El pasado jueves 22 de junio se cumplieron 5 años del juicio político express que, en menos de 48 horas, destituyó a Fernando Lugo. El golpe a la democracia afectó profundamente no solo a Paraguay, sino a la región en su conjunto. Precisamente, en mayo de 2016 se experimentó otro “golpe institucional”, pero esta vez en uno de los Grandes de Sudamérica, Brasil. Interesan aquí dos cuestiones: la primera, relativa al contexto y motivo de desestabilización y derrocamiento de Lugo. La segunda, asociada a los indicios que dan cuenta de la presencia del gobierno estadounidense no solo en el golpe, sino en los lineamientos de seguridad implementados en los gobiernos que le sucedieron.

La Matanza de Curuguaty y el golpe

El detonante inmediato del juicio político fue la Masacre de Curuguaty. Y fue precisamente hace menos de un mes que se ratificó la condena de 11 campesinos. Entre los principales afectados están Rubén Villalba (condenado a 30 años de cárcel, más 5 años de seguridad) y Luis Olmedo (20 años de cárcel). También fueron condenados Arnaldo Quintana y Néstor Castro con 18 años de prisión; Fanny Olmedo, Lucía Agüero y Dolores López, a 6 años de pena. Ningún miembro de las fuerzas policiales ha sido investigado por la muerte de los campesinos. Pese al arduo trabajo de las organizaciones de DDHH, no fue posible evitar una sentencia que parecía “cantada” desde el inicioⁱ.

Cuando se habla de la Masacre de Curuguaty se hace referencia al desalojo de la ocupación de las tierras de Marina Kue (Curuguaty), el 15 de junio de 2012, que resultó en la muerte de 17 personas (11 campesinos y 6 policías). Ni bien trascurrido el suceso, la Unión de Gremios de la Producción, la Asociación Rural del Paraguay y el editorial de ABC Color, ya hablaban de la presencia del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) en Marina Kue y pedían juicio político a Lugo. La versión de los hechos que a lo largo de estos años sostuvieron las instituciones estatales y la prensa conservadora es que la policía, que (supuestamente) llegó a la localidad con una actitud negociadora, fue emboscada por los campesinos en una estrategia previamente articulada y que, por lo tanto, la muerte de los campesinos es resultado de la legítima defensa por parte de la policía. Sin embargo, diversos elementos marcan la parcialidad de la sentencia: el ascenso del primer fiscal de la causa, Jalil Rachid, a viceministro del Interior; la introducción de pruebas “fabricadas” en la escena del crimen; la violación del derecho de defensa de los campesinos; numerosas suspensiones del juicio; la desaparición de las filmaciones realizadas por un helicóptero que participó de la operación de desalojo, seguida de un “accidente” que resultó en la muerte del piloto de ese helicóptero.

El trágico episodio fue incansablemente manipulado por la prensa, contribuyendo a la conmoción social que podría abonar un escenario en el que el proceso golpista encontrara legitimidad.

El vicepresidente Federico Franco, del Partido Liberal Radical Auténtico, concluyó el mandato y fue abriendo camino para lo que vendría con Horacio Cartes. No es menor el hecho de que pocos meses antes del golpe, el SENAVE (Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas) negara el permiso de siembra comercial de la semilla de algodón transgénico Bollgard BT de Monsanto. El 20 de agosto de 2012 (dos meses después de la aprobación del juicio político) Federico Franco, autoriza por decreto la introducción de algodón genéticamente modificado. Actualmente, existen en Paraguay 27 tipos de transgénicos aprobados (hasta el derrocamiento de Lugo eran solo 2). También por decreto, a menos de un mes de asumir como presidente, Franco autorizó las negociaciones con la gigante canadiense del aluminio, Rio Tinto Alcán.

En la coyuntura de las elecciones presidenciales del 21 de abril del 2013, un columnista de la revista Veja –exponente del más profundo conservadurismo de la sociedad brasileña– celebraba (de forma bastante premonitoria) la “democracia” en América Latina: “Demócratas de América Latina, alégrense. Además del durísimo golpe que ha sufrido en su propia ‘patria’, Venezuela, donde la mitad del país votó contra el heredero del caudillo Hugo Chávez, el ‘socialismo del siglo XXI’ y del o ‘bolivarianismo’ va a desaparecer del mapa en otro país hasta hace poco alineado con los países latinoamericanos o ‘enemigos del imperialismo’, Paraguay”ⁱⁱ.

Desde el inicio, la política de Horacio Cartes se centró en un mayor apoyo a los intereses de los capitales trasnacionales del agronegocio, acompañado de una escalada de represión sobre los movimientos populares, en especial las organizaciones campesinas. En este sentido, tres leyes aprobadas a menos de tres meses del inicio de la gestión de Cartes son claves: La Ley de Responsabilidad Fiscal, que limita el aumento de los gatos del sector público al nivel de la inflación interanual más 4 % de crecimiento, y establece también el límite al déficit fiscal en 1,5 % del PIB del año anterior al del ejercicio fiscal; La Ley de Alianza Público-Privada que modifica la intervención del Estado a través de contratos con el sector privado afectando principalmente las áreas infraestructura, salud y educación; y las modificaciones a la Ley de Defensa Nacional y Seguridad Interna que atribuyeron facultades extraordinarias al Ejecutivo para militarizar determinadas zonas del país con el empleo transitorio de elementos de combate de las FFAA, más allá de la vigencia del Estado de Excepción.

No es un dato menor que las modificaciones en la ley de defensa fueron pensadas en su aplicación a la zona norte la región oriental de Paraguay, más específicamente, a los departamentos de San Pedro y Concepción, donde se articulan actualmente las resistencias más fuertes en contra del agronegocio de la ganadería y la soja en el país. En la misma zona, un supuesto grupo terrorista denominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), que a partir de marzo de 2008 comienza a ser protagonista de la prensa hegemónica local (un mes antes de la victoria electoral de Fernando Lugo con la bandera de la reforma agraria) como “amenaza a la seguridad nacional”. En los años siguientes, distintos episodios de violencia son atribuidos al grupo hasta culminar con la masacre de Curuguaty, “punto nodal de toda la invención mediática y policial” que trata de vincular la existencia y accionar del EPP con las organizaciones campesinas desencadenando el proceso golpista contra Lugo”, tal como lo señalan Winer y Melfi (2014)ⁱⁱⁱ. En este contexto, la militarización y la persecución de las organizaciones campesinas se ejecuta por medio de medidas como la promulgación de la Ley Antiterrorista (2010), la declaración de Estados de excepción (2010 y 2011), incluidas las modificaciones a la Ley de Defensa y Seguridad Interna (2013).

Paraguay en la geopolítica estadounidense

Indicios sobre la presencia del gobierno estadounidense

Lo que muchos analistas señalaban en la coyuntura del golpe, pero que hoy es aún más evidente, es que el proceso de desestabilización impulsado en el eslabón más débil de la cadena de los gobiernos progresistas, vislumbraba la modificación del tablero geopolítico regional y fortalecimiento el boicot contra la UNASUR y el proceso de cambio de algún modo cristalizado en el “No al ALCA” (Área de Libre Comercio de las Américas).

No parece mera coincidencia el hecho de que la Embajadora de Estados Unidos en Paraguay al momento previo a la destitución de Lugo, Liliana Ayalde, también estuvo como embajadora en Brasil en la coyuntura del impeachment a Dilma y actualmente, en un contexto de ofensiva contra Venezuela, es la Vice Jefa Civil del Comando Sur^iv.

Aunque se hable muy poco de Paraguay en los diversos análisis, el rol histórico desempeñado por ese país en la contrainsurgencia no debe ser menospreciado. Desde la Guerra de la Triple Alianza y pasando por la centralidad que ocupó en la Operación Cóndor^v, el país se configura como el territorio estratégico de contención. En los últimos años el incremento de la presencia militar de Estados Unidos se verifica tras el argumento de “lucha contra el terrorismo y el crimen organizado”. En esa línea, el el Informe sobre Terrorismo por país 2015, del Departamento de Estado estadounidense menciona el problema del terrorismo en Paraguay del siguiente modo:

“Desde 2008, personas que afirman pertenecer al Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) –un grupo criminal interno dedicado a la revolución socialista en Paraguay– han estado activas en los departamentos del norte del país, Concepción y San Pedro (...) El gobierno paraguayo considera que el EPP es un pequeño grupo descentralizado de 20 a 100 miembros. Además, la Asociación Campesina Armada (ACA), un grupo de ex miembros del EPP que fueron expulsados del grupo por cuestiones disciplinarias en 2014, continuó operando en los departamentos del norte”^vi.

No se trata aquí de considerar la veracidad o no de la información contenida en esta estimación, sino de dar cuenta del modo en que desde el gobierno estadounidense se contribuye a dotar de “realidad” a un grupo del que no se tienen pruebas fehacientes de su existencia (más allá de su conveniente aparición en la escena política para justificar distintos episodios de represión y militarización e incluso, como se mencionó, el mismo golpe al presidente Lugo).

Paraguay es un territorio clave para Estados Unidos por una serie de razones geoestratégicas. Su localización permite el monitoreo del espacio aéreo de todo el continente y posibilita un desplazamiento rápido a cualquier parte del subcontinente, de ahí la importancia de la base de Mariscal Estigarribia, que tiene la mayor pista de aterrizaje de América Latina; ocupa una posición de “puente terrestre” entre la cuenca de las Amazonas y la cuenca del Río de La Plata^vii; está entre los dos gigantes Brasil y Argentina; posee enorme disponibilidad de reservas de agua dulce (Acuífero Guaraní) y se encuentra muy próximo a las reservas de gas boliviano.

Uno de los casos paradigmáticos de desestabilización del gobierno paraguayo y antecedente del golpe que se procesaría dos años después, fue el juicio político contra el entonces Ministro de Defensa general Luis Bareiro Spaini en 2010. La polémica comenzó en un almuerzo organizado por la embajadora de Estados Unidos, Liliana Ayalde, donde participaron el vicepresidente Federico Franco, el vice Ministro de Defensa Cecílio Bordón, senadores del Partido Colorado y generales del ejército estadounidense. En la ocasión, se denigró la imagen política de Lugo y se habló de la urgencia de destituirlo. La inconformidad de Bareiro se materializa con la carta enviada el 22 de febrero a la embajadora donde pide explicaciones sobre las que considera como “inadmisibles e intolerables palabras de sentido panfletario y demagógico sobre la ‘pésima gestión administrativa del Presidente Fernando Lugo que lo hace merecedor de un urgente e innegociable juicio político’”^viii. El malestar causado por la osadía del ministro generó distintas reacciones en cadena, donde se destaca la “declaración de censura aprobada por la Cámara de Diputados en el mes de abril de 2010. Algunos hechos como, por ejemplo, la llegada de Frank Mora –Subsecretario Adjunto de Defensa para Asuntos del Hemisferio Occidental de los Estados Unidos– en la misma semana del pedido de destitución y la filtración de cables de la embajada que mencionan relaciones tensas con el ministro de defensa, no deben ser considerados mera coincidencia^ix. En este contexto, se emite un comunicado del Ministerio de Defensa “El ministro de Defensa es objeto de persecución política” donde se afirma que el intento de juicio político del ministro de defensa es sólo un primer paso para el objetivo final de dar un golpe institucional contra Lugo. El General Luis Bareiro Spaini renuncia a su cargo, que es asumido por el entonces vice ministro Cecílio Bordón, con una clara alineación a los intereses estadounidenses. Algo interesante, es que Bareiro defendía una alianza militar regional en el ámbito de la UNASUR capaz de brindar una alternativa frente a los acuerdos de defensa y seguridad con Estados Unidos y Colombia. Una medida que tomó en este sentido, fue el rechazo en 2009 a la entrada de 500 militares estadounidenses para el operativo Nuevos Horizontes programado para el 2010.

La militarización de la zona de conflicto: Plan Colombia “for export”

En agosto del 2013, tras una serie de ataques del supuesto grupo terrorista EPP, el recién electo presidente Horacio Cartes logra modificar la Ley de Defensa Nacional y Seguridad Interna que le confiere, como Comandante de las Fuerzas Armadas de la Nación, la disposición inmediata de los militares en situaciones, consideradas por él mismo, de agresión interna. En este marco se promulga el decreto N°103/13, el 24 de agosto, que crea la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) integrada por efectivos de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y agentes de la Secretaria Nacional Antidrogas, inmediatamente desplegada los departamentos de San Pedro, Concepción y Amambay.

Alrededor de 60 efectivos del Batallón Conjunto de Fuerzas Especiales (BCFE), una unidad de élite de las Fuerzas Armadas, entrenada y equipada por las FFAA estadounidenses, aparece como parte del contingente que inicia sus incursiones en la zona de Tacuati (San Pedro). El entrenamiento de la fuerza de élite comenzó en 2007 y en 2009 fue elevado a batallón^x. Además, en lo referido al BCFE es importante notar el modo en que es presentado como herramienta antiterrorista. En la ceremonia de trasferencia final de equipos, la embajadora de EEUU, Liliana Ayalde, se dirige al cuerpo de élite afirmando que “en el mundo moderno, todos los países se enfrentan a nuevos problemas y desafíos. Uno de estos problemas es el terrorismo. El terrorismo es un mal que no reconoce fronteras, ni razas, ni edades. Es algo que puede salir de la nada y destruir el ánimo de un país. Un país necesita nuevas herramientas para enfrentar problemas como el terrorismo y Paraguay ya tiene una herramienta así”^xi.

En febrero de 2014 es instalado un Centro de Operaciones de Emergencia (COE) en Santa Rosa del Aguaray, departamento de San Pedro. Luego de cinco años de haber suspendido la cooperación militar, el Comando Sur y el Ministerio de Defensa paraguayo celebraron la apertura de esta instalación en el marco Programa de Ayuda Humanitaria del Comando Sur, en una zona donde se viene llevando a cabo una importante disputa territorial encabezada por las organizaciones campesinas y sintierras.

La dinámica de cooperación entre Paraguay y Colombia en asuntos de defensa y seguridad se ha incrementado a partir del 2014 con el adiestramiento en técnicas de guerra irregular. En este punto, es fundamental tener en cuenta el rol de Colombia como “exportador” de seguridad vía Estados Unidos^xii. Entre mayo y agosto del 2014, un grupo de 77 militares paraguayos recibió adiestramiento avanzado en técnicas y tácticas de combate contra bandas terroristas, en la Escuela de Soldados Profesionales (ESPRO) en Colombia. El curso incluyó técnicas y tácticas de patrullaje, emboscada, contraemboscada y otras especialidades. Al concluir la capacitación, los efectivos se incorporaron a la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), desplegada en la zona norte del país desde el 2013 para combatir al EPP.

Abel Irala, del SERPAJ-PY, señala que a pocos días de su retorno, el grupo protagonizó un ataque aéreo contra la Asociación Campesina Armada (supuesto desmembramiento del EPP), que hasta aquél momento era desconocida, en la zona del asentamiento Arroyito (Concepción), operativo que culminó con la muerte de cuatro personas, entre ellos un joven de 15 años: “Lo acontecido parecía responder a la necesidad de montar algo similar a un teatro de operaciones para obtener bajas de los enemigos, poner en práctica lo aprendido y demostrar un cierto poderío militar, a juzgar por la trascendencia de la operación”^xiii.

El segundo contingente fue enviado entre septiembre y diciembre del 2015. En esta ocasión instructores del ejército colombiano brindaron adiestramiento a 80 militares paraguayos. José Agreda, mayor del Ejército colombiano, señaló que los cursos apuntan a “llevar al combatiente a trabajar bajo presión para que esté en capacidad de liderar pequeñas unidades en combate irregular”^xiv.

Desde 2013 hasta la actualidad se han presentado diversas denuncias públicas sobre el accionar de la FTC. En el último informe de la situación de los derechos humanos en Paraguay de CODEHUPY, Abel Irala y Vidal Acevedo describen una serie de operativos fallidos y acciones de la FTC que atentan contra la integridad de familias campesinas. “Más que un órgano creado para combatir a grupos criminales, funciona como un fuerte dispositivo de disciplinamiento social en medio de tensiones y conflictos rurales alrededor de la grave disputa por la tierra en Paraguay, cuyo trasfondo es el uso y la mala distribución de la tierra”^xv. Resultados que, con las diferencias del caso, también parecen entreverse en el proceso de militarización y paramilitarización de Colombia.

Según el Libelo Acusatorio, el presidente Lugo fue responsable por “promover el odio entre los paraguayos, la lucha violenta entre pobres y ricos, la justicia por mano propia y la violación al derecho de propiedad, atentando de modo permanente contra la Carta Magna”^xvi. Por "mal desempeño en sus funciones" Lugo fue destituido del cargo por la Cámara de Diputados (76 votos contra 1). En octubre de 2013, durante una reunión que mantuvieron autoridades paraguayas con empresarios en la sede del WTC Uruguay, Horacio Cartes indica, en el marco de la aprobación de la Alianza Público-Privada, que “Paraguay es fácil (…) Paraguay es como esa mujer bonita, que cada mañana se pone su mejor vestido y se pone maquillaje”^xvii. En febrero de 2014, al reunirse con miembros de la Confederación Nacional de la Industria de Brasil (CNI), el mandatario invita a que “usen y abusen del Paraguay porque es un momento importante de oportunidades”^xviii.

En el plano interno vemos como los tibios avances sociales que logró el proyecto luguista fueron sustituidos por una política de ofrecer los padecimientos del país (cortes en los gastos sociales, incremento de las políticas de seguridad contra las organizaciones sociales) como ventajas a la inversión extranjera, principalmente a las transnacionales vinculadas al agronegocio. El incremento de la presencia militar estadounidense y los lineamientos de seguridad cada vez más vinculados a las directrices de Washington (directamente o vía Bogotá), parecen confirmar los argumentos de que el país se configura como epicentro de la militarización en el Cono Sur^xix y laboratorio de Estados Unidos en la región^xx. A cinco años del golpe en Paraguay, el paquete Cartes-Macri-Temer y el vaciamiento de la UNASUR plantean nuevos desafíos geopolíticos y geoestratégicos para la región.

- Tamara Lajtman, Instituto de Estudios sobre América Latina y el Caribe IEALC/UBA.