La larga lista de culpables del genocidio iniciado con el golpe del 73 ocupa muchas, muchas páginas. Parte de ellos están incluidos en la querella criminal que, en nombre de las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y de ejecutados políticos, presentáramos junto al inolvidable colega Alfonso Insunza. Es la causa judicial rol n° 12 – 2013 que lleva el ministro especial don Mario Carroza y que ya suma centenares de páginas, en las que constan declaraciones de los más diversos personajes de la política nacional y de destacados investigadores internacionales.

 No podemos predecir qué resolverán, en definitiva, nuestros tribunales. Lo central del debate técnico jurídico tiene que ver con las distintas apreciaciones acerca de si procede, o no, la prescripción cuando se trata de actos ilícitos que, si bien es cierto algunos se ejecutaron antes del golpe de Estado, en todo caso están indisolublemente ligados a ese tipo penal imprescriptible, pues se trata de los autores inductores, los instigadores, de los delitos de lesa humanidad imprescriptibles. Lo es en sí el propio Golpe contra un gobierno legítimamente constituido.

 Más allá de las consideraciones técnicas, lo objetivo es que los seres normales que integramos la sociedad chilena y aquellos que conforman lo que conocemos como la opinión pública mundial, estamos contestes en que esos delincuentes, de uniforme o de cuello y corbata, chilenos o extranjeros, militantes de partidos o independientes, que de uno u otro modo participaron –en la gestación, primero y en la materialización, después– de la peor tragedia de nuestra historia, deberían en definitiva terminar condenados a las máximas penas que contempla la Ley.

 En más o menos grados de responsabilidad están aquellos que viajaron a EE.UU. a suplicar la intervención de la CIA el mismo año 1970, o los que participaron en los asesinatos del general René Schneider o del edecán naval Arturo Araya, o los miembros de la Corte Suprema que se pronunciaron de modo inconstitucional contra el gobierno de Salvador Allende, o los diputados que en agosto del 73 aprobaron otra declaración igualmente ilegal y golpista contra el gobierno de la Unidad Popular, o los dirigentes de partidos políticos que salieron por el mundo a defender la Dictadura, o los que tuvieron durante años militantes suyos como ministros de Pinochet, o los miembro de grupos terroristas como Patria y Libertad u otros.

 Pero, también es cierto que quienes merecen página aparte del relato y conforman una camarilla delictual son los familiares de Pinochet. Por eso es, precisamente, que resulta vergonzoso el reciente fallo de la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago.

 Porque a más de una década de investigación del llamado Caso Riggs, que ha demostrado exhaustivamente el delito de malversación, dicha sentencia concluye que, debido al fallecimiento del Dictador, habría que dejarle a su familia aquellos bienes inmuebles y cuentas en dólares, cuyo valor bordea los 18 mil millones de pesos y de los que se apropió el Dictador y ladrón con el apoyo de varios de sus subordinados, algunos de los cuales, ahora, el mismo fallo ha perdonado.

 Eso se llama impunidad total para quienes, además de asesinos, fueron ladrones empedernidos. Resulta imposible olvidar, por ejemplo, que en prisión han muerto compatriotas encerrados porque no pudieron pagar oportunamente una pensión alimenticia o que, hace un par de días, un fiscal acaba de declarar, en Puerto Natales, que un ladrón de gallinas es un “peligro para la sociedad”. ¿Y los Pinochet Hiriart qué? ¿Blancas palomas?

 ¿Qué dice de esto la cavernícola derecha anticomunista de nuestro país? ¿Aplaudirán el fallo, o guardarán silencio cómplice? Sólo cabe esperar que la Corte Suprema corrija tamaña ofensa al País.

1 de julio de 2017

http://www.elclarin.cl/web/opinion/politica/22772-camarilla-de-delincuentes.html