A pesar de una huelga electoral que provocó la peor derrota del movimiento anexionista en cincuenta años –500.000 frente a 1.700.000 que boicotearon el plebiscito sobre la condición colonial de Puerto Rico- el Gobierno anunció que enviará “congresistas” a Washington a reclamar la integración a Estados Unidos.

La distancia entre realidad y percepción en torno al plebiscito del domingo se combinó con otra distancia de la imaginación cuando una legión de escuadras de la Policía nacional, con motoras, carros, unidades anti motines y hasta un helicóptero, se desplegó con gran ruido de sirenas de emergencia para enfrentar una marcha de apenas unos cuantos cientos que transcurrió sin incidentes.

El alzamiento verdadero fue el de la abstención, con cerca del 77 por ciento de los electores que no acudieron a votar, mientras la anexión competía sola y logró el favor de apenas un 23 por ciento de los ciudadanos con derecho al voto. Como medida para tratar de legitimar el plebiscito, el Gobierno había conseguido de antemano un par de personas que figuraron como representantes nominales de las alternativas del territorio y la libre asociación/independencia, que recibieron algunos miles de votos.

Las escenas ocurrieron en el único ámbito democrático –votar sobre la relación deseada con EEUU- que permite legalmente Washington a los puertorriqueños, sometidos desde el año pasado a la dictadura de una junta de control, ante la deuda impagable y la crisis económica. En ese marco, el Ejecutivo y la Legislatura de Puerto Rico están reducidos a funciones auxiliares y consultivas y, de todas formas, el Congreso tampoco se comprometió a respetar el resultado del plebiscito.

Mientras tanto, fuentes diplomáticas informan que entre las cancillerías latinoamericanas se producen consultas sobre el borrador de un texto de resolución ya redactado sobre el caso colonial de Puerto Rico, que será discutido el 19 de los corrientes por el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas. Las fuentes indicaron que el texto es más duro que en años anteriores en la exigencia a EEUU para que cese su dominio sobre este país isleño del noreste del Caribe, ubicado en un punto estratégico equidistante de Guantánamo y de Caracas.

Se anticipan también gestiones intensas en el Congreso y el Ejecutivo de EEUU por parte de los sectores políticos opositores.

Por un lado, el pequeño aunque influyente Partido Independentista Puertorriqueño, que estará presente en la ONU el día 19, anunció que también irá a Washington a proponer, como salida para la crisis, que se dé paso a una propuesta para que EEUU comience el proceso de retirarse y permitir que Puerto Rico escoja entre una relación de libre asociación o la independencia completa. Por el otro lado, el opositor autonomista Partido Popular Democrático gestionará que EEUU no reconozca los resultados publicados por la Comisión Estatal de Elecciones, que otorgan a la anexión el 97 por ciento, además de que iniciará una evaluación sobre posible fraude ante la acumulación de evidencia fotográfica sobre mesas electorales desiertas durante la consulta.

Nada de eso parecía alterar el domingo las caras de celebración del oficialismo, tan distantes de los datos sobre la historia electoral de la lucha de los anexionistas para que Puerto Rico llegue a formar para de la Unión de EEUU.

Hace exactamente cincuenta años, el anexionismo evidenció un dramático crecimiento cuando logró aumentar el respaldo popular de apenas un 12 por ciento en 1952 a 39 por ciento en el plebiscito de 1967, para luego subir a 46 por ciento en el plebiscito de 1993 y a 47 por ciento en el de 1998. En el plebiscito de 2012, el respaldo para la anexión se redujo al 44 por ciento y este domingo se descalabró hasta bajar a 23 por ciento, con las unidades antimotines corriendo a enfrentar una insurrección que más nadie vio.

Tampoco es que no esté creciendo un ambiente de insurgencia.

Con la lentitud sostenida en que suben las mareas con el calentamiento global, en 1998 la alternativa de status político que obtuvo más de la mitad de los votos fue “ninguna de las anteriores” y en 2012, la mayoría absoluta fue para repudiar el status de “territorio” –término usado en EEUU para denominar las colonias- y ahora dejando plantadas las mesas de votación ante la convocatoria anexionista, para la que pedían boicot los independentistas y los autonomistas.

La votación del domingo se produjo apenas una semana después de que concluyera una huelga estudiantil en la Universidad de Puerto Rico, que afectó de una manera o de otra durante setenta días los once recintos del sistema universitario público, el Conservatorio de Música y la Escuela de Artes Plásticas. En medio de esa huelga fue que se escenificó, el pasado Primero de Mayo, un paro nacional que sorprendió al efectivamente paralizar casi todo el país y fue escenario de disturbios en la zona bancaria, que dejaron un saldo de cristales rotos en algunos edificios y otros daños a la propiedad.

El conflicto universitario, todavía no resuelto aunque se reanuden las clases, ha dejado sin jefatura a la UPR, luego de la renuncia ante la perspectiva del encarcelamiento de la presidenta de la universidad y varios miembros de la junta, además de convertir en figuras notables a los líderes estudiantiles, como la presidenta del Consejo General de Estudiantes de Río Piedras, Wilmarí de Jesús. También ha dejado decenas de arrestados.

El ambiente sigue siendo volátil, como en días recientes cuando la jefatura universitaria envió a una escuadra de contratistas privados con palos y pistolas que lanzan choques eléctricos para someter a un grupo de estudiantes que intentaba montar, sin permiso, un comedor para estudiantes pobres en el Recinto de Río Piedras de la UPR. El asalto ocurrió protegido por la penumbra de la madrugada, pero fue grabado por estudiantes.

La tensión, sin embargo, no abarca con fuerza sectores sociales o sindicales, al menos, no de manera visible. Esos sectores se mantienen a distancia.

San Juan, 12 de junio de 2017

- Jesús Dávila, NCM