La emergencia de nuevos discursos en la derecha continental ha supuesto un cambio en los argumentos de la dinámica de polarización a lo largo y ancho de la región. De sur a norte, distintas facciones de este sector político han abordado diferentes estrategias de guerra sucia, apoyándose en redes sociales y medios tradicionales de comunicación, donde centran la discusión política desde una perspectiva discriminatoria, racista, xenófoba y misógina¹, con mensajes orientados a la producción del odio hacia el oponente político².

Sin embargo, son pocos los países en lo que los discursos de rechazo y de odio a los ciudadanos con una orientación política progresista confluyen en una materialización de su exterminio. Colombia y México son buenos ejemplos de países donde los discursos de odio coinciden con la aniquilación sistemática, debido –entre otros factores- a la persistencia de grupos armados ilegales, la connivencia de las autoridades locales y fuerza pública, y la ausencia de una respuesta efectiva desde el Estado.

En los últimos 7 años, fueron asesinados 123 periodistas en México, una cifra a la que podríamos adicionar las 798 denuncias de agresiones contra profesionales de la comunicación y las 426 agresiones durante el 2016, año que más padecieron quienes desarrollaban esta labor en el país³, ante la mirada atónita de las autoridades reacias a establecer medidas de protección eficaces para los afectados.

Las fuentes de la violencia son varias, pero sobre todo responden a dos factores que confluyen en un resultado letal para los periodistas: los altos niveles de corrupción y la acuciada impunidad. En definitiva, “es muy fácil matar periodistas”. Esta mortífera ecuación se evidencia en estados como el caso de Veracruz, donde, según Article 19, la incidencia de asesinatos a periodistas es la más alta del país. Allí se han dado asesinatos como el del periodista Moisés Sánchez Cerezo, descuartizado, presuntamente por orden del expresidente Municipal de Medellín de Bravo, Omar Cruz Reyes, arropado por el Partido Acción Nacional (PAN)⁴.

Las amenazas no se limitan al ámbito subnacional sino que las estrategias de represión y exterminio superan las fronteras locales. En una reciente investigación llevada a cabo por distintas organizaciones se demostró que al menos tres dependencias del Gobierno de México, entre ellas la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA)⁵, la Procuraduría General de la República (PGR) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), adquirieron un software malicioso usado para el espionaje⁶. En el país, periodistas reconocidos internacionalmente como Carmen Aristegui o trabajadores vinculados al ámbito de los DDHH recibieron el malware de espionaje en sus dispositivos móviles⁷.

La intimidación hacia periodistas y el asesinato de líderes sociales es un ejercicio que se relaciona con las mencionadas variables de impunidad y los altos niveles de corrupción. Sin embargo, en el caso de Colombia existe un agravante que se relaciona con el fenómeno de ocupación de las zonas que tradicionalmente dominaron las FARC-EP, especialmente por parte de Grupos Armados Post-desmovilización, provenientes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Las alertas, que se encendieron desde 2016, hoy se evidencian en la vulnerabilidad de las comunidades frente a la entrada de actores armados ilegales, vinculados al paramilitarismo, centrados en el exterminio de líderes sociales cercanos o inmersos en procesos de restitución de tierras, sindicatos, defensa de DDHH y comunidades indígenas, entre otros.

El ensañamiento ha sido especialmente contundente en contra de liderazgos asociados a movimientos de corte progresista, perseguidos por las bandas paramilitares, quienes acusan a sus víctimas de ser milicianos de las FARC-EP y del ELN⁸, razón por la que se atribuyen la misión de su exterminio. Desde el ‘Día D’ 37 líderes sociales han sido asesinados⁹, sin una respuesta efectiva en materia de protección por parte de las entidades estatales.

Los casos de Colombia y México reflejan, a pesar de la negación de los respectivos gobiernos, el ejercicio sistemático de la aniquilación del enemigo. La falta de respuesta institucional, la corrupción y la impunidad, sumadas a los discursos de odio que se propugnan a través de redes sociales y panfletos desde la extrema derecha, normalizan las amenazas sobre líderes sociales, sindicales y periodistas –entre otros-. De este modo, desvían la atención de la extrema violencia a la que se ven expuestos, consiguiendo que las prácticas de “limpieza social” se lleven a cabo en una suerte de complicidad, tolerancia y aceptación del silenciamiento de la alteridad.

Fuente: http://www.celag.org/mexico-y-colombia-la-materializacion-del-exterminio/