Con gran despliegue logístico y mediático la XII Cumbre de la Alianza del Pacífico culminó el día 30 de junio en Cali (Colombia). Los resultados de la reunión reflejan un avance en la estrategia de integración internacional antagónica con Unasur y con los países soberanos de la región, orientada (pero no limitada) en los papeles a priorizar el comercio de bienes y servicios, y unificada en la práctica en la disputa de la ofensiva neoconservadora en toda la región.

En esta ocasión, Colombia asumió la Presidencia Pro-témpore hasta 2018, periodo en el cual se sumarán, a los 4 países del bloque y los 52 países observadores, los “países asociados”: Canadá, Nueva Zelanda, Australia y Singapur. A nivel regional, la voluntad de anexión fue expresada por el canciller uruguayo, Rodolfo Nin Novoa, en el marco de la reunión del Consejo de Ministros, a pesar del papel protagónico que el país tiene en el Mercosur, un anuncio que tomó por sorpresa a varios parlamentarios frenteamplistas[1].

La Alianza del Pacífico se ha mostrado como un proyecto neoliberal de integración económica, que no cuenta con intereses políticos, ajustándose al discurso tecnocrático que critica duramente el proyecto de integración política de la Unasur y la Celac, un relato que tiene patas cortas, debido al bajo nivel de comercio que existe entre sus países asociados. Este es el factor principal que permite afirmar que no son un proyecto de unidad económica, sino más bien política. Según el Banco Interamericano de Desarrollo-BID las exportaciones entre estos países son de tan sólo el 3,5% (proyecciones para el 2015)[2], mientras que la suma de sus exportaciones hacia los Estados Unidos son del 64%, y están enmarcadas en los Tratados de Libre Comercio que pactaron por separado. Para el 2016, las proyecciones de comercio entre los países de la AP realizadas por el BID no cambiaron, por lo cual centraron sus esfuerzos en impulsar estudios para determinar las barreras comerciales entre los países, concluyendo graves problemas de transporte y logísticos[3].

Une a los gobiernos de la AP, su visión dependiente y de primarización de las economías, la extracción minera y petrolera, porque son los principales “motores” de las cuatro economías de la AP, el 62% en promedio de las exportaciones de Chile, Perú y Colombia son de productos relacionados con la minería, según el mismo estudio del BID, cuyo presidente Luis Alberto Moreno parece estar impulsando con todo esfuerzo que se consolide esta alianza de países, interés que no se advierte en otros proyectos de integración como la Unasur o la Celac.

La Cumbre también fue el lugar para que más de 500 empresarios de toda la región y 400 integrantes de las delegaciones de los países asistentes tuvieran espacios de intercambio y acercamiento. Además, fue visible al acompañamiento de organizaciones internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), una presencia estratégica tras la realización de un préstamo de 450 millones de dólares para apoyar reformas en el sistema financiero colombiano[4], la cual augura nuevas formas de ajuste fiscal en el país. Sin embargo, las posibilidades de creación de mercados comunes entre estos países están limitadas por las condiciones de liberalización que sostienen con los Estados Unidos, la Unión Europea y otros países productores de mercancías con valor agregado, pues difícilmente podrán estos empresarios generar un intercambio de bienes que no sean productos financieros o mineros.

En términos de resultados, la cumbre se salda con acuerdos variados que van a tener impacto fundamentalmente en las dinámicas económicas de los países miembros. Uno de los más relevantes y el que mayores impactos puede tener en la población es la firma de la “convención multilateral” por parte de los ministros de Hacienda: Mauricio Cárdenas, por Colombia; José Antonio Meade, por México; los viceministros Claudia Cooper, de Perú y Alejandro Micco de Chile, que facilitaría la profundización de la liberalización de los fondos de pensiones, y que fue anunciada como un acuerdo orientado a “evitar la doble tributación”, “movilizar mayores flujos de inversión hacia los países de la Alianza a través de los fondos de pensiones” y “eliminar las barreras para que los fondos de pensiones inviertan en cualquiera de los países del bloque”.

Una decisión que encubre la incapacidad, ya mencionada, de estos países para orientar su Alianza hacia la producción e intercambio de bienes con valor agregado. Se centrarán en acuerdos de índole financiera, como los fondos de pensiones, que no beneficiarán a segmentos poblacionales con proyecciones reales de jubilación pero que pretenden someter a los migrantes que circulan entre estos países a sumar sus recursos a las Administradoras de Fondos de Pensiones-AFP, que con fondos de capitalización piramidal, han llevado al abismo los sistemas pensionales y constituyen una estafa para los trabajadores[5]. Estos países están atrapados por los TLC y por su dogma neoliberal, que les impide actuar y realizar sus potencialidades en un proyecto económico integrador y de beneficios internos para sus poblaciones.

A pesar de que es pronto para definir las repercusiones de la Cumbre, la escasa participación social en el marco decisivo y la priorización de los intereses empresariales en la Cumbre identifican a los actores financieros (compañías de seguros, fondos de pensiones, bancos, grupos empresariales, etc.) como los grandes beneficiarios de este acuerdo relativo a las pensiones, dado el enorme interés que suscitan estos ahorros colectivos.

La XII edición de la Cumbre se cierra con una enorme expectación especialmente por la creciente consolidación del bloque político/comercial que refleja también la enorme ausencia que está dejando la UNASUR en la región[6], huérfana de estrategias integradoras en las que la participación ciudadana sea protagónica, más allá de las dinámicas de apertura comercial que se articulan a través de la AP.

Fuente:  http://www.celag.org/la-cumbre-politica-de-la-alianza-del-pacifico/