Desde hace tiempo atrás he venido señalando que para las luchas de los migrantes, para dejarlos de ver como una amenaza, como “otros”, extraños, afuereños o extraterrestres, es necesario plantear nuevas configuraciones políticas, jurídicas e identitarias. Algunas corrientes de pensamiento -en las que me incluyo- hemos venido aportado en esta dirección a partir de estudios transnacionales o postnacionales, así como también desde movimientos sociales en defensa de los derechos de las personas en movilidad. Desde estas vertientes han surgido nuevas propuestas que abogan por un proyecto político de ciudadanía universal que han quedado plasmados en algunos documentos e instrumentos jurídico y políticos de ciertos gobiernos progresistas como es el caso de la Constitución de Ecuador del 2008 o la propuesta de Bolivia de buscar un mundo “Sin muros hacia la Ciudadanía Universal” que se debatirá este mes de junio en la Conferencia Mundial que lleva el mismo nombre.

Como han señalado algunos autores como Saskia Sassen (2015)[1] la noción de ciudadanía, que ha sufrido muchas transformaciones a lo largo de su historia, es susceptible de transformación si el significado mismo de la nación (y la pertenencia a ella añadiría), se modifica. A esto hay que sumar la existencia de un régimen internacional de derechos humanos, la conformación de espacios de integración supranacionales como la Unión Europea, la CAN, UNASUR, entre otros, y las propias dinámicas de la globalización que ha dado paso a la circulación de diferentes tipos de bienes, mercancías y personas, así como a la existencia de nuevos espacios globales virtuales.

En la actualidad tenemos sitios no-nacionales que permiten demandar derechos y practicar una ciudadanía más allá del Estado-Nación, construir identidades y experiencias colectivas de solidaridad de alcance global e incluso replantear el estatuto jurídico sustantivo de la ciudadanía formal como se entendía en los albores de las repúblicas. Hoy por hoy muchos países reconocen la pertenencia y por ende el reconocimiento de ciudadanía a partir de ius sanguinis e ius soli[2]; dan derechos a sus connacionales que viven en el exterior; reconocen la doble nacionalidad; se acude y acepta fallos de las cortes internacionales e incluso se han construido categorías que reconocen derechos a ciudadanos regionales: ciudadanía europea, andina, suramericana.

La propuesta que hacemos desde el Estado Plurinacional de Bolivia a la Conferencia Mundial de los Pueblos por un Mundo sin Muros hacia la Ciudadanía Universal es “una invitación para defender a todos los migrantes del mundo” como señaló el Presidente Evo Morales y también es una respuesta a todos aquellos que piensan que la solución es el enfoque de seguridad y control que lleva a la construcción de muros y vallas como mecanismo para contener los flujos migratorios. Por el contrario, la propuesta y respuesta que hacemos desde Bolivia hacia el mundo entero es por un PLANETA PLURINACIONAL Y UNA CIUDADANIA UNIVERSAL.

Plantear el concepto de ciudadanía universal implica un cuestionamiento de la división del mundo en estados-nación, implica cuestionar la existencia de fronteras divisorias entre pueblos y retomar la idea de comunidad, hermandad, hospitalidad y bien común para todos hijos e hijas de la pacha mama[3].

Esta entrada coloca de manera tácita el concepto de comunidad, pero una comunidad imaginada a escala planetaria (planeta plurinacional). En otros estudios sobre comunidades transnacionales de migrantes he argumentado que estas no pueden definirse meramente a partir de los mandatos de los estados o de normas legales, de límites territoriales o de la copresencia de personas en un espacio. Las comunidades se configuran a partir de la existencia –actual o pretérita, factual o imaginada– de seres humanos que, aún traspasando límites concretos o abstractos, inventan maneras de reafirmar y crear lazos humanos, convivencia y afectividad. La ciudadanía universal nos invita a pensar y a construir esos nuevos lazos, nuevas subjetividades, nuevas cosmovisiones y sentidos de ser “nosotros” sujetos de derechos a escala planetaria, propuestas que desde la teoría clásica de ciudadanía anclada en lo nacional no se puede comprender. De ahí la necesidad de nuevos paradigmas para des-nacionalizar la ciudadanía y pasar de ius sanguinis e ius soli al ius domicile, es decir al reconocimiento de los derechos a todos las personas en su lugar de residencia (Ramírez, 2016) [4]

Pero esto no implica, como nos recordaba Zamudio (2010)[5], que proponer una ciudadanía universal es propugnar por la destrucción de los estados; tampoco significa ignorar los procesos históricos de conformación de elementos de identificación nacional; mucho menos niega la responsabilidad de los gobiernos en la generación de condiciones propicias para un ejercicio de derechos pleno e integral de todos quienes se encuentran en «su territorio soberano».

Proponer la ciudadanía universal significa demandar que se reconozca en la mesa del debate intra e internacional que la razón de ser de las estructuras sociales, políticas, económicas, etc., trátese del nivel territorial que sea, es el ser humano –intrínsecamente social, según nos lo recordaba repetidamente Hanna Arendt– que sus derechos son inalienables y no deben estar condicionados por visiones mercantiles de la ciudadanía, las cuales sólo reconocen la humanidad de aquéllos que «cumplen con su parte del contrato». La propuesta de una ciudadanía universal evidencia la falacia de las visiones contractualistas de la constitución del Estado, las cuales legitiman que se condicione el ejercicio de derechos al cumplimiento de obligaciones y demanda el reconocimiento de todos los derechos para todas las personas en todos los espacios geográficos y sociales en los que se encuentren.

Indudablemente esta propuesta que se discutirá en Tiquipaya tendrá sus detractores. Ya hemos visto durante estos años férreas oposiciones a otorgar derechos a los migrantes en los países de residencia, también hemos sido testigos de críticas y sobre todo de incomprensión a la propuesta de ciudadanía universal pensando que al incorporar este principio de manera unilateral en los marcos jurídicos y políticos se resolvería de manera mágica todos los problemas de las personas en movilidad (y éstas críticas justo vienen hacia aquellos países que se arriesgan a proponer nuevos paradigmas y no a los que deportan masivamente migrantes, construyen centros de detención, militarizan fronteras o construyen muros).

De ahí la importancia de una Conferencia Mundial de los Pueblos por un Mundo sin muros hacia la Ciudadanía Universal, de ahí la necesidad de seguir luchando por la libre movilidad de todos los habitantes del planeta, por el otorgamiento de facilidades de residencia y derechos a todos los migrantes, más aun si estos son refugiados que huyen de las guerras, la violencia, las desigualdades o el cambio climático.

Los problemas globales de la migración requieren soluciones que piensen primero en los de abajo, en esos miles de anónimos que por algún motivo tuvieron que cruzar una frontera.

[1] Sassen S. (2015) Incompletud y la posibilidad de hacer. ¿hacia una ciudadanía desnacionalizada?. En Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales Universidad Nacional Autónoma de México Nueva Época, Año LXI, núm. 226 enero-abril de 2016 pp. 107-140
[2] La mayoría de Estados que reconocen la ciudadanía a partir del uis solis son del continente Americano, ninguno de la Unión Europea.
[3] Vale la pena recordar que el Presidente Evo Morales utiliza siempre los términos “hermano o hermana” para referirse a todos nosotros.
[4] Ramírez, J. (2016) Hacia el Sur. La construcción de la ciudadanía suramericana y la movilidad intrarregional. CELAG, Quito.
[5] Zamudio P. (2010) “Prólogo” en Ramírez J. (coord.) Con o Sin Pasaporte. Análisis socio antropológico de la migración ecuatoriana. IAEN: Quito.

- Jacques Ramírez Gallegos / Investigador CELAG

Artículo publicado en: http://www.celag.org/a-desnacionalizar-la-ciudadania-por-un-mundo-sin-mu...