A partir del 1 de septiembre, cuando culmine el primer congreso sin armas de las FARC, comenzará un nuevo proyecto para esta organización que ha proclamado su fidelidad a su ideario político en el marco de una gran convergencia con otros sectores políticos que enfrentarán al establecimiento en las elecciones de 2018. Muchos son, empero, los escollos que habrá de sortear el nuevo partido político antes de encontrar la fórmula que le permita asumir el papel que desea desempeñar en la construcción de la nueva Colombia que anhela.

En la nueva aventura que emprenden, las FARC parten con el capital que negociaron en los acuerdos de La Habana: diez escaños en el Congreso (cinco en el Senado y cinco en la Cámara de Representantes), así como una fuerte asignación de fondos para los próximos dos comicios que servirá tanto para el funcionamiento del nuevo partido como para la promoción de su ideario y propuestas a través de su Centro de Pensamiento. Terminado el periodo de transición, el nuevo partido jugará con las mismas reglas que rigen a todos los partidos en Colombia.

Desde luego, la transformación de las FARC en un partido político es saludable para la democracia lo que debiera ser aplaudido, pero nada indica que el tránsito que emprende la que fuera una poderosa guerrilla esté libre de obstáculos.

Obviamente, una vez culmine el acto fundacional del nuevo partido se conocerán su nombre, su estructura y sus definiciones programáticas, pero este primer paso apenas marcará el inicio de una tarea que se anuncia difícil.

Uno de los primeros desafíos es desaprender para aprender. Pasar de las técnicas de movilización social que las FARC desarrollaron durante décadas a desenvolverse adecuadamente en la participación electoral. Como lo dijo Timochenko en su discurso inaugural del nuevo partido, “Tenemos que tomar conciencia real de la amplitud con que debemos dirigirnos a la nación, sin dogmas ni sectarismos, ajenos a toda ostentación ideológica, con propuestas claras y sencillas”. Este reto es ineludible por cuanto para la organización es imperativo buscar alianzas y caminos para construir un escenario propicio para la implementación de los acuerdos con el Gobierno y su desarrollo normativo.

Allanado este obstáculo, sería posible comenzar a trabajar por el gobierno de transición que tiene en mente Iván Márquez, pero la realización del mismo supone tumbar la barrera que separa una sociedad que mira con recelo a los ex guerrilleros, así como el surgimiento de líderes capaces de desenvolverse en la jungla política del país, dado que, tal como fue expresado en el congreso, el partido aspira llegar al corazón de la población y consolidarse como “el nuevo poder urbano”. Desde luego, las FARC han estado manejando elecciones locales durante muchos años en regiones donde han ejercido el poder de facto, pero las circunstancias una vez terminado el conflicto armado son distintas.

El objetivo a corto plazo de la nueva formación política es sumar simpatizantes en el seno de una sociedad en la que históricamente sus integrantes han tenido un alto grado de impopularidad. Para que ello sea posible sus propuestas deben ser audaces, claras y bien argumentadas. Sin embargo, el efecto de dichas propuestas está supeditado a otro orden de factores.

En efecto, aunque el partido puede arrancar sus andaduras sin demoras, quedan asuntos pendientes que pueden entorpecer su marcha. En primer lugar, amplios sectores de la sociedad esperan que el daño causado a las víctimas sea reparado con acciones que vayan más allá de pedir perdón. En segundo lugar, la implementación de los acuerdos de paz marcha a paso lento y está lejos de otorgar garantías suficientes a los excombatientes. De hecho, la Corte Constitucional no ha terminado de evaluar asuntos trascendentales para la implementación de los acuerdos de paz como la Jurisdicción Especial para la Paz, la Ley de Amnistía y la participación en política.

Finalmente, y no menos vital para la reinserción plena de los excombatientes y su paso a la política, el tema de la seguridad de los mismos sigue en entredicho. Según documento publicado por el Sistema Integral de Seguridad, en los primeros seis meses de 2017 han sido asesinados 24 excombatientes de las FARC o familiares de exguerrilleros que se suman a 52 líderes sociales.  El informe recuerda que si bien existe ya un Estatuto de la Oposición, todavía no se ha radicado el proyecto sobre garantías para la participación ciudadana con el que se reglamentarían las protestas sociales. Concluye el informe afirmando que “No es buen mensaje prolongar la realización de derechos de las comunidades más afectadas por el conflicto y, mucho menos, negar las garantías que se necesitan para que las FARC hagan política”.

 Rubén Sánchez David

Profesor Universidad del Rosario