En 2016, solo en el municipio caribeño de Barranquilla, se produjeron 142 acciones de protesta contra Gas Natural Fenosa. Pero la historia de esta multinacional en Colombia, jalonada por dos décadas de movilizaciones sociales en las que se han venido denunciando la mala calidad y los fallos en la prestación del servicio eléctrico por parte de la compañía, nunca había ocupado grandes titulares en los principales medios de comunicación españoles. Hasta que a finales de 2016 todo cambió: “Colombia interviene la filial de Gas Natural Fenosa en el país”, leíamos en todas las portadas el pasado 15 de noviembre.

Con esa decisión del gobierno de Juan Manuel Santos, como bien podía deducirse del hecho de que los grandes diarios españoles apenas le dedicaran titulares beligerantes —como, por el contrario, sí habían hecho en ocasiones anteriores para hablar de situaciones parecidas en Argentina y Bolivia—, se apuntaba desde un principio no tanto a una nacionalización de Electricaribe, que así se llama la filial de la multinacional española, sino más bien a una intervención pactada. Pero, al final, parece que no ha sido exactamente así: tras finalizar las negociaciones entre el gobierno colombiano y la compañía española, la Superintendencia de Servicios Públicos —el organismo público que estaba al frente de la intervención de la eléctrica desde noviembre— anunciaba el 14 de marzo de 2017 “la liquidación de Electricaribe”.

Cuatro meses de negociaciones

“Seguimos deseando un acuerdo que permita resolver los grandes problemas de morosidad y fraude que somos incapaces de afrontar sin ayuda del gobierno”, decía el consejero delegado de la multinacional, Rafael Villaseca, el 8 de febrero en la presentación de los resultados económicos anuales de Gas Natural Fenosa ante los analistas. Eso sí, por si acaso pudieran fracasar las conversaciones sobre Electricaribe y Gas Natural quisiera desprenderse de ella, la corporación presidida por Isidre Fainé ya puso precio entonces a su filial colombiana: 475 millones de euros.

Gas Natural Fenosa anunció en agosto de 2016 que estaba dispuesta a interponer una demanda contra el Estado colombiano ante el CIADI, el tribunal internacional de arbitraje dependiente del Banco Mundial, si no respondía ante la deuda de 1.259 millones de euros que, según la empresa, se debía al impago por parte de la población y las administraciones públicas. Acogiéndose al Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones firmado entre Colombia y España en 2005, Gas Natural Fenosa pedía “soluciones integrales que permitan garantizar la sostenibilidad de la prestación del servicio de energía en la Costa Caribe”. Así, la compañía se marcó un plazo de seis meses para negociar un “acuerdo amistoso” con el Estado colombiano para evitar el litigio ante el tribunal internacional de arbitraje.

Desde entonces hasta mediados de noviembre, el proceso de diálogo entre el gobierno y la compañía fue avanzando. Y culminó con el viaje que hizo Fainé a Colombia para reunirse directamente con el presidente Santos. En todo ese tiempo, las exigencias de la multinacional se centraron en la asunción de la deuda por parte del Estado, la puesta en marcha de cambios regulatorios y la capitalización de Electricaribe. “La protección a los inversionistas es condición indispensable para que los recursos del exterior continúen llegando y se destinen al desarrollo del país”, indicaba Gas Natural Fenosa en verano de 2016 en un comunicado emitido desde su casa matriz, en el que recalcaba la concepción dominante de lo que ha de ser la “seguridad jurídica”, aquella que sitúa los intereses empresariales por encima de la protección de los servicios básicos y los derechos de las mayorías sociales.

Entonces, cuando todo indicaba que las demandas de la multinacional española iban a ser atendidas, la Superintendencia de Servicios Públicos anunció a bombo y platillo la intervención de Electricaribe y la toma de posesión de sus bienes, haberes y negocios. Mandó a la policía y al ejército a veinte oficinas de la empresa para “asegurar la prestación eficiente de servicios públicos en todo el territorio nacional”.

“Buscamos solucionar este problema histórico de la mano de Gas Natural Fenosa, accionista mayoritario de Electricaribe, pero no logramos en esta ronda de negociaciones un acuerdo para la capitalización de la empresa. Sin el financiamiento del plan de inversiones requerido, la única opción es la toma de posesión”, afirmó el día de la intervención el ministro de Minas y Energía, Germán Arce. Según el gobierno colombiano, de aquí a poco tiempo, Electricaribe no estaría en condiciones de poder garantizar el suministro eléctrico al no estar pagando la generación de electricidad a sus productores, con lo que podría producirse un “apagón” en toda la región que afectaría a sus 2,5 millones de clientes.

La Superintendencia puso el 15 de enero como plazo para decidir el futuro de la compañía eléctrica. Una vez llegada esa fecha, anunció que en base a su propia normativa se establecía una prórroga adicional de dos meses para tomar la decisión definitiva. El futuro de Electricaribe quedaría pues establecido, en uno u otro sentido, el 15 de marzo. En ese tiempo, el gobierno colombiano fue tibio en sus posicionamientos y siempre manifestó que barajaba todas las posibilidades, desde la liquidación de la empresa —aunque señalaba que era “un proceso larguísimo”— hasta la coadministración de la compañía “de la mano de los accionistas” o “cualquier otra alternativa legal”. Hasta llegar el día en que terminaba el plazo, cuando, de manera sorpresiva para buena parte de los colectivos sociales y organizaciones de afectados por la compañía, el gobierno anunció la liquidación de la empresa.

Gas Natural Fenosa, por su parte, ya había situado el 3 de marzo como tope para, en el caso de no llegar a un acuerdo, iniciar un litigio en un tribunal de arbitraje internacional. Y algunas semanas después, efectivamente, puso en marcha toda la maquinaria jurídica para defender sus intereses utilizando los diversos mecanismos que la lex mercatoria pone a su disposición. Como, por ejemplo, acudir al acuerdo de protección recíproca de inversiones firmado entre Colombia y España. Este acuerdo bilateral contempla la posibilidad de que la multinacional acuda a un tribunal internacional de arbitraje si considera que el gobierno colombiano ha menoscabado sus intereses. Y eso es precisamente lo que ha hecho: el 22 de marzo, Gas Natural Fenosa interpuso una demanda ante el tribunal de arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (conocida como UNCITRAL, por sus siglas en inglés). En su demanda, la compañía plantea dos opciones: o bien le devuelven Electricaribe con un marco regulatorio favorable para la empresa, o bien le indemnizan por un importe de casi 1.000 millones de euros.

Además, la CEOE presionaba a la Comisión Europea a través de una carta enviada por su presidente Juan Rosell en que la patronal española considera que “se establecería un precedente que podría tener consecuencias devastadoras en las actuales y futuras inversiones europeas en todo el mundo, al mandarse una señal equivocada a nuestros socios globales”. Consiguió que la comisaria de Comercio aceptase la solicitud de mediar entre la eléctrica española y el gobierno colombiano. Y la Comisión ha asegurado que está analizando con el gobierno español los pasos a seguir.

Deudas y subvenciones

En el núcleo del conflicto está la deuda que la compañía dice haber acumulado en todos estos años. Su origen, según Gas Natural Fenosa, se encuentra en el impago del servicio por parte de una gran cantidad de clientes, entre los que figurarían administraciones, escuelas u hospitales. La morosidad de los usuarios del Caribe colombiano se traduciría, según la multinacional española, en una deuda acumulada de más de 1.300 millones de euros (aunque la deuda oficial de Electricaribe, como ya se ha mencionado, es de 1.259 millones de euros). Este supuesto impago generalizado, sin embargo, no se refleja en sus informes anuales. De hecho, las cifras de cobro no son tan malas: la recaudación se ha mantenido en torno al 90% hasta 2015, cuando se redujo al 84%. En ese año, precisamente, hubo un incremento del 34% en el precio de la electricidad por la escasa producción hidroeléctrica, debido a que el fenómeno de El Niño produjo unos efectos climáticos que repercutieron en la capacidad de pago de la población.

También en el año 2015 Electricaribe integró en su estructura a la empresa Energía Social —la filial creada en su momento por Unión Fenosa para atender a la población más empobrecida, la más deudora—, que suele tener recaudaciones en torno al 50% aunque, gracias a los subsidios estatales con los que se financia parte del consumo de esta población, se ha mantenido alrededor del 80%.

Así que, mientras la multinacional publicita unas cifras en las que la deuda aumenta de manera acelerada —según sus propios informes anuales de 2011 y 2012, la deuda a corto plazo acumulada por Electricaribe se multiplicó contablemente por cinco en un solo año—, los propios datos de la filial no parecen respaldar la versión empresarial.

Las organizaciones sociales y las instituciones públicas del departamento de la Costa Atlántica, por su parte, no creen que la empresa tenga pérdidas, ya que recibe cuantiosos subsidios del Estado colombiano. Y es que el 87% del total del presupuesto público destinado a las empresas eléctricas, con el fin de reducir el monto que tienen que pagar las familias más empobrecidas, se le entrega a Electricaribe. Y las ayudas estatales no se quedan únicamente en el ámbito del consumo, abarcan también programas de apoyo a la construcción de infraestructuras.

Por razones como estas es por lo que Omar Mendivil, dirigente de la Red Caribe de Usuarios de Servicios Públicos, considera que la corporación está presionando al gobierno “con su supuestamente crítica situación financiera para exigir más seguridad jurídica, reclamando exagerados cobros de deudas por fraude, de lo que acusa a toda la comunidad, para decir que con ello están en riesgo sus inversiones”. No es el único, el exalcalde de la ciudad caribeña de Santa Marta, Carlos Caicedo, también desconfía de la versión oficial de la empresa: “A pesar de las pérdidas que achaca a la falta de pago de la población más pobre, Gas Natural Fenosa es compensada por el Estado colombiano con subsidios, de manera que no se justifica la pésima prestación del servicio”. Según los colectivos sociales y las comunidades afectadas, las verdaderas raíces del conflicto hay que buscarlas en el incremento continuo del precio, el mal estado de las redes, las suspensiones continuas del servicio y el enfrentamiento cotidiano con los trabajadores y trabajadoras —empleadas o subcontratadas— como las verdaderas raíces del conflicto.

La Superintendencia de Servicios Públicos recibe 85.000 quejas al año en contra de Electricaribe. La Red Caribe de Usuarios de Servicios Públicos ha contabilizado 529 muertes por electrocución entre 2004 y 2012 por problemas derivados de las malas infraestructuras eléctricas. Y, según los cálculos de la Cámara de Comercio de Barranquilla, los sectores comerciales e industriales pierden 3.215 millones de pesos por cada hora sin luz en una ciudad como la capital del departamento del Atlántico.

En 2014, las numerosas denuncias efectuadas ante el Ministerio Público ya reflejaban irregularidades en la gestión de los impagos, coerción y chantajes a la hora de realizar acuerdos de pago por deudas. Un año antes, la problemática era la misma: en Cartagena 380 usuarios denunciaron cobros inadecuados y accidentes por fallos en servicio de energía. Todo ello ha contribuido al aumento de las protestas y las movilizaciones sociales contra Electricaribe, como las que hace dos años llevaron al bloqueo de carreteras en Barranquilla tras sufrir apagones de 34 horas seguidas sin electricidad. Nada de esto es nuevo; de hecho, es el patrón de conducta que ha caracterizado las operaciones de Gas Natural Fenosa desde que inició su andadura en Colombia.

La historia de Fenosa en el país

Unión Fenosa comenzó con sus negocios en Colombia en el año 2000, cuando compró tres empresas del sector eléctrico que habían sido públicas hasta su privatización a finales de la década de los noventa: Electrocosta y Electricaribe, dedicadas a la distribución y venta de energía en los siete departamentos de la costa del Caribe —ambas unificadas bajo el nombre de Electricaribe en 2008—, y Energía del Pacífico (EPSA), compañía que operaba en el suroccidente del país controlando todo el proceso desde la generación hasta la comercialización de electricidad. En 2009, Unión Fenosa vendió EPSA a capitales colombianos y, tras culminar su fusión con Gas Natural, pasó a integrar todos sus activos en la renombrada como Gas Natural Fenosa.

Los nueve años que Unión Fenosa gestionó EPSA estuvieron marcados por las denuncias de diferentes comunidades campesinas y pueblos afrocolombianos e indígenas, sobre todo por los impactos generados por sus centrales hidroeléctricas. Como el caso del vertido de la presa del Bajo Anchicayá, una infraestructura situada en el río Anchicayá y en el interior del Parque Nacional Natural de los Farallones de Cali, en el Valle del Cauca: en 2001, Unión Fenosa vertió el equivalente a 230 piscinas olímpicas de lodos almacenados durante años en esa presa, sin consultar a las comunidades ni informar a la autoridad ambiental. El resultado fue la transformación del río en lodo, la destrucción de las tierras de cultivo que estaban en la ribera y una elevada mortandad de peces por asfixia. Todo ello destruyó los medios de subsistencia y el territorio de las comunidades afrocolombianas cercanas. Y han tenido que pasar casi 15 años de procesos judiciales para que la Corte Constitucional de Colombia, en 2015, les diera finalmente la razón e hiciera oficialmente responsable a la compañía del gran impacto que causó.

La central hidroeléctrica de Salvajina, en el Cauca, ha sido otra de las grandes infraestructuras de EPSA donde las comunidades señalaron a Unión Fenosa como máxima responsable del deterioro de la productividad de los cultivos próximos al embalse, de la fragmentación del territorio y de la fuerte represión y persecución a activistas sociales.

En la Costa del Caribe, la llegada de la compañía española siguió las pautas marcadas en su estrategia de expansión internacional. Como ya analizamos en 2007 en el libro La energía que apaga Colombia, tras llevar a cabo adquisiciones a muy bajo precio, con poca rentabilidad inicial, ya que se trataba de empresas situadas en regiones con infraestructuras en mal estado y amplias capas de población empobrecida, la empresa española desarrollaba una estrategia para maximizar los beneficios empresariales en muy poco tiempo. Y lo hacía mediante tres vías: minimizar las inversiones de un servicio prestado en monopolio, tener mano dura en la gestión del cobro y reducir drásticamente los costes laborales.

En el plano laboral, las filiales de Unión Fenosa fueron eliminando derechos laborales en cada convenio firmado. La compañía, a su vez, extendió la subcontratación, que abarataba los costes y alejaba la responsabilidad por la falta de seguridad y los accidentes de los trabajadores, manteniendo una política de debilitamiento de las organizaciones sindicales. Sindicatos como Sintraelecol han denunciado en repetidas ocasiones la violación de los Convenios Internacionales nº 87, 88, 111 y 154 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que protegen el derecho a la sindicalización, la negociación colectiva y la discriminación y protección en el trabajo.

La “cultura del no pago”

Desde el principio de sus operaciones en Colombia, Unión Fenosa achacaba su agresiva política de recaudación y la mala prestación del servicio eléctrico al hecho de que la población de la costa caribeña tenía una “cultura del no pago”. Así, sostenía la empresa, el antiguo monopolio estatal habría creado una suerte de cultura clientelar que favorecería el impago. La versión de los usuarios y usuarias, sin embargo, era radicalmente distinta: ante un servicio prestado en pésimas condiciones, las familias se negaban a pagar unas tarifas que no paraban de crecer. No olvidemos que, en 2002, una persona con pocos recursos que viviera en una ciudad costera como Barranquilla tenía que destinar nada menos que el 52% de sus ingresos totales al pago de la factura mensual de Electricaribe.

Para asegurarse el cobro de las facturas a toda costa, las filiales de Unión Fenosa emplearon todos los medios a su alcance: racionamientos de electricidad, apagones, sobrefacturación, amenazas de demanda por la vía penal por acometer conexiones irregulares… Junto a ello, no realizaron las inversiones necesarias para el mantenimiento de las redes ni para su extensión en barrios empobrecidos, con lo que eran continuos los cambios de tensión y las caídas del cableado que provocaban cuantiosos daños materiales e incluso llegaron a costar la vida a muchas personas por electrocución.

Además, en este contexto de deficientes condiciones socioeconómicas, las mujeres de la población con menos recursos han tenido que hacer frente a los impactos de la falta de electricidad. Son ellas las que asumen la responsabilidad de enfrentarse a los conflictos generados por la ausencia de este servicio público y proveer de agua, educación, salud y alimentos en buen estado. No es de extrañar, entonces, que ellas sean quienes precisamente conforman buena parte de los movimientos en defensa de los servicios públicos de los barrios periféricos de la Costa.

En ese marco, se sucedieron las denuncias de la población y aumentó la movilización social. Sin exagerar demasiado, podemos decir que entre 2002 y 2003 prácticamente toda la costa del Caribe salió a manifestarse, a cortar carreteras, a concentrarse en las puertas de la empresa. Al mismo tiempo, Electricaribe anunciaba que estaba a punto de entrar en quiebra y que, por tanto, tendría que “escoger los sitios y las condiciones que pudieran hacer su actividad más rentable y productiva”. Frente a la amenaza de abandonar el servicio en amplias zonas, el gobierno colombiano —entonces presidido por Álvaro Uribe— desplegó las políticas y promulgó las leyes que exigía la multinacional española para hacer rentable su negocio: subsidios estatales —pagados directamente a la filial de Fenosa— para reducir la factura de la población con menos recursos, inversión pública en infraestructura eléctrica, capitalización de la empresa —en la que el Estado siempre ha mantenido una participación significativa, aunque con los años esta se ha ido reduciendo hasta llegar al 15% actual—, reenvío a las instituciones municipales de la responsabilidad de ofrecer el servicio a los barrios más pobres.

Ya entonces Electricaribe afirmaba, como lo hace ahora, que los clientes acumulaban una deuda insostenible. Efectivamente, había un elevado endeudamiento de los habitantes de los barrios empobrecidos y de algunas administraciones, pero es igualmente cierto que nunca llegó a plantearse seriamente cómo hacer frente a este problema. En realidad, como tratamos de demostrar en un estudio publicado en 2008, la deuda ha venido funcionando como un elemento de presión para obligar al gobierno a seguir asegurando los ingresos empresariales vía subsidios públicos.

Con el paso de los años, las protestas contra la filial de Gas Natural Fenosa fueron reduciéndose, tanto por las políticas estatales a favor de la compañía como por sus propios programas de “responsabilidad social”, con los que —a través de otra subsidiaria llamada, no por casualidad, Energía Social— subcontrataba a destacados líderes comunitarios como cobradores de las facturas para así desarticular al movimiento social. Y en eso también tuvo mucho que ver, como en tantas otras partes de Colombia, la violencia ejercida por los grupos paramilitares contra los dirigentes sociales y sindicales: entre 1998 y 2006 fueron asesinados 27 sindicalistas relacionados con el sector eléctrico en la Costa del Caribe. Como resumía una vecina de Riohacha, la capital de La Guajira, “la dilatación de los procesos debilitó la protesta, a la vez que los paños de agua caliente de la administración, la eliminación selectiva de los líderes sociales y las amenazas favorecieron la apatía de la comunidad”.

¿Un acuerdo para la inversión?

Cuando fue intervenida su filial, Gas Natural Fenosa declaró su deseo de llegar a “un acuerdo entre las partes que le permita retomar el control de la empresa (Electricaribe) y acometer a la mayor brevedad el necesario plan de inversiones”. Una afirmación paradójica, porque su liquidación y retirada de la gestión de la compañía ha sido motivada, precisamente, por falta de inversión y la ausencia de liquidez para acometerla.

El problema de la inversión viene de lejos. El Estado colombiano intentó abordarlo a través del Plan 5 Caribe, un programa público que se vino desarrollando en alianza con Electricaribe. El objetivo de este plan, según el ministro de Minas y Energía, era “resolver el problema de fondo, una calidad deficiente en la prestación del servicio que se origina por una baja inversión”. Así, dio comienzo en 2015 con una inversión pública por valor de 2 billones de pesos para mejorar la infraestructura y redes eléctricas. Naturalmente, estas inversiones no mermaban los subsidios existentes en el sector de la electricidad y la búsqueda de alternativas para el pago de las deudas de la población y los entes territoriales. Según el Estado, estas ascienden a medio billón de pesos —unos 164 millones de euros al cambio actual— y, según la empresa, a un billón de pesos —unos 329 millones de euros al cambio actual—; en cualquiera de los dos casos, lejos de los más de 1.000 millones de euros en deudas que dice tener Electricaribe por impagos.

La contraprestación que debía asumir Electricaribe era llevar a cabo las inversiones necesarias para garantizar un buen servicio eléctrico. Pero no llegó ni al 30% de lo pactado para el año 2016. No cumplió su compromiso de inversión ni tampoco tenía el dinero necesario para comprar la electricidad que debía llegar a la población. Para el actual gerente de Electricaribe, nombrado por el Estado colombiano, el principal problema de la compañía era su falta de liquidez para acometer la compra de electricidad que pudiera garantizar el servicio a lo largo de este año. Por eso, las primeras medidas derivadas de la intervención consistieron en inyectar 120.000 millones de pesos del presupuesto público a la compañía y aumentar el tamaño del fondo público con el que tendrían que cubrirse futuros compromisos de pago y deudas.

Futuro y perspectivas

Si vemos cómo ha transcurrido la actividad de Electricaribe desde que llegó Unión Fenosa en el año 2000, hay dos aspectos clave que han marcado su negocio: la deuda, procedente de los impagos, y los subsidios e inversiones públicas que han ido alimentando las cuentas de la compañía. Cada vez que la compañía se encontraba con una mala situación financiera, ya fuera por las deudas o por la propia gestión de la compañía —algo difícil de saber desde fuera por la ausencia de datos públicos—, reclamaba fondos al Estado colombiano y este respondía. Así pasó con el Acuerdo de Malambo en 2003 y así lo intentaron, además de con otras medidas, con el Plan 5 Caribe en 2015. Pero eso, en esta ocasión, no ha sido suficiente.

Todo parecía desembocar en un acuerdo entre la empresa transnacional y el gobierno colombiano. Y más si atendemos a la postura del gobierno de Santos respecto a la inversión extranjera, al apoyo que tiene la multinacional española de la diplomacia española y a los mensajes que ha transmitido Gas Natural Fenosa. Juan Manuel Santos ha sido un invitado habitual a muchos foros internacionales impulsados por los lobbies empresariales, donde no ha dudado en promocionar una idea de “seguridad jurídica” muy favorable a los intereses de las empresas transnacionales. Por ejemplo, en el Foro de Inversiones y Cooperación Empresarial entre Colombia y España, celebrado en 2012 justo un mes después de que el gobierno de Cristina Fernández expropiara la filial de Repsol en Argentina, el presidente Santos se reafirmó en su declaración de intenciones: “Aquí nosotros no expropiamos, presidente Rajoy”. Dos años después, en el Foro Invertir en Colombia, organizado por el grupo PRISA junto a grandes multinacionales con presencia en el país como Telefónica, Ferrovial, BBVA, Endesa y Gas Natural Fenosa —representada esta última en aquel encuentro por quien fue su consejero hasta hace poco, el expresidente del gobierno Felipe González—, venía a trasmitirse un mensaje similar: lo que es bueno para las transnacionales españolas es bueno para la población colombiana.

Siguiendo la trayectoria de la casa real en la defensa de los negocios de las multinacionales españolas en el extranjero, no es extraño que el rey Felipe VI se reuniera con Santos durante la última Cumbre Iberoamericana, el pasado mes de octubre. En dicho encuentro, el monarca sostuvo que sería positivo, para favorecer la negociación, que se produjera una reunión entre el presidente colombiano y la dirección de la compañía. Y así fue: a principios de noviembre se encontraron Fainé y Villaseca con el presidente colombiano, quien iba acompañado del ministro de Minas y Energía, el ministro de Hacienda y el secretario general de la Presidencia. La reunión tuvo lugar tres días antes de la intervención de la filial de Gas Natural Fenosa por parte del Estado colombiano.

Con todos estos antecedentes, no parecía que fuera a avanzarse por la senda del conflicto con compañías como Gas Natural Fenosa, a pesar de que ha estado incumpliendo reiteradamente su obligación de proveer un servicio público básico. Entonces, ¿qué ha cambiado para que el gobierno y la multinacional, esta vez, no se hayan puesto de acuerdo? Difícil saberlo, porque todo el proceso de negociación ha sido a puerta cerrada, aunque todo apunta a que ambos actores tienen nuevos planes para la empresa: el gobierno podría querer beneficiar a otro operador —extranjero o incluso estatal—, mientras Gas Natural Fenosa quizás haya dado por amortizada su filial caribeña y solo quiera ya obtener el mayor dinero posible por ella. En todo caso, lo que sí es seguro es que a partir de ahora se abren tres escenarios.

Primero: que, a pesar del anuncio de liquidación por parte del gobierno de Santos y la demanda internacional por parte de la compañía, los representantes del Estado colombiano y de Gas Natural Fenosa vuelvan a sentarse a negociar y puedan llegar a un acuerdo con el que seguir gestionando la empresa. Es una posibilidad que aún no está definitivamente cerrada, porque como decía José Miguel Mendoza, máximo responsable de la Superintendencia de Servicios Públicos, “la ley establece la posibilidad de negociación, en procesos de liquidación como el de Electricaribe se puede corregir el rumbo y frenar la liquidación si se cumplen las exigencias, en este caso: inversiones que superen la obsolescencia de las redes de Electricaribe”. Dicho de otro modo: si la compañía invirtiera parte de lo que le exige el gobierno colombiano, se acabaría el problema.

Segundo: que la multinacional española dé por perdida su filial Electricaribe y se centre en conseguir la mayor cifra posible de compensación, negociando con el gobierno colombiano la indemnización a la vez que avanza la demanda ante el tribunal de arbitraje. El ejecutivo de Santos, por su parte, podría vender la empresa tras liquidarla y con eso conseguir liquidez para pagar a los acreedores; después, si quedasen “recursos adicionales, se entregaría a los accionistas actuales, a Gas Natural Fenosa”, ha confirmado Mendoza. Es decir, que el monto de la compensación a la compañía española aparece como la cuestión principal a debatir a partir de este momento.

Y tercero: que el Estado se haga cargo de la empresa eléctrica, en lo que vendría a ser una nacionalización, bien sea a través de una de las compañías públicas ya existentes, bien creando una nueva y corresponsabilizando a las diferentes instituciones estatales implicadas en su gestión. Como defiende el exalcalde de Santa Marta, “nuestra propuesta es que si el Estado avanza con la reestructuración sea para nacionalizarla, que cese la presencia de Gas Natural Fenosa”. Y eso, además, tendría que hacerse tras la realización de una auditoria socioeconómica de la compañía, que hiciera público qué deudas tendrían que pagarse y cuáles no, incluido el monto que exige la transnacional.

En la carta que el Comité por la defensa de los usuarios contra los abusos de Electricaribe remitió a Santos tras el anuncio de liquidación de la empresa se recordaba que “estos servicios esenciales, por ser un sector estratégico, deben ser prestado por empresas estatales”. Y que “debe garantizarse una transformación estructural del modelo de prestación de estos servicios”, para garantizar “el derecho al acceso y la universalización de los servicios públicos a toda la población, con una administración libre de corrupción y un control social real”. A la vista de la trayectoria neoliberal del actual gobierno colombiano, esta parece la opción más improbable.

Jueves 8 de junio de 2017

Pedro Ramiro y Erika González son investigadores del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad.

Fuente: http://omal.info/spip.php?article8338