El proceso de beatificación y canonización de Óscar Arnulfo Romero no ha sido fácil.  Como tampoco lo ha sido para quienes han abogado por justicia tras su asesinato. El pueblo salvadoreño y todo el pueblo de América Latina lo han proclamado tempranamente como San Romero de América.  Pero ha habido resistencias y dilaciones de parte de quienes han aducido que no sería prudente su beatificación y su canonización, porque es un personaje incómodo y ajeno a la predicación tradicional.  Estas dificultades las ha superado el Papa Francisco al proceder a su beatificación el 23 de mayo de 2015.  Ese día será recordado como un día en que se ha hecho justicia, al menos en el ámbito eclesial, porque hasta hoy no se ha aclarado ante los tribunales salvadoreños el asesinato de Romero, no obstante estar precisada la información sobre los instigadores y autores materiales del crimen.

El 24 de marzo de 1980, mientras celebraba la eucaristía, Romero fue asesinado de un balazo disparado por un sicario de la oligarquía. La policía inspeccionó el lugar de los hechos sólo nueve días más tarde.  No tomó ninguna prueba ni interrogó a los testigos.  En la autopsia se hallaron fragmentos de una bala calibre 22, algo que no se incluyó en el acta.  El director de la Policía Nacional declaró, tres semanas más tarde, que era “imposible saber el calibre de la bala”. Se designó como juez instructor a Atilio Ramírez.  Tres días después de su nombramiento, desconocidos penetraron en su casa, dispararon e hirieron a una empleada del hogar. Ramírez abandonó El Salvador para no regresar.  Napoleón González, quien había presenciado cómo los asesinos habían escapado en un automóvil, fue secuestrado y continúa desaparecido.  Roberto D”Aubuisson, quien ordenó el asesinato con el apoyo del ejército, lanzó una campaña para culpar a la izquierda de la muerte de Romero.

En septiembre de 1981, D´Abuisson fundó la ultraderechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), con la que llegó al gobierno en 1988.  Años antes, en marzo de 1984, D´Abuisson había presentado, en una videograbación, la declaración de un supuesto comandante de la guerrilla, de nombre Pedro Lobo, quien asumió la responsabilidad del asesinato de Romero.  Lobo era un delincuente común a quien habían sobornado con cincuenta mil dólares.  Aunque todas las pruebas apuntaban hacia D´Abuisson, éste nunca llegó a los tribunales, pues gozaba de inmunidad parlamentaria como diputado y presidente de la Asamblea Legislativa.  Falleció en 1992 a causa de un cáncer a la laringe y hoy sus seguidores continúan considerándolo héroe por “haber preservado del comunismo a El Salvador”.

Parte de los acuerdos de paz de 1992 entre el gobierno y las fuerzas populares fue la creación de una Comisión de Verdad para investigar los crímenes y las violaciones de derechos humanos del período del conflicto armado de El Salvador.  La Comisión publicó su informe el 15 de marzo de 1993.  De éste se desprende que el ejército fue responsable de más del noventa por ciento de las atrocidades cometidas durante la guerra civil.  Uno de los casos investigados fue el asesinato del Arzobispo Romero: se constató que el mayor Roberto D´Abuisson Arrieta dio la orden de asesinar al Arzobispo y dio instrucciones precisas a miembros de uno de los “escuadrones de la muerte”, de organizar y supervisar la ejecución.

La creación de la Comisión de la Verdad exigía llevar ante los tribunales a los responsables de los crímenes documentados e indemnizar a las víctimas.  No obstante, cinco días después de la publicación del Informe, la Asamblea Legislativa aprobó una amplia ley de amnistía con el nombre de “Ley de Reconciliación Nacional” y que abarcaba todos los delitos y violaciones de derechos humanos cometidos desde el 1º de enero de 1980.  Esta amnistía condujo a perder la oportunidad de una auténtica reconciliación, además de atentar contra los tratados internacionales sobre derechos humanos y que El Salvador había ratificado.

En septiembre de 1993, María Julia Hernández, directora de la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador y Tiberio Romero, hermano del Arzobispo, llevaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Washington.  La acusación decía que “agentes de la República de El Salvador, que integraban escuadrones de la muerte, ejecutaron extrajudicialmente a monseñor Oscar Arnulfo Romero”.  Hasta agosto de 1997, la Comisión requirió hasta cuatro veces información y datos al gobierno de El Salvador.  Sólo en febrero de 1998 el gobierno entregó una respuesta en la que pidió archivar el caso invocando la ley de amnistía de 1993.  En 2014, Tutela Legal, creación de Romero, pidió que el juicio penal fuera reabierto por la justicia salvadoreña, lo que sólo ha ocurrido recientemente en 2017.  Tutela Legal fue cerrada en 2014 por disposición del actual Arzobispo de San Salvador.

En 1996, Juan Pablo II visitó El Salvador y preguntó a los obispos salvadoreños acerca de una posible beatificación de Romero.  La respuesta la dio el obispo René Revelo: “Romero es el responsable de los setenta mil muertos que hubo en este país”.

En la capilla donde Romero fue asesinado, las monjas a cargo del recinto habían colocado una lápida conmemorativa calificándolo de “buen pastor y mártir”. El responsable del proceso de beatificación ordenó cubrir la palabra “mártir” con una cinta adhesiva negra hasta que el título fuera concedido con autorización oficial de la Iglesia.

No obstante, frente a las torpezas y mezquindades, hay otras visiones de mentes lúcidas y espíritus generosos: Ignacio Ellacuría y Jon Sobrino se han referido siempre en sus escritos teológicos a Romero y sus homilías.  Karl Rahner, en “Dimensiones del martirio”, artículo publicado en la revista “Concilium” en1983, se preguntó: “¿Por qué no habría de ser mártir un monseñor Romero, caído en la lucha por la justicia en la sociedad, en una lucha que él hizo desde sus más profundas convicciones cristianas?”. Jürgen Moltmann, en “El camino de Jesucristo”, colocó a Romero junto a Dietrich Bonhoeffer como ejemplo extraordinario de mártir moderno.  El Centro de Reflexión Teológica de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, lleva el nombre de Romero y es uno de los centros más importantes de la teología de la liberación.

A pesar de que no se ha hecho justicia con Romero ni con los centenares de miles de mártires de América Latina, monseñor Romero se ha convertido en modelo de defensor de la dignidad humana y de un orden mundial justo.  Es así como en julio de 1998 se desveló una estatua de Romero en la entrada principal de la abadía de Westminster, en Londres, junto a otros mártires del siglo XX, entre ellos Dietrich Bonhoeffer, Martin Luther King, Mahatma Gandhi y Maximilian Kolbe.  Así se ha hecho realidad la afirmación de Romero: “Si me matan, resucitaré en el pueblo”.

Hervi Lara

Comité Oscar Romero-SICSAL-Chile