales chilenos, y que detonó finalmente la declaración chilena de guerra; la condonación de la deuda al mandatario luego del apoyo prestado por el Estado chileno para la defensa de la causa patrimonial de la empresa privada, en retribución a su gestión. Todos éstos son elementos que sin duda configuran una secuencia abiertamente cuestionable, y en la que queda planteado un evidente conflicto ético, de proporciones que hoy resultarían escandalosas>>.

 

El objetivo político de Chile ha sido siempre el de mantenernos en estado de impotencia, porque tienen miedo de que nos fortalezcamos, lo cual va a suceder de todos modos, y que les llamemos a rendir cuentas de todos sus actos de usurpación territorial. A ello se debe, en la actualidad, el enorme armamentismo chileno, mediante compra de ingentes cantidades de las más modernas y poderosas máquinas terrestres, aéreas y marítimas, de guerra.

 

Ningún boliviano va a aceptar un trueque de nuestro Departamento del Litoral por un callejón al norte de Arica, sin puerto propio ni soberano. Tal dádiva merecería el repudio internacional. El país vecino trata de engatusarnos con vueltas y engaños cada vez que se busca reparar la injusticia. Con falsas promesas, cuentos y fábulas, ofrecen corredores y enclaves inservibles y sin soberanía marítima. Con el Tratado de 1904 Chile ha usurpado los territorios arrebatados, a sabiendas, por el derecho internacional, de que ningún Estado puede imponer a otro la renuncia a perpetuidad de su territorio e independencia.

 

A Bolivia le corresponde recurrir ante los Tribunales Internacionales en demanda de amparo de derecho contra el despojo en que vive, para eliminar el dominio chileno sobre el litoral invadido, ocupado y usurpado de facto. Chile, culpable de nuestra clausura geográfica, tiene la llave del grillete de la prisión que detiene nuestro progreso. Basta de diálogos sin resultados, eufemismos y de frases almibaradas de la cortesía protocolar. Que América y el mundo sepan que Bolivia ya no está dispuesta a seguir soportando en silencio esta situación humillante. No podemos continuar siendo, como Nación, un ave sin alas. El problema pendiente del enclaustramiento de Bolivia seguirá comprometiendo la paz en Sudamérica, mientras no sea resuelto en función de los antecedentes históricos.

 

Ante el poderío militar impuesto por Chile para impedirle a Bolivia su acceso al mar, hay países amigos que nos apoyan. El 5 de Marzo de 2017 los países del ALBA entregaron apoyo a Bolivia por su derecho a recuperar sus puertos marítimos soberanos, y llamaron a los gobernantes y pueblos de Chile y Bolivia para que, de forma pacífica y a través del diálogo y negociación, encuentren una solución satisfactoria a este problema. Dichos países son: Venezuela, Cuba, Nicaragua, Dominica, Ecuador, San Vicente y las Granadinas y Antigua y Barbuda.

 

1 de Septiembre de 2017

 

Jorge Edgar Zambrana Jiménez

Ingeniero Civil y analista de historia

 

 

https://www.alainet.org/es/articulo/187856?language=es
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