El robo de hidrocarburos que es realizado a la luz del día y con la protección de autoridades de los tres niveles del gobierno, “está dominado por los grandes cárteles del país”, que son “responsables de 95% de las tomas clandestinas”, corrobora un estudio de la consultora mexicana Etellekt, tal y como aquí fue planteado, pero sin las indispensables cifras.

Dado a conocer por el diario El Economista, plantea que el auge que vive esta práctica obedece a la diversificación de las actividades delictivas (estimulada, agrego yo por enésima ocasión, por el combate militar a los narcotraficantes sin previsión ni medir consecuencias socioeconómicas y humanitarias), la consecuente fragmentación de los corporativos criminales (con el abatimiento y detención de 107 capos) y la apertura del mercado energético (festejada como el gran acierto sexenal) y el encarecimiento de los combustibles.

En el reporte Situación actual y perspectivas sobre el robo de hidrocarburos en México 2016, Etellekt informa que la participación de estas organizaciones trasnacionales hace dos años se distribuyó en 38.88% por Los Zetas y 21.39% por el Cártel Jalisco Nueva Generación. El Cártel del Golfo controlaba 16.34%; los Beltrán Leyva 7.57%; el Cártel de Sinaloa 6.29%; la Familia Michoacana 2.52%; los Caballeros Templarios 1.26%; y el Cártel de Juárez 0.70%. Los Zetas monopolizaron el negocio al inicio y en Tamaulipas estuvo involucrado el presidente del Partido de la Revolución Democrática, alineado con Nueva Izquierda de Jesús Ortega, los que abogaron por él.

Este mercado ilícito mostró cambios en los últimos dos años, explica Rubén Salazar, director de Etellekt, a la reportera Ana Langner. Los datos muestran que 5.05% de las ordeñas fueron hechas por bandas de menor tamaño en 2015, conocidas como huachicoleros e integradas por gente de las comunidades cercanas a los ductos.

Fue ante aquel porcentaje del ilícito negocio que Enrique Peña Nieto reaccionó con un discurso, después de que mataron a cuatro militares en Palmarito Tochapan, Puebla.

De acuerdo con la Unidad de Análisis de Riesgos en Seguridad de Etellekt, las ganancias anuales obtenidas por Los Zetas con el robo de combustibles superaron los 7,000 millones de pesos y el Cartel Jalisco recibió más de 4,000 millones de pesos.

La firma corrobora también que el rentable negocio de la succión de ductos de Petróleos Mexicanos es impensable sin la participación de gente con el conocimiento de los horarios de operación de los ductos, pues éstos no transportan hidrocarburos todo el día y para perforarlos y ordeñarlos se requiere que estén vacíos. Es indispensable, pues, la participación de personal de Pemex, brindando información clave a la delincuencia organizada, amén de la complicidad policiaca.

Como es evidente y lo apunta Salazar, la mejor manera para restar capacidad a los cárteles y bandas de huachicoleros es “cesar el flujo de información que escapa de Pemex, pues de no depurar las filas de la empresa, fracasarán en los operativos”, por más soldados, marinos y armas que se empleen en su contra.

Menos tendrán éxito si el dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros, Carlos Romero Deschamps, los del Comité Ejecutivo y los “caciques de las secciones 1, 11, 15, 24, 34, 35, 36, 40 y 44 del STPRM” están involucrados en el ilícito negocio, como aseguran organismos opositores en denuncias ante la Procuraduría, bajo el expediente 2017116FUGJFA. Sólo que Romero y Peña son aliados.

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