Fuentes de historiadores y cronistas, explican que las posesiones de las tierras, bajo el imperio mexica, estaba establecido por cinco clases o subdivisiones: 1) Teotlalli, tierras de los templos o de los dioses; 2) Tecpantlalli, tierras de las comunidades; 3) Tlatocatlalli o Tlatocamilli, tierras de los tlatoques, es decir de los gobernantes; 4) Pillalli y Tecuhtlalli, tierra de los nobles (pipiltin y tetecuhtin y 5) Calpullalli, tierra de los calputin, que en si, eran de los barrios o centros culturales.

Estas formas fueron modificadas conforme se fue dando la colonización, pasando el control total de la tierra al conquistador, estableciendo nuevas formas para la repartición de ésta, tanto para la población indígena y española. La distribución de la tierra, para los pueblos originarios eran parcelas bajo unidades lineales básicas: la vara y la braza. La vara tuvo su antecedente en Castilla, Burgos, de Toledo y de las medidas de textiles (paños y sedas); equivalente a .84 metros ó 33 pulgadas. La braza era menos precisa y, su equivalencia era de dos varas 1.68 metros.

Cada comunidad o calpulli, contaba con un templo religioso, y por ello mantenían y trabajaban en comunidad las tierras (teotlallis) y, la producción era exclusiva para los señores del templo. Las primeras iglesias de los colonizadores se construyeron sobre los tempos mexicas destruidos, y estas iglesias se mantenían por tributos, donaciones y mano de obra. Al principio parecía no interesarles las tierras del templo, ya que estas ya habían sido tomadas por los españoles; más adelante, la iglesia española, es decir el alto clero, adquirió las tierras por medios distintos al teotlalli.

Los españoles y los clérigos, permitieron que otras tierras, fuesen trabajadas en común, con el fin de adquirir excesivos tributos; así en la práctica, los españoles y la Iglesia pasaron a ser los dueños, despojando el fruto del trabajo en común de los pueblos originarios, los beneficiarios eran los caciques, principales y los funcionarios públicos. En cuanto al tlatocatlalli y tecpantlalli por el momento permanecieron así, como estaban, pero el colonizador español más adelante, las tomó bajo propiedad privada. Estas tierras antes de que pasara otras manos, no se consideraban privadas, eran trabajadas en común por los maceguales y para el tlatoani gobernante en turno. La diferenciación entre la tierra comunal y la posesión personal del español estriba en que el usufructo o el beneficio, era para la alimentación de toda la comunidad; en cambio en propiedad privada el beneficio era de una sola persona. La privatización de la tierra se hizo por medio de la ocupación arbitraria o forzada.

Las principales tierras de cultivo, del Valle de México, estaban en Utlaspa y Totolapa, y fueron en estas regiones, las primeras comunidades que adaptaron, los nuevos cargos coloniales indígenas, es decir en Utlaspa, el gobernador recibió una parcela de 400 por 400 brazas, trabajadas por la comunidad. También recibieron parcelas más chicas el alcalde, el regidor y el mayordomo. Otras tierras fueron asignadas a los nuevos “cargos”, o funcionarios del nuevo gobierno. Poco a poco los ocupantes de estos cargos, tomaron las tierras como su propiedad y la podía heredar, y al heredarlas causaban grandes conflictos, entre ellos.

A mediados del siglo XVI, las tierras asignadas a los cargos, quedaron sin efecto, por la pérdida los registros; esto indica que las tierras o tecpanpouhque, habían sido tomadas por los maceguales en conjunto; las tecpantlalli y tlatocatlalli, fueron transformadas en otro tipo de propiedad, pillalli, calpullalli y tierras poseídas por los españoles. Los españoles dedicados a la cría de ovejas, adquirían amplios campos para esa actividad, pero, en medida que la fueron distribuyendo en propiedad privada, el pastoreo entró en problemas; algunos indígenas entendieron la forma de cómo la reglamentación española, repartía la tierra, que algunos indígenas llegaron a solicitarla al corregidor, señalando determinados lugares, aun sabiendo que los pueblos originarios por naturaleza, era la poseedora legítima de ésta, no se entendía la clasificación de tierra privada. Para otorgar la tierra, el corregidor llamaba a 10 testigos, rendían testimonio y eso bastaba. Los pueblos originarios vieron cómo la codicia española, iba reduciendo las posiciones de tierras aun ocupadas por los indígenas.

Las tierras en propiedades privadas las otorgaba el virreinato, a través de un documento o título llamado Merced, que era la prueba de la posesión entregada, para la agricultura o para la cría. Los españoles, mestizos, y caciques, peleaban la tierra en litigios o disputas, la usurpación de esta era el último recurso. En el siglo XVIII las autoridades virreinales se ocupaban el mayor tiempo en resolver los conflictos, sobre las tierras catalogándolas a todas, como propiedad privada. En el último período colonial, los “caciques” y los propietarios españoles contaban con las mercedes sobre grandes extensiones de tierra, al grado que en algunas partes, eran rentadas, sacándoles mayor provecho, así el cacique Alva Cortés, en Teotihuacan y el de Páez de Mendoza, en Amecameca, de origen indígenas, daban un toque un poco distinto al manejo de las haciendas, aunque también se dedicaban al negocio, como hacían los españoles genuinos de compra-venta de tierras para ser rentadas, a otras gentes de otras regiones, habiendo siempre herederos que por lo regular, estaban enemistados y discutían entre ellos, para quitarles las tierras a las pequeñas comunidades indígenas.

En el sistema mexica o azteca, un macegual trabajaba su tlalmilli, no podía venderla, sólo e trabajarla y de ahí pagar su tributo. Los calpulli, se habían adaptado al desplazamiento (1579-81). Las comunidades o calpulli se desplazaron en busca de nuevas tierras, los otomíes y otros inmigrantes de Tula, Apaxco, Texcoco, Axacuba y Tequixquiac, encontrándolas en Xochimilco. Las tierras quedaron vacantes o desocupadas por los calpullis y estas fueron repartidas a los principales y a otros maceguales; el virrey nombró a un repartidor indígena, Antón de Santa María, para que distribuyera las tierras en desuso.

En el año 1560, los españoles adquirieron tierras dentro del valle, y más allá de este. Sólo que utilizaron 3 métodos para quedarse con ellas, pues algunas ya estaban ocupadas, así que el primer método según, las compraban o las usurpaban directamente, sin pago; otros utilizaban fraude, es decir, la “compra” de la tierra, a través de un supuesto dueño. Tanto los colonizadores seculares como los eclesiásticos, la adquirían a través de una renta, argumentando que la renta, era el pago de la compra de éstas, lo que significaba un engaño (1583).

Un segundo método fue a través de la encomienda, y los privilegios de quienes las encabezaban, en el Valle de México, quienes las adquirieron fueron: Hernán Cortés, en Coyoacán y Tacubaya; Antón Bravo, en Hueypoxtla; Alonso de Avila, en Cuauhtitlán; Martín de Cuéllar, en Ixtapaluca; Martín López, en Tequixquiac; Juan Ponce de León, en Tecama; Gerónimo de Baeza, en Tepexpan; Alonso de Estrada, en Teocalhueyacan; Gonzalo de Salazar, en Tepetlaoztoc; Francisco Verdugo Bazán, en Teotihuacan; encomenderos de mayor rango fueron Diego Arias de Sotelo, en Xilotzingo; Blas de Bustamante, en Tepozotlán. Los funcionarios políticos también adquirieron propiedades, el Virrey de Mendoza, el oidor Luis de Villanueva Zapata, entre otros.

El tercer método, era la recepción directa de una merced (documento o título). Se solicitaba la parcela determinada al virrey, para la agricultura o la cría y este se las entregaba; la formación de ranchos, era auspiciada por el mismo virrey, sólo era cuestión de cumplir el requisito que, las tierras no estuvieran “ocupadas”, evitando problemas o perjuicios, pero estos requisitos no fueron tomados en cuenta, la corrupción o el soborno contaba demasiado. Así se formaron estancias, de diferente rango o tipo, para ganado mayor, para ganado menor o para la cría de caballos, para la agricultura.

En los años 1560-1570, otras tierras del valle, eran otorgadas de la región nordeste, para pastoreo y agrícolas en: Calpulalpan, Acolman, Tepozotlán, Huehuetoca, Teocalhueyacan, Azcapozaltongo, Axapusco, Tequixquiac, Xaltocan y Zumpango. En 1618 se registraba una actividad intensa y dispersa. Las haciendas se multiplicaron y, los gañanes vivían en el interior de éstas.

Los propietarios españoles, exigían el agua para riego y el ganado; el ganado andaba suelto, ocasionando daños a las siembras de los pueblos indígenas, a grado tal que las comunidades indígenas construían, cercas y zanjas, para controlar el ganado español; las riñas por esos motivos eran recurrentes, los indígenas iban disminuyendo numéricamente, tuvieron que agruparse para ser frente a este problema y poder defenderse.

Los virreyes establecieron leyes, para evitar la escasez de alimentos y en el suministro de estos, prohibieron la compra desmedida, el almacenamiento, la reventa y la especulación del maíz.

El clero ejerció presión, para que las tierras de los indígenas, que habían sido abandonadas pasaran a la cofradía de las imágenes de santos, o directamente a los clérigos.

En casi todo el valle de México, hubo más de 160 haciendas, la relación entre estas y las comunidades indígenas, fueron de muchas presiones y conflictos; las haciendas penetraban o invadían las tierras de los pueblos, y los indígenas estaban obligados, a trabajar para éstas, como gañanes; para los pueblos indígenas esto representaba un grave peligro, el de desaparecer como pueblos, formándose con ello, pequeñas rancherías. La argumentación de los indígenas era que al desaparecer sus pueblos, y someterse al trabajo involuntariamente para la hacienda, perderían aún más la libertad, conscientes fueron de ello.

Cuando las grandes haciendas, rebasaron el límite de la propiedad asignada, de 600 ó 1,500 brazas, abarcando gran parte de las cabeceras de los pueblos originarios, no sólo estaban retando a estos pueblos, sino también al propio virrey y demás autoridades.

La Iglesia ya poseía gran parte de la tierra, que puede decirse, mantenían casi el mismo nivel o poder económico y político, como los hacendados. Lombardo Toledano lo explica de la forma siguiente: “La Iglesia no sólo era un aliado poderoso del gobierno virreinal (la Nueva España era gobernada por un representante de la Corona, llamado Virrey), sino también, por sí misma, un poder público con grandes propiedades rústicas y urbanas y con un dominio espiritual casi invencible sobre el pueblo. Al estallar la Guerra de Independencia condenó públicamente a los insurgentes, los excomulgó y prestó dinero y toda su ayuda al Virrey; pero cuando, después de once años de lucha, se convenció de que concluiría por dominar el movimiento libertario, fue la primera en ofrecer su cooperación a los criollos vencedores, para seguir conservando su condición privilegiada”.