Ninguna fuerza armada (la bonaerense, en primer lugar) cumplirá con marcialidad y convicción una orden de reprimir si sabe que, en el primer recodo del futuro, le aguarda un estatus similar al que hoy aflige, por caso, a ese genuino quídam llamado Miguel Osvaldo Etchecolatz. Pero el problema, entonces (el problema que afronta el gobierno), es un problema del gobierno, porque su modelo de sociedad no es viable sin el dispositivo represor aceitado y entrenado en el despliegue rápido. Si la fuerza desobedece, o trabaja a desgano, o informa movimientos propios a los opositores, las cosas se complican.

Ahora bien, el “leak” que se filtró desde el 4º piso del palacio de la calle Talcahuano (sede de la Corte Suprema) referido al 2 x 1 pretendió funcionar como texto pero es, en realidad, un hipertexto, porque se bifurca y aparecen, en diversas direcciones, ramificaciones también diversas y abigarradas, que irrumpen como tópicos inconexos y dispersos pero que, en verdad, hacen parte de un “debajo” único que funciona como materialidad mineral (como base) sobre la que se asienta una verdad más completa y sólida que la que quisieron exhibir los autores de aquel exabrupto con forma de sentencia.

El párrafo anterior está diciendo que el “dos por uno” que dominó recientemente la coyuntura en la Argentina (y que tal vez vuelva a dominarla pronto, eso no lo sabemos ahora) tiene, por una parte, un color local y, por la otra, una dimensión geopolítica a la que nadie alude quizás porque el lenguaje, por un lado, no dice nunca exactamente lo que dice y, por el otro, hay muchas otras cosas en el mundo que hablan y no son lenguaje, así lo postulaba Foucault.

El decisorio de los jueces Rosatti, Rozenkrantz y Highton no dice exactamente lo que dice el párrafo inicial de esta nota, pero es eso exactamente lo que dice. Y también los paredones y las arboledas fantasmales de Campo de Mayo (donde le cortaron las manos a Haroldo Çonti) no hablan porque no son lenguaje pero cuando uno pasa por allí escucha, nítida, la voz de esa “cosa” que se llama Campo de Mayo y que no es lenguaje pero habla.

El gobierno de Macri en la Argentina sabe lo que tiene que hacer pero no sabe cómo hacerlo. A Trump, en los EE.UU., le sucede algo parecido. A ambos los acosa el pasado inmediato como límite. Aquél quiere volver, en la Argentina, a la financiarización neoliberal pero el recuerdo aun vívido de las conquistas alcanzadas durante la “era K” se lo impide. Éste procura, en los EE.UU., matizar un poco esa financiarización de la economía pero también se encuentra con la valla de los espectros del pasado, que no son fantasmas sino segundas líneas de los gobiernos anteriores que le marcan la cancha y le dicen -con lenguaje o con hechos- hasta dónde puede ir y qué raya roja no podrá nunca sobrepasar. No manda Trump. Manda el “Estado profundo”.

El gobierno de Macri -en general- sabe adónde quiere ir pero no conoce el camino ni sabe qué atajo tomar. El “adónde” pertenece a la ideología. El cómo y el atajo, en cambio, son del orden de la política y es aquí, en la política, donde se han mostrado ineptos, desharrapados y rudimentarios. Los medios designan esta torpeza con un sintagma indulgente: “ensayo y error”, pero si otro hubiera sido el gobierno -por caso, el de Cristina— estarían llamando al golpe de Estado.

En el plano de los derechos humanos, el voto de Rosenkrantz, Rosatti y Highton no fue, claro es, el fruto de un espasmo convulsivo ni el puro acto subjetivo de individuos fuera de contexto. Por el contrario, se trata de la puesta en clave política de un valor y, por ende, de una ideología. Y envía un metamensaje ese fallo: nada de lo que les sucedió a los genocidas de ayer les sucederá a los represores de mañana, ese es el subtexto. Quisieron plantar ese mojón y no pudieron pero es eso mismo lo que ha pretendido el gobierno y no cejará (en rigor, no puede hacerlo) en su empeño por volver atrás la rueda de la historia del movimiento de derechos humanos de la Argentina.

Y chocaron la calesita. No contaron con la sociedad civil. Subestimaron su potencial de reacción en un tema que no sólo es principio innegociable sino que está ya incorporado al plexo de valores de un conjunto mayoritario, múltiple y diverso de este país como su seña de identidad más específica. No contaron con una sociedad civil en cuyo seno late -palpitante de vida- la voluntad de no inclinarse ante el espanto y que, por eso, se ha erigido, por ahora, en obstáculo para que el gobierno continúe con sus torpes maquinaciones urdidas en sintonía geopolítica con una potencia que ayer urgió a los militares para que concluyeran rápido el genocidio y hoy urge al gobierno para que incorpore a esos militares a la “lucha contra el narcotráfico” (o, lo que es lo mismo, contra una siempre posible insurgencia popular) para lo cual, primero, hace falta confundir un poco el pasado y, muy luego, la “reconciliación”; y aquí aparece, entonces, la santa madre iglesia de los católicos de este país remando con el mismo rumbo y hacia el mismo horizonte.

Pero navegan en la mar gruesa de una sociedad argentina que custodia lo mejor que la Argentina puede exhibir en el mundo, que es el aporte que ha hecho al mundo acerca de cómo se enfrentan las consecuencias de un genocidio. El gobierno de Macri está pretendiendo malversar un capital cuyo valor no puede calcular porque es un capital moral y la moral nunca fue su fuerte.

De ese modo, terminaron enfrentados a lo inesperado: el inacabamiento esencial de la interpretación. Los intérpretes (los jueces) fueron interpretados y está claro que los interpretadores de los intérpretes pueden y podrán ser, a su vez, interpretados y es eso lo que estamos haciendo en esta nota.

La Corte Suprema debe interpretar las leyes y, en rigor, la constitucionalidad de las leyes. El fallo de Rosenkrantz, Rosatti y Highton interpretó y luego fue, a su turno interpretado. El caso es que lo que había que interpretar venía del mundo de lo jurídico (era un fallo judicial) y quien lo interpretó fue la política desplegada en las calles como poder político, como el poder político que da la calle; y entonces, las interpretaciones se multiplicaron, se bifurcaron, se difuminaron como interpretación y sólo quedaron vivas como política, como pura y nuda política.

El pueblo, con un lenguaje que dice lo que dice y dijo lo que dijo pero que también dijo más que lo que dijo, puso un límite a lo perverso expresando que, si este movimiento de derechos humanos fue el que hizo realidad la defunción de la dictadura genocida, no serán tres muñecos patéticos los que podrán enmendarle la plana y doblegarlo. La lesa humanidad no se absuelve, ni se conmuta, ni se abrevia. Ni el terrorismo de Estado pudo con la verdad de las Madres. ¿Por qué habría de poder, entonces, este gobierno o cualquier otro?

Otra “interpretación” pidió, a su turno, la palabra. Fue la que hizo el Congreso de la Nación ese mismo miércoles 10 de mayo de 2017 diciendo que “acota” el 2 x 1 al período 1994-2001. Es una interpretación jurídica de un fallo que ya fue interpretado por la política, por la calle, por los organismos de derechos humanos, es decir, el Congreso llega tarde, porque los que debían hablar ya lo hicieron en la calle y porque en la Argentina, en materia de derechos humanos, no hay espacio moral, ni jurídico, ni político para decirles a las Madres, a las Abuelas y a los Hijos que el 2 x 1 se les aplicará “sólo” a los que cometieron delitos cuando la ley 24.390/94 estaba vigente.

Una apostilla a la dimensión “local” de la coyuntura argentina inficionada por el 2 x 1 nos reenvía a otra de las caras que tiene esa dimensión política local. Se trata, ni más ni menos, que de la lección de principios y combatividad que el movimiento de derechos humanos le acaba de ofrecer a la dirigencia sindical mayoritaria nucleada en la Confederación General del Trabajo (CGT). Se trata de una posición en torno a un tema asaz vigente: cómo luchar contra el neoliberalismo.

Cuando la dirigencia social se movilizó en contra del 2 x 1, el 2 x 1 no pudo pasar. Si la conducción sindical se movilizara en contra del brutal ajuste neoliberal macrista contra los trabajadores, ese ajuste tampoco podría pasar. Pero la dirigencia sindical argentina no está templada (como los organismos de derechos humanos) en la lucha contra las dictaduras. “Templada”, decimos. Su escuela es, más bien, la de la negociación a espaldas de los trabajadores. Con escasas excepciones -que las hay, por cierto- la CGT negocia y no lucha. ¿Qué pasaría hoy en la Argentina si ese ¡No a la impunidad! y ese ¡Juicio y Castigo! tuvieran su correlato en un tonante y revulsivo ¡No al neoliberalismo! y ¡Paro general!? Fin de la apostilla.

El 2 x 1 es una política que subsume todos y cada uno de los ninguneos a la causa de los derechos humanos que la precedieron: el “curro”, según dijo Macri en campaña refiriéndose a la lucha de las Madres y de las Abuelas; la violencia pura y dura ejercida contra un número que es símbolo y signo de la lucha que libraron nuestros hermanos desparecidos; la banalización del feriado del 24 de marzo; el desfinanciamiento de las áreas institucionales con competencia funcional para investigar los crímenes; la negativa de la Secretaría de Derechos Humanos a actuar como querellante, rol del cual se ha ido retirando paulatinamente; la deliberada morosidad de los juicios a los represores… El fallo de Rosenkrantz, Rosatti y Highton fue un mojón más que pretendió clavarse en el deleznable camino de inmundicias que quiere conducir al país a la impunidad pasando por la eclesial “reconciliación”. En la Argentina no hay nada que reconciliar. El pueblo, masiva y transversalmente, repudia y rechaza la impunidad a los genocidas que deben, por ello, cumplir sus condenas en cárceles comunes hasta el último día… de la sentencia o de sus vidas. Eso es justicia, no venganza, como dijo, alguna vez, Simón Wiesenthal.

Y ese espasmo tardío en pro de la impunidad (el fallo de la Corte) se exhibe como totalidad ni bien se advierte su dimensión geopolítica. El “2 x 1” dice más que lo que dice también porque dice (como subtexto, como sentido escondido) que es necesaria una estación previa en el camino que conduce, a las fuerzas represivas, a la ejecución de una agenda de defensa y de seguridad nacional diseñada por otros en otra parte. La contrainsurgencia preventiva que despliega hace ya muchos años el Departamento de Estado en toda Latinoamérica tiene fines estratégicos y, en consonancia con esos fines, una materialidad instrumental fácilmente advertible: es la administración de la producción y circulación de narcóticos en todo el continente y la anticipación -en los hechos y en el escenario- a la acción de un “terrorismo” que, entre nosotros, todavía brilla por su ausencia pero cuya implantación en la región está en la carpeta de opciones del Comando Sur estadounidense. Que el terrorismo y las migraciones masivas existen y constituyen un peligro para la Argentina es un auténtico y didáctico caso de “posverdad”. Es decir, es una mentira. Nuestras hipótesis de seguridad interior y de defensa nacional son otras, al contrario del guión que repite Macri.

Una política de Estado que atenta contra los derechos humanos, no por torpe deja de revelar sus propósitos de largo plazo. Hace tres décadas la democracia fue el vehículo para la instauración del neoliberalismo pero ahora esa misma democracia se ha erigido en el obstáculo para que el neoliberalismo se profundice a sí mismo acentuando la explotación, la desprotección y la exclusión de los trabajadores y de sectores mayoritarios del pueblo. La mirada sobre el 2 x 1 -decíamos al principio- estalla y se refracta en un haz multicolor de subtemas y subtextos aparentemente inconexos entre sí o sin relación próxima y directa con el fondo del asunto pero todo eso es aparente porque los temas, en el fondo, son un solo tema.

Decía hace poco la Presidenta (MC) Cristina Fernández de Kirchner en un reportaje concedido en Bruselas a Telesur, que nuestros organigramas institucionales datan de la época de la Revolución Francesa e, incluso, de más atrás en el tiempo, esto es, de la época de Montesquieu, el gran inventor de esa increíble abstracción trinitaria que consagra poderes iguales y distintos. Se trata de una presunción iuris tantum, claro está, es decir, de una presunción que puede ser destruida por prueba en contrario. Y la prueba que hay que ofrecer aquí es que están en fragua sistemas institucionales mejores y más democráticos que los que alucinó el barón de la Brède en el siglo XVIII.

Una Constitución nunca es un acervo común, en el sentido de que nunca es un pacto social que une a los pueblos o a las clases sociales en que se halla dividida la sociedad. Una Constitución es, siempre, la expresión de un equilibrio de fuerzas entre el trabajo y el capital en una determinada etapa de su desarrollo histórico. Una Constitución es una vaca sagrada sólo para los que legitiman sus privilegios en perjuicio de las mayorías respaldándose en el carácter presuntamente fundacional y permanente de esos textos constitucionales.

En la Argentina acaba de ocurrir un hecho trascendente. En doce horas el pueblo quiso y obtuvo lo que quiso. En doce horas los diputados estaban reunidos y en otras doce el pueblo obtuvo lo que quiso. Fue, casi, una decisión asamblearia. Si no lo fue del todo, es porque las formas fueron otras. Fueron las tradicionales. Las que vienen del siglo XVIII, de la Revolución Francesa.

Prepararse para andar el camino del nuevo poder, de la nueva Constitución de los pueblos, de la Constitución del poder popular, tal vez sea otro de los subtextos en que el hipertexto del 2 x 1 se refractó en la Argentina. Pregunta final: Cristina y Lula, ¿aguardan un nuevo turno histórico en ésta, nuestra Latinoamérica irredenta pero indómita?

15/5/2017