Por la anti-democracia del Gobierno Santos y su completa solidaridad con las multinacionales

En peligro la consulta popular y la consulta previa

05/06/2017
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Análisis del contexto de las anunciadas reformas

En un Gobierno neoliberal, como el del Presidente Santos y sus ministros, no cabe la participación popular genuina, directa, salida y nacida de las entrañas de la población. Por tal razón, no se le abren grandes las puertas. Al contrario, se busca recortar la democracia de participación popular.

El Gobierno se preocupa por controlar las consultas, pero no por estudiar, analizar y frenar la destrucción del Medio Ambiente que han causado multinacionales y grandes empresas nacionales, en diferentes regiones del país. No hay ningún tipo de informe, al respecto.

El contexto: Las consultas “dañan” los negocios de las multinacionales

Bajo los dos gobiernos de Uribe, gobiernos en que participó Juan Manuel Santos, como ministro o como militante de peso por ser el fundador del Partido de la U., se abrieron todas las ventanillas y compuertas, para entregar y regalar licencias de exploración y de explotación minero-energética, al por mayor. En un tiempo record, diferentes multinacionales se instalaron en el país e iniciaron sus proyectos de manera vertiginosa, con el desconocimiento total del conjunto de la ciudadanía y de las poblaciones afectadas.

Cabe una pregunta de fondo: ¿Cómo lograron las multinacionales conocer tan rápido tantas posibilidades de inversión en el campo minero-energético, a lo largo y ancho del país?  ¿Cómo lograron desconocer y burlar la legislación? Por ejemplo, no se han respetado zonas de reserva forestal. Se han dejado miles de pobladores sin agua. Se ha fortalecido la deforestación. Se ha impuesto el desplazamiento. Aparecieron enfermedades.

Dos hipótesis. La primera, ya venían investigando, silenciosamente, con sus propios equipos de investigación, todos los rincones del país.  Segunda hipótesis y la más lógica: buscaron apoyos políticos y llegaron directamente a las fuentes de información: Min-Minas, Min-Ambiente, Organización Nacional Minera, ANLA, Instituto Geográfico “Agustín Codazzi”…

Si no es así, ¿cómo se explica que Anglogold Ashanti (porque es el caso que conozco más), haya llegado a obtener cientos de títulos mineros, en diferentes departamentos y haya abierto tantos frentes de trabajo en tiempo record?

“En el 2012 teníamos 1.000 títulos mineros”, afirmó Felipe Márquez, Presidente de AGA, Colombia. Portafolio, 22 de mayo, 2017.

La hipótesis se podría tornar en realidad. No cabe la menor duda: funcionarios corruptos les entregaron o les vendieron muy barata la información. Además de las alianzas con empresarios colombianos. En este contexto, no hay que olvidar el papel de las multinacionales minero-energéticas de Canadá y otras más, que con el apoyo del Gobierno canadiense y del Gobierno colombiano, fueron las autoras reales del Código de Minas, o Ley 685, del 15 de agosto, de 2001.

Durante los quince años de gobiernos Uribe y Santos, 2002-2016, las multinacionales han salido muy favorecidas:

Se les han dado las mejores garantías

Con razón afirma Esteban Correa: “El país no se lo entregamos a la guerrilla, se lo entregamos a las multinacionales”. Santos quiere un país en paz, para que puedan reinar el capital extranjero y las multinacionales.

Se erigió “en dogma” la inversión extrajera.

Se negociaron tratados comerciales internacionales. El primero fue el TLC.

Se super desarrolló la minería ilegal. ¿Además de narcos, guerrillas y paras, no habrá políticos, parlamentarios y empresarios en ese negocio ilegal y destructor?

Se entregaron cientos de licencias minero-energéticas nocivas para el Medio Ambiente, luego dañinas también para las poblaciones víctimas.

En varios estudios ha quedado claro que las multinacionales se apoyan en la corrupción. Compran funcionarios.

Bajo esos dos gobiernos, creció como nunca la corrupción pública: “Agro ingreso seguro”, Reficar, Odebrecht, “mermelada”, Interbolsa, Navelena, empresas españolas.

Los huecos económicos que ha dejado el alarmante y crónico robo del presupuesto nacional, se han “tapado” con el crecimiento del endeudamiento público, esto es, con los préstamos internacionales, que han agrandado la deuda pública. Se han despilfarrado y/o robado las regalías.

Cuatro expresiones pasarán a la historia, para mostrar la corrupción en las dos últimas presidencias: “Agro ingreso seguro”, Odebrecht, Reficar y “Mermelada”.

Según la Contraloría General de la República, citada en la página 44, de la Revista Semana, de abril 8, página 44, de este año, la corrupción le cuesta a la población colombiana, la módica suma de 50 billones de pesos cada año.

Es decir, ¡un billón de pesos por semana!

La corrupción se roba el 4% de Producto Interno Bruto (PIB), por año.

Las instituciones de mayor riesgo de corrupción, según la ONG Transparencia por Colombia, son: Ejército Nacional (51.2%), Consejo Superior de la Judicatura (49.8%), Senado de la República (45.4%) y Cámara de Representantes (24.3%).

¡OJO! 91% de los empresarios cree que algunos de ellos ofrecen sobornos.

 Con una nueva reglamentación de las consultas se quiere neutralizar a la ciudadanía y poner fin a los conflictos sociales, molestos para las multinacionales y el gobierno, pero positivos para la población, que defiende el Medio Ambiente y sus territorios

Cito algunos de los grandes conflictos que ha vivido el país:

** Guajira y las tragedias de su población: carbón, corrupción, falta de agua…

** Córdoba, Montelíbano: níquel en Cerromatoso: pobreza y enfermedades.

**  Cesar, carbón. Falta de agua, paramilitares, la violación de los derechos, desplazamiento.

** Santander, Santurbán, el oro contra el agua.

** Santander-Boyacá: Hidrosogamoso.

** Casanare: las sequías y la muerte de animales porque las petroleras se apoderaron del agua superficial y subterránea.

** Meta, en Caño Cristales se asignaron títulos. La protesta evitó el crimen.

** Tolima, Cajamarca, La Colosa. Destrucción del Medio Ambiente si gana el oro.

** Huila, 6 municipios afectados por la represa e hidroeléctrica El Quimbo.

** Putumayo. Los daños a la población y a la naturaleza por la explotación del Petróleo.

** Quindío, AGA se atrevió a solicitar títulos en el territorio de las palmas de cera.

** Antioquia, Suroriente, crece el descontento por megaminería

 
Santos contra las consultas populares

Si hay algo que une profundamente a dos políticos, ayer amiguísimos y hoy enemigos acérrimos, es el apoyo y la defensa acrítica de las multinacionales, es decir, al neoliberalismo salvaje, la globalización y el despojo a la población.  Uribe y Santos consideran los compromisos adquiridos con las multinacionales, más que sagrados. ¿Por qué tanto fervor? Uribe y Santos están de acuerdo: el capital internacional y las riquezas de las multinacionales no pueden quedar quietas y guardadas en sus cajas fuertes. Quieren que las multinacionales sean más ricas.  Que nadie las moleste ni les atraviesen palos en el camino… Por tal razón, Santos se opone radicalmente a las consultas populares y no acepta que sean vinculantes. Varios analistas constitucionalistas afirman que sí son vinculantes.

Si bien las consultas previas ya venían siendo utilizadas por los pueblos indígenas y por la población afro-colombiana, se veían “normales”, porque según el Gobierno, no eran vinculantes. Pero, además, con la política presidencial de super-apoyo a las multinacionales megamineras, la ciudadanía comenzó a ver los peligros y daños. Y lo que no esperaba el Gobierno Santos. Se atravesó el uso creciente del mecanismo constitucional de la Consulta Popular, en la carrilera de la locomotora de la megaminería y de la explotación de petróleo, una de las estrategias de su Plan de Desarrollo.

El debate creció y se extendió con el proyecto de La Colosa, Cajamarca. La intervención directa de Santos, enviando ministros y funcionarios a presionar alcaldes y concejales de Cajamarca y Espinal, fue más que burda, a favor de Anglogold Ashanti. En Espinal se hizo presente el entonces vicepresidente, Germán Vargas Lleras. En esa cruzada tuvo el apoyo total del entonces Procurador Ordóñez, que amenazó con investigación y sanción, como ya venía haciéndolo contra el alcalde y los concejales de Piedras. El Procurador inclusive citó a su Despacho, en Bogotá, a los concejales de Cajamarca.

Ante el triunfo de la consulta en Piedras y la creciente posibilidad de la consulta popular en Cajamarca, Santos y sus ministros, siempre adictos a las multinacionales, perdieron la calma. Desde su primer período presidencial, Santos, en pleno Congreso de la Asociación Colombiana de Minería, en Cartagena, despotricó contra las consultas populares y declaró su reforma. Este año, en la segunda semana de mayo, ante el mismo auditorio, volvió a re-afirmar su promesa.  Su ministro de Minas anunció tener ya el borrador del proyecto de Ley.

Afortunadamente la Corte Constitucional, y luego el Consejo de Estado, entraron en el debate, y le dieron la razón a la ciudadanía. De tal manera que varios municipios decidieron convocar consultas populares exitosas: Cajamarca (97.2%, Tauramena (Casanare), 96.8% y Cabrera (Cund) 98.5%. Otros se preparan: Cumaral (Meta), 4 de junio, Arbeláez (Cundinamarca) y Pijao (Quindío), el 9 de julio y Pasca (Cundinamarca), que no ha definido todavía la fecha. Piedras, 99%, primera consulta en este contexto, el 28 de julio de 2013.

Corre el peligro, que con la nueva solicitud del Gobierno al Congreso para que le otorgue otros seis meses de facultades extras, el Gobierno Santos aproveche para cambiar la legislación sobre las consultas, vía Fast Track. En mi criterio, esa cuestión no tiene que ver directamente con los acuerdos Gobierno-Farc. Si pasa por Fast Track implicaría cambios constitucionales en los mecanismos de participación ciudadana. Lo que sería muy grave y atrevido.

“Cambiarían reglas para consultas”. “MINMINAS ANUNCIÓ QUE TIENE LISTA PROPUESTA”. El Siglo, Mayo 13, 2017 – 04:10 PM

“Un día después de la consulta minera en Cajamarca (Tolima), en la que el 98% de los votantes le dijo No a la explotación de oro en su territorio, el ministro de Minas, Germán Arce, dejó claro que no estaba de acuerdo con lo que estaba ocurriendo. En entrevista con Blu Radio, reveló que tiene lista una propuesta para “llenar los vacíos normativos” que dejaron en “el limbo algunas situaciones del sector”.

El anuncio coincidió con la reunión en Cartagena de la Asociación Colombiana de Minería y cuando están pendientes alrededor de 39 nuevas consultas populares en todo el territorio colombiano.

Para Arce se debe crear un mecanismo para manejar lo que él llama “la paternidad compartida entre el suelo y el subsuelo… si somos capaces de construir una regla que nos permita sentarnos y decidir qué hacer en el territorio le vamos a dar salida a esta trampa de las consultas populares” (las letras en azul son del autor del artículo)…

“En la entrevista, Arce intentó descalificar las consultas diciendo que “hay grupos montando campañas para generar estas emociones de petróleo versus agua, que son muy populares pero ponen en jaque las actividades legales que se pueden hacer de manera responsable.

Los principales enemigos de las consultas populares

Santos y su Gobierno

La Asociación Colombiana de Minería (ACM)

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

Las multinacionales y grandes empresas colombianas

Un buen conjunto de alcaldes y gobernadores

Germán Vargas, como vicepresidente hizo declaraciones contra las consultas populares

¿La mayoría de los parlamentarios?

“La Agencia Jurídica se opone a consulta popular en el Meta”

“Estaría evitando un daño antijurídico, a través de una acción de tutela interpuesta contra una decisión del Tribunal Administrativo del Meta”.

Julio Sánchez Cristo.  La W18/05/2017 – (hace 3 días)

“La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado presentó una acción de tutela contra la decisión del Tribunal Administrativo del Meta que avaló la constitucionalidad de la Consulta Popular que se pretende adelantar en el municipio de Cumaral (Meta), para prohibir actividades de exploración y explotación de hidrocarburos.

La Agencia considera que este tipo de decisiones pueden generar graves daños antijurídicos que atentarían contra los intereses patrimoniales del Estado”.

“De otra parte, la Agencia Nacional de Minería, ANM, ya tiene listo un mapa con las zonas que se podrían ver afectadas por cuenta de las 39 consultas populares que se quieren presentar para definir el futuro de la actividad.
Actualmente se identifican 13 zonas en donde se llamará a la comunidad a votar en contra o a favor del desarrollo de la minería en diferentes regiones del país.

En estas zonas hay 268 títulos que ya han sido otorgados a empresas que tienen proyectos, en su mayoría, en etapa de exploración y en un pequeño porcentaje, en producción”. El Siglo, Mayo 13, 2017, en “Cambiarían reglas para consultas”.

¿Qué buscan los promotores de las consultas populares, por todo el país?

Frenar los daños a las poblaciones víctimas, la destrucción de la Madre Tierra, del Medio Ambiente, del hábitat, de la fauna, de la flora y del agua. Es decir, de la VIDA.

No hay oposición al llamado “desarrollo” del país, sino al tipo de “desarrollo”. No aceptan el “desarrollo” concebido solamente como crecimiento económico. El desarrollo debe tener rostro humano.

Los falsos mitos para desacreditar las consultas populares

Mark Twain: “Una mina es un hueco en la tierra, con un mentiroso parado al lado.” (1)

** La inversión extranjera trae desarrollo. Sí, para los inversionistas. Poco para el pueblo.

** El país necesita regalías…  Para la corrupción.

** La megaminería es responsable, compatible y amigable con el Medio Ambiente. Puede haber un desarrollo ambiental sostenible. No es cierto. Experiencias en diferentes países lo niegan.

** No hay seguridad jurídica para las empresas.

“La operación minera del país está en jaque por la incertidumbre jurídica”, Portafolio, 1-V-2017

Y añade el autor de este artículo: Pero no se habla y no se defiende la seguridad jurídica del Medio Ambiente, la seguridad jurídica del agua para los habitantes de los territorios, la seguridad jurídica de la agricultura de alimentos, el “pan-coger”, la seguridad jurídica de los ganados de los pobladores…

Es positivo recordar la sequía en Casanare, que produjo la muerte de miles de animales… La muerte de animales en la Guajira por las sequías. ¡Y de personas!

¿Defiende el Gobierno la seguridad jurídica de las reservas forestales que han sido violadas? Anglogold Ashanti violó la reserva forestal de las montañas de La Colosa.

 Informes sobre varios megaproyectos han evidenciado la inseguridad vital para personas y animales: la falta de agua vital y mercurio en el agua, las enfermedades respiratorias y de la piel, los daños en animales por falta de agua y enfermedades. Las viviendas invadidas por el polvillo de carbón, del cemento, de la quema del follaje de la caña de azúcar…

En el país se adelantan proyectos megamineros que han dañado el Medio Ambiente, y no pasa nada. No se aplica la LEY. Ojalá que las CAR se despierten y actúen como en el caso siguiente.

“En firme demolición de lujosa casa en los cerros orientales”

“La Corporación Autónoma Regional, CAR, tomó la decisión de ordenar la demolición de la megaestructura ubicada en zona de reserva. De acuerdo con la entidad, “se confirmó la declaración de responsabilidad a la sociedad comercializadora Kaysser y a la señora Juanita Barreneche por los siguientes cargos formulados: realizar actividades de ocupación de cauce de la quebrada Rosales sin autorización, realizar actividades de construcción en zona de reserva forestal protectora Bosque Oriental de Bogotá, realizar actividades de intervención en zonas de Ronda de las áreas forestales protectoras y realizar actividades de adecuación y nivelación en el predio ubicado en la calle 76 número 260, Lote 11, El Bambú en Bogotá”.  CARACOL, 26 de mayo.

Bogotá, miércoles 31 de mayo de 2017

(1) Citado por Marianne Moor, en Comunicado de homenaje a Robert Moran, hidrólogo e hidroquímico irlandés, fallecido en accidente de carretera, quien visitó varias veces Cajamarca, Espinal e Ibagué. Sus conocimientos, experiencia y planteamientos, fueron fundamentales para la toma de conciencia del desastre que significará la destrucción de las montañas y el Medio Ambiente.

Héctor Alfonso Torres Rojas: Sociólogo

Fuente:  Revista Sur



 

https://www.alainet.org/es/articulo/185941?language=es
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