De la violación de los derechos humanos por integrantes del Ejército y la Marina cada vez resulta más abundante la información, quedaron atrás los tiempos en que estaba censurada en el oligopolio mediático, por sus propietarios y directivos. Pero sigue tratándose con secrecía la violación de las garantías individuales de soldados y marinos por sus superiores.

Recuerdo la primera visita que realicé a Francisco Gallardo en la Prisión del Campo Militar Número Uno, en 1994, en particular porque me esperaban varios prisioneros que asumieron la responsabilidad en los ilícitos cometidos por generales que, a cambio, se hicieron cargo de la manutención de sus familias. Así era y por desgracia todavía es la justicia militar, subordinada al generalato y al secretario de la Defensa Nacional.

Por ello es un antecedente alentador que la cadete Cristina Pamela Romano, estudiante de la Escuela Militar de Odontología, recibió el 2 de mayo una sentencia de amparo, después de que a su abogada Yazmín Lujano se le negó la audiencia constitucional y se pisotearon varios de sus derechos como ciudadana.

Desde el momento que Lujano Téllez emprendió la defensa de Romano Patiño, le cambiaron el lugar de la audiencia del código de honor sin mediar aviso y “cuando llegué no se me permitió hablar con mi representada y fui escoltada hasta otras instalaciones muy lejos de donde se llevaba el juicio. Después de que la expulsaron (por ‘mala conducta’) y pasó la audiencia pude hablar con ella”.

Cristina Pamela es una joven de 24 años, de 1.75 de estatura, guapa y atlética. También es una alumna con excelentes calificaciones y está en el último semestre de la carrera.

La historia comienza cuando el director de la escuela, coronel cirujano dentista Ernesto Ignacio Villalobos Domínguez, le pidió favores sexuales a la cadete y ella se negó. El machito coronel la amenazó, le dijo que como “no se arreglaban” que se atuviera a “las consecuencias”. Éstas fueron que le impuso faltas con deméritos sin fundamento o prueba: estaba escuchando “música estruendosa” o que relajó la disciplina en el comedor porque habló, presunciones sin base legal en el reglamento. Le juntaron 720 deméritos y fue la causa por la que la excluyeron de la Escuela Militar de Odontología. Enseguida fue enviada a Chiapas no como técnica dental sino como administrativa y a filas.

La estrategia de la defensa partió del supuesto de que el acoso sexual es muy difícil de comprobar y privilegió que no le permitieron una defensa adecuada en la audiencia y que el reglamento y el código de honor son inconstitucionales. Cristina y Yazmín ganaron el asunto 19671800 en el Juzgado décimo cuarto de distrito en materia administrativa, expediente 1424/2016.

Con esta sentencia se obtiene el primer precedente para que se pueda actuar y exigir: Que Pamela pueda regresar a terminar el último semestre de la carrera de cirujana dentista. También que se ejecute el decreto presidencial de 2006, que dice que las fuerzas armadas deben de contar con un catálogo de faltas, no de presunciones. Esta orden ya fue acatada por la Marina en 2009 pero no por el Ejército. Y que se ejecute el decreto presidencial de 2008 que establece que los códigos de honor deben de ser armónicos con las leyes y los derechos humanos, actualizarlos porque el actual es de 1928.

Son puntos que el alto mando debe cumplir por mandato presidencial y judicial. No se trata de una cadete sino del Ejército, las tropas están a merced de los abusos de los mandos.

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