La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola) hizo público el 15 de junio un llamado a rechazar la asamblea constituyente de Venezuela y apoyar una resolución electoral a la crisis. [1] Con este escrito, Wola puede ser ubicada como parte de la mascarada injerencista dirigida en distintas escalas por Estados Unidos, por el secretario de la Organización de Estados Americanos y por la oposición al interior de ese país hermano.

La estrategia persigue el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro, la derrota del proceso revolucionario y el restablecimiento del orden existente hasta 1999, cuando gobernaba la oligarquía y cuando las multinacionales petroleras y el Estado estadounidense controlaban el saqueo de las enormes riquezas venezolanas.

El fondo de esta agresión encuentra su principal explicación en la pretensión por apropiarse de las enormes riquezas de Venezuela: petróleo, agua, minerales raros, etc. Esto recursos son de apetencia de las corporaciones globales y de Estados Unidos, quienes pretenden controlarlos con objetivos de acumulación capitalista y control estratégico, además del objetivo de evitar que continúe un proceso revolucionario que no permite el saqueo de los bienes comunes en ese territorio. Así las cosas, estos poderes económicos y políticos activan todo su aparataje y capacidad mediática, política, financiera y militar, para recuperar ese control perdido desde el inicio de la Revolución Bolivariana.

Estos planes de expolio y coloniaje encuentran en la hegemonía previamente construida y controlada por estas fuerzas uno de los soportes de la agresión contra el proceso venezolano. El engaño mediático convertido en matriz de opinión y visión única, impacta en mucha personas que creen en la desinformación y engaño emanado de las grandes corporaciones de “información” y de estructuras mediático-empresariales como la Sociedad Interamericana de Prensa. Esto genera el predominio de una visión y posición opuesta a la revolución y gobierno bolivariano de Venezuela.

En esta comparsa, un conjunto de instituciones del régimen internacional también ha sido activado en dirección a consolidar el cerco mediático y político al proceso bolivariano. Esto explica la acción oficiosa del secretario general de la OEA, Luis Almagro, de gobiernos derechistas como el de México, Brasil, Argentina y Guatemala, y un conjunto de fundaciones u oenegés, incluidas algunas de derechos humanos, como Human Rights Watch y Wola.

En específico, la declaración de Wola es parcial, tendenciosa e injerencista. Con su rechazo a la asamblea constituyente, su demanda de elecciones y su llamado al “hemisferio” a rechazar el curso político intencionado por el gobierno de Nicolás Maduro, Wola se convierte en caja de resonancia de la agenda injerencista de Estados Unidos [2] y de la estrategia de la oposición venezolana.

Pero analicemos con detenimiento la declaración de Wola.

Wola inicia calificando de “inconstitucional” el proceso y la constituyente que será instalada después de la elección correspondiente. En su falta de seriedad Wola obvia los artículos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en los cuales se desmorona su afirmación. En el artículo 348 de dicha constitución se establece que la iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrá hacerla, entre otros, el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros, tal y como ha sido en este caso. Esto hace constitucional no solamente al sujeto de la iniciativa y propuesta constituyente, sino también al proceso y la Asamblea Nacional Constituyente que de la elección libre y secreta de los ciudadanos resulte. Así mismo, en el artículo 349 se establece que el presidente –como cualquier otro poder constituido– no podrá objetar la nueva constitución o impedir las decisiones de la asamblea constituyente, lo cual hace que él mismo quede sujeto a cualquier disposición que la misma resuelva.

Wola miente cuando afirma que la “Constitución de Venezuela de 1999 establece claramente que sólo el pueblo venezolano tiene la autoridad para convocar una nueva Asamblea Constituyente” y que “el gobierno de Maduro ha usurpado esta autoridad por sí mismo”. En este sentido Wola pretende que el proceso constituyente actual se base en lo aplicable para la constitución de 1999. Argumenta que dicha constitución fue convocada después de consultar al soberano a través de consulta popular. Afectivamente así fue realizado en esa ocasión, en aplicación de la norma proveniente de la constitución de 1961. Sin embargo, la constitución que rige actualmente es la de 1999 y no la de 1961. En su declaración Wola obvia, además, que la constitución que acuerde la constituyente en 2017, será sometida a referendo popular.

Wola argumenta que el proceso constituyente en marcha “desempoderará” a los ciudadanos venezolanos. Esto sorprende siendo que el proceso definido y convocado tiene una implicación absolutamente contraria a lo afirmado por esta oenegé estadounidense. En primer lugar porque en el proceso constituyente en marcha pudieron inscribirse no solamente candidaturas procedentes de partidos pro gubernamentales y opositores, sino también ciudadanos individuales que así lo quisieron. Así las cosas, en lugar de ser un retroceso en materia democrática, de “desempoderamiento”, un “asalto a un principio fundamental de la democracia: la soberanía del pueblo” como afirma Wola, la convocatoria a la inscripción de candidaturas constituyó un avance democrático al abrir la posibilidad para que cualquier ciudadano procedente del soberano, incluidos ciudadanos de la oposición al actual gobierno, pudiera inscribirse y competir por un puesto en la constituyente. En segundo lugar porque estamos ante un proceso constituyente que se abrió no solo para la postulación y elección de constituyentes por circunscripción territorial, sino también por sectores representativos de la sociedad venezolana, como los trabajadores, estudiantes, pueblos indígenas, comunas, empresarios. 3 mil 200 candidaturas distritales y 2 mil 300 candidaturas sectoriales han sido validadas para competir por los 545 escaños en la constituyente; esto es inédito y profundamente democrático al trascender la representación liberal-eurocéntrica y avanzar hacia una representación multisectorial, plurinacional y popular, tal y como es la demanda de varios pueblos latinoamericanos para lograr el avance en materia de derechos.

Wola, en su descalificación del proceso, afirma que las reglas para seleccionar a los delegados a la Asamblea, fueron concebidas para favorecer a los partidarios de Maduro. En este aspecto Wola obvia que en Venezuela –como en todas partes– nos encontramos en una disputa y que cada fuerza política perseguirá salir victoriosa de la misma. En ese sentido, es claro que el gobierno actual –como no podía ser de otra manera y como lo haría la oposición venezolana– busca que la constituyente se integre con una mayoría favorable al avance del proceso revolucionario. Sin embargo, tal y como ha sido la constante durante estos años, la postulación y elección de representaciones políticas ha sido cada vez más democrática, puesto que el Estado ya no es controlado por una oligarquía y por partidos que actuaron contra los intereses mayoritarios; todo lo contrario, hoy dirige el gobierno venezolano una persona procedente de la clase trabajadora.

Wola también afirma que los candidatos de Maduro “podrían tomar la mayoría de los asientos ganando menos que el 30 por ciento del voto”. Esta afirmación es confusa y sin fundamento procedimental y matemático que lo valide. La fuerza que la Revolución Bolivariana alcance dependerá del apoyo popular que logre en esta coyuntura y de la decisión que finalmente tome la oposición con relación a las candidaturas opositoras que lograron postularse y del apoyo que estas reciban.

En su argumentación contra el proceso y la constituyente en Venezuela, Wola plantea que la Asamblea Constituyente tendrá “poderes de origen que sobrepasarán los poderes constituidos”. Cualquier jurista o estudiante de derecho constitucional sabe que una asamblea de este tipo es la representación del poder soberano y como tal es superior a cualquier poder previamente constituido. Esa es la diferencia entre poder constituyente y poder constituido. En ese sentido, la Asamblea Constituyente tendrá la legitimidad y podrá ejercer poder por sobre los poderes constituidos, incluido el poder del Presidente de la Republica o de la Asamblea Nacional.

El llamado injerencista que realiza Wola “apela a las naciones del hemisferio a reconocer la importancia de este momento, instando al gobierno venezolano a dejar de lado su plan para crear una nueva constitución y en su lugar adherirse a la Constitución de 1999”. De esta apelación surgen las preguntas: ¿Qué implicaría “reconocer la importancia de este momento”? ¿En su ambigüedad acaso Wola no está validando cualquier tipo de intervención y agresión contra Venezuela, que parta del “reconocimiento de este momento”?. Así mismo, ¿Por qué razones, que no sean las de hacerse parte de la estrategia injerencista, Wola insta a que el gobierno se abandone el proyecto de nueva constituyente? ¿Por qué razones detenerse necesariamente en la constitución de 1999? ¿Acaso no es legítimo que un gobierno pueda plantearse la convocatoria a una nueva constituyente?

En la misma tónica, esta oenegé internacional, cuestiona la negativa del presidente Nicolás Maduro a un referendo revocatorio presidencial en 2016, justo el año en que tomó posesión. Ante esto puede preguntarse ¿Por qué un gobierno legal y legítimamente electo tendría que someterse a un referendo revocatorio solo porque así lo pedía una oposición que demostró su carácter antidemocrático y violento después de perder la elección presidencial? ¿Por qué aceptar un revocatorio en ese momento cuando el artículo constitucional número 72 indica que este puede efectuarse hasta después de transcurrida la mitad del período para el cual fue electo un funcionario? Wola miente, además, cuando afirma que Maduro pospuso indefinidamente las elecciones regionales, siendo que esta decisión estuvo en manos y fue argumentada por el Consejo Nacional Electoral (órgano constitución refrendado por la comunidad internacional que ha observado y certificado sucesivos procesos electorales), el cual ha convocado a elecciones regionales para diciembre de 2017 y ha ratificado la elección de nuevo presidente para 2018, tal y como corresponde.

En su declaración Wola obvia u oculta otro conjunto de elementos fundamentales de análisis. Por ejemplo, no analiza por qué razones los partidos de oposición cuestionan el proceso constituyente y por qué buena parte de la misma –no toda, como se constata– decidió abstenerse de presentar candidaturas para la Asamblea Constituyente. Wola obvia, como se demuestra en los hechos concretos, que la oposición no está accionando por una vía política y democrática; todo lo contrario, que está orientada al derrocamiento de Maduro a través de métodos violentos e injerencistas, con lo cual su práctica es claramente inconstitucional. Así las cosas, el que la oposición violenta se auto excluya del proceso constituyente –como se ha negado al diálogo, inclusive con la mediación del representante del Papa Francisco– no le resta legitimidad a la nueva constituyente. La legitimidad de la nueva Asamblea Constituyente estará dada por la participación ciudadana en el proceso eleccionario, lo cual será muestra de la legitimidad y apoyo popular al proceso constituyente; además, del impacto que pueda tener la estrategia violenta de la oposición, que sin duda intentará frenar por todos los medios a su alcance (los inconstitucionales inclusive) la realización del evento eleccionario y constituyente. Especialmente, su legitimidad, dependerá del carácter de los cambios que queden plasmados en la nueva constitución, de si estos serán de beneficio para las grandes mayorías y para profundizar el proceso democrático.

Wola, en su carácter de oenegé de derechos humanos, tampoco dice nada y no condena los métodos violentos y criminales de la oposición venezolana utilizados contra guarderías, hospitales, transporte público, centros de justicia, centros educativos, pequeños negocios y viviendas. Tampoco condena los cientos de heridos y las decenas de asesinatos, de cuya mayoría es responsable dicha oposición que ha hecho uso de bombas molotov, armas hechizas, armas de fuego, gasolina, alambres degolladores, aceite regado en calles, entre otros medios. Así mismo, no condena el uso de niños y adolescentes como parte de las guarimbas violentas, que han tenido como cauda la muerte de un joven de 16 años producto de la manipulación de bombas hechizas. No dice nada de los impactos psicológicos, sociales y económicos de la violencia opositora contra todo el pueblo venezolano. Con esta declaración, Wola contradice su propio carácter como organización que “promueve los derechos humanos” y persigue que “la justicia prevalezca sobre la violencia”.

La posición y petición de Wola claramente es de carácter político. Carece de asidero en la defensa de derechos humanos, lo cual le daría legitimidad a su alegato. Su pretensión clara es contribuir a frenar el avance del proceso dirigido por el gobierno de Nicolás Maduro. Así las cosas, Wola se posiciona en el bloque de quienes aplican una política injerencista para detener el proceso bolivariano. Wola trasciende su carácter de organización promotora de derechos humanos y se convierte en una organización política que, además, desconoce el derecho de los pueblos –en este caso el venezolano– a la autodeterminación, la independencia y la soberanía.

Notas

[1] https://www.wola.org/es/2017/06/el-hemisferio-debe-rechazar-la-asamblea-constituyente-de-venezuela-y-apoyar-una-resolucion-electoral-la-crisis/

[2] Un ejemplo claro de esta injerencia de Estados Unidos se encuentra en el documento del Comando Sur titulado Operación Venezuela Freedom https://kenzocaspi.wordpress.com/2017/04/05/el-plan-de-eeuu-para-intervenir-a-venezuela-documento-de-comando-sur-operacion-venezuela-freedom-2/