El pueblo de Guatemala vuelve a tomar las calles, esta vez para repudiar la decisión del mandatario Jimmy Morales de declarar “non grato” al comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala -CICIG-*.

La decisión tomada por el Sr. Morales es repudiada por la población guatemalteca quienes desde el sábado 26 de agosto se han hecho sentir en las calles mostrando su apoyo al señor Iván Velásquez comisionado de la CICIG y la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público -MP-.

Para las y los guatemaltecos queda claro que la decisión del Sr. Morales es por intereses personales, ya que el pasado viernes 25 de agosto el MP y la CICIG presentaron una solicitud de antejuicio contra Jimmy Morales Cabrera, Presidente de la República, por supuesto financiamiento electoral ilícito de Q.6.7 millones de quetzales. (925 mil dólares aproximadamente).

La cantidad de financiamiento señalada no fue reportada ante el Tribunal Supremo Electoral -TSE-, por el partido Frente de Convergencia Nacional -FCN- durante la campaña de 2015, tiempo en el cual el Sr. Morales fue candidato presidencial y secretario general de dicha agrupación política.

La decisión unilateral del mandatario Morales busca obstruir la justicia y provocar más impunidad, señaló la Comisión Internacional de Juristas. En la actualidad José Manuel Morales y Samuel Morales, hijo y hermano respectivamente del mandatario guatemalteco, enfrentan la justicia ya que son señalados de fraude en forma continuada.

Ante el involucramiento en el financiamiento ilícito, “por su incapacidad para gobernar, por sus acciones para obstruir la justicia, por favorecer sus intereses personales y de los grupos mafiosos, los integrantes del organismo ejecutivo, presidente y vicepresidente, deben renunciar”, señalaron  integrantes de la Asamblea Social y Popular -ASP- que aglutina a más de 100 organizaciones de Autoridades Ancestrales, mujeres, campesinas, indígenas, de la juventud, con representación a nivel nacional.

En la actualidad, las movilizaciones continúan en la capital y los departamentos así como frente a las instalaciones de la CICIG, Corte de Constitucionalidad y Palacio Nacional de la Cultura.

Movimientos sociales llaman a los pueblos y sus autoridades, comunidades en resistencia, organizaciones, sectores y personalidades convencidos en luchar contra la corrupción y la impunidad, a estar atentos y a articular esfuerzos para seguir movilizándose y así defender los avances en la lucha contra la corrupción.

Asimismo solicitaron a la comunidad internacional a estar atenta a los acontecimientos y continuar apoyando la lucha contra la impunidad.

Del lado del Sr. Morales, brindándole respaldo a su decisión o exigiendo el retiro del Comisionado de la CICIG, se han colocado el narcotraficante y asesino Marvin Montiel Marín, alias “el Taquero”, el  expresidente Otto Pérez Molina que guarda prisión y está siendo procesado por varios delitos; la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala -AVEMILGUA-, conformada por exmilitares contrainsurgentes señalados de violaciones a los derechos humanos, de la cual varios de sus integrantes son fundadores del partido de gobierno; la bancada oficial que agrupa a varios políticos señalados de ilegalidades; varios alcaldes señalados de corrupción, los canales de televisión abierta y su red de radios, propiedad del empresario mexicano Ángel Gonzáles que tiene el monopolio de la TV abierta, que ha sido señalado de financiar ilícitamente a los partidos políticos y lo más rancio de la extrema derecha de Guatemala. Con un activismo mediático tratan de influir en la opinión pública para concitar respaldo para el mandatario guatemalteco.

* La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala –CICIG- fue creada el 12 de diciembre de 2006,  por medio del acuerdo firmado entre las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala, tras la opinión consultiva favorable de la Corte de Constitucionalidad en mayo de 2007. Posteriormente fue aprobado por el Congreso de la República de Guatemala el 1 de agosto de 2007.

La CICIG fue establecida como un órgano independiente de carácter internacional, cuya finalidad es apoyar al Ministerio Público, la Policía Nacional Civil y a otras instituciones del Estado.